Programa Electoral Sumar - Europa 2024

UN PROGRAMA QUE MARCA EL RUMBO HACIA UNA EUROPA MÁS SOCIAL, VERDE Y JUSTA

El 9 de junio nos jugamos el futuro de Europa. El avance de las fuerzas reaccionarias, la exacerbación de la crisis climática, el genocidio del pueblo palestino, la agresión rusa de Ucrania, así como la creciente complejidad de los desafíos globales —financieros, energéticos, ecosociales—, afianzan el marco de encrucijada y excepcionalidad.

Nuestro país constituye una excepción histórica en este contexto tan complicado para el continente. Nuestra responsabilidad es cuidar y ensanchar esta excepción, y la mejor forma de hacerlo es avanzando, yendo a por más, llevando este destello de lucidez a toda Europa.

En este momento de encrucijada histórica para la Unión Europea solo hay tres salidas posibles. La primera, defendida por la gran coalición europea de conservadores, socialdemócratas y liberales, tiene que ver con la reconfiguración neoliberal, que promueve la protección de los privilegios de las élites europeas. Esta vía contempla la vuelta a los recortes, garantía de una desafección social rampante. Un déjà vu de 2008 es claramente disfuncional, pero es el objetivo al que apunta esta salida, tropezando, una vez más, con la misma piedra. Esta primera alternativa es muy peligrosa, no solo para las mayorías sociales europeas, sino para el propio futuro de la Unión Europea.

La segunda salida, promovida por la alianza de la derecha tradicional con la extrema derecha, es la protección de una minoría nativista y excluyente que dice hablar en nombre de muchos, la declinación de Europa en clave reaccionaria. Una salida reaccionaria que encuentra en las personas LGTBI+, migrantes y mujeres a sus chivos expiatorios, y en el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, su bandera.

Por último, la tercera salida es la de una Europa social, verde, feminista y democrática. La del europeísmo transformador que hemos defendido, una alternativa al juego anquilosado de la gran coalición europea. Una vía que se vislumbró tímidamente en la gestión solidaria y expansiva de la pandemia, durante la que se demostró, precisamente, que era posible hacer todo aquello que llevaban décadas haciéndonos ver como inviable. Es una salida apoyada por una alianza plural y diversa, porque, solo a través de amplias alianzas, Europa podrá afrontar los grandes desafíos del presente. Es la salida de Sumar.

Para impulsar esta salida, la única que cuida y protege el proyecto europeo, es necesario, en primer lugar, marcar el rumbo hacia una Europa más social, verde y justa: avanzar hacia la Europa social, acelerar la transición ecológica justa y transformar la política económica y fiscal europea. Es necesario, en segundo lugar, marcar el rumbo hacia una Europa más democrática, feminista, diversa y solidaria: democratizar su arquitectura institucional, blindar más derechos y libertades feministas y LGTBI+, y abandonar la Europa fortaleza. Es necesario, en tercer y último lugar, marcar el rumbo hacia una Europa con futuro: construir un nuevo multilateralismo democrático, impulsar una transformación digital con derechos y poner el proyecto europeo al servicio de su juventud.

El 23 de julio de 2023 demostramos que la victoria de las derechas no es inevitable; ahora toca hacer lo mismo en Europa.

Este es el programa con el que queremos marcar el rumbo.

Porque otra Europa es posible y necesaria.

En este programa se recogen los principios generales y las medidas más importantes que conforman el proyecto europeo de Sumar, pero nuestra vocación de transformación va mucho más allá. Hay, por tanto, muchos asuntos de relevancia que no han sido cubiertos por este texto. Para obtener más información sobre las posiciones y propuestas de Sumar en estos temas, te remitimos al programa de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, así como a las iniciativas parlamentarias e institucionales que hemos impulsado en los últimos años

La Europa social es el horizonte de transformación por el que los sindicatos, las fuerzas progresistas y los movimientos sociales y feministas de todo el continente lucharon durante décadas, la Europa que Altiero Spinelli y Ernesto Rossi esbozaron, allá por 1941, en el Manifiesto de Ventotene: un proyecto federal cuya razón de ser sea la “emancipación de las personas trabajadoras y la garantía de condiciones de vida más humanas”. Es, todavía hoy, el horizonte al que aspirar. La Europa social ha sido, además, la brújula que ha guiado la acción de Yolanda Díaz y Sumar en la Unión Europea: las directivas de salarios mínimos, transparencia salarial o trabajo de plataformas son buenos ejemplos de los avances del presente que hacen posible las transformaciones del futuro.

En la época de la emergencia ecológica, el horizonte de la Europa social no debe aludir a una forma de protección ante emergencias, a un paradigma asistencialista, sino al pilar para construir una economía y una sociedad distintas y mejores, a una concepción universal y expansiva de los derechos sociales y laborales. La política sociolaboral europea no debe servir solo para mitigar y contener daños, sino para fundar un horizonte colectivo de certidumbre y seguridad. Necesitamos demostrar que la ampliación de los derechos sociales es el fundamento de una idea de prosperidad distinta que debe servir no solo para garantizar una transición ecológica justa, sino también para proporcionar confianza y esperanza al conjunto de la ciudadanía. Esa es la condición básica para ser libres en una Europa cada vez más compleja: tener la certeza que necesitamos para vivir. Y esa es la idea fuerza que vertebrará nuestra acción en la Unión Europea: entender la profundización de los derechos sociales y laborales como una condición de la democracia y también de nuestra identidad como europeos y europeas.

Ahora, Europa debe escoger entre darle una nueva e inmerecida oportunidad —la enésima— al caos neoliberal o, por el contrario, apostar por los derechos sociales como principios rectores de nuestras democracias. Ambas salidas son posibles, pero una ya se ha mostrado ineficaz, capaz solamente de infligir dolor a la ciudadanía. La pandemia nos reveló el fracaso intelectual del neoliberalismo, y la única forma de enterrarlo políticamente es poner los derechos laborales en el corazón del proyecto europeo, ensanchar y blindar el derecho a una vivienda, democratizar el tiempo de vida, luchar contra las desigualdades sociales y cuidar la sanidad y educación públicas en toda Europa. Se trata, pues, de ampliar el limitado margen competencial de la Unión Europea para legislar en materia sociolaboral, de revertir por completo la primacía que las libertades económicas tienen, aun ahora, sobre los derechos fundamentales de las mayorías sociales europeas. Se trata, a su vez, de codificar los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales para hacerlos vinculantes y convertir su plan de acción en una hoja de ruta efectiva para la ciudadanía europea.

Se trata, en definitiva, de dar cuerpo a un nuevo europeísmo laborista, de avanzar hacia la Europa social.

1. Una Europa laborista con las personas trabajadoras en el centro

1.1. Frente a la inflación, más y mejores salarios

Impulsaremos el crecimiento salarial común, impidiendo que se utilice el deterioro de las condiciones laborales como una ventaja comparativa para las empresas. La Unión Europea necesita establecer mecanismos de referencia común del incremento de los salarios que, como objetivo inmediato, devuelvan a las personas asalariadas el poder adquisitivo que tenían antes del inicio de la crisis económica y de la pandemia.
Promoveremos el establecimiento de un auténtico salario mínimo europeo, para dar pleno cumplimiento a la Carta Social Europea y su desarrollo. La cuantía mínima del SMI europeo debe ser el 60 % del salario medio neto en cada Estado miembro respectivo, pero nuestro objetivo es establecer un auténtico salario mínimo europeo que suponga un 60 % del salario medio del conjunto de la Unión Europea, con mecanismos de revalorización que aseguren un estándar de vida decente.
Limitaremos la desigualdad salarial dentro de las empresas e impulsaremos una regulación de salarios máximos. Propondremos desarrollar un marco de armonización que desincentive fiscalmente las diferencias salariales de más de 1 a 10 en el interior de las empresas, incluyendo los grupos de empresas.
Impulsaremos la creación de un estatuto europeo del trabajo que establezca un “mínimo por arriba” que iguale los derechos laborales, teniendo siempre como referencia la normativa de aquellos Estados miembros más avanzados, con el fin de ampliar derechos y para evitar el dumping social dentro de la Unión Europea.

1.2. Protección contra el despido y el desempleo y políticas activas de ocupación

Actualizaremos la Directiva sobre despidos colectivos, adoptada veinticinco años atrás, de manera que luche contra las deslocalizaciones, configure el despido colectivo como última opción en toda la Unión Europea e incluya la utilización preferente de los sistema de reducción del tiempo de trabajo —como los ERTE en España— y la formación y recualificación de las personas trabajadoras.
Impulsaremos la adopción de una directiva sobre los despidos individuales, que incluya el derechos de la persona trabajadora a ser informada sobre las causas del despido con un determinado preaviso, recurrir judicialmente y obtener una indemnización reparadora en caso de despido injustificado.
Promoveremos la implantación urgente de un seguro de desempleo de alcance europeo (EUIS) que complemente los sistemas estatales, favorezca la armonización al alza y sirva como estabilizador automático respecto a los choques económicos asimétricos.
Impulsaremos la aprobación de una directiva que reconozca de forma efectiva el derecho a la formación a lo largo de toda la vida laboral de todas las personas, ocupadas y desempleadas. El contenido mínimo de este nuevo derecho a la formación consistiría en garantizar su duración y su repetición en el tiempo; las condiciones para su ejercicio, tanto durante la jornada de trabajo como fuera de ella, en forma de permisos o licencias de carácter retribuido para la formación; la simplificación de los sistemas nacionales de acreditación, certificación, validación y homologación de las competencias adquiridas en otros Estados miembros; y el papel de los convenios colectivos en la articulación y desarrollo de este derecho.
Aumentaremos los recursos del Fondo Social Europeo destinados a la formación profesional en el trabajo, así como el acceso de las microempresas y pymes a estos. Las personas en paro deben tener la oportunidad de acceder de forma sencilla a una oferta formativa de calidad y adecuada a su perfil, tanto en su propio país como en otros Estados de la Unión Europea. En este sentido, es necesario aumentar los fondos de cuota o presupuestarios dirigidos a la formación continua de los trabajadores y trabajadoras para facilitar su adaptación a una doble transición justa. Esto implica la participación de las personas trabajadoras en los planes de formación y su acceso garantizado a los permisos de formación correspondientes.
Incrementaremos la dotación del Fondo Social Europeo para personas desempleadas con el fin de garantizar una inserción laboral de calidad a todas las personas trabajadoras a lo largo de toda su vida laboral.
Promoveremos una regulación europea que prohíba el reparto de dividendos empresariales en caso de expedientes de regulación de empleo.
Promoveremos una cultura de innovación y emprendimiento sana y socialmente responsable, apoyando especialmente el cooperativismo y la economía social y solidaria, como parte de un nuevo modelo económico europeo verde y de progreso.
Lucharemos contra la precariedad estableciendo mejoras presupuestarias para los servicios públicos de empleo que permitan promocionar de forma efectiva la contratación estable y de calidad.

1.3. Reducir el tiempo de trabajo, ganar tiempo de vida

Impulsaremos una nueva directiva sobre el tiempo de trabajo con el horizonte de la semana laboral de 32 horas sin reducción salarial, dentro de una política europea de reparto del trabajo, reducción de la jornada laboral y conciliación de la vida laboral y personal, garantizando con medidas de corresponsabilidad que la reducción del tiempo de trabajo no signifique más trabajo de cuidados para la mujeres.
Adoptaremos medidas eficaces para limitar la realización de horas extraordinarias e impulsar unos horarios en el trabajo más eficientes, comenzando por las propias instituciones europeas, en las que promoveremos el establecimiento de horarios más racionales.
Revisaremos la directiva de conciliación de la vida laboral y familiar y la directiva de maternidad para garantizar una verdadera distribución igualitaria del cuidado y las responsabilidades familiares con la extensión del permiso de nacimiento, de los permisos de cuidado, de la no transferibilidad y la remuneración al 100 % de todos los permisos.
Pediremos la creación de un intergrupo del Parlamento Europeo sobre políticas de tiempo para poner fin a la pobreza temporal y garantizar el derecho al tiempo, así como la formación de un grupo de trabajo transversal dirigido por la Dirección General de Trabajo, Asuntos Sociales e Inclusión para la integración de las políticas de tiempo, y promoveremos la organización de actos periódicos de alto nivel de las partes interesadas sobre las políticas de tiempo, con el apoyo del Comité de las Regiones.
Exigiremos que se recopilen más datos sobre el uso del tiempo y la integración del uso del tiempo como componente clave de las encuestas sociales de la Unión Europea, e impulsaremos la inclusión del uso del tiempo, las políticas de tiempo, las desigualdades horarias y el derecho al tiempo en Horizonte Europa.
Pediremos la creación de un panel ciudadano sobre el uso del tiempo y el derecho al tiempo por parte de la Comisión Europea, e impulsaremos la aplicación inmediata de un proyecto piloto a escala europea sobre la reducción del tiempo de trabajo.

1.4. Una seguridad social robusta, una jubilación digna

Trabajaremos en una directiva que asegure la sostenibilidad y la suficiencia de las prestaciones de los sistemas de pensiones públicas, avanzando en la coordinación y armonización europea al alza de los sistemas de pensiones públicos, teniendo en cuenta la garantía de pensiones mínimas adecuadas para todas las generaciones, con una indexación acorde con el aumento de la inflación y el coste de la vida, con pensiones mínimas adecuadas y en línea con el principio de cobertura universal.
Promocionaremos el número de identificación de la seguridad social europeo, con el fin de facilitar la movilidad, la armonización y la compatibilidad de derechos.
Aseguraremos un marco europeo de coordinación de los sistemas de seguridad social que garantice que los trabajadores y trabajadoras gozan de los mismos derechos en toda la Unión Europea.
Impulsaremos medidas para aprovechar los sistemas existentes de jubilación que refuercen la cohesión entre generaciones, por ejemplo, mediante la jubilación parcial con contrato de relevo, la mentorización, la tutorización o el acompañamiento de las personas aprendices u otras fórmulas similares.

1.5. Más democracia económica y mejor negociación colectiva

Fomentaremos medidas para la defensa y el refuerzo de los derechos sindicales y de los trabajadores y trabajadoras, incluido el derecho universal de sindicación, el acceso de los sindicatos a los centros de trabajo, el derecho de negociación colectiva y el derecho de huelga.
Impulsaremos una directiva europea sobre democracia en las empresas que favorezca la implementación de legislación sobre la participación de las personas trabajadoras en los órganos de dirección de las empresas a través de diferentes vías, en línea con las conclusiones sobre una mayor democracia en el trabajo aprobadas por el Consejo de Empleo y Política Social durante la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea.
Avanzaremos hacia la revisión de la directiva sobre comités de empresas europeos aprobada en la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo, reforzando los derechos de información y consulta, ampliando el número de empresas a las que se les aplica mediante la inclusión de las franquicias y la institución de un mecanismo de suspensión automática de las decisiones de las empresas que no se hayan consultado previamente con el comité de empresa, así como el reconocimiento del derecho a una respuesta razonada en el marco de ese derecho de información, para facilitar el control jurisdiccional de la decisión de la empresa.
Trabajaremos en el desarrollo y la aplicación extensiva de la directiva sobre sostenibilidad y debida diligencia ante la violación de derechos humanos por las empresas de dimensión comunitaria y sus cadenas de valor en los respectivos Estados miembros.
Reforzaremos el poder de los interlocutores sociales de manera transversal en toda la legislación europea, facilitando la negociación de convenios colectivos y ampliando su cobertura entre las personas trabajadoras, garantizando el cumplimiento de lo previsto en la directiva sobre salarios mínimos adecuados. En ese sentido, reformaremos el funcionamiento de la Cumbre Social Tripartita para que cumpla de forma más adecuada su función de facilitar la interlocución de los interlocutores sociales europeos con el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión y la participación de los interlocutores sociales en la definición de las políticas de la Unión Europea. Asimismo, impulsaremos la adopción de un programa de trabajo de la Cumbre por cada trío de presidencias rotatorias, lo que haría posible identificar los asuntos a tratar y hacer el seguimiento de los acuerdos alcanzados para garantizar efectos su fiscalización y cumplimiento.
Potenciaremos la negociación colectiva sectorial en los comités de diálogo social sectorial, superando la función de lobby que orienta la actuación de la comisión en las políticas sectoriales. Se debe establecer la vinculación de la comisión a la decisión conjunta de los interlocutores sociales sobre la vía de la directiva como forma de aplicación de los acuerdos colectivos adoptados, sin que esta pueda oponerse a su adopción.
Incluiremos a las micro y pequeñas empresas en la aplicación de las directivas protectoras, especialmente las que se refieren al derecho a la salud de las personas trabajadoras.
Impulsaremos la legitimación de los sindicatos europeos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a fin de que puedan interponer un recurso directo sobre aquellas normas nacionales que incumplan convenios, directivas o leyes europeas, en línea con las reclamaciones colectivas que prevé la Carta Social Europea.
Promoveremos que el Parlamento Europeo defienda la vigencia de los derechos laborales y sociales reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea frente a la interpretación que las instituciones financieras y la propia comisión efectúan del marco económico, impulsando la devaluación salarial y la desregulación de las relaciones laborales.
Garantizaremos la eficacia del derecho de huelga a escala europea, considerando que su ejercicio no puede en ningún caso lesionar las libertades económicas.

1.6. Espacios de trabajo más feministas

Impulsaremos el compromiso de la Comisión Europea con la lucha por la igualdad laboral para acabar con la brecha de género en los salarios y en las pensiones. Exigiremos que las recomendaciones de transparencia salarial de la Comisión Europea sean obligatorias para todas las empresas y administraciones públicas de la Unión Europea.
Impulsaremos medidas que favorezcan el fin de todas las formas de violencia de género en el mundo laboral, también aquellas que se produzcan online.
Desarrollaremos y complementaremos la directiva sobre condiciones laborales para que contenga medidas específicas para luchar contra el abuso y el acoso sexual en el trabajo.

1.7. Seguridad y salud laboral para todas las personas trabajadoras

Impulsaremos políticas a escala europea que mejoren la seguridad en el trabajo y la salud laboral, para reducir la siniestralidad laboral y las enfermedades profesionales derivadas del trabajo. Estas medidas deberán incluir campañas de concienciación y control, coordinadas en la Unión Europea, para luchar contra la economía sumergida y el incumplimiento de medidas de salud y seguridad en el trabajo.
Promoveremos la incorporación en las políticas preventivas de seguridad y salud laboral en las empresas de la perspectiva de género, con cambios en la directiva marco, avances en el reconocimiento de enfermedades profesionales, en especial las derivadas de los riesgos psicosociales, y un mayor énfasis en las políticas preventivas derivadas del uso de la inteligencia artificial.
Exigiremos el abordaje de los riesgos psicosociales y del acoso y la humillación online mediante una directiva europea.
Trabajaremos para apoyar la ampliación del ámbito de aplicación de la directiva marco sobre salud y seguridad y sus directivas específicas a las trabajadoras del hogar, actualmente excluidas.
Impulsaremos la mejora del Reglamento REACH a fin de ofrecer una mejor protección a los trabajadores y trabajadoras contra la exposición a sustancias químicas y nanomateriales.
Promoveremos las medidas necesarias para erradicar las muertes laborales y enfermedades ocupacionales para el año 2030, centrando nuestros esfuerzos en la protección inclusiva de todos los trabajadores y trabajadoras, especialmente en los sectores de construcción más afectados por el cambio climático. Impulsaremos políticas rigurosas para garantizar entornos laborales seguros y libres de riesgos, fomentando la participación activa de todas las partes interesadas en el compromiso de lograr cero muertes en el trabajo.
Incluiremos la cuestión de las muertes y los accidentes por condiciones climatológicas y el avance de la crisis climática en la legislación europea, adaptándola a la nueva realidad de la emergencia ecológica.
Impulsaremos un nuevo marco europeo de prevención de riesgos psicosociales que aborde los efectos derivados de las nuevas tecnologías, la automatización y la introducción de algoritmos e inteligencia artificial en el mundo del trabajo.

1.8. Reforzar la inspección laboral como garantía de derechos

Aseguraremos que la Autoridad Laboral Europea tenga las capacitaciones y competencias para hacer efectivo su mandato. De momento tiene una orientación consultiva y de apoyo al facilitar información de derechos y colaborar en disputas laborales transfronterizas. Gradualmente debe dotarse de mayor capacitación, recursos y competencias, con el fin de impulsar un trabajo efectivo de inspección y de impulso de la armonización legislativa y reguladora en los derechos laborales y sindicales europeos, así como superar el hecho de que las observaciones sean voluntarias para los Estados.
Reforzaremos la inspección y el control para combatir las posibles vulneraciones de la Directiva 2014/36/UE de trabajadores temporales y de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y más concretamente de los derechos proclamados en la Carta Comunitaria de Derechos Sociales y Fundamentales de los Trabajadores y Trabajadoras, que sufren los temporeros y aspirantes a temporeros en cuanto a la gestión privada de sus contratos y viviendas por parte de ETT y mafias que condenan a estas personas a malvivir en la extrema pobreza y en infraviviendas durante las diferentes campañas agrícolas, lo que sucede, entre otros lugares, en diversos territorios españoles.

1.9. Más derechos para las personas trabajadoras desplazadas y transfronterizas

Velaremos por el pleno cumplimiento de la directiva de trabajadores y trabajadoras desplazados, que asegura unas condiciones laborales equiparables a las que disfrutan los trabajadores y trabajadoras residentes. En cuanto a los trabajadores y trabajadoras transfronterizos, debe garantizarse que su movilidad no sea un elemento de competencia a la baja, sino de cohesión social y territorial que ponga en valor la diversidad.
Defendemos que las empresas deban dar información completa y derechos de consulta a su plantilla, incluida la participación del comité de empresa europeo si existe, con el fin de garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras en situaciones de movilidad de empresas intra Unión Europea.
Estableceremos mecanismos para que los Estados miembros detengan una conversión, división o fusión transfronteriza cuando constituya un acuerdo artificial establecido para evitar obligaciones fiscales u otras obligaciones empresariales. Asimismo, garantizaremos que las empresas mantengan los derechos de participación a nivel de plaza después de una reestructuración transfronteriza.
Impulsaremos cambios legislativos que permitan políticas anti-dumping y antideslocalización para proteger los puestos de trabajo locales y los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Estas políticas deben recibir una financiación suficiente de la Unión Europea y estar orientadas a la formación de trabajadores y empresarios y a la inspección, mediante el refuerzo de las inspecciones de trabajo y del papel de los sindicatos. Haremos que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) tenga como destino central a las personas trabajadoras.
Defenderemos a las personas trabajadoras del Campo de Gibraltar, tanto ante Reino Unido como ante Gibraltar, garantizando mecanismos suficientes para que el paso diario de las personas trabajadoras a Gibraltar y en sentido contrario no se vea dificultado por los controles de documentación y solicitando más recursos para el Plan Integral de Regeneración Socioeconómica Sostenible del Campo de Gibraltar. Asimismo, se fomentará la cooperación transfronteriza con la constitución de la Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza entre Andalucía y Gibraltar.

2. Llevar los derechos sociales al corazón del proyecto europeo

2.1. El Pilar Europeo de Derechos Sociales, bandera de una Europa mejor

Haremos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de la Carta Social Europea el programa de una nueva política social europea, a través de una nueva carta de derechos sociales para la ciudadanía europea, y promoveremos la concreción normativa de los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales, asegurando la dotación presupuestaria suficiente para su correcto desarrollo y cumplimiento.
Promoveremos la inclusión de un protocolo de progreso social en los tratados para garantizar que, en caso de conflicto, los derechos sociales, económicos, culturales y medioambientales de las personas tengan prioridad sobre las libertades económicas de las corporaciones.
Impulsaremos una directiva de derechos sociales que incluya todos los derechos consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales, promoviendo su armonización e impidiendo cualquier retorno a las políticas de austeridad y la aprobación de nueva legislación que pueda tener consecuencias negativas sobre la pobreza, la exclusión y las desigualdades. Para dar acompañamiento a esta medida, promoveremos un plan de inversión en derechos sociales acompañado de una reforma fiscal alternativa, más justa y redistributiva, con el compromiso de fijar un suelo mínimo de inversión social.
Impulsaremos una directiva que establezca una renta garantizada mínima europea equivalente al 60 % de la mediana de ingresos en cada Estado miembro que garantice un mínimo vital en el ámbito de la alimentación, la vivienda y los suministros a personas que estén en situación de riesgo de pobreza o de exclusión social.
Impulsaremos y ampliaremos el marco de convergencia social propuesto por España y Bélgica en el ámbito del Semestre Europeo, con el objetivo de identificar los desequilibrios sociales en los Estados miembros e incluirlos en todo indicador y evaluación que se lleve a cabo desde la Unión Europea. En ese sentido, promoveremos la realización de una presentación anual por parte de la comisión de un informe de desempeño y de impacto social que incluya indicadores vinculados con objetivos en el marco de la gobernanza económica de la Eurozona, como los ingresos disponibles para los hogares, la pobreza o el desempleo juvenil.
Potenciaremos el papel de los municipios como actores imprescindibles e interlocutores clave para articular el Pilar Europeo de Derechos Sociales, incluyéndolos en la gobernanza y el seguimiento de las políticas europeas, y permitiendo que puedan recibir financiación directa de la Unión Europea. Asimismo, promoveremos la reforma de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para que puedan cubrir la financiación de las rentas garantizadas impulsadas por ayuntamientos y regiones.
Promoveremos una estrategia europea de lucha contra la pobreza infantil que garantice que un mínimo del 2 % del PIB de cada Estado miembro se destine a políticas de apoyo a la infancia y las familias, como becas comedor, servicios de acogida, material, transporte y actividades extraescolares, o educación de 0 a 3 años.
Impulsaremos el diseño y la implementación de una transferencia familiar directa, universal y no condicionada como herramienta para hacer posible la paternidad y la maternidad libremente deseada para todas las familias con hijos e hijas de 0 a 16 años, una prestación económica que ronde el 20 % del indicador de renta de suficiencia.
Impulsaremos el cumplimiento efectivo de los cinco principios fundamentales de la Declaración de Lisboa sobre la Plataforma Europea para combatir el sinhogarismo, además de la redacción de un plan europeo para mejorar la prevención estructural del sinhogarismo y avanzar en mecanismos de garantía de rentas y de acceso a la vivienda.
Abriremos la discusión en el Parlamento Europeo de un sistema de pensiones público y universal paneuropeo que coordine, armonice y complemente a los sistemas estatales. Para garantizar el derecho a envejecer con dignidad, la cuantía de las pensiones no puede estar supeditada únicamente a la trayectoria laboral, que penaliza en exceso las situaciones más precarias, en especial a las mujeres. Habrá que poner especial atención en las mujeres que se han dedicado exclusivamente al trabajo doméstico no remunerado.
Fortaleceremos las estrategias sobre envejecimiento y cambio demográfico en todas las esferas de gobierno: es imprescindible la proximidad para fomentar la acción comunitaria, la atención centrada en la persona, la amigabilidad de los entornos, la participación activa, etcétera. Proponemos reforzar el papel de los municipios al tiempo que se deben elaborar estrategias sobre envejecimiento y cambio demográfico en los diferentes niveles de gobierno.
Impulsaremos las políticas para el envejecimiento activo mediante una mayor inversión en políticas educativas, de salud y de servicios sociales, y culturales para todos los ciclos de vida. Los apoyos en el ámbito de la salud deben realizarse desde una perspectiva preventiva e integral; la educación y la cultura requieren de un enfoque a lo largo de la vida, y, finalmente, la participación activa y la inclusión digital deben ser prioridades de las políticas destinadas a las personas mayores.
Fomentaremos políticas de reconocimiento y contra la estigmatización. Se deben reforzar mucho más los programas contra la discriminación por razón de edad, poniendo énfasis en detectar y actuar ante los maltratos y abusos a las personas mayores. Además, se deben reforzar especialmente los programas para combatir las situaciones de aislamiento y soledad no deseados de las personas mayores.

2.3. Combatir la pobreza energética, garantizar los servicios básicos

Promoveremos el reconocimiento en toda la Unión Europea del derecho al agua en condiciones suficientes, saludables, aceptables, asequibles y accesibles, así como del deber de los Estados de garantizar este derecho para las actuales y futuras generaciones.
Regularemos el acceso al agua y a la energía como derechos básicos, blindando, a nivel constitucional y de los tratados europeos, estos dos servicios como comunes, públicos y universales. Este reconocimiento debe incluir todos sus diferentes tramos, es decir, la gestión de la infraestructura de generación/captación, transporte, distribución y comercialización.
Fomentaremos una estrategia multinivel que permita adecuar los marcos legales e institucionales para que haya un marco europeo que facilite la participación ciudadana en el campo de la energía (“end to end process”) y la gestión del agua a nivel europeo.
Definiremos un criterio coherente y armonizado para la medida de la pobreza energética a nivel europeo. Los Estados miembros deben definir la pobreza energética a nivel nacional y los que tienen una participación significativa deben proponer objetivos y medidas de reducción urgentes.
Propondremos destinar los recursos económicos obtenidos a través de impuestos ambientales y de los ahorrados mediante la eliminación de subvenciones a las industrias de combustibles fósiles para aumentar los fondos de la Unión Europea y nacionales, incluidos los que apuntan a la pobreza energética, con inversiones en eficiencia energética.
Estableceremos una moratoria de desconexión europea para clientes vulnerables que sufren pobreza energética que se ponga en práctica en toda Europa para que ningún hogar esté privado de instalaciones de calefacción o refrigeración esenciales hasta que se aprueben las medidas contra la pobreza energética mencionadas anteriormente.
Garantizaremos el acceso a los servicios de arbitraje de consumo para toda la ciudadanía de forma gratuita, con el requisito de participación obligatoria de los proveedores de energía, así como cuentas más transparentes y cambios más fáciles.

2.4. Una Europa más inclusiva que garantice la vida independiente y la no discriminación

Adoptaremos una estrategia europea transversal de personas con discapacidad que sitúe en la agenda los principales retos hasta el año 2030, atendiendo al efectivo cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, contando con la participación de administraciones, entidades y sociedad civil organizada, europea y española.
Aprobaremos una directiva sobre igualdad de trato de las personas con discapacidad con un enfoque transversal para la no discriminación de las personas con discapacidad en todas las esferas de la vida personal y social.
Una vez aprobada en 2024 la directiva sobre la tarjeta europea de discapacidad y la actualización de la tarjeta europea de estacionamiento reservado, se promoverá su rápida transposición por los Estados miembros, procurando que España lo haga de modo acelerado para que sus mandatos sean efectivos cuanto antes.
Plantearemos a las instituciones europeas la aprobación de un fondo europeo de accesibilidad universal, dotado con el 1,5 % del montante anual de fondos estructurales, con el que se ayudará a los Estados miembros a realizar estrategias y planes efectivos de accesibilidad universal, sujetos a calendario. Con este soporte financiero, se exigirá a la Comisión Europea que elaborare un plan de accesibilidad universal y diseño para todas las personas, introduciendo obligaciones de accesibilidad y un enfoque de diseño universal en el desarrollo de todas las políticas públicas y priorizando el urbanismo, el transporte, la cultura y la accesibilidad a las comunicaciones. Como instrumento para desplegar este plan, se creará una agencia europea de accesibilidad universal y se trabajará para que su sede esté en España.
Propondremos la aprobación de un nuevo reglamento europeo de derechos de los pasajeros aéreos con discapacidad que sustituya al vigente y que de verdad garantice la movilidad de este tipo de pasajeros, con todos los apoyos y sin discriminaciones o exclusiones como las que permite la actual regulación europea.
Impulsaremos un marco de prescripción y calidad europeo para garantizar los servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a las situaciones de dependencia y el derecho a recibir la asistencia personal necesaria para vivir en comunidad, independientemente del tipo de apoyos que se precisen.
Avanzaremos hacia la desinstitucionalización de las personas con discapacidad y mayores, creando alternativas basadas en la vida comunitaria.
Promoveremos las medidas necesarias para garantizar de forma efectiva el derecho al voto y al sufragio pasivo de todas las personas con discapacidad, garantizando el voto accesible, incluido el voto por correo y electrónico, así como la posibilidad de votar de manera independiente y secreta a través de ajustes razonables (por ejemplo, de códigos QR en las papeletas de voto, medios alternativos para el voto, voto anticipado, plantillas táctiles, guías en lectura fácil, lengua de signos y otros apoyos a la comunicación, braille, personas facilitadoras de comunicación) y permitir la libre elección de asistencia para votar.
Impulsaremos medidas para tomar en consideración la situación específica de las mujeres y niñas con discapacidad en todas las políticas relevantes, especialmente en el desarrollo, implantación y seguimiento de las políticas de igualdad de género de la Unión Europea. Dichas políticas también deben tomar en consideración a las mujeres cuidadoras de personas con discapacidad.
Impulsaremos una nueva gobernanza en las instituciones europeas en materia de personas con discapacidad basada en la participación y en un robusto diálogo civil, creando en el Parlamento Europeo una comisión específica de discapacidad, así como una comisión general de personas con discapacidad a nivel europeo, a modo de foro multinivel en el que tengan representación la comisión, el parlamento, los Estados y la sociedad civil.

2.5. Universalizar el derecho a una alimentación saludable, sostenible y digna

Defenderemos un nuevo reglamento comunitario que reoriente la política alimentaria de la Unión Europea sobre la base del desarrollo del derecho humano a la alimentación a partir del contenido de las directrices voluntarias de la FAO para la aplicación por parte de los Estados del derecho a la alimentación adecuada aceptadas por la Unión Europea en el año 2004.
Impulsaremos un nuevo marco de control y actuación de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, guiado por el desarrollo y el cumplimiento del derecho humano a la alimentación y libre de presiones de la industria alimentaria, química y farmacéutica.
Promoveremos la adopción de una política coherente en el uso de la tierra para garantizar la seguridad alimentaria, declarar las semillas un bien común y prohibir la patentabilidad de ADN común en las plantas existentes, garantizar la máxima transparencia posible en la industria alimentaria y fortalecer los derechos de los consumidores.
Pediremos que se garantice una revisión sistemática y rigurosa de la evidencia sobre los efectos carcinogénicos del glifosato (herbicida) y la suspensión y no renovación de la autorización mientras no se pruebe la seguridad (principio de precaución).
Modificaremos el Reglamento relativo al Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas (actual Reglamento 223/2014), en el que se regula la ayuda alimentaria, que cada año representa cerca de 2000 millones de

Programa Electoral Sumar - Europa 2024

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liderazgo como promotora de una planificación ecológica en clave democrática a escala global, aprovechando su liderazgo normativo y regulatorio, su facultad para ejercer la diplomacia climática y su capacidad de evitar la competencia a la baja entre los Estados miembros. 7. Con base en estos principios generales, desde Sumar nos comprometemos a trabajar en las siguientes áreas para una transición ecológica justa:

1. Ambición y seguridad climáticas

Aumentaremos del 55 % al 65 % la reducción de emisiones previstas para 2030, sentando las bases para adelantar una década, de 2050 a 2040, la descarbonización completa de la economía europea. La presencia de energías renovables en el mix energético alcanzará un objetivo vinculante del 50 % en 2030 y un 80 % para 2040.
Apostaremos por la electrificación de la demanda de energía final fijando un objetivo vinculante mínimo del 40% para 2030, garantizando que un 80% de la generación de electricidad sea con fuentes renovables, y del 60% para 2040, como vector energético sustitutivo de los procesos de combustión.
Reformaremos el mercado eléctrico europeo, dejando atrás el sistema marginalista de fijación de precios, para que las energías renovables desplieguen todo su potencial. La ciudadanía y la industria podrán beneficiarse del abaratamiento de costes que implican, y las inversiones en renovables tendrán garantizado un retorno que no obstaculice su despliegue.
Trabajaremos por la prohibición de la integración vertical de las empresas energéticas, impidiendo que la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía se concentren en una sola entidad privada.
Reforzaremos la red eléctrica europea ampliando las conexiones entre los Estados miembros como forma de garantizar una red eléctrica europea descentralizada, estable e interconectada que sea mucho más resiliente ante problemas puntuales de suministro y garantizando la automatización y el mallado cercano al consumo.
Fomentaremos la energía ciudadana y el cooperativismo energético, democratizando la energía, tanto en materia de producción como de consumo. Para ello, será necesario eliminar importantes trabas burocráticas y legales, y facilitar la asistencia técnica mediante el despliegue de una red de oficinas energéticas que permitan capilarizar el proceso y hacer más accesibles los sistemas de ayudas.
Apoyaremos el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles como herramienta vinculante para la eliminación rápida y equitativa de los combustibles fósiles a nivel mundial. Asimismo impulsaremos que el conjunto de países de la Unión Europea se retiren del Tratado de la Carta de la Energía. Rechazamos, a su vez, cualquier esquema de compensación económica por la desinversión fósil: las empresas que han generado la crisis climática deben hacerse cargo de su factura histórica.
Eliminaremos la energía nuclear y el gas de la taxonomía verde europea. Proponemos además una reforma integral del Tratado Euratom para reforzar la seguridad en el desmantelamiento del parque nuclear europeo y la gestión de residuos peligrosos, y que refleje los verdaderos costes y riesgos del proceso.
Apostaremos por la protección y la regeneración de nuestros sumideros naturales de carbono, a través de la aplicación de la Ley de Restauración de la Naturaleza, como el mejor método de captura de carbono que podemos desarrollar. Los procesos técnicos de captura y almacenamiento de carbono deben seguir investigándose, pero en ningún caso supeditar objetivos climáticos a tecnologías sin aplicación comercial factible.
Dotaremos de más fondos y flexibilidad al Fondo de Solidaridad para que las regiones y comunidades más afectadas por crisis climáticas, como incendios o sequías, y catástrofes sanitarias puedan acceder directamente a ayudas de forma ágil.
Fomentaremos la rehabilitación de edificios estratégicos como hospitales, residencias y colegios para que sean más accesibles, confortables y adaptados a temperaturas extremas. También impulsaremos una red de refugios climáticos en jardines, patios y espacios libres de edificación de propiedad municipal para lograr el objetivo de 30 % de cobertura arbórea en todas las ciudades.
Transformaremos la infraestructura hídrica de Europa para volverla climáticamente resiliente, con especial atención a los problemas derivados tanto de la sequía como de las inundaciones torrenciales. Es preciso devolver espacio a los arroyos y ríos mediante una ofensiva de desobstrucción de los cauces, así como con medidas basadas en la naturaleza para el almacenamiento de agua de lluvia. En el mundo rural se apoyará al sector agrícola para almacenar agua y reponer acuíferos mediante prácticas agrícolas que faciliten la conversión del suelo en una gran reserva de agua.

2. Movilidad y transporte sostenibles

Defenderemos una inversión decidida en infraestructuras ferroviarias para crear una red de ferrocarril paneuropea y electrificada antes de 2030 que sea la columna vertebral de una unión de infraestructuras europeas y que ofrezca la posibilidad de rutas transnacionales modernas y asequibles, tanto para el transporte de pasajeros como para el transporte de mercancías. En esta red de ferrocarril paneuropea el tren cama nocturno debe jugar un papel clave para reorientar desplazamientos que hoy se producen por vía aérea. También defenderemos una ejecución acelerada de las obras de desarrollo y finalización del Corredor Mediterráneo como parte de esta red de ferrocarril paneuropea.
Crearemos un marco europeo de tarifa plana para el transporte público, con un sistema de billetes que sea asequible, accesible y fácil de utilizar en diferentes modalidades, compatible entre los diferentes Estados miembros, empezando por los Estados contiguos para así favorecer el transporte público transfronterizo. Se trata de extender el modelo de éxito del Deutschland-Ticket alemán al conjunto de Europa, explorando la posibilidad de introducir un proyecto piloto para una tarjeta de transporte público multimodal que permita a la ciudadanía acceder a todos los medios de transporte públicos disponibles en cada Estado miembro por un precio fijo mensual y asequible.
Invertiremos a través del instrumento de los PMUS (planes de movilidad urbana sostenible) en desplegar, en todas las ciudades de Europa, una potente red de carriles bicicleta y para vehículos de movilidad personal, un diseño del espacio urbano e infraestructuras de transporte público accesibles y sin barreras, la expansión de la infraestructura de recarga eléctrica y soluciones de movilidad innovadoras como el transporte a la demanda, teleféricos y ascensores.
Trabajaremos para prohibir la reversión de los carriles bicicleta y las medidas de transporte urbano sostenible, especialmente en aquellos proyectos cuya construcción haya contado con el apoyo de fondos europeos para su financiación o desarrollo. Con ese objetivo, ampliaremos los fondos europeos destinados a la infraestructura para ciclismo, alcanzando los 20 mil millones de euros para 2030 y la construcción de al menos 100,000 km de nueva infraestructura de ciclismo. Asimismo, apoyaremos el desarrollo de EuroVelo.
Exigiremos a la Comisión Europea un mecanismo de seguimiento y monitoreo de las políticas verdes desarrolladas por las ciudades reconocidas con el Premio Capital Verde Europea para asegurar el compromiso de los Gobiernos locales con los objetivos del Pacto Verde Europeo.

3. Transición ecológica justa y democrática

Crearemos el pase climático, una subvención destinada a financiar la renovación energética térmica de las viviendas europeas y a cambiar su sistema de climatización (calefacción y aire acondicionado) para favorecer tecnologías climáticamente neutras, como las bombas de calor. Las ayudas actuales, a menudo indescifrables, se redistribuirían para financiar este pase. El objetivo del pase climático será impulsar el concepto de rehabilitación sin derramas, en el que el costo inicial de la inversión no sea un obstáculo para las rentas más bajas, adelantando el Estado la inversión inicial y recuperándola después mediante los ahorros en el coste de la factura de la luz. El programa también facilitará todas las gestiones burocráticas y de obras, eliminando fricciones y barreras en el proceso. El pase climático deberá ser el instrumento que nos permita alcanzar el ritmo de 500.000 viviendas rehabilitadas anualmente antes de 2030.
Apoyaremos una garantía energética, un consumo energético vital garantizado, para proporcionar a todos los hogares europeos una cantidad suficiente de energía limpia a un precio asequible, estableciendo descuentos automáticos, progresivos y suficientes en las facturas energéticas de los hogares vulnerabilizados. Asimismo, promoveremos el establecimiento de modelos de tarifas eléctricas que permitan precios más justos y promuevan un uso eficiente de la energía.
Aprobaremos una directiva europea contra las SLAPP —demandas estratégicas contra la participación pública— que buscan intimidar o silenciar a activistas y periodistas, entre otros, a través de procesos legales extensos y costosos.

4. Sector agroalimentario sostenible y bienestar animal

Reduciremos en un 42 % las emisiones del sector agrícola para el año 2030, garantizando la reducción de las emisiones de N2O y metano provenientes de la fertilización química y de la ganadería. También reduciremos, antes del fin de esta década, a un 50 % del uso de pesticidas, relanzando la directiva de uso sostenible de pesticidas, como el glifosato, apoyando una redefinición de esta que permita mantener sus objetivos al tiempo que se aumenta el apoyo a los agricultores en la transición hacia el nuevo modelo. Es preciso eliminar las lagunas legales que permiten el uso de productos químicos perjudiciales en los fertilizantes o de microplásticos en los pesticidas, por ejemplo. En el proceso de autorización de plaguicidas, las autoridades competentes deben ser más independientes de los fabricantes solicitantes y de sus alegaciones. Además, deben elaborarse y tenerse en cuenta evaluaciones de riesgos para otros grupos de animales en peligro.
Promoveremos una transición justa hacia la agroecología a escala europea a través de un cambio en la orientación de los subsidios. En primer lugar, debe revisarse el modelo de ayuda directa por unidad de superficie, que beneficia esencialmente a las grandes explotaciones y no a la agricultura familiar. A su vez, debe desincentivarse el modelo superintensivo basado en agrotóxicos mediante la dedicación del grueso del presupuesto de la PAC (en la actualidad un tercio del total del presupuesto europeo) a fomentar el cambio de modelo: apoyo directo a la agroecología y la agricultura regenerativa y pago por servicios ambientales agrosistémicos. Los suelos agrícolas son nuestro gran sumidero de CO2, desperdiciado. Por eso apostamos por la rehumidificación de las turberas, la acumulación de humus en los suelos cultivables y la creación de masa forestal en los sistemas agroforestales, con perspectivas de ingresos estables para los agricultores. Asimismo, apostaremos por la ampliación y actualización de las ayudas a la producción local del actual POSEI comunitario, así como del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) 2023-2027, que afectan especialmente a áreas singulares, como el sector primario canario.
Fortaleceremos la condicionalidad social de las ayudas, diseñando políticas agrarias en beneficio de pequeños agricultores, agricultura familiar, asalariados agrícolas, mujeres que desempeñan un trabajo muy pocas veces valorado y remunerado, y jóvenes que tienen grandes dificultades para emprender su actividad agraria y su proyecto de vida en el mundo rural. Especialmente, es necesario reforzar la titularidad compartida para apoyar la incorporación de mujeres de más de 40 años al sector agrícola. Debe implantarse una infraestructura europea de asistencia técnica y apoyo administrativo para pequeños agricultores, acompañando a los agricultores en los procesos burocráticos que la PAC ponga en marcha y evitando que las explotaciones agrarias se conviertan en una gestoría.
Desarrollaremos una ley europea de la cadena agroalimentaria que impida de manera real y firme las prácticas desleales y que asegure que los agricultores y ganaderos cubran los costes de producción. Esta ley debe promover la modificación de la directiva europea de prácticas comerciales desleales, prohibiendo y sancionando la compra a pérdidas en toda la Unión Europea, y desplegar un observatorio europeo de precios como mecanismo fundamental de regulación de mercado.
Reduciremos drásticamente el uso de antibióticos para prevenir el desarrollo de gérmenes multirresistentes en la ganadería, que suponen una de las mayores amenazas para la salud humana. Para ello es necesario cambiar a mejores métodos de cría, aumentar la sanidad animal, restringir el tratamiento en grupo y dar prioridad al tratamiento de los animales individuales enfermos. Los antibióticos de reserva deben reservarse para la medicina humana. Asimismo, presionaremos por una estrategia europea para una ciencia sin animales.
Desarrollaremos un plan de apoyo a la proteína vegetal. Queremos aumentar la gama de productos vegetales para el consumo europeo en materia de verduras, frutos secos y proteínas vegetales alternativas. Apoyamos la investigación y el desarrollo de procesos modernos de fermentación y cultivo celular, así como su lanzamiento al mercado a precios accesibles.
Reduciremos a la mitad el desperdicio de alimentos de aquí a 2030, incluida la reevaluación de las características de clasificación y las normas de los supermercados, e introduciremos fechas de consumo en lugar de fechas de consumo preferente para ofrecer una información más vinculante sobre el consumo seguro de los alimentos.
Pondremos fin a las megagranjas de animales y la crueldad hacia los animales en la ganadería industrial. Si bien la Comisión Europea no hizo nada con la histórica Iniciativa Ciudadana Europea para poner fin a la era de las jaulas, asumiremos la lucha de la ciudadanía para que finalmente se prohíba el cultivo en jaulas. Continuaremos luchando por reglas más estrictas para proteger a los animales durante el transporte comercial. También apoyamos la prohibición del transporte de animales no destetados y de las exportaciones de animales vivos a terceros países que no respeten las normas de bienestar animal de la Unión Europea. Apoyamos plenamente la Iniciativa Ciudadana Europea sobre una Europa sin pieles y la puesta en marcha de un paquete de medidas para proteger el bienestar de las especies acuáticas.
Acabaremos con las prácticas crueles como la matanza sistemática de patitos machos, la alimentación forzada, el cultivo de pieles y las corridas de toros. Terminaremos con el sostenimiento del lobby taurino con fondos europeos. Asimismo, promoveremos medidas para mejorar el bienestar y la conservación de los animales salvajes.
Avanzaremos hacia una nueva regulación europea de animales de compañía para poner fin a las malas prácticas de cría, asegurar el bienestar de las mascotas, atajar el comercio ilegal e implementar controles más estrictos en el comercio online.
Impulsaremos el bienestar animal como eje de acción estratégico en la agenda de la nueva Comisión Europea, y estudiaremos la creación de un comisionado europeo de bienestar animal.

5. Política pesquera y de aguas

Apoyaremos la pesca artesanal y los sistemas de producción ecológica y de bajo impacto. Diversificaremos el consumo y la reducción de los descartes pesqueros para impedir la sobreexplotación de caladeros, evitando la introducción de especies no autóctonas y el abuso de las piscifactorías.
Reconvertiremos la acuicultura europea, muy dependiente del cultivo del salmón, la trucha y la dorada, al cultivo de nuevas especies con menor dependencia de harinas de pescado.
Protegeremos un 30 % de ecosistemas marinos europeos de la actividad pesquera. Investigaremos la viabilidad en algunos de esos espacios de la eólica off-shore o del aprovechamiento de la energía de olas y mareas, supeditadas a la preservación del medio marino.
Protegeremos los acuíferos subterráneos y prohibiremos la privatización de los recursos de agua tanto superficial como profunda, incluyendo las aguas mineromedicinales, y la reversión de los ya privatizados. El agua debe considerarse un bien natural y gestionado por entidades públicas. Utilizamos la legislación existente de la Unión Europea para proteger las reservas vulnerables, priorizando el agua potable sobre otros usos y garantizando el acceso como un derecho básico.
Mejoraremos la calidad del agua reduciendo los residuos, la basura plástica en el mar (en un 50 %) y los microplásticos liberados al medioambiente (en un 30 %).

6. Protección de la biodiversidad

Trabajaremos para que la Ley de Restauración de la Naturaleza pueda aplicarse de forma rápida y completa, con especial énfasis en alcanzar sus objetivos intermedios y en revisar al alza sus objetivos finales. Ampliaremos la protección y recuperación de ecosistemas y de especies hasta alcanzar al menos el umbral de un 30 % de la superficie terrestre y marina protegida para 2030.
Fomentaremos la interconexión de hábitats naturales protegidos por la Red Natura 2000 mediante una red de corredores ecológicos europeos. Trabajaremos para proteger todos y cada uno de los espacios naturales de la Red Natura 2000 y nos opondremos a cualquier proyecto urbanístico que amenace estos espacios, como sucedería con la Albufera de ampliarse el puerto de València.
Ratificaremos el Tratado de los Océanos de manera integral y legalmente vinculante bajo los auspicios de Naciones Unidas.

7. Economía circular

Impulsaremos una ley de recursos justos y resilientes que fije un calendario de desmaterialización de la economía europea, con objetivos vinculantes de reducción de la huellas ecológicas nacionales, tal y como reclamó la sociedad civil europea en la conferencia “Más allá del crecimiento 2023”.
Crearemos una agencia europea de materias primas críticas que permita monitorizar el estado general y la accesibilidad de recursos estratégicos, teniendo en cuenta la preservación de los derechos humanos y garantías ambientales si estos proceden de terceros países, y promoveremos pruebas de estrés y de esfuerzo para las empresas europeas con el fin de asegurar el suministro.
Apostaremos por otorgar a la circularidad un carácter prioritario en la política industrial de Europa, generando capacidad europea de fundición y tratamiento de materias primas (actualmente casi monopolizada por China), así como una planta europea de reciclaje de minerales críticos.
Lucharemos contra la obsolescencia programada aumentando el periodo de garantía de los productos, asegurando el derecho a reparar, así como la obligación de suministrar repuestos usados durante un mínimo de 10 años. Apostaremos por la aprobación y transposición ambiciosa de la directiva de empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica, aprobada ya por el parlamento, creando una oficina de control para la publicidad engañosa con base en la directiva.
Avanzaremos hacia una directiva de envases y residuos que establezca en toda Europa el sistema SDDR (depósito, devolución y retorno), así como objetivos vinculantes de reciclaje por países. También crearemos una tasa al plástico que desincentive el uso de envases de plástico en toda la cadena de valor.

8. Una fiscalidad adaptada al reto climático

Crearemos un impuesto mínimo del 15 % sobre los beneficios de las petroleras, armonizado con los objetivos de tasa impositiva mínima corporativa de la OECD y cuya recaudación se destinará a financiar los aspectos de justicia social de la transición ecológica.
Daremos pasos hacia un gravamen adicional a los combustibles fósiles, estableciendo compensaciones para que la medida no recaiga en sectores vulnerables y servicios esenciales, con el objetivo de lograr la erradicación de su uso.
Gravaremos, también, los bienes y servicios de lujo, tanto de particulares como de empresas, que generan un gran volumen de emisiones y nulo rendimiento social, como vehículos de lujo, aviones privados, grandes yates y vuelos frecuentes peninsulares o en clase business. En todos estos casos, tendremos en cuenta la realidad geográfica y de lejanía de los territorios RUP.

9. Una política industrial verde y transformadora

Promoveremos inversiones específicas y programas detallados para recuperar el terreno industrial perdido en materias como los electrolizadores, las placas solares, las turbinas eólicas, las baterías y los sistemas de almacenamiento de energía, los coches eléctricos y los microchips y semiconductores.
Estableceremos un programa estratégico de política industrial orientada a la descarbonización de la industria pesada y los sectores intensivos en carbono. Para ello, financiaremos el uso en toda la Unión Europea de contratos de protección del clima (contratos de carbono por diferencia) con cargo al presupuesto de la Unión Europea, apoyando financieramente a las empresas que conviertan su producción en neutra para el clima de la forma más rápida y rentable posible y que ahorren más CO2 en el proceso. Este programa debe llevar a la Unión Europea a convertirse en líder mundial en campos como el acero, la cerámica o el cemento verdes, o como los fertilizantes descarbonizados, que deberían beneficiarse con cuota mínima en los contratos públicos.
Realizaremos un esfuerzo en formación profesional en aquellos sectores que puedan resultar desbordados por un aumento exponencial de la demanda, como es la rehabilitación de edificios. A su vez, Europa necesita una estrategia para retener y atraer el trabajo cualificado en todos los campos: el científico, el productivo y el administrativo. Nos aseguraremos de que los planes de formación conduzcan a empleos de calidad: sindicalizados, seguros, bien remunerados y respetados socialmente.

10. Una política territorial efectiva

Aumentaremos el presupuesto del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el desarrollo urbano, así como del presupuesto de la Iniciativa Urbana Europea (IUE) para facilitar una mejor financiación directa a núcleos urbanos.
Reestructuraremos la política de cohesión para incluir una financiación más directa; utilizaremos el marco financiero plurianual como garantía para conceder préstamos a las ciudades cuando sea necesario, y devolveremos el dinero estancado en planes de recuperación y resiliencia (PRR) no aprobados, no registrados o no utilizados por los Estados miembros a un fondo común de la Unión Europea que lo redistribuya mediante gestión directa a los beneficiarios finales.
Apostaremos por el avance renovable en el medio rural con criterios no extractivos y participativos en los que la aceptación social y la redistribución de la renta sean pilares de su desarrollo. Además, se debe dar más voz a las comunidades rurales para que sean ellas y no los Estados miembros las que decidan dónde se deben priorizar las inversiones del Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo.

11. Justicia climática mundial, hacia una internacional climática

Democratizaremos y dotaremos de más recursos al Fondo Verde del Clima (FVC), facilitando el acceso de los Estados más vulnerables a este fondo. El FVC es el mecanismo financiero de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, creado a partir de la COP16 en 2010, para apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo dirigidos a la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. También debemos financiar el Fondo de Pérdidas y Daños, creado en la COP 28 en 2023 para compensar a los países que ya están sufriendo consecuencias irreversibles de la crisis climática.
Promoveremos la agenda de Bridgetown para reformar un sistema financiero internacional que permita renegociar, reestructurar o condonar deuda soberana y privada, así como flexibilizar las condiciones de préstamos para la acción climática a medio y largo plazo, brindar liquidez de emergencia e incluir cláusulas de desastres naturales en instrumentos de financiación, entre otras medidas.
Someteremos la extracción minera en terceros países a principios de cooperación y ayuda mutua. Impulsaremos las asociaciones de materias primas críticas de la ley de materias primas críticas para asegurar que en la relación comercial que la Unión Europea establezca con países productores se respeten altos estándares laborales, ecológicos y en materia de derechos humanos, así como el establecimiento de acuerdos bilaterales para fomentar que los países productores puedan también desarrollar el procesamiento de materias primas e industrias derivadas, contribuyendo así a fomentar una transición del Sur Global hacia una condición económica posextractivista.
Garantizaremos que el reglamento europeo de cadena de suministro libre de deforestación tenga el efecto deseado estableciendo asociaciones con los países productores.

12. Feminismos climáticos

Aseguraremos que las medidas del Pacto Verde Europeo tengan una perspectiva de género, incluyendo a las mujeres y al colectivo LGTBI+ en la toma de decisiones y contribuyendo a cerrar la brecha y a no aumentarla.
Promoveremos políticas específicas que afectan mayoritariamente a las mujeres. Por ejemplo, incluyendo productos menstruales como parte de la regulación y gestión de productos químicos de la Unión Europea y eliminando impuestos sobre los productos menstruales, así como intensificando esfuerzos para promulgar leyes y reglamentos que fortalezcan las medidas de aplicación de la ley sobre el mercurio, especialmente en productos para el blanqueamiento de la piel.

13. Salud pública y emergencia ecológica

Implementaremos la nueva directiva de calidad del aire tras la actualización de los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud orientada a reducir las partículas contaminantes y a garantizar que la información sobre la calidad del aire sea accesible a la ciudadanía. Además, servirá para acercarnos al reto de reducir la contaminación a cero en 2050 y para reducir un 55 % las muertes prematuras causadas por la contaminación.
Desarrollaremos en profundidad la directiva de la Unión Europea sobre ruido ambiental y las directivas sobre ruido relacionadas con las fuentes emisoras (como los valores límite asociados de los vehículos), adaptándolas al estado actual de la técnica y el conocimiento científico.
Lucharemos por una Europa libre de sustancias tóxicas para 2030 eliminando progresivamente el uso de las sustancias químicas más nocivas. Es especialmente urgente centrarse en las sustancias que causan daños duraderos a los seres humanos y los ecosistemas, como las sustancias químicas perfluoradas y polifluoradas, que deben eliminarse rápidamente de nuestros procesos productivos.

14. Modelo turístico y protección del territorio

Desarrollaremos una estrategia de turismo sostenible y de derecho al lugar a partir del despliegue y la reforma de la Agenda Europea de Turismo 2030. Esta estrategia regulará y acompañará a la industria turística para lograr articular una oferta que, siendo fuente de prosperidad en términos económicos, minimice sus impactos ecológicos y sociales. Regularemos el parque de viviendas turísticas en las ciudades, estableceremos límites a las plazas hoteleras en función de la capacidad de carga ecológica y social de los territorios y desarrollaremos un paquete de tasas turísticas que sirvan para garantizar el derecho al lugar de sus habitantes, internalizando costes que hoy se externalizan sobre la naturaleza y el estado de bienestar. Asimismo, apoyaremos y llevaremos a Europa las reivindicaciones de las movilizaciones masivas en defensa de un turismo sostenible, como las impulsadas en el archipiélago canario.

ABANDONAR LA AUSTERIDAD, TRANSFORMAR LA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL EUROPEA

Los últimos cinco años han demostrado que las políticas de austeridad en la Unión Europea son una elección política, no un destino inevitable. La década tras la crisis de 2008 fue la de los recortes, el paro, la precariedad, los desahucios y la desigualdad. Una década perdida para el progreso social y la lucha contra la crisis climática que dio alas a la extrema derecha en nuestro continente. La reacción a la pandemia y la invasión rusa de Ucrania fue distinta. La Unión Europea desplegó políticas fiscales contracíclicas, suspendió el corsé del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, empezó a hablar de política industrial, aceptó políticas heterodoxas —como el control de precios— para contener la inflación y realizó incluso la primera emisión de deuda conjunta europea. Este cambio de rumbo no cayó del cielo. Representó la victoria de las reivindicaciones de las fuerzas progresistas europeas, acalladas durante la década anterior. El efecto de este cambio de paradigma está a la vista: se protegieron el empleo, los ingresos y las empresas. Se produjo una recuperación tres veces más rápida que la de 2008, con la expansión fiscal dirigiéndose a inversiones que transformarán nuestra economía a medio y largo plazo. Atravesamos una sucesión de crisis fortaleciendo, en vez de sacrificando, la cohesión social y las condiciones de trabajo. Sin embargo, no es momento para la complacencia. Pese a los avances logrados, la gobernanza económica europea —a nivel fiscal, monetario, comercial y de políticas industriales— sigue siendo deficiente. La mayoría de las políticas económicas innovadoras se diseñaron como medidas excepcionales para la gestión de crisis. Su ambición y dimensión es insuficiente ante los retos inmensos que tenemos por delante. Las elecciones europeas son decisivas para demostrar que el nuevo paradigma económico no fue una respuesta puntual, sino que ha venido para quedarse. Y que servirá para apuntalar una Europa más cohesionada, menos desigual, que trabaje por la ciudadanía y que sea capaz de realizar una transición climática justa y tener voz propia en una era de tensión internacional. Desde Sumar damos la bienvenida a los avances logrados durante la legislatura europea anterior. Pero no nos basta con resistir en tiempos de crisis. Por eso exigimos que se conquiste como permanente lo que en 2020 se asumió como temporal. Que se fortalezca la capacidad de la Unión Europea para garantizar la cohesión social y una gobernanza económica justa y que se elimine de una vez y para siempre la amenaza de las políticas de austeridad y los recortes antisociales. Para marcar este rumbo, queremos avanzar en cinco ejes de acción: reactivar la política fiscal, reformar la política monetaria, reinvertir los superávits comerciales excesivos, reinventar nuestro modelo de crecimiento, y avanzar hacia una economía sin paraísos fiscales.

1. Reactivar la política fiscal.

Los programas europeos de inversión pública (NextGenerationEU) y estímulo contracíclico (SURE) no deben ser un paréntesis coyuntural. Al revés: la Unión Europea necesita consolidar unas herramientas económicas con las que afrontar una época de crisis. Para ello son imprescindibles cuatro medidas:

1.1. Impulsaremos una agencia europea de inversión.

Esta agencia, inspirada en la experiencia de los fondos NextGenerationEU, tendrá como misión financiar las inversiones necesarias para abordar las transiciones ecológica y digital, aumentar la autonomía estratégica de las economías europeas y asegurar que estos procesos se llevan a cabo de forma justa, reforzando la cohesión social. Proveerá a la Unión Europea de una capacidad fiscal central y permanente con la que garantizar bienes públicos europeos (energía, medioambiente, infraestructuras, salud y seguridad).

1.2. Defenderemos un fondo europeo permanente para hacer frente a perturbaciones cíclicas.

Este fondo estará inspirado en el programa de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE, por sus siglas en inglés), que contribuyó a financiar los ERTE en España, salvó millones de puestos de trabajo en la Unión Europea y permitió una recuperación económica más rápida. En este caso sería un mecanismo permanente capaz de financiar las políticas necesarias para hacer frente a este tipo de perturbaciones y también de desarrollar un sistema europeo de aseguramiento frente al desempleo.

1.3. Propondremos reformar las reglas fiscales europeas.

El uso activo de la política fiscal para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia y a los efectos inflacionistas de la crisis energética se ha demostrado útil. Sin embargo, el resultado final de la reforma de las reglas fiscales vuelve a dificultar la aplicación de las políticas que necesitan las economías europeas. Las nuevas reglas mantienen la vieja obsesión con umbrales arbitrarios de deuda e impiden la consolidación del espacio fiscal necesario para una mayor inversión y para una verdadera sostenibilidad de la deuda. Desde Sumar defenderemos acabar con estos actuales umbrales y adoptar una capacidad fiscal central que acompañe los esfuerzos de los Estados miembros por consolidar las finanzas públicas, centrando sus esfuerzos en la construcción de una economía sostenible en vez de recortar la inversión pública. Esta capacidad central sustituirá el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) por una agencia con un mandato democrático y transparente, un primer paso para un verdadero tesoro europeo.

1.4. Regla de oro.

Como medida temporal, o mientras no tenga efecto la reforma integral de las reglas fiscales, propondremos una regla de oro para las inversiones europeas que deje fuera del cálculo del déficit aquellas inversiones consideradas estratégicas para los objetivos de la Unión Europea, como las orientadas a la transición ecológica o digital.

1.5. Reducción del desempleo como criterio de sostenibilidad de la deuda.

Asimismo, buscaremos priorizar, como criterio para garantizar la sostenibilidad de la deuda, la reducción en la tasa de desempleo en vez de la del déficit estructural. Esta metodología serviría para reconciliar la estabilidad macroeconómica con mercados laborales más dinámicos, garantizar que economías como la nuestra rindan a su pleno potencial y evitar que las medidas para reducir el déficit produzcan una recesión y generen un círculo vicioso, como sucedió en la década de 2010.

2. Reformar la política monetaria.

El papel del Banco Central Europeo como prestamista de última instancia y garante de la estabilidad macroeconómica de la zona del euro ha vuelto a consolidarse. Este es el momento de ampliar su campo de actuación, redefinir su mandato y reforzar su legitimidad. Para ello propondremos cuatro medidas fundamentales:

2.1. Democratización del BCE.

Es imperativo democratizar el funcionamiento del banco central. El Parlamento Europeo debe tener un papel más activo en el proceso de rendición de cuentas del BCE, reforzando el proceso de “diálogo monetario” para que el banco central responda por todas las actividades reflejadas en su informe anual. Más allá de esta capacidad de evaluación, el parlamento debería ser parte activa en la selección, ratificación y revocación de la ejecutiva del BCE, enmendando para ello el Tratado de la Unión Europea si fuese necesario.

2.2. Actualización de las herramientas del BCE.

Nuestra época de crisis solapadas exige una revisión de los modelos macroeconómicos del banco central. Las recientes explosiones inflacionarias y las intervenciones del BCE al respecto han demostrado lo limitado de sus perspectivas y herramientas. Los riesgos de nuevas y cada vez más agresivas crisis causadas por las catástrofes climáticas serán con el tiempo un factor central de desestabilización económica y financiera, haciendo inservibles las viejas recetas. Más allá de esta revisión urgente de sus modelos, y dada la incertidumbre creciente, el BCE debe estar en cualquier caso dispuesto a actuar con flexibilidad y rapidez, sin ser esclavo de modelos que pueden quedarse obsoletos en cualquier momento.

2.3. Un nuevo mandato por el pleno empleo y

Programa Electoral Sumar - Europa 2024

que enfrentan estas personas para lograr un trabajo acorde con su formación, expectativas y experiencia.

MARCAR EL RUMBO HACIA UNA EUROPA CON PAZ Y FUTURO

CONSTRUIR UN NUEVO MULTILATERALISMO DEMOCRÁTICO

Desde el shock financiero de 2008, las crisis planetarias se multiplican y retroalimentan: crisis climáticas y ecosociales, crisis geopolíticas y financieras, crisis sanitarias y humanitarias; cada una de ellas agrava las anteriores y hace su solución más compleja. Al mismo tiempo, se está dando una dinámica creciente de repliegue de los Estados y las regiones del planeta sobre sí mismos. La crisis de la globalización ha creado una grave asimetría entre los problemas que nos afectan y las capacidades de las que disponemos para hacerles frente.

La Unión Europea tiene la enorme responsabilidad y capacidad de convertirse en parte de la solución a estos problemas. El proyecto europeo puede y debe convertirse en una fuerza de progreso, estabilidad y certidumbre para este mundo en crisis. Tiene, además, un enorme potencial para ello: dispone de los medios y las capacidades necesarias para convertirse en un referente en la defensa del derecho internacional, los derechos humanos y una política de desarrollo con criterios de justicia global y perspectiva decolonial.

Creemos que una acción exterior europea diferente es posible, precisamente porque no debemos resignarnos a vivir en un mundo regido por la incertidumbre, la inestabilidad y el conflicto. Al contrario: Europa debe abandonar los discursos belicistas y redoblar el compromiso por un orden internacional más justo, más capaz, más eficaz y democrático, que blinde la protección de nuestros bienes comunes y de los derechos humanos para el conjunto de los Estados miembros y sus pueblos, una Europa que trabaje con la misma convicción y vehemencia por el fin del genocidio del pueblo palestino y el ataque ruso contra el pueblo ucraniano.

Es hora de apostar por un orden económico, comercial y financiero capaz de satisfacer las necesidades de la población europea y mundial dentro de los límites del planeta. Es hora de generar mecanismos comunes y garantías suficientes para construir una paz global justa y duradera, dotándonos de mayores capacidades para prevenir las crisis, mediar en los conflictos en curso y reparar las violaciones de derechos humanos que hoy constituyen el día a día de nuestro planeta.

Es hora de construir una Europa con voz propia en el mundo, una Europa más democrática, feminista y comprometida con la justicia social, una Europa que avance hacia una autonomía estratégica al servicio de las mayorías sociales del continente, que entierre de una vez las lógicas de sumisión, explotación y abuso que durante demasiado tiempo han regido su relación con las otras regiones del planeta. Una Europa en paz, capaz de mediar y desescalar los conflictos, que ponga un final inmediato a las violaciones de derechos humanos que genera su política migratoria y respete los compromisos internacionales que hemos adquirido en esta materia.

Los principios básicos de la democracia, los derechos humanos, la defensa de la paz y la sostenibilidad de la vida, los derechos de las mujeres y las personas LGTBI+, la redistribución de la riqueza, la justicia ecosocial y la lucha contra la crisis climática global serán los que marquen el rumbo hacia una acción exterior decidida, moderna y comprometida con la construcción de un nuevo multilateralismo democrático, fuente de estabilidad y certidumbre para estos tiempos de turbulencia global.

1. Llevar la democracia a la acción exterior europea

1.1. Convertiremos la defensa de los derechos humanos, la paz, el ecologismo y el feminismo en el principio rector de la política exterior europea.

Así, fortaleceremos los programas de defensores y defensoras de derechos humanos, medioambientalistas y sindicalistas a través de una mayor dotación presupuestaria, la ampliación de sus competencias y la consolidación de su estructura para incrementar su eficacia y dar seguridad efectiva a todas las personas defensoras de derechos humanos de los países socios de la Unión Europea que puedan verse amenazadas, y transversalizaremos la perspectiva de género y el análisis feminista interseccional en todas las políticas públicas, normas y presupuestos de la acción exterior europea, de manera que sean preceptivas del dictamen del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE).

1.2. Trabajaremos por la reforma de la figura del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad para el periodo 2024-2029, clarificando competencias y fiscalizando su labor sobre la base de la protección de los derechos humanos y los valores establecidos por la Estrategia de Acción Exterior de la Unión Europea.

Además, fortaleceremos el papel de las delegaciones de la Unión Europea en la interlocución con la sociedad civil local y con las comunidades afectadas por proyectos y empresas de la Unión Europea.

1.3. Terminaremos con el sistema de unanimidad y derecho de veto de los Estados miembros en política exterior, pasando a un sistema de mayoría cualificada, sobre la base del artículo 33 del Tratado de la Unión Europea, y potenciaremos el papel del Parlamento Europeo en el ámbito de la política común de seguridad y defensa y la delineación de la Estrategia de Acción Exterior, que deberá pasar a ser debatida y escrutada públicamente con carácter anual.

A su vez, impulsaremos la celebración de consultas ciudadanas sobre financiación y participación europea en operaciones militares internacionales de calado, siempre cumpliendo el derecho internacional y con autorización de la ONU.

1.4. Promoveremos la creación de un observatorio de asuntos exteriores de la Unión Europea, un órgano independiente que opere como una defensoría del pueblo en el ámbito de la política exterior europea, un espacio de vigilancia y apelación abierto a las quejas de la ciudadanía, siempre en virtud del artículo 21 del Tratado de la Unión Europea.

1.5. Promoveremos que la política exterior europea se marque el objetivo principal de la conformación de una internacional climática que tenga como prioridad el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París y del Pacto Verde Europeo, impulsando la adopción, a nivel global, de un tratado de no proliferación de combustibles fósiles.

En este sentido, impulsaremos desde el marco europeo el apoyo a la Agenda de Bridgetown y promoveremos la creación de un fondo mundial para la mitigación del cambio climático alimentado con los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional y la financiación en condiciones favorables a los países más vulnerables a los efectos de la emergencia climática por parte de los bancos multilaterales de desarrollo.

1.6. Contribuiremos a la reforma integral de las Naciones Unidas, haciendo más transparentes sus estructuras internas, democratizando el Consejo de Seguridad para dar mayor presencia al Sur Global y garantizando una voz permanente de la Unión Europea en su seno, actualizando su sistema de financiación, reformando el papel de los cascos azules, así como impulsando la creación de una asamblea parlamentaria en la ONU, una fuerza civil de control ecológico en su seno y un tribunal internacional de justicia climática para facilitar la lucha global contra el ecocidio.

1.7. Impulsaremos una carta global de derechos laborales, con objeto de blindar los derechos de las personas trabajadoras a nivel europeo e internacional, especialmente los de las más vulnerabilizadas, y promoveremos, desde el ámbito europeo, la ratificación de los instrumentos y protocolos de la Organización Internacional del Trabajo, así como la integración de sus principios fundamentales en los acuerdos comerciales.

1.8. Impulsaremos la creación de una alianza global por la igualdad y la diversidad, una internacional feminista conformada por aquellos países que promuevan activamente la igualdad de género y la defensa de los derechos de las personas LGTBI+ en la acción interior y exterior.

2. Transformar para ampliar: hacia una política de vecindad diferente

2.1. Impulsaremos, como eje prioritario de la acción exterior europea, el fin del genocidio en la Franja de Gaza y la consecución de la libertad y una paz justa y duradera para el pueblo palestino.

Con ese objetivo, promoveremos que los Estados miembros reconozcan el Estado de Palestina de manera inmediata e incondicional; la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel y los fondos del Instrumento Europeo de Vecindad destinados al régimen de Netanyahu; el apoyo público y financiero a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la iniciativa sudafricana en la Corte Internacional de Justicia; la mediación para la liberación de rehenes civiles, o el embargo efectivo y completo de la compraventa de armamento con Israel.

2.2. Apostaremos por un nuevo esfuerzo diplomático en Ucrania, de forma alineada con los intereses y tiempos de la parte agredida, bajo el patrocinio de las Naciones Unidas y en la línea marcada por las diversas resoluciones de su Asamblea General desde el comienzo de la invasión, además del despliegue de los mecanismos de interposición y observación de la OSCE.

Defendimos desde el primer momento el derecho a la legítima defensa del pueblo ucraniano, el envío de ayuda militar y financiera para hacer posible una negociación equilibrada y la obligación de Europa de apoyarlo frente a la agresión ilegítima e ilegal de Putin. También, a su vez, la necesidad de trabajar en todas las vías diplomáticas posibles para lograr un alto el fuego y una paz justa y duradera que tenga en cuenta las legítimas aspiraciones del pueblo ucraniano. Asimismo, reforzaremos la ayuda humanitaria a Ucrania y apostaremos por un plan de reconstrucción basado en ayudas y no en préstamos, orientado al bienestar de las mayorías ucranianas y no al beneficio de las grandes multinacionales. A medio plazo, será necesario convocar una nueva conferencia de la OSCE para iniciar la reconstrucción de la arquitectura de tratados de seguridad y control sobre armas convencionales, armas nucleares, ciberseguridad, rutas marítimas y aéreas, siguiendo el espíritu de la Declaración de Astana de 2010.

2.3. Apoyaremos, también desde el marco europeo, el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, dando marcha atrás al cambio de posición adoptado en nuestro país, reforzando las relaciones diplomáticas al más alto nivel con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), ampliando el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO).

Todo ello, basándonos en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre recursos naturales, las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para una solución justa, pacífica y duradera mediante referéndum y los procesos de diálogo impulsados por el enviado personal del secretario general de Naciones Unidas.

2.4. Avanzaremos hacia unas relaciones horizontales con América Latina que incluyan la participación de actores no estatales y movimientos sociales e indígenas de la región, impulsando el marco de diálogo político entre la Unión Europea y la CELAC, promoviendo la celebración de una cumbre anual y reorientando las prioridades hacia la lucha contra las desigualdades, la emergencia climática y los feminicidios.

Asimismo, aseguraremos que los tratados comerciales con la región contribuyan al desarrollo mutuo y garanticen la prevalencia de los derechos humanos y ambientales sobre el poder de las grandes corporaciones. En ese sentido, renegociaremos el Acuerdo UE-Mercosur en sus dimensiones de protección a los derechos humanos, las personas trabajadoras y la biodiversidad para dar prioridad a estas cuestiones y nos opondremos a las importaciones de productos agrícolas a través del acuerdo que supongan una competencia desleal para los y las agricultores europeos.

2.5. Apostaremos por una política de ampliación que parta de una reforma integral del funcionamiento de la Unión Europea, rechazando los discursos que contraponen ampliación e integración.

En este sentido, apoyaremos la incorporación gradual de los países candidatos de los Balcanes Occidentales, Ucrania, Moldavia y Georgia siempre que se ajusten a los criterios establecidos por el principio de condicionalidad vigente en el marco europeo, sostenido sobre el criterio de la institucionalización de un Estado democrático y de derecho, donde se cumplan los criterios relativos al respeto de los derechos de las minorías, la lucha contra la corrupción y el cambio climático, la resolución de disputas con su vecindad y todos aquellos criterios establecidos por la estrategia de ampliación. Siempre y en todos los casos, será el criterio del mérito y el cumplimiento de estos criterios y no el geopolítico el que tenga prioridad en nuestra posición.

2.6. Avanzaremos hacia un nuevo enfoque en las relaciones con Rusia, dando una respuesta firme a los ataques híbridos y los intentos de injerencia en los asuntos internos de los Estados miembros, velando por la libre elección de las alianzas internacionales de todos los países, impulsando esfuerzos multilaterales para reducir los armamentos nucleares y vinculando la mejora de las relaciones y la flexibilización de las sanciones a la retirada de las tropas rusas de Ucrania.

2.7. Defenderemos una nueva relación con el Reino Unido y una reforma del Acuerdo de Cooperación y Comercio entre la Unión Europea y el Reino Unido para ampliar, de forma recíproca, los derechos de la ciudadanía europea residente allí, defendiendo un modelo de relaciones que vaya más allá del enfoque securitario que defienden tories —bajo el concepto de “Global Britain”— y laboristas —con la idea del “realismo progresista”—.

A su vez, revisaremos el acuerdo político alcanzado con Gibraltar, con el objetivo de garantizar la máxima protección para las personas trabajadoras del Campo de Gibraltar.

2.8. Defenderemos una interlocución pacífica, autónoma y crítica con China, a favor de los intereses y principios europeos, pero alejados de toda veleidad militar, a través de una diplomacia activa y exigente para evitar la confrontación entre grandes potencias.

2.9. Desarrollaremos una nueva iniciativa estratégica para la región del Magreb y África, con los derechos humanos en el centro, que reconozca y apoye la pluralidad de agentes no estatales de la región, que acompase intereses y valores y supere la visión dicotómica que reduce estas relaciones de vecindad al prisma exclusivo de cooperación o conflicto.

Promoveremos, desde el marco europeo, la creación de una fuerza mediterránea de intervención climática y protección civil para luchar contra los incendios y otras catástrofes naturales, prestar asistencia en el mar y luchar contra la contaminación, con especial atención a la región del Magreb.

2.10. Impulsaremos el papel de la Unión Europea por el Mediterráneo como mecanismo de cooperación socioeconómica, cultural, municipal y de la sociedad civil para la construcción de un espacio euromediterráneo compartido.

2.11. Revisaremos los vínculos con Turquía para proteger la relación privilegiada, abandonando las lógicas de externalización fronteriza y condicionando la actual relación comercial al respeto de los derechos humanos y las libertades civiles.

Asimismo, trabajaremos por denunciar y prohibir las importaciones de productos agroalimentarios de Turquía y otros países terceros que no cumplan con los estándares higiénicos y fitosanitarios de la Unión Europea e impulsaremos el respeto a los derechos democráticos, políticos y culturales de las minorías en Turquía, con especial atención a la población kurda, donde exigimos la liberación de sus representantes políticos y afiliados injustamente encarcelados.

2.12. Abogaremos por dar un nuevo impulso a las negociaciones que pongan fin al conflicto en Chipre, con una solución basada en una federación binacional y bicomunal, en la línea de las resoluciones de las Naciones Unidas, priorizando el respeto a los derechos humanos de todas las personas y poner fin a la militarización de la isla.

2.13. Defenderemos la preservación de un modelo de frontera blanda entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, con base en los acuerdos de paz y el Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte, y apoyaremos aquellos procesos democráticos que aborden el futuro de la isla, siempre respetando el derecho internacional y el deseo mayoritario del pueblo irlandés.

2.14. Apostaremos por la autonomía energética de la Unión Europea como un principio básico de la acción exterior europea, revisando las relaciones con terceros países en los que no existan garantías de respeto a los derechos humanos y a las libertades civiles, como es el caso de Azerbaiyán o Qatar.

3. Una autonomía estratégica al servicio de las mayorías sociales

3.1. Promoveremos el desplazamiento progresivo de las garantías de seguridad de la OTAN hacia una autonomía estratégica integral al servicio de la ciudadanía europea y no de la industria armamentística, un espacio europeo de seguridad sujeto a control democrático que desarrolle las garantías derivadas del artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea y que incluya entre sus objetivos prioritarios el respeto a los derechos humanos, así como el bienestar social y medioambiental de los países europeos y sus áreas de vecindad.

3.2. Impulsaremos la racionalización y unificación del gasto militar en un ejército europeo con mandato estricto de autodefensa, así como una política exterior y de seguridad común independiente de la OTAN, relanzando el concepto SAFE (Synchronised Armed Forces in Europe), siempre sujeta a mecanismos de control parlamentario.

Esto implica un freno a la actual presión por aumentar el gasto militar y un aumento sustancial de las capacidades colectivas europeas y el pooling & sharing de la Agencia Europea de Defensa. Así, en la medida en que desarrollar capacidades defensivas comunes para el conjunto de la Unión Europea requiera inversiones específicas, estas deben llevarse a cabo de forma mutualizada, con mecanismos fiscales centrales que la garanticen en cuanto que bien público.

3.3. Reorientaremos la política de defensa europea hacia los principios de solidaridad, participación democrática y promoción de paz, bajo la convicción de que el derecho internacional es, con todas sus limitaciones, la mayor garantía existente para la paz y la convivencia.

3.4. Implementaremos mecanismos europeos de seguimiento, transparencia y rendición de cuentas en materia de transferencias de armamento y material de doble uso en los Estados miembros que incluya la obligatoriedad de informar sobre las transferencias autorizadas y ejecutadas por parte de todos los Estados miembros y vías de fiscalización democrática y accesible por parte de la sociedad civil.

4. Convertir a Europa en un referente de la justicia global

4.1. Apostaremos por que la Unión Europea ejerza un liderazgo más activo y reconocible en el ámbito de la política internacional de desarrollo, en correspondencia con su posición de primer donante del mundo por la cuantía de recursos canalizada a los países en desarrollo.

4.2. Aseguraremos que la definición más precisa de los intereses estratégicos de la Unión Europea preserve, sin contaminación, los propósitos genuinos de la cooperación al desarrollo, que se orientan a combatir la pobreza y la desigualdad, a asentar los derechos humanos y a preservar la sostenibilidad en los países socios, de acuerdo con sus respectivas prioridades de desarrollo.

4.3. Garantizaremos que el enfoque del Equipo Europa implique una dinámica inclusiva y equilibrada de los diversos actores europeos en la acción de desarrollo, favoreciendo un proceso de diálogo continuado con los socios, desde una perspectiva equilibrada y decolonial.

4.4. Avanzaremos de forma efectiva en la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible para lograr el adecuado alineamiento de los compromisos normativos que dice asumir la Unión Europea con las políticas aplicadas.

4.5. Promoveremos la creación de una vicepresidencia de la Comisión Europea para la coherencia de las políticas de desarrollo que armonice y coordine la acción exterior de la Unión Europea y priorice la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030.

4.6. Impulsaremos la realización anual de una reunión monográfica del Consejo Europeo sobre política de desarrollo, con el objetivo de situarla en el centro de la gobernanza europea.

4.7. Desarrollaremos una hoja de ruta realista y ambiciosa para que los Estados miembros alcancen, en 2030, el objetivo propuesto de dedicar el 0,7 % del PNB a la AOD y el 0,20 % a los países menos adelantados (PMA), realizando un seguimiento anual del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada país.

4.8. Apostaremos por establecer y blindar mecanismos que garanticen una voz europea coordinada en los organismos internacionales de desarrollo —más concretamente, en las Naciones Unidas y los bancos de desarrollo—, de acuerdo con las prioridades definidas en su política de cooperación.

4.9. Reforzaremos la estrategia de acción exterior feminista de la Unión Europea a través de un incremento presupuestario que permita su pleno desarrollo, haciendo que la cuestión de género no sea solo un elemento transversal en todos los programas de cooperación, sino reforzando, además, los fondos destinados a promover actuaciones específicas contra la violencia de género y en defensa de los derechos y del empoderamiento de las mujeres y las niñas, incluyendo acciones para garantizar sus derechos sexuales y reproductivos.

4.10. Apoyaremos, en los países en desarrollo asistidos, la consolidación de instituciones democráticas, sistemas fiscales capaces y progresivos y políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, a un reparto más justo de las tareas de reproducción y del cuidado de la vida, a la configuración en los países de un suelo mínimo de protección social y al combate del odio y la discriminación.

4.11. Agilizaremos y mejoraremos el sistema humanitario europeo, dotándolo de más recursos y la capacidad operativa necesaria para hacer frente al nuevo contexto global, integrando otros enfoques de solidaridad, incluidos los interseccionales, y con una perspectiva feminista en todas las fases de la respuesta y en los procesos de paz.

IMPULSAR UNA TRANSFORMACIÓN DIGITAL CON DERECHOS

La revolución digital hace tiempo que ha dejado de ser un pronóstico de futuro. Las sociedades europeas están siendo ya transformadas por la digitalización. Hoy nos encontramos, de nuevo, en una encrucijada. La decisión a tomar en este contexto de bifurcación es evidente: o una transformación digital al servicio de unos pocos, o una transformación digital que amplíe derechos para las mayorías sociales europeas. O un tecnofeudalismo comandado por las grandes empresas tecnológicas, o un nuevo contrato social para la era digital que asuma que la tecnología debe servir para resolver los grandes desafíos de nuestra época, como la lucha contra las desigualdades, la crisis climática o la erosión democrática.

En esta legislatura europea se han dado algunos pasos adelante. La Ley de Servicios Digitales, que establece limitaciones a las actuaciones de las grandes plataformas y dicta cuáles deben ser las prácticas ante la difusión de contenidos ilegales, es un buen ejemplo. Sus límites son también claros, evidentes en la negativa de muchas multinacionales a aplicar esta legislación y actuar contra las fake news y los discursos del odio. Ahora debemos trabajar para que se aplique rigurosamente, para que el Programa Estratégico para la Década Digital 2030 no se convierta en papel mojado, pero es necesario ir mucho más allá.

Nuestro rumbo es claro. Europa puede y debe convertirse en el modelo de una digitalización democrática, sostenible y feminista, en la impulsora de un nuevo internacionalismo digital que luche contra nuevas formas de desigualdad. Frente a los modelos estadounidense y chino, Europa puede y debe convertirse en una alternativa de desarrollo que garantice la soberanía digital.

En un momento en el que la innovación tecnológica tiende a avanzar más rápido que la propia política, Europa puede y debe poner los datos, los algoritmos y la inteligencia artificial al servicio del bien común. En un contexto en el que las grandes multinacionales tecnológicas intentan imponer sus reglas y consolidar los monopolios digitales, Europa puede y debe garantizar el control democrático de la robotización, el internet de las cosas o las redes sociales, elementos muy presentes en el día a día de los europeos y europeas. Frente a los intentos de las grandes plataformas de deshacerse de imponer la “ley del más fuerte”, Europa puede y debe impulsar una nueva ola de derechos laborales digitales. En ese sentido, la directiva de trabajadores y trabajadoras de plataformas, inspirada inicialmente en la exitosa ley rider española, es un primer paso en la dirección correcta, pero hay mucho por hacer para proteger a las personas trabajadoras en toda Europa.

Así, frente a la tecnofobia y el tecnofetichismo de muchos, queremos marcar el rumbo hacia una transformación digital con derechos desde la Unión Europea, una gobernanza democrática de la digitalización que tenga en Europa su epicentro y referente, en la que justicia social y justicia digital sean las dos caras de una misma moneda.

1. Avanzar en una transición digital justa a escala europea

1.1. Desarrollaremos la diplomacia digital europea para promover la transferencia tecnológica, reducir la dependencia de las grandes empresas y buscar la eliminación de las cláusulas que imponen el libre flujo de datos en los tratados comerciales para avanzar hacia el internacionalismo digital.

1.2. Impulsaremos la administración digital en todos los organismos vinculados a la movilidad internacional para facilitar la gestión migratoria y mejorar la experiencia de las personas usuarias de los servicios consulares y de extranjería.

Para reforzar la conexión entre los usuarios y la administración, se desarrollará una aplicación móvil que acompañe en los procedimientos de información de las personas emigradas e inmigradas.

1.3. Promoveremos, desde el ámbito europeo, el software de código abierto y su uso en la educación y la formación, así como el libre acceso a la investigación y el software financiados con fondos públicos.

Impulsaremos la financiación pública de recursos digitales adecuados y necesarios y aseguraremos la formación que permita a los estudiantes aprender de manera adecuada con las tecnologías. La escuela es uno de los lugares en que los niños podrán aprender a hacer un uso seguro y adecuado de estas herramientas.

1.4. Promoveremos el diseño de una estrategia para la erradicación de las “brechas digitales” en el ámbito territorial, económico y de las habilidades, y garantizaremos el acceso a la alfabetización digital, incluidos los programas escolares, durante todas las etapas de la vida, como forma de contrarrestar la desinformación, las amenazas en línea y los discursos de odio.

1.5. Garantizaremos un acceso a internet rápido, asequible, seguro y estable en toda la Unión Europea, incluida la itinerancia, dando prioridad a la conexión de las zonas blancas y grises, las zonas rurales y las regiones remotas y periféricas.

1.6. Avanzaremos en el despliegue de infraestructuras digitales y eléctricas en espacios públicos y privados para permitir y democratizar el uso de vehículos eléctricos y autónomos.

1.7. Mejoraremos el acceso digital y la accesibilidad de los servicios públicos y privados esenciales para los ciudadanos y las empresas en lo que se refiere a los procedimientos administrativos y garantizaremos el acceso inclusivo y el apoyo a través de servicios de asistencia.

1.8. Fomentaremos un uso saludable de internet, animando a los Estados miembros a poner en práctica la formación en competencias digitales para todos los grupos de edad, de acuerdo con los programas y planes de estudio establecidos a nivel europeo sobre, por ejemplo, los riesgos y las oportunidades de internet y los derechos de los usuarios.

1.9. Adoptaremos todas las medidas necesarias para garantizar que la digitalización de la sociedad no deje de lado a las personas mayores y que la tecnología sea accesible para ellas, fomentando programas e iniciativas, por ejemplo, en forma de clases adaptadas a sus necesidades.

También garantizaremos que se pueda acceder a los servicios esenciales en persona y por medios no digitales.

1.10. Introduciremos una certificación de la Unión Europea relativa a las competencias digitales en las escuelas que prepare a los jóvenes para el futuro mercado laboral.

1.11. Implantaremos una identidad digital común europea para facilitar las transacciones y los servicios digitales transfronterizos, con un marco de normas y directrices europeas que ofrezcan las garantías necesarias.

1.12. Evaluaremos la viabilidad de la digitalización de la información sobre productos de consumo y nutrición a través de una aplicación europea estandarizada que permita un acceso más fácil y proporcione información adicional sobre los productos y la cadena de producción.

1.13. Estableceremos un fondo europeo de contingencia ante la robotización y otros cambios productivos, financiado con contribuciones de las empresas, que permita la transición justa y la inversión social pública en aquellos sectores sociales más afectados por la robotización y la transformación tecnológica.

1.14. Apostaremos por desarrollar una nueva fiscalidad digital, como la creación de un impuesto europeo para las empresas digitales y las operaciones de la economía digital que grave en un 3 % su facturación, teniendo en cuenta el número de usuarios, y que suponga el pago de impuestos por los beneficios obtenidos en Europa en un porcentaje equivalente a la presencia que estas empresas tienen en el espacio digital europeo.

1.15. Impulsaremos el pleno desarrollo de la Directiva sobre Trabajo en Plataformas, inspirada en la ley rider española, y apostaremos por nuevas medidas que aseguren que las personas trabajadoras de plataformas tengan su situación laboral correctamente clasificada, corrijan la de las y los falsos autónomos, y regulen, de forma ambiciosa y garantista, el uso de la gestión algorítmica y la inteligencia artificial en el lugar de trabajo.

2. Proteger la soberanía digital de la ciudadanía europea

2.1. Aprobaremos una carta europea de derechos del mundo digital que sintetice las garantías que otorga la Unión Europea a la ciudadanía en su acceso y actividad en internet.

Esta carta será la afirmación ciudadana de la gobernanza democrática y abierta de una red neutral.

2.2. Crearemos una figura para la defensa de la ciudadanía digital, una autoridad efectiva que supervise el sector digital para controlar y limitar el poder de las grandes corporaciones.

Esta figura asistirá y defenderá a la ciudadanía en su relación con las empresas tecnológicas para garantizar los derechos básicos enmarcados en la citada carta europea de derechos del mundo digital.

2.3. Impulsaremos el desarrollo de un estatuto para la creación digital que dé cuerpo y protección jurídica a los trabajadores y las trabajadoras que desarrollan su actividad en este ámbito, favoreciendo la sindicación en estos sectores, el establecimiento de marcos laborales regulados y seguros, y los mecanismos para la representación formal de dicho trabajo.

2.4. Desarrollaremos un plan de infraestructuras digitales públicas para garantizar el acceso, el alojamiento, la distribución y la protección de obras en el ámbito digital.

2.5. Impulsaremos una agencia pública de auditoría del algoritmo y la inteligencia artificial, así como una mesa de trabajo institucional e intersectorial para abordar una propuesta normativa ante el desafío de la protección de los derechos de autor y conexos en este ámbito.

2.6. Promoveremos normas específicas contra los monopolios tecnológicos y digitales que permiten los discursos de odio y la difusión masiva de noticias falsas.

2.7. Reforzaremos las capacidades de Europol/Centro Europeo de Ciberdelincuencia en términos de recursos financieros y humanos, permitiendo un enfoque más proactivo en la lucha contra la ciberdelincuencia y la creación de capacidades conjuntas de defensa contra los ataques a gran escala.

2.8. Garantizaremos sanciones similares y una aplicación rápida y eficaz en los Estados miembros en caso de ciberdelincuencia mediante una mejor coordinación de los centros y las autoridades de ciberseguridad locales, regionales y nacionales.

2.9. Contrarrestaremos la desinformación mediante legislación y directrices para que las plataformas en línea y las empresas de medios sociales aborden las vulnerabilidades de la desinformación y apliquen medidas de transparencia, incluyendo, entre otros, algoritmos basados en inteligencia artificial que puedan resaltar la fiabilidad de la información, proporcionando al usuario fuentes de información contrastada.

Cuando se utilicen algoritmos, los seres humanos deben seguir controlando en última instancia los procesos de toma de decisiones.

2.10. Promoveremos una mejor explicación de las normas de protección de datos (RGPD), aumentando la transparencia y mejorando la comunicación mediante la creación de orientaciones sobre textos de consentimiento informado que utilicen un lenguaje sencillo y claro.

2.11. Impulsaremos la aplicación de la prohibición existente de consentimiento por defecto en la reutilización o reventa de datos, aseguraremos que se dé curso a las solicitudes de supresión permanente de datos presentadas por los usuarios en un plazo determinado, y exigiremos que las empresas no europeas cumplan las normas europeas de protección de datos.

2.12. Fomentaremos un sistema de certificación a escala de la UE que refleje el cumplimiento del RGPD de forma accesible, clara y sencilla, visible en sitios web y plataformas, y que sea expedido por un certificador independiente a escala europea.

No debe crear cargas desproporcionadas para las pequeñas y medianas empresas.

2.13. Estableceremos una ayuda eficaz y rápida para los ciudadanos cuando tengan problemas con la exclusión voluntaria o la revocación del consentimiento.

Para ello, es necesario definir mejor las conductas intrusivas y establecer directrices.

3. Poner la inteligencia artificial e ingeniería genética al servicio de las personas

3.1. Impulsaremos, a partir de la Ley de Inteligencia Artificial existente, una nueva estrategia de regulación de la inteligencia artificial y del desarrollo tecnológico en la Unión Europea basada en la garantía de derechos y en la protección de los usuarios frente a los abusos de las grandes corporaciones.

3.2. Actualizaremos la lista de “riesgos” de la inteligencia artificial y los criterios de lo que se consideran “riesgos inaceptables”, e incluiremos como sistemas de “alto riesgo” todos los que usan datos físicos, fisiológicos, de comportamiento y biométricos, todos los usos de la inteligencia artificial para predecir migraciones y todos los relacionados con la sanidad o los seguros.

En esa línea, prohibiremos los sistemas de la inteligencia artificial que supongan un riesgo inaceptable para los derechos fundamentales.

3.3. Promoveremos una legislación de la Unión Europea que incentive a las empresas a ser socialmente responsables y a mantener los empleos de alta calidad del “trabajo inteligente” dentro de Europa, evitando así su deslocalización a países con costes más bajos.

Asimismo, estudiaremos condicionar el acceso de las empresas europeas a las ayudas públicas al cumplimiento de objetivos de justicia y transparencia algorítmica, así como la implantación de una auditoría algorítmica para asegurar que ninguna empresa emplea algoritmos que incorporen sesgos discriminatorios, machistas, racistas o lgtbifóbicos.

3.4. Garantizaremos el papel de las organizaciones sindicales en los procesos de toma de decisiones en los que interviene la inteligencia artificial en el lugar de trabajo y la transparencia de los algoritmos utilizados, favoreciendo la participación de los trabajadores antes de la introducción de tecnologías digitales que repercutan en las condiciones de trabajo.

3.5. Impulsaremos la creación de un indicador de personas trabajadoras en riesgo de automatización y un organismo de gestión de datos para trabajadores y trabajadoras digitales, que otorgue a las personas trabajadoras más control sobre sus datos, mediante el derecho a decidir qué usos de la información recopilada son legítimos, o en qué circunstancias se producen y con qué fines.

3.6. Promoveremos a escala europea una regulación efectiva del desarrollo de las neurotecnologías que asegure el cumplimiento estricto de los “neuroderechos” básicos (derecho a la privacidad mental, derecho a la identidad personal, derecho a la libre voluntad, equidad en el acceso a las neurotecnologías y protección frente a sesgos).

3.7. Promoveremos una moratoria en el desarrollo de dispositivos de conexión directa (interfaz, en ambos sentidos) del cerebro a procesadores artificiales o al flujo de datos global.

Debería mantenerse el paso de la conexión a través de los sentidos y órganos habituales.

3.8. Abriremos el debate ciudadano, con toda la sociedad civil europea y conducido por los diferentes observatorios de bioética, sobre dónde están los límites aceptables para la edición genética humana e impulsaremos, de acuerdo con la OMS, un registro global de todas las investigaciones que impliquen edición de genes humanos.

3.9. Apostaremos por llevar al ámbito de las Naciones Unidas estas iniciativas europeas y regulaciones en inteligencia artificial, conexión neuronas-torrente de información (“brain-computer interface”) y edición genética para que tengan alcance global.

PONER EL PROYECTO EUROPEO AL SERVICIO DE SU JUVENTUD

La juventud europea está harta. Está harta de los bajos salarios y de la especulación con la vivienda, que ha llevado a que la edad media de emancipación en España sea casi cuatro años superior a la media europea, a que tan solo el 16 % de los jóvenes españoles esté emancipado. Está harta, además, de que participar en las decisiones que afectan a su día a día resulte tan difícil, casi imposible. Está harta de que la Unión Europea sea, en demasiadas ocasiones, un proyecto alejado de sus preocupaciones cotidianas. Está harta, por supuesto, de los Gobiernos nini que durante años han plagado el continente europeo, Gobiernos que no ofrecían ni alternativas ni soluciones para los y las jóvenes.

La juventud europea está harta, también, de ser vanguardia, de marcar el rumbo. Y es que las personas jóvenes son mucho más que las principales víctimas de las últimas crisis: son, sobre todo, las principales impulsoras de las grandes transformaciones pendientes. Gracias a sus voces, hemos aprendido que

Programa Electoral Sumar - Europa 2024

Programa Electoral Sumar - Europa 2024

AVANZAR HACIA LA EUROPA SOCIAL

1. Una Europa laborista con las personas trabajadoras en el centro

1.1. Frente a la inflación, más y mejores salarios

1.2. Protección contra el despido y el desempleo y políticas activas de ocupación

1.3. Reducir el tiempo de trabajo, ganar tiempo de vida

1.4. Una seguridad social robusta, una jubilación digna

1.5. Más democracia económica y mejor negociación colectiva

1.6. Espacios de trabajo más feministas

1.7. Seguridad y salud laboral para todas las personas trabajadoras

1.8. Reforzar la inspección laboral como garantía de derechos

1.9. Más derechos para las personas trabajadoras desplazadas y transfronterizas

2. Llevar los derechos sociales al corazón del proyecto europeo

2.1. El Pilar Europeo de Derechos Sociales, bandera de una Europa mejor

2.3. Combatir la pobreza energética, garantizar los servicios básicos

2.4. Una Europa más inclusiva que garantice la vida independiente y la no discriminación

2.5. Universalizar el derecho a una alimentación saludable, sostenible y digna

Programa Electoral Sumar - Europa 2024

1. Ambición y seguridad climáticas

2. Movilidad y transporte sostenibles

3. Transición ecológica justa y democrática

4. Sector agroalimentario sostenible y bienestar animal

5. Política pesquera y de aguas

6. Protección de la biodiversidad

7. Economía circular

8. Una fiscalidad adaptada al reto climático

9. Una política industrial verde y transformadora

10. Una política territorial efectiva

11. Justicia climática mundial, hacia una internacional climática

12. Feminismos climáticos

13. Salud pública y emergencia ecológica

14. Modelo turístico y protección del territorio

ABANDONAR LA AUSTERIDAD, TRANSFORMAR LA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL EUROPEA

1. Reactivar la política fiscal.

1.1. Impulsaremos una agencia europea de inversión.

1.2. Defenderemos un fondo europeo permanente para hacer frente a perturbaciones cíclicas.

1.3. Propondremos reformar las reglas fiscales europeas.

1.4. Regla de oro.

1.5. Reducción del desempleo como criterio de sostenibilidad de la deuda.

2. Reformar la política monetaria.

2.1. Democratización del BCE.

2.2. Actualización de las herramientas del BCE.

2.3. Un nuevo mandato por el pleno empleo y

Programa Electoral Sumar - Europa 2024

MARCAR EL RUMBO HACIA UNA EUROPA CON PAZ Y FUTURO

CONSTRUIR UN NUEVO MULTILATERALISMO DEMOCRÁTICO

1. Llevar la democracia a la acción exterior europea

1.1. Convertiremos la defensa de los derechos humanos, la paz, el ecologismo y el feminismo en el principio rector de la política exterior europea.

1.8. Impulsaremos la creación de una alianza global por la igualdad y la diversidad, una internacional feminista conformada por aquellos países que promuevan activamente la igualdad de género y la defensa de los derechos de las personas LGTBI+ en la acción interior y exterior.

2. Transformar para ampliar: hacia una política de vecindad diferente

2.1. Impulsaremos, como eje prioritario de la acción exterior europea, el fin del genocidio en la Franja de Gaza y la consecución de la libertad y una paz justa y duradera para el pueblo palestino.

2.5. Apostaremos por una política de ampliación que parta de una reforma integral del funcionamiento de la Unión Europea, rechazando los discursos que contraponen ampliación e integración.

2.8. Defenderemos una interlocución pacífica, autónoma y crítica con China, a favor de los intereses y principios europeos, pero alejados de toda veleidad militar, a través de una diplomacia activa y exigente para evitar la confrontación entre grandes potencias.

2.10. Impulsaremos el papel de la Unión Europea por el Mediterráneo como mecanismo de cooperación socioeconómica, cultural, municipal y de la sociedad civil para la construcción de un espacio euromediterráneo compartido.

2.11. Revisaremos los vínculos con Turquía para proteger la relación privilegiada, abandonando las lógicas de externalización fronteriza y condicionando la actual relación comercial al respeto de los derechos humanos y las libertades civiles.

3. Una autonomía estratégica al servicio de las mayorías sociales

3.3. Reorientaremos la política de defensa europea hacia los principios de solidaridad, participación democrática y promoción de paz, bajo la convicción de que el derecho internacional es, con todas sus limitaciones, la mayor garantía existente para la paz y la convivencia.

4. Convertir a Europa en un referente de la justicia global

4.1. Apostaremos por que la Unión Europea ejerza un liderazgo más activo y reconocible en el ámbito de la política internacional de desarrollo, en correspondencia con su posición de primer donante del mundo por la cuantía de recursos canalizada a los países en desarrollo.

4.3. Garantizaremos que el enfoque del Equipo Europa implique una dinámica inclusiva y equilibrada de los diversos actores europeos en la acción de desarrollo, favoreciendo un proceso de diálogo continuado con los socios, desde una perspectiva equilibrada y decolonial.

4.4. Avanzaremos de forma efectiva en la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible para lograr el adecuado alineamiento de los compromisos normativos que dice asumir la Unión Europea con las políticas aplicadas.

4.5. Promoveremos la creación de una vicepresidencia de la Comisión Europea para la coherencia de las políticas de desarrollo que armonice y coordine la acción exterior de la Unión Europea y priorice la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030.

4.6. Impulsaremos la realización anual de una reunión monográfica del Consejo Europeo sobre política de desarrollo, con el objetivo de situarla en el centro de la gobernanza europea.

4.8. Apostaremos por establecer y blindar mecanismos que garanticen una voz europea coordinada en los organismos internacionales de desarrollo —más concretamente, en las Naciones Unidas y los bancos de desarrollo—, de acuerdo con las prioridades definidas en su política de cooperación.

IMPULSAR UNA TRANSFORMACIÓN DIGITAL CON DERECHOS

1. Avanzar en una transición digital justa a escala europea

1.1. Desarrollaremos la diplomacia digital europea para promover la transferencia tecnológica, reducir la dependencia de las grandes empresas y buscar la eliminación de las cláusulas que imponen el libre flujo de datos en los tratados comerciales para avanzar hacia el internacionalismo digital.

1.2. Impulsaremos la administración digital en todos los organismos vinculados a la movilidad internacional para facilitar la gestión migratoria y mejorar la experiencia de las personas usuarias de los servicios consulares y de extranjería.

1.3. Promoveremos, desde el ámbito europeo, el software de código abierto y su uso en la educación y la formación, así como el libre acceso a la investigación y el software financiados con fondos públicos.

1.5. Garantizaremos un acceso a internet rápido, asequible, seguro y estable en toda la Unión Europea, incluida la itinerancia, dando prioridad a la conexión de las zonas blancas y grises, las zonas rurales y las regiones remotas y periféricas.

1.6. Avanzaremos en el despliegue de infraestructuras digitales y eléctricas en espacios públicos y privados para permitir y democratizar el uso de vehículos eléctricos y autónomos.

1.7. Mejoraremos el acceso digital y la accesibilidad de los servicios públicos y privados esenciales para los ciudadanos y las empresas en lo que se refiere a los procedimientos administrativos y garantizaremos el acceso inclusivo y el apoyo a través de servicios de asistencia.

1.9. Adoptaremos todas las medidas necesarias para garantizar que la digitalización de la sociedad no deje de lado a las personas mayores y que la tecnología sea accesible para ellas, fomentando programas e iniciativas, por ejemplo, en forma de clases adaptadas a sus necesidades.

1.10. Introduciremos una certificación de la Unión Europea relativa a las competencias digitales en las escuelas que prepare a los jóvenes para el futuro mercado laboral.

1.11. Implantaremos una identidad digital común europea para facilitar las transacciones y los servicios digitales transfronterizos, con un marco de normas y directrices europeas que ofrezcan las garantías necesarias.

1.12. Evaluaremos la viabilidad de la digitalización de la información sobre productos de consumo y nutrición a través de una aplicación europea estandarizada que permita un acceso más fácil y proporcione información adicional sobre los productos y la cadena de producción.

2. Proteger la soberanía digital de la ciudadanía europea

2.1. Aprobaremos una carta europea de derechos del mundo digital que sintetice las garantías que otorga la Unión Europea a la ciudadanía en su acceso y actividad en internet.

2.2. Crearemos una figura para la defensa de la ciudadanía digital, una autoridad efectiva que supervise el sector digital para controlar y limitar el poder de las grandes corporaciones.