Seguridad, justicia y corrupción

La enmienda 15 de Rego rechaza el simple endurecimiento de penas como respuesta a los hurtos repetidos. Propone alternativas de trabajo comunitario, formación y reinserción, y mantiene el umbral acumulado de 400 euros; no se presenta como rechazo de toda sanción por reincidencia.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Texto definitivo y votación de conjunto sobre multirreincidencia, 26 de marzo de 2026; voto individual comprobado en el JSON oficial. Valido vota a favor de la versión definitiva de la ley de multirreincidencia, que permite prisión por pequeños hurtos repetidos tras condenas firmes. El archivo oficial confirma su voto individual; no se atribuye a CC el voto de todo el Grupo Mixto ni se confunde con su abstención de febrero sobre otra versión.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Defiende agravar la respuesta penal a hurtos reiterados, junto a medios judiciales y proporcionalidad. Apoya el texto inicial y rechaza las enmiendas del Senado; son decisiones distintas.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Iñarritu rechaza expresamente endurecer penas de delitos leves reiterados: considera ineficaz la reforma y propone prevención social, más jueces y órdenes de alejamiento. No afirma que los hurtos deban quedar impunes.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Vallugera critica el endurecimiento penal de la reforma de hurtos reiterados y propone más jueces y funcionarios y aplicar la ley existente. Se codifica su crítica sustantiva, no la abstención del partido en el conjunto de la ley.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Defiende agravar la respuesta penal a hurtos reiterados, junto a medios judiciales y proporcionalidad.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Rechaza el aumento de penas por hurtos menores y pide otras respuestas frente a la delincuencia.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Defiende agravar la respuesta penal a hurtos reiterados, junto a medios judiciales y proporcionalidad.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Defiende agravar la respuesta penal a hurtos reiterados, junto a medios judiciales y proporcionalidad.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Rechaza el aumento de penas por hurtos menores y pide otras respuestas frente a la delincuencia.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Catalán defiende la reforma penal de hurtos reiterados y reprocha el retraso en aprobarla. Se refiere a multirreincidencia con condenas, no a simples detenciones.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Defiende prisión tras condenas reiteradas y recuerda su propuesta de agravante.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Discurso de investidura del candidato del PP en la Comunidad Valenciana, recogido directamente por Europa Press (2025; contexto territorial). En su discurso de investidura, Pérez Llorca defiende publicar estadísticas de delincuencia por nacionalidad para tomar decisiones proporcionadas. Es la propuesta del PP valenciano de 2025 sobre información estadística; no propone identificar públicamente a cada detenido ni atribuye culpabilidad a colectivos.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Posición del grupo UPN en el Parlamento de Navarra sobre transparencia estadística (2026; contexto territorial). López Mañero defiende publicar estadísticas por origen y nacionalidad, contextualizadas con el peso de cada población y sin estigmatizar colectivos. Propone en Navarra la periodicidad trimestral y cita los datos nacionales que ya publica Interior; no atribuye culpabilidad a todas las personas detenidas.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Programa de las generales de 2023 (referencia histórica). Propone publicar la nacionalidad en estadísticas de agresiones sexuales. No concreta en este punto la distinción entre detención y condena; no asumimos una relación causal con la migración.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Rego rechaza eliminar la elección parlamentaria de los vocales judiciales; defiende su control democrático frente a la elección corporativa.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Acta de las asociaciones judiciales de su reunión con CC el 18 de diciembre de 2018 (referencia histórica). El acta publicada por los participantes recoge que Ana Oramas rechazó la propuesta de elección directa de los vocales judiciales por los jueces, mediante listas abiertas. Es una posición sustantiva de 2018 sobre ese modelo, distinta de sus reparos a enmiendas de la ley; no se infiere del voto para iniciar otro trámite en 2026.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Zubiaga rechaza trasladar la elección de los doce vocales a las asociaciones y al cuerpo judicial; defiende el componente democrático de la elección parlamentaria y la pluralidad territorial.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Pagès rechaza expresamente que los jueces elijan a los jueces del CGPJ. También rechaza el reparto de cuotas entre partidos y propone mandatos efectivos y nombramientos objetivos y transparentes.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Santana rechaza que una élite judicial elija el CGPJ; anuncia el voto contrario y defiende una justicia democrática.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Programa de las generales de 2023 (referencia histórica). Propone que jueces y magistrados elijan a los doce vocales judiciales.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Aranda defiende la elección de los vocales por las Cortes y rechaza trasladarla a las asociaciones judiciales.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Programa de las generales de 2023 (referencia histórica). Mantiene la elección parlamentaria de vocales judiciales; propone reformas de transparencia y límites del CGPJ.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Catalán reclama recuperar el sistema anterior a la reforma de 1985, con elección judicial de los vocales de origen judicial.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Programa de las generales de 2023, copia publicada por RTVE (referencia histórica). Quiere que los jueces designen o propongan a todos los miembros del CGPJ, una reforma más amplia que la elección judicial de los doce vocales del test.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Diario de sesiones del Parlamento de Galicia n.º 32, 7 de junio de 2017: enmienda propia del BNG (pág. 64), intervención de Olalla Rodil (pág. 68) y votación (pág. 88). Referencia territorial e histórica. El BNG pactó la resolución aprobada por unanimidad para suprimir el aforamiento de los diputados gallegos mediante reforma del Estatuto y un acuerdo estatal. Conserva la libertad de opiniones y votos parlamentarios, una garantía distinta del tribunal especial. Es una posición histórica y territorial, no una promesa nueva para todos los cargos españoles.

Revisado: 7 de octubre de 2026

González Taño defiende conservar el aforamiento limitado al ejercicio del cargo y extender ese modelo a toda España; no propone su eliminación completa. Referencia de 2018.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Programa de las generales de 2023 (referencia histórica). Propone eliminar todos los aforamientos de cargos públicos y servidores públicos.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Intervención propia en el Senado de 2020 (referencia histórica). Bideguren defiende suprimir todos los aforamientos, incluidos los políticos, judiciales y policiales. Es una intervención histórica de 2020, no un compromiso electoral nuevo.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Intervención propia en el Senado de 2020 (referencia histórica). Castel reclama eliminar los aforamientos y reformar la Constitución y las normas que los extienden a otros cargos. Distingue esta supresión de la inmunidad parlamentaria. Referencia histórica de 2020.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Programa de la candidatura Junts per Catalunya para las generales de noviembre de 2019 (referencia histórica). El programa nacional conserva el aforamiento para actos propios de la representación política, pero exige excluir actos privados y delitos de corrupción. Se opone a la abolición completa de la pregunta, sin atribuirle protección para la corrupción.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Echenique defiende eliminar aforamientos y denuncia privilegios que permiten evitar la justicia ordinaria; también pide acabar con puertas giratorias.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Intervención del PP en las Cortes que reclama un acuerdo nacional para suprimir aforamientos (2021; referencia histórica). Jerez defiende eliminar los aforamientos mediante un acuerdo nacional amplio y reformar las leyes que los contemplan, para que no dependan de la comunidad del cargo político. Aunque recuerda los argumentos jurídicos de la figura, declara su apoyo a la eliminación y pide extenderla a todos.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Las fuentes disponibles no permiten atribuir apoyo o rechazo a esta propuesta. No significa que el partido sea neutral.

PSOE: Tribunales para los políticos

Declaración de Enrique Santiago recogida por Servimedia. Enrique Santiago defiende eliminar los aforamientos y aclara que se trata de una competencia jurisdiccional especial, no necesariamente de impunidad. Servimedia recoge su anuncio anticorrupción.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Apoya suprimir los aforamientos de diputados, senadores y parlamentarios autonómicos por igualdad ante la ley. Referencia histórica de 2016.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Fernández defiende eliminar aforamientos como recuperación de la igualdad ante la ley, sin privilegios políticos procesales.

Revisado: 7 de octubre de 2026

La enmienda 28 de Rego exige publicar en el registro las aportaciones, contactos y reuniones de los grupos obligados a inscribirse, también fuera de proyectos normativos. Sus enmiendas excluyen a plataformas sin ánimo de lucro que defienden derechos colectivos; no equipara esas entidades con lobbies económicos.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Intervención de Ana Oramas sobre grupos de interés (2021). Oramas respalda regular y hacer transparentes los grupos de interés en el Congreso. Pide excluir del registro las reuniones con asociaciones vecinales y colectivos ciudadanos; no rechaza el registro de los lobbies empresariales.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Legarda defiende publicidad, trazabilidad y supervisión independiente de la influencia. Rechaza la densidad y el procedimiento del decreto, no el registro público básico exigido por la UE.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Matute apoya el registro estatal público y obligatorio y pide más trazabilidad, control de intermediarios y rendición de cuentas.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Álvaro defiende llevar al Estado la regulación de grupos de interés ya existente en Cataluña y anuncia apoyo, con reservas sobre la vía del decreto.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Pagès admite obligaciones de registro y transparencia para lobistas profesionales y grandes empresas, pero pide eximir la actividad ocasional no remunerada y rechaza el decreto por no distinguirlas.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Acuerdo de gobierno de 2019, apartado 2.11.4 (referencia histórica). El acuerdo de gobierno de PSOE y Unidas Podemos incluye un registro obligatorio y público de las reuniones y agendas de los lobbies. Es un compromiso histórico del acuerdo de 2019, no una nueva propuesta electoral de 2026.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Programa de las generales de 2023 (referencia histórica). Propone regular lobbies y una ficha pública de los intereses y decisiones en cada ley.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Aceves defiende el registro estatal público y obligatorio, con transparencia de reuniones y supervisión independiente.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Martín Urriza defiende un registro supervisado por el Consejo de Transparencia, con huella normativa pública; exige excluir el diálogo social.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Posición parlamentaria de UPN en 2017 (referencia histórica). Salvador defiende incluir un registro de intereses en el Congreso y publicar las reuniones con grupos de interés. Su apoyo a la reforma viene acompañado de una defensa expresa de esa transparencia.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Apoya la ley de protección de informantes que crea una autoridad estatal independiente (artículo 42 de la Ley 2/2023). Referencia del voto sobre el contenido legislativo; no atribuye una postura a quienes se abstuvieron.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Apoya la ley de protección de informantes que crea una autoridad estatal independiente (artículo 42 de la Ley 2/2023). Referencia del voto sobre el contenido legislativo; no atribuye una postura a quienes se abstuvieron.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Legarda apoya la autoridad de protección y propone control parlamentario más eficaz. Es un debate de 2023 sobre una institución concreta.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Apoya la ley de protección de informantes que crea una autoridad estatal independiente (artículo 42 de la Ley 2/2023). Referencia del voto sobre el contenido legislativo; no atribuye una postura a quienes se abstuvieron.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Apoya la ley de protección de informantes que crea una autoridad estatal independiente (artículo 42 de la Ley 2/2023). Referencia del voto sobre el contenido legislativo; no atribuye una postura a quienes se abstuvieron.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Pagès rechaza crear el nuevo organismo estatal anticorrupción por duplicar estructuras y centralizar el control de la Oficina Antifraude catalana. Defiende los órganos especializados existentes y reclama garantías contra el uso partidista; su oposición al organismo nacional no se interpreta como rechazo a proteger denunciantes ni se deduce solo de un voto de tramitación.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Apoya la ley de protección de informantes que crea una autoridad estatal independiente (artículo 42 de la Ley 2/2023). Referencia del voto sobre el contenido legislativo; no atribuye una postura a quienes se abstuvieron.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Postigo critica crear un nuevo organismo y propone instituciones existentes. No se codifica como oposición a proteger denunciantes.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Programa de las generales de 2023 (referencia histórica). Defiende activar la autoridad de protección de informantes e integrarla en una estrategia nacional anticorrupción.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Programa de las generales de 2023 (referencia histórica). Propone reforzar independencia, funciones y recursos de la autoridad estatal creada por la ley de protección de informantes.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Enmiendas propias de UPN 373 y 374 a la ley nacional de protección de denunciantes (2017; referencia histórica). En sus propias enmiendas 373 y 374, Salvador y Alli proponen una autoridad independiente que actúe en la Administración del Estado y proteja a los denunciantes, con adhesión autonómica mediante convenio. Es una propuesta nacional de UPN de 2017, no una inferencia de un voto sobre el conjunto de la ley.

Revisado: 7 de octubre de 2026

Programa de las generales de 2023, copia publicada por RTVE (referencia histórica). Propone una oficina nacional independiente contra fraude y corrupción, junto con protección integral de denunciantes.

Revisado: 7 de octubre de 2026