Programa Electoral Sumar - Euskadi 2024

Un programa para una nueva Euskadi

Índice

Un programa que va de ti 4 10+3 medidas valientes para un tiempo nuevo, para una nueva Euskadi 5

1. Cuidar la vida, ponerla en el centro 12 1.1. Cuidar a quienes nos cuidan: una sanidad pública, universal y sin listas de espera 12 1.1.1. Un pacto de país para defender Osakidetza 13 1.1.2. Mejorar las condiciones de las y los trabajadores sanitarios 18 1.1.3. Garantizar el derecho a la salud mental 19 1.2. Cuidar el presente: una Euskadi para la infancia, la juventud y las personas mayores 20 1.2.1. Velar por los derechos de las niñas, niños y de sus familias 20 1.2.2. Impulsar los derechos de la juventud 26 1.2.3. Envejecer con autonomía, seguridad y sin soledad no deseada 30 1.3. Cuidar el futuro: garantizar una educación pública, inclusiva, pluralista y euskaldun 34 1.4. Cuidar y hacer posible el derecho a la vivienda 42 1.4.1. Asegurar el derecho a la vivienda para todas las personas 46 1.4.2. Corregir las distorsiones del mercado 49 1.4.3. Mejorar nuestra forma de vivir y convivir 50 1.5. Cuidarnos a todas: construir un sistema público de cuidados 52 1.5.1. Reforzar las políticas de bienestar y contra la exclusión social 55 1.5.2. Caminar hacia una renta básica universal 57 1.5.3. Promover la plena inclusión de las personas con discapacidad 58
2. Un nuevo proyecto de país para no dejar a nadie atrás 60 2.1. Una democracia económica para las personas 62 2.2. Recuperar el derecho al tiempo: trabajar todas, menos y con más derechos 64 2.3. Un empleo público dignificado 64 2.4. Un trabajo autónomo por elección y con garantías 64 2.5. Una política industrial para la transición energética y el empleo 65 2.6. Un nuevo modelo productivo, circular y democrático 67 2.7 Una fiscalidad justa para construir un nuevo país 68
3. Ganar un futuro feminista, compartido y de libertad para todas las personas 74 3.1. Un futuro para las mujeres, igualitario y sin violencias machistas 75 3.2. Un futuro con más derechos LGTBI+ 78 3.3. Un futuro antirracista, inclusivo y de acogida 81
4. Un horizonte de justicia para superar la crisis climática 86 4.1. Aumentar la ambición para acelerar la transición ecológica justa 87 4.2. Alcanzar un sistema energético 100% renovable, eficiente y democrático 89 4.3. Garantizar una movilidad sostenible y gratuita 90 4.4. Transformar el modelo turístico para lograr su sostenibilidad 92 4.5. Proteger la biodiversidad y el patrimonio natural 94 4.6. Avanzar hacia el residuo cero 97 4.7. Consolidar el futuro de una agricultura resiliente al clima 99 4.8. Promover una alimentación saludable, ecológica y de proximidad 101 4.9. Avanzar en bienestar animal y en derechos de los animales 104
5. Un nuevo acuerdo de país para la Euskadi que queremos ser 106 5.1. Un país con más autogobierno para las personas 107 5.2. Un país que impulse el Euskera sin barreras 109 5.3. Un país que ensanche la democracia 111 5.4. Un país con memoria democrática, inclusiva y veraz 113 5.5. Un país con justicia restaurativa 116 5.6. Un país que garantice la seguridad humana 117 5.7. Un país que dignifique la cultura, el deporte y a sus trabajadoras 120 5.8. Un país abierto al mundo y a favor de la justicia global 127 Anexo. Análisis de la normativa actual en materia de vivienda en Euskadi y temáticas en las que realizar iniciativas para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada - La FEC - Fundación de Estudios Críticos.

Este programa va de ti El próximo 21 de abril empieza un tiempo nuevo en Euskadi. Una Euskadi en la que las mujeres, jóvenes y personas trabajadoras tengamos voz y participemos de las decisiones políticas importantes. Un país en el que nuestras vidas sean lo que queramos y aspiramos que sean, en el que nadie quede fuera y donde todas y todos seamos tenidos en cuenta. Una Euskadi con una educación pública de calidad, donde nuestros ecosistemas se cuiden, se proteja la salud y la vivienda no sea un lujo. Un país libre de violencias machistas, en el que los cuidados no sean relegados a las familias ni a las mujeres. Una Euskadi con salarios dignos y menos horas de trabajo para que podamos disfrutar de más tiempo. De esto va Sumar, de hacerlo posible, de hacerlo contigo. Este es el tiempo de romper la brecha entre la política de las altas esferas y de la gente común que vive su día a día con incertidumbre. Sabemos que si queremos hacer política útil desde las instituciones necesitamos dirigir nuestra mirada a todas las generaciones, acercándonos a sus preocupaciones, anhelos, deseos, dificultades y ansias por vivir en este país compartido. Hacemos nuestros vuestros miedos, pero también los sueños de una vida buena, de una vida mejor. Las páginas que siguen son el resultado del trabajo de cuatro organizaciones políticas (Sumar Mugimendua, Ezker Anitza - IU, Berdeak Equo y Más Euskadi - Euskadi Eraiki), de la inteligencia colectiva de sus militancias y voluntarias, de su experiencia de años trabajando y pisando tierra en Euskadi, pero también del encuentro con personas expertas, con organizaciones y entidades vascas de la sociedad civil y del tercer sector, además de con sindicatos y medianas y pequeñas empresas, con la universidad y con las personas que sufren en primera persona las consecuencias del modelo agotado, caduco y sin ideas del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista. Desde Sumar creemos que es posible vivir la política con ilusión; de hacer política de forma distinta, sin crispación ni dogmatismo. Nuestro proyecto y aspiraciones de cambio apuntan a la justicia social y al sostenimiento de la vida como objetivos imprescindibles, como avances inapelables y que repercuten en un horizonte de bienestar para todas las personas. Este programa va de ti, de tus vecinas y vecinos, de los ambulatorios, de nuestros pueblos y ciudades, de todos los lugares donde nos encontramos. Un programa para cuidar Osakidetza, mejorar los salarios, recuperar el derecho al tiempo y hacer frente a la crisis climática. Este es un programa de país, con mirada larga, dirigido a las diferentes generaciones de Euskadi que viven una realidad en constante cambio y movimiento con la inseguridad como elemento presente, y que quieren sumar para vivir mejor. Este programa habla de un presente y de un futuro mejor para todas, de una nueva Euskadi.

10+3 medidas valientes para un tiempo nuevo, para una nueva Euskadi.

Soy Alba García Martín y quiero transformar contigo la política vasca. Conozco de cerca las realidades de buena parte de la sociedad vasca, las dificultades a las que se enfrentan las y los jóvenes en Euskadi, la lucha de las mujeres porque los techos de la vida cotidiana no las aplasten, el desafío de pagar el alquiler y llegar a fin de mes, o la dificultad de ahorrar para hacer frente a imprevistos o a planes de futuro. Liderar de forma colectiva el proyecto de Sumar en Euskadi en estas elecciones, nos permite alzar la voz de muchas personas que se sienten invisibilizadas por las instituciones. Muchas personas que pensamos que Euskadi es mucho más de lo que quieren hacernos ver. Ser mujer o ser joven en Euskadi no puede seguir siendo sólo un titular, debe ser un eje central de la política. Un eje para afrontar el futuro con políticas públicas que den soluciones a problemas enquistados durante años. Propuestas e iniciativas que respondan a una sociedad plural y diversa como lo es la vasca; políticas al servicio de la gente, de sus proyectos vitales y de sus aspiraciones. Por eso, con el convencimiento de poder ofrecer soluciones a problemas reales, queremos destacar aquí 10+3 medidas valientes para un tiempo nuevo que empieza el 21 de abril. Son 10 políticas valientes para el conjunto de Euskadi y 3 centradas en los tres territorios históricos (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa). Medidas para mejorar nuestras vidas y hacer posibles nuestros proyectos. Estas medidas van de ti, de nosotras como país, de cuidar y ganar el presente.

1. Garantizar el derecho a la vivienda limitando el precio de los alquileres La Ley vasca reconoce la vivienda como un derecho subjetivo; un derecho que todas las personas tenemos por el hecho de serlo. Tras nueve años de su aprobación en el Parlamento vasco, el PNV sólo pone trabas a su desarrollo mientras niega nuestro derecho redactando recursos contra la Ley estatal. Mientras tanto, los precios de los alquileres impactan cada vez de forma más negativa en nuestras vidas y, particularmente, en las de las personas jóvenes. En Sumar tenemos las ideas y un proyecto de país para garantizar y hacer posible el acceso a una vivienda digna. Para ello, nos comprometemos a limitar y paralizar este mismo año los precios desorbitados de los alquileres en el conjunto de Euskadi. Es nuestra prioridad, además, asegurar el derecho a la vivienda de la juventud vasca que, debido a la precariedad laboral y los precios imposibles de alquiler, tienen, tenemos, cada vez más difícil independizarnos. Para ello:

• Impulsaremos el alquiler de la vivienda vacía y aseguraremos la incorporación de 2000 nuevos alojamientos dotacionales de alquiler social para jóvenes.
• Promoveremos un parque público de vivienda en alquiler que alcance el 20% de todas las viviendas de Euskadi para 2040.

2. Un pacto de país para defender Osakidetza y poner fin a las listas de espera En Euskadi son cada vez más los centros sanitarios en los que recibimos atención sanitaria sin médico. Cada vez son más habituales los retrasos –el tiempo medio de espera para procedimientos quirúrgicos es de dos meses y el número de pacientes en la lista de espera es de 23.545 pacientes. En pruebas diagnósticas, hay que esperar 36 días – y, año tras año, vemos cómo en periodos vacacionales se cierran PAC y centros de urgencias que nunca más vuelven a abrirse. Este modelo de gestión fracasado del PNV y del Partido Socialista, trae consigo el desmantelamiento de Osakidetza y la privatización progresiva de nuestro derecho a la salud. Frente a ello, desde Sumar proponemos un pacto de país entre administraciones, agentes sociales y ciudadanía para defender la sanidad pública. Nuestro compromiso es recuperar los aplausos en los balcones blindando Osakidetza. Para ello:

• Fortaleceremos la plantilla e incentivaremos la contratación con derechos en la atención primaria y de las médicas de familia, haciendo especial énfasis en las zonas rurales.
• Destinaremos los recursos necesarios para reducir las listas de espera en un 25% para cirugías y en un 50% para pruebas diagnósticas y consultas de especialistas en el primer año de legislatura.
• Ampliaremos la cartera de servicios de Osakidetza reconociendo derechos sanitarios que hasta ahora han sido olvidados: atención bucodental, ginecológica, oftalmológica o salud mental.

3. Políticas para mejorar la vida de la gente y recuperar nuestro poder adquisitivo A pesar de las mejoras sociales llevadas a cabo por el Gobierno progresista a nivel estatal, como la subida de los sueldos o de las pensiones, en Euskadi siguen existiendo dificultades para asumir gastos básicos como la vivienda, los suministros (agua, gas y electricidad) o una alimentación decente u ocio de calidad. Todo ello está impidiendo a cada vez más personas, con empleo o sin él, vivir vidas dignas de ser vividas. Esta necesidad de políticas progresistas se ve opacada por un Partido Socialista que gobierna con el PNV desde hace ocho años, y por EH Bildu, que se abre a pactar un gobierno con la derecha vasca. En definitiva, Sumar es hoy la única garantía de que Euskadi pueda tener un Gobierno progresista que atienda a nuestras urgencias del día a día:

• Garantizando un acuerdo entre sindicatos y empresarios para la subida de salarios.
• Impulsando un proyecto piloto de Renta Básica Universal e Incondicional, para garantizar a toda la ciudadanía un ingreso que le permita llevar a cabo su proyecto de vida.
• Garantizando una cesta de la compra accesible a todo el mundo, cumpliendo con la Ley de Cadena Alimentaria para establecer precios justos para los productos del primer sector.
• Mejorar las prestaciones universales por crianza para facilitar la conciliación de las familias.

4. Recuperar el derecho al tiempo: jornada laboral de 32 horas sin reducción salarial La recuperación de derechos laborales a nivel estatal iniciada por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, nos impulsa a hacer de Euskadi punta de lanza en la conquista del derecho al tiempo. Por eso, nos comprometemos a abordar de forma prioritaria la reducción de la jornada a 32 horas semanales sin reducción salarial, impulsando una reorganización laboral que refuerce la conciliación entre nuestras vidas y el tiempo de trabajo y permita incentivar además ganancias en eficiencia y productividad. Queremos trabajar menos horas por el mismo salario para poder disponer de más tiempo para descansar, para el ocio, para cuidar y cuidarnos; para, en definitiva, vivir mejor. Por tanto:

• Promoveremos un acuerdo en la mesa de diálogo social entre sindicatos y empresarios para blindar la incorporación en convenios colectivos de la reducción de 32 horas.
• Garantizaremos su implantación en la contratación pública.
• Aseguraremos un control estricto y el pago de las horas extraordinarias.

5. Desplegar una nueva Estrategia Vasca para la Transición Energética Justa: generar empleos, mitigar la crisis climática y vivir mejor. Euskadi es la comunidad autónoma con menos proyectos de energías renovables en tramitación (el 0,25% de las iniciativas) y, por tanto, con mayor dependencia energética. El retraso es aún más patente con el nuevo objetivo establecido por la Unión Europea: cubrir con energías verdes un 42,5%; Euskadi se halla en el 10%. Además, la decepcionante Ley vasca de Transición Energética y Cambio Climático, aprobada por el PNV, el Partido Socialista y EH Bildu en la pasada legislatura, favorece este marco retardista que abre la puerta a bonificaciones fiscales a grandes empresas como Petronor o Iberdrola. Frente a ello, desde Sumar apostamos por una nueva Estrategia Vasca para la Transición Energética Justa acompañada por los cambios legislativos necesarios para acelerar el uso de energías renovables, el fomento del autoconsumo colectivo y el impulso a las comunidades energéticas que permitan:

• Iniciar un proceso de reindustrialización verde que genere prosperidad, cohesión social y competitividad en la economía vasca, apueste por la salud y la calidad de vida de la ciudadanía, cumpla con los compromisos climáticos y ecológicos, y convierta a Euskadi en un motor industrial renovable europeo que cree 30.000 nuevos empleos en los sectores del futuro.
• Reducir para el año 2030 la demanda de energía un 25% con respecto al 2021, garantizando que la aportación de las energías renovables sea del 35% y reduciendo un 55% el actual consumo de gas.

6. Cuidarnos a todas: construir un sistema público de cuidados Sabemos que todas las personas, de forma permanente o por causas temporales, necesitamos ser cuidadas. Desde Sumar hacemos nuestra la reivindicación del Movimiento Feminista de Euskal Herria y garantizaremos el derecho al cuidado a lo largo de la vida. Frente al modelo de mercantilización actual, impulsaremos la creación de un sistema público de cuidados, integral, integrado y universal que no deje a nadie atrás:

• Garantizaremos el acceso de todas las personas a servicios públicos de cuidados no precarizados y con derechos para quienes cuidan.
• Transitaremos hacia servicios y recursos públicos que no hagan negocio con las necesidades y que pongan a las personas y sus familias en el centro.
• Impulsaremos un sistema articulado desde los municipios de Euskadi, vertebrado por los servicios públicos, para que desde la proximidad se facilite el derecho de todas las personas a ser cuidadas.

7. Liderar un Gobierno feminista para una Euskadi sin violencias machistas Pese a que la Ley vasca de Igualdad y la Ley estatal de Libertad Sexual instan a poner en marcha centros especializados de atención a las violencias sexuales en todos los territorios, en la actualidad sólo se ha creado un centro de este tipo en todo Euskadi. Hacer nuestras las demandas del 8M y del 25N para poner fin a todas las violencias contra las mujeres nos exige aumentar la ambición y liderar un Gobierno feminista que:

• Asegure la puesta en marcha inmediata, en colaboración con las Diputaciones Forales, de centros de atención para ofrecer servicios de atención psicológica, jurídica y social bajo criterios de atención integral, permanente y de actuación urgente, dando apoyo y asistencia en situaciones de crisis no sólo a las mujeres que sufren violencia sino también a familiares y personas del entorno.
• Disponga de una Consejera de Igualdad y un Departamento específico de Igualdad y Políticas Feministas que vele por la transversalización de la igualdad en el conjunto de las políticas del Gobierno Vasco.

8. Defender la Educación pública como eje central de nuestro sistema educativo y de cohesión social La recientemente aprobada Ley vasca de Educación es el resultado de la alianza del PNV, el Partido Socialista y la complicidad de EH Bildu por blindar la red de educación concertada más grande de todo el Estado. En consecuencia, somos una de las Comunidades con una mayor segregación escolar por razones económicas y/o de origen. Frente a ello, sabemos que la escuela pública vasca es la única que garantiza el derecho universal a la educación, la igualdad material de oportunidades y la euskaldunización del estudiantado. Es por ello que proponemos como primeras medidas:

• Impulsar la publificación progresiva de los centros privados y el fin de la concertación universal mediante una auditoría que conlleve la extinción donde haya oferta pública suficiente, así como en los casos en los que segreguen por género o cualquier otra circunstancia social.
• Destinar el 7% del PIB a la educación pública para una mejora de la calidad de la enseñanza.
• Garantizar la gratuidad del material escolar, de las extraescolares y de los comedores escolares, así como la universalización y gratuidad de la enseñanza pública de 0-3 años, fomentando las Haurreskolak y la ampliación del horario de las mismas para facilitar la conciliación de las familias.

9. Impulsar la gratuidad del transporte público En Euskadi nos vemos obligadas a coger el coche para casi todo, para ir a nuestros trabajos, estudiar o para disfrutar del ocio. Somos así un país articulado por carreteras cuyos transportes provocan la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero, además de un gasto considerable de nuestros salarios. En esta situación de crisis climática y con el objetivo de aliviar también la economía familiar, desde Sumar apostamos por el fomento de un transporte público y colectivo de forma urgente y prioritaria:

• Unificaremos todos los billetes de transporte y avanzaremos paralelamente hacia la gratuidad en todos los medios de transporte públicos (bus, tren, metro y tranvía) para todo Euskadi, en colaboración con los Ayuntamientos y Diputaciones forales.
• Mejoraremos la flota de trenes y autobuses y reduciremos el tiempo entre traslados.

10. Un nuevo Plan Integral para proteger la salud mental En los últimos seis años las bajas por salud mental se han duplicado y rozan las 43.500. Este fenómeno afecta mucho más a las mujeres, que concentran el 63% de las bajas. Todo ello ocurre en un contexto de saturación del personal dedicado a la salud mental similar al que padece el resto de Osakidetza. Desde Sumar, sabemos que la salud mental debe ser un pilar fundamental en la nueva Osakidetza, y para ello desplegaremos un nuevo Plan Integral de Salud Mental que incorpore de forma específica medidas orientadas a mujeres y a personas jóvenes, con especial énfasis en la prevención del suicidio, los trastornos de conducta alimentaria y la ludopatía. La puesta en marcha de este plan conllevará de forma prioritaria:

• Un aumento de la ratio de profesionales de psicología clínica en Osakidetza, de hasta un mínimo de 18 profesionales por cada 100.000 habitantes, igualándonos así a la media europea.
• Disminuir las listas de espera y los tiempos entre cita, hasta una media aproximada de siete días para los casos graves y de dos semanas para los casos estabilizados.
• Incorporar psicólogos clínicos en el sistema educativo e implementar programas específicos orientados a la prevención y a la promoción de la salud mental en los Centros de Atención Primaria.

Araba

11. Un tren de cercanías para Araba Central Una verdadera apuesta por el transporte público sostenible requiere la ampliación de líneas de tren que conecten adecuadamente nuestros pueblos y ciudades. Para ello, proponemos la creación prioritaria del servicio de tren de cercanías, gestionado por Euskotren, entre Miranda de Ebro, Vitoria-Gasteiz y Altsasu, con varias paradas urbanas en Gasteiz. El servicio estará conectado con los servicios de Álavabus y taxi en las distintas estaciones alavesas y con trenes regionales a San Sebastián-Donostia e Irun, Pamplona-Iruña y Burgos, dando servicio a las comarcas intermedias.

Bizkaia

12. Proteger la reserva de la biosfera de Urdaibai como patrimonio de Euskadi La Reserva de la Biosfera de Urdaibai, incluida en la red de áreas de conservación de la biodiversidad en la Unión Europea, es hoy un espacio amenazado por la construcción de accesos e infraestructuras vinculadas a una infraestructura que pondría en peligro la sostenibilidad de la reserva y conservación de sus recursos naturales. Frente a este modelo de gestión caduco del PNV y del Partido Socialista, desde Sumar pondremos fin a la ampliación del Museo Guggenheim-Urdaibai y nos posicionaremos en contra de cualquier amenaza a la única reserva de la Biosfera de Euskadi. Nos comprometemos, en definitiva, a trabajar por un desarrollo local sostenible y a atender a las necesidades de sus vecinas y vecinos a fin de que los beneficios económicos repercutan en las comarcas de Bizkaia.

Gipuzkoa

13. Cambiar el modelo turístico con un Pacto vasco por los territorios Vemos con preocupación cómo el modelo urbanístico del PNV y el Partido Socialista se orienta al fomento de la iniciativa privada, apoyando megaproyectos como el Basque Culinary Center, en lugar de defender el interés general. Desde Sumar proponemos declarar una moratoria turística o prórroga de la concesión de plazas turísticas, en aquellas ciudades y municipios como Donostia, donde sus impactos ecológicos, sociales y urbanísticos son evidentes y contrastables. Esta moratoria turística se plantea como un primer paso para abordar un Pacto vasco por los territorios, que supondrá abordar el fenómeno desde todos sus ángulos y hacer un planteamiento de mirada larga que nos permita ordenar los flujos turísticos durante los próximos años.

Cuidar la vida, ponerla en el centro.

1.1. Cuidar a quienes nos cuidan: una sanidad pública, universal y sin listas de espera

Osakidetza y el sistema público de salud vasco ha sido, es, y debe seguir siendo, uno de los principales elementos democratizadores de la sociedad vasca. Un sistema de salud público fuerte, bien dimensionado y eficiente, nos permite sanar y cuidar a las personas enfermas, prevenir enfermedades, luchar contra las desigualdades sociales y cohesionar Euskadi. Una sanidad universal, que no deje a nadie fuera, es pilar y horizonte del país que aspiramos a construir. Una Euskadi en la que cualquier persona, sin importar su clase social u origen, vea reconocido su derecho subjetivo a la salud. Sin embargo, en los últimos años hemos asistido a un empeoramiento progresivo de la situación en Osakidetza. La crisis de la COVID-19 nos permitió visibilizar numerosos problemas latentes que afectan, muy especialmente, a la Atención Primaria: falta de personal, recursos cada vez más limitados y una saturación del sistema sin precedentes. La Atención Primaria es el pilar fundamental en torno al que gira el conjunto del sistema de salud. Si la Atención Primaria se ve sobrepasada, la totalidad del sistema se resiente. Así lo señalan los datos:

• El último informe publicado por el SNI sobre listas de espera señalaba, a 30 de junio del 2023, que el número de pacientes que esperan un especialista (que no fuera médico de familia) creció de 39.034 a 69.523 con respecto al año anterior. De hecho, Traumatología, con 13.882 personas, es la especialidad de Osakidetza que más pacientes suma y también la que más días de espera de media sufre.
• En cuanto a las Urgencias, la situación es similar. Según el propio Departamento de Sanidad, la media de espera es de 253 minutos; datos que se disparan hasta casi los 400 minutos en los casos graves.
• El PNV y el Partido Socialista, responsables últimos de esta situación, han tratado de parchear los problemas con externalizaciones y derivaciones a través de la sanidad privada, en lugar de atajar los problemas que existen en cuanto a plantilla y recursos se refiere. Lo está haciendo con las derivaciones, pero también con servicios como el transporte sanitario o la logística, con nuevos megaproyectos anunciados.

La salud más allá de Osakidetza

Pero la salud de las personas no depende únicamente de un buen sistema público de salud. Los determinantes sociales de la salud, como lo son el entorno social y económico, afectan a la salud de las personas y deben ser considerados en cualquier política sanitaria. Necesitamos, por tanto, de un enfoque salubrista que atraviese la totalidad de la acción del Gobierno.

No hay gente sana en un planeta enfermo

Las consecuencias que la crisis climática tendrá en nuestra salud quedaron en evidencia con la crisis de la Covid-19: aumento de temperaturas, eventos climáticos extremos, nuevas enfermedades (o el regreso de otras que creíamos superadas y olvidadas) tensionarán nuestro sistema de salud. Debemos estar preparadas para ello con un sistema fuerte, flexible y adaptable.

Una nueva Osakidetza de la que estar orgullosas

Este diagnóstico de problemas presentes y futuros no se debe entender como una crítica a nuestro sistema de salud, a sus profesionales ni a las personas usuarias. Osakidetza sigue siendo la principal herramienta para sanar a las personas enfermas y prevenir otras dolencias, pero se encuentra en un momento crítico que nos permite hacer de la necesidad virtud: construir una nueva Osakidetza.

1.1.1. Un pacto de país para defender Osakidetza

Osakidetza es el pilar central de la salud de la ciudadanía vasca y, por tanto, un servicio público que siempre debería disponer de los recursos suficientes para poder acometer las necesidades presentes y futuras, adelantándose también a los problemas que nos deparan los retos demográficos y climáticos. No sólo faltan profesionales, sobra precariedad laboral: sabemos que el manido mantra del PNV para justificar la falta de personal sanitario esconde un problema mayor de fondo, esto es, el empeoramiento de las condiciones laborales de nuestras profesionales de Osakidetza. Como vienen denunciado sindicatos y colectivos sanitarios, el PNV está empeorando y reduciendo los tiempos de contratos que ofertan, dando lugar a que quienes son profesionales hagan las maletas en busca de mejores condiciones laborales. En Sumar, por el contrario, queremos cuidar a quienes nos cuidan. Nuestro compromiso es recuperar los aplausos en los balcones con un pacto de país entre administraciones, agentes sociales y ciudadanía para defender a nuestras sanitarias y sanitarios; para, en definitiva, proteger Osakidetza. Este acuerdo deberá blindar nuestro sistema público de salud con un suelo de ingresos mínimo que garantice derechos laborales y mejores condiciones para el personal sanitario, pero también para garantizar el derecho a la salud de todas las personas.

1. Blindaremos la sanidad pública en los presupuestos mediante el aumento de la inversión en sanidad hasta alcanzar el 7% del PIB a. Renovaremos el compromiso con la calidad y accesibilidad del servicio público defendiendo una cobertura sanitaria universal para todas las personas. b. Propondremos la concesión de la tarjeta individual sanitaria a cualquier persona que viva en Euskadi.
2. Reforzaremos la Atención Primaria como eje vertebrador de Osakidetza: a. Estableceremos por Ley un mínimo de inversión que garantice su funcionamiento y dotación: según la OMS el 25% del gasto sanitario debería ir destinado a la Atención Primaria (AP). b. Destinaremos los recursos necesarios para reducir las listas de espera en un 25% para cirugías y en un 50% para pruebas diagnósticas y consultas de especialistas en el primer año de legislatura. c. Estableceremos tiempos de espera máximos: i. En atención primaria será de 48 horas el tiempo de espera máximo para ser atendidas. ii. Consulta de especialidades. d. Fortaleceremos toda la plantilla de la atención primaria (médicas de familia, pediatras, enfermeras, etc) mediante incentivos en la contratación, reducción de ratios por profesional sin reducir horario en horario vacacional, etc.. Pondremos el foco en las zonas rurales. e. Cohesionaremos el trabajo en equipo entre médicas de familia, pediatras, enfermeras, profesionales de farmacia de AP (FAP) y del área de atención al cliente (AAC) a fin de mejorar la eficiencia del trabajo en la Atención Primaria. f. Incentivaremos la longitudinalidad con el objeto de que una misma profesional sanitaria acompañe a su paciente durante buena parte de su vida. g. Garantizaremos que las médicas de familia que ejercen como tutoras dispongan del tiempo y los recursos para ello. h. Actualizaremos las funciones de farmacia de la atención primaria, Incluyendo las funciones de seguimiento, revisión y conciliación de la medicación, la colaboración en el desarrollo de herramientas de apoyo a la prescripción, formación de otros profesionales en prescripción prudente y gestión de la polimedicación para evitar trasladar esta función a las farmacias. i. Ampliaremos el personal y el horario de atención para la hospitalización a domicilio, de modo que el servicio se mantenga activo por las tardes.
3. Revertiremos la privación del sistema público de salud: a. Realizaremos una auditoría de los actuales conciertos (servicios, estructuras, etc) para analizar el gasto real que suponen. Una vez agotado el concierto con el sector privado, incorporaremos al ente público los servicios estructurales de Osakidetza externalizados, subrogando a la plantilla de trabajadoras como personal laboral fijo. b. Frenaremos externalizaciones en Osakidetza, garantizando que el Sistema Vasco de Salud esté lo suficientemente dotado de personal y presupuesto para llevar a cabo sus funciones, tanto logísticas como sanitarias. c. Impulsaremos en colaboración con las administraciones competentes, el aumento del IVA a la sanidad privada, excluyendo a las personas autónomas, empresas de la economía social y pymes. d. Adoptaremos medidas e incentivos para asegurar la exclusividad de facultativos en la sanidad pública vasca respecto a la sanidad privada, y estableceremos un régimen de incompatibilidad con la sanidad privada. e. Elaboraremos un Plan de retorno de profesionales de la Atención primaria con dotación personal y presupuestaria para la recuperación de profesionales que trabajen fuera de la atención primaria: hospitalización a domicilio, urgencias hospitalarias de Osakidetza, mutuas y empresas privadas de Euskadi, etc. f. Mejoraremos las infraestructuras de los hospitales y promoveremos equipos multidisciplinares propios de Osakidetza, asegurando los estándares europeos de las unidades asistenciales del cáncer en la infancia y adolescencia. g. Mejoraremos la prestación de salud penitenciaria ofreciendo a la población reclusa asistencia pública en igualdad de condiciones y con la misma cobertura que al resto de la ciudadanía.
4. Pondremos en marcha una política de declaración de conflictos de interés en docentes, participantes de grupos de trabajos de Osakidetza, miembros de comisiones, etc., tanto en atención primaria como en la atención especializada, que garantice que las recomendaciones y decisiones de las comisiones sean tomadas únicamente por profesionales sin conflictos de interés.
5. Aseguraremos que ningún centro quede sin personal médico. a. Garantizaremos el suficiente número de personal médico y sanitario en los PAC y centros de salud para atender correctamente a la población y evitar que otros espacios colapsen.
6. Mejoraremos la prevención de la salud física y mental: a. Aumentaremos la inversión y garantizaremos los recursos necesarios para prevenir enfermedades y los comportamientos poco saludables a través de campañas de divulgación en los centros de salud.
7. Diseñaremos e implementaremos un plan corporativo de Uso Racional del Medicamento en distintas áreas y niveles asistenciales.
8. Fomentaremos la incorporación de la perspectiva feminista de forma integral en todas las esferas y áreas de Osakidetza: a. Desarrollaremos planes estratégicos que incorporen la perspectiva de género. b. Promoveremos acciones de sensibilización y formación de todas las profesionales de la salud para corregir los sesgos de género en la atención a las mujeres y para que dispongan de todas las herramientas para que las mujeres sean atendidas de manera adecuada. c. Impulsaremos la revisión de los enfoques médicos androcéntricos que con frecuencia dificultan los diagnósticos y los tratamientos adecuados para las mujeres, como ocurre con los infra diagnósticos en

Programa Electoral Sumar - Euskadi 2024

al local, es un modelo exitoso en el que existen ámbitos claros de mejora, como la escasa presencia del euskera o la falta de oferta que atienda a la fuerte demanda.

Educación universitaria

Constatamos una proliferación del sector privado. ya que Euskadi cuenta con dos públicas, la UPV/EHU y la UNED, y 4 universidades privadas: Deusto, Mondragon Unibertsitatea, y la reciente EUNEIZ. En cuanto a la universidad pública, la UPV/EHU sufre de una infradotación presupuestaria. Esto redunda en la contratación precaria de profesorado sustituto a tiempo parcial, de tal forma que su salario es ínfimo. Asimismo, el personal técnico, de administración y servicios (PAS) es absolutamente insuficiente, con una plantilla envejecida y acuerdos de jubilaciones rotos unilateralmente. Para hacer frente a todo ello, nuestro ánimo es propositivo y realista: buscamos llevar a cabo una auténtica revolución en el modelo educativo imperante durante los años de gobierno del PNV. Apostamos por una educación gratuita desde los cero años, con una atención especial a las necesidades del ámbito rural, con unos servicios complementarios basados en parámetros de calidad y de equidad social y que sea profundamente inclusiva. Desde Sumar trabajamos por una educación que impulse nuestra lengua y nuestra cultura, comprometida con la prevención del fracaso y abandono escolar, y atenta a la salud mental del conjunto de la comunidad educativa: estudiantado, profesorado y personal administrativo. En definitiva, un sistema de enseñanza público y de calidad que sea el motor de la integración social plena de la juventud, que se adapte a las necesidades socioculturales de Euskadi y que garantice el derecho a la educación a lo largo de la vida.

137. Defenderemos la Educación pública como eje central de nuestro sistema educativo y de cohesión social. a. Destinaremos el 7% del PIB a la educación pública para una mejora de la calidad de la enseñanza. b. Impulsaremos el fin de la concertación universal mediante una auditoría que conlleve la extinción donde haya oferta pública suficiente, así como en los casos en los que segreguen por género o usen mecanismos encubiertos para seleccionar a su estudiantado por razones económicas, ideológicas u otras características culturales o personales. c. Pondremos fin al cobro de las “cuotas voluntarias” por enseñanza y otros servicios complementarios esenciales, y cercioraremos la transparencia financiera educativa.

d. Evaluaremos y realizaremos una nueva planificación escolar para asegurar un proceso de escolarización equilibrado e inclusivo que garantice la existencia de plazas públicas para todo el estudiantado que lo solicite en todas las etapas. e. Diseñaremos un Plan de Equidad, Inclusión y Cohesión Social que reorganice al Mapa Escolar actual, identificando la realidad y las necesidades de los centros públicos, dotándolos de recursos suficientes para consolidar las plantillas actuales y para la creación de nuevas figuras educativas, y favorecer la atención a la diversidad del estudiantado, poniendo especial énfasis en los centros con nivel de complejidad mayor y de difícil desempeño. f. Impulsaremos la creación de una Viceconsejería específica de coeducación con la mirada puesta en un horizonte feminista.

138. Impulsaremos la publificación voluntaria de los centros privados y la supresión progresiva de los conciertos educativos, fusionando centros y arbitrando medidas para la integración y homologación de su personal bajo criterios de mérito y equidad propios de la Función Pública. La existencia de un número considerable de docentes será vista como una oportunidad para bajar los ratios, atender a la diversidad e impulsar una atención personalizada a un estudiantado menguante en número.

139. Adoptaremos una Estrategia Vasca de Inclusión Educativa contra todas las formas de segregación, con dotación económica adecuada y con la ayuda del ISEI-IVEI. a. Desarrollaremos y concretaremos el concepto de Índice de Necesidad Escolar de Inclusión (INEI), a partir de un conjunto de indicadores que incluirá el ISEC de cada centro, los porcentajes de estudiantado becario, de estudiantado de incorporación tardía al sistema educativo, de estudiantado con necesidades educativas, de estudiantado en situación de adopción o acogimiento residencial o familiar, datos relativos a resultados, segregación, concentración y recursos. Una vez recogido normativamente dicho concepto, elaboraremos anualmente un informe con el INEI por Territorio, circunscripción y/o zona escolar y centro, permitiendo la toma de decisiones de planificación educativa que mejoren la cohesión de nuestro sistema educativo. b. Garantizaremos que el Departamento responsable en materia educativa, a partir del INEI, atienda de forma preferente con recursos de todo tipo a aquellos centros públicos de perfil socioeconómico más bajo y con estudiantado en riesgo de exclusión social, de forma que las comunidades implicadas, sobre la base de sus necesidades y de los objetivos que establezcan en un plan plurianual evaluable, puedan recibir los recursos necesarios para la consecución de dichos objetivos.

140. Avanzaremos hacia un modelo plurilingüe que sitúe al euskera como eje central, sin clasificación del estudiantado ni segregación lingüística, vertebrado en el translingüismo y las nuevas metodologías pedagógicas, con el objetivo de alcanzar niveles homologados de competencia en euskera y castellano y, al menos, en una lengua extranjera. Para este fin se tendrán en cuenta las diferentes zonas sociolingüísticas con la intención de plantear los itinerarios y los plazos de logro que sean necesarios.

141. Contribuiremos a la elaboración de currículos pedagógicos innovadores y populares basados en la promoción del desarrollo personal y colectivo, los feminismos y la diversidad, la transición ecológica justa y la memoria democrática y deslegitimadora de las violencias.

a. Desarrollaremos la reflexión y el espíritu crítico en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje y la presencia del estudio de la Filosofía, fomentando una educación en valores anclada en los derechos humanos y la gestión de las emociones con el fin de crear una ciudadanía democrática. b. Garantizaremos la laicidad del sistema educativo sostenido con fondos públicos y la sustitución progresiva de la asignatura de religión por el estudio crítico y antidogmático de las religiones del mundo. c. Estableceremos un nuevo ámbito de competencias escolares vinculadas a la coeducación, que deberá integrarse en los currículos escolares, de manera continuada, en las diferentes etapas del sistema educativo vasco y adaptada a las edad del estudiantado: educación en igualdad y contra el sexismo, diversidad sexual y de género, antirracismo, buenos tratos, mejora de las relaciones interpersonales, resolución de conflictos, prevención de las violencias machistas, educación sexoafectiva, fomento de vocaciones científicas en las niñas y jóvenes, y desarrollo de nuevas masculinidades. d. Aseguraremos la educación sexual obligatoria con contenidos específicos adaptados a cada etapa educativa y de forma transversal en el sistema educativo. e. Impulsaremos una formación específica sobre el consumo crítico, el comercio justo, los derechos laborales y las finanzas éticas. f. Transversalizaremos la transición ecológica justa, el decrecimiento, la soberanía alimentaria y la sensibilización ambiental y animal en el currículo educativo y como asignatura específica. g. Promoveremos la diversidad sociocultural, la interculturalidad crítica y el reconocimiento y aprendizaje de las lenguas y culturas de origen del estudiantado. h. Recuperaremos los itinerarios artísticos, tanto plásticos y audiovisuales como de música y danza. i. Aumentaremos la carga lectiva de la Educación Física para afrontar la vida sedentaria actual y adquirir hábitos saludables.

142. Elaboraremos un Plan Integral de Salud Mental en colaboración con las asociaciones de profesionales, usuarios y familiares para abordar de manera específica la salud mental infanto-juvenil y la prevención del suicidio. a. Pondremos en marcha medidas para que en el ámbito educativo se profundice en la atención a la salud mental, con programas de sensibilización y detección precoz dirigidos al personal docente que eviten la patologización de la diversidad. b. Crearemos una Oficina de Salud Mental Educativa para el profesorado implicado en protocolos de prevención del suicidio u otras intervenciones con estudiantado vulnerable. c. Incorporaremos psicólogas/os clínicas/os en el sistema educativo y aumentaremos progresivamente el número de orientadoras/es en los centros educativos hasta alcanzar la ratio determinada por la UNESCO de un/a orientador/a por cada 250 alumnas/os.

d. Adecuaremos los protocolos de coordinación de los centros escolares con los Servicios Sociales de Base para realizar un seguimiento óptimo del estudiantado, garantizar sus derechos y actuar en casos de desprotección. e. Ofreceremos a todo el estudiantado que lo necesite, independientemente de su edad, la figura del especialista de apoyo emocional y educativo. f. Crearemos un servicio específico de orientación, acompañamiento y atención para los centros educativos, el profesorado y las familias, ante situaciones de Acoso Escolar y Ciberacoso con la finalidad de prevenir, detectar e intervenir ante cualquier tipo de discriminación o acoso entre iguales y ofrecer una respuesta más rápida y eficiente ante los posibles casos de violencia de manera coordinada. g. Promoveremos la elaboración y aplicación de protocolos específicos para la prevención, detección, atención y acompañamiento en casos de acoso y ciberacoso sexista, sexual, LGTBI+fóbicos, transfóbico, racista, gordofóbico, capacitista, etc. h. Promoveremos la investigación sobre los problemas de convivencia generados en los centros educativos, incidiendo en un conocimiento preciso de sus manifestaciones, de los factores de riesgo que afectan e inciden en su mantenimiento y desarrollo.

143. Garantizaremos los derechos del estudiantado con discapacidad física o mental asegurando que los centros dispongan de los recursos requeridos para asegurar su acogida y acompañamiento, incorporando su realidad y necesidades en el Decreto que regula la respuesta a la diversidad en el marco de un sistema educativo inclusivo.

144. Velaremos por el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos las niñas, niños y adolescentes que padezcan una enfermedad durante las diferentes fases de su tratamiento y más allá de la educación obligatoria.

145. Crearemos, en coordinación con los departamentos de sanidad, inclusión social e igualdad, el Instituto para el Desarrollo de la Educación y del Profesorado, órgano integrado en el Sistema Educativo Vasco y encargado de la formación del profesorado y la mejora de sus condiciones. a. Cumpliremos con los acuerdos sindicales para la regulación de las condiciones de trabajo del personal docente y mantendremos las mesas de negociación para su mejora continua. b. Aprobaremos un mecanismo para revertir los recortes aplicados desde el año 2012 a las jubilaciones voluntarias del profesorado. c. Dotaremos de formación permanente al profesorado de todos los niveles en su etapa y especialidad correspondiente. d. Impulsaremos un proceso de reflexión sobre el trabajo por competencias, la organización de las asignaturas en el currículo y el proceso de digitalización, con el objetivo de encauzar líneas comunes, optimizar recursos y desarrollar metodologías inclusivas e innovadoras. e. Garantizaremos la presencia de personal técnico especialista en igualdad de género, diversidad sexual y de género e interculturalidad crítica, con los temas

previstos en este ámbito de competencias escolares para garantizar tanto su aplicación como la atención a las necesidades y demandas del estudiantado. f. Aumentaremos los recursos de los Berritzegunes, incluido su personal, a fin de responder a las necesidades de los centros y en el seguimiento del estudiantado con necesidades educativas. g. Desarrollaremos un Plan de formación para el profesorado en la atención al estudiantado de altas capacidades.

146. Caminaremos progresivamente hacia la gratuidad total de la enseñanza pública, desde la primera infancia hasta la Universidad. a. Paralelamente y hasta el logro de este objetivo, incrementaremos la financiación de becas hasta alcanzar niveles europeos, poniendo énfasis en enseñanzas no universitarias y estableciendo el acceso a becas por motivos socioeconómicos para garantizar que lleguen a las franjas de población con menos recursos.

147. Aseguraremos una educación gratuita, pública y universal a la primera infancia (0-3 años) ampliando de forma progresiva la oferta de plazas públicas de las Haurreskolak, y el horario de las mismas para facilitar la conciliación de las familias. La incorporación temprana al sistema educativo es positiva en las futuras trayectorias, ya que potencia la permanencia y el éxito escolar. Esta medida es también estratégica y absolutamente imprescindible para reforzar el mantenimiento de las mujeres en el mercado laboral, facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y apoyar el derecho al tiempo libre de las personas cuidadoras en general, incluyendo las de mayor edad.

148. Garantizaremos la gratuidad de los servicios complementarios de educación, como el material escolar, los servicios de comedor, transporte y actividades extraescolares, bajo parámetros de calidad contrastada y evitando fórmulas de “copago”: a. Promoveremos la gratuidad de los comedores escolares como elemento de socialización y conciliación en los centros docentes públicos no universitarios dependientes del Departamento de Educación. Introduciremos criterios de proximidad (Km.0) en el suministro de los productos alimenticios ecológicos y de alta calidad nutricional y sanitaria. b. En el caso del transporte escolar, además de la gratuidad, se introducirán criterios de mayor racionalización en su uso mediante el establecimiento de una Red de Caminos Escolares Seguros y Sostenibles, que refuercen la autonomía infantil y garanticen la existencia de una alternativa gratuita y 100% eléctrica y renovable en todos los municipios.

149. Avanzaremos en la rehabilitación energética de los centros educativos e instalaremos placas solares en las cubiertas de los centros educativos para que los centros produzcan su propia energía.

150. Garantizaremos una atención específica a las necesidades del medio rural. a. Impulsaremos un marco legislativo específico para el subsistema educativo del mundo rural, especialmente en lo que se refiere a ratios mínimos de los centros, a su estructura organizativa y a la normativa de funcionamiento. b. Potenciaremos medidas inmediatas que pongan en valor el modelo de escuela rural.

151. Aseguraremos la planificación territorializada de la FP bajo criterios de refuerzo de la oferta pública y de calidad acorde con las necesidades del país. a. Incrementaremos la financiación de la FP, promoviendo una mayor coordinación entre las administraciones y los recursos necesarios, y garantizaremos una gestión democrática de la misma a través de la participación vinculante de los agentes sociales. b. Priorizaremos la oferta pública en los ciclos con más demanda de la FP, evitando que la mayoría de la oferta en algunos de ellos se sitúe exclusivamente en las ciudades y frenando la expansión de la red privada/concertada. c. Revertiremos la desregulación actual de la FP Dual y protegeremos las condiciones laborales del estudiantado evitando su precarización y promocionando su incorporación laboral. d. Promoveremos actuaciones y campañas que impulsen a las alumnas a cursar opciones tradicionalmente masculinas y viceversa. e. Actualizaremos y reforzaremos la formación de los programas y proyectos existentes basados en I+D+I para facilitar el acceso al empleo en colaboración con pymes y sobre la base del desarrollo local. f. Garantizaremos el derecho a estudiar en euskera y la disposición de intérpretes de lengua de signos suficientes para el correcto seguimiento y desempeño de las personas sordas.

152. Aumentaremos la ambición de la Estrategia Vasca 2030 para el Impulso de la Educación en el Tiempo Libre, reconociendo el tiempo libre como parte del proceso educativo e integrado en el sistema educativo, promocionando el ocio empoderador y expandiendo la labor de los centros escolares a su entorno comunitario. a. Recuperaremos los Programas de Actividades Complementarias y Extraescolares (ACEX), garantizando su acceso gratuito y universal.

153. Evaluaremos el impacto a nivel educativo, social y familiar de los diferentes tipos posibles de jornada educativa.

154. Impulsaremos la participación democrática de todos los sectores de la comunidad educativa, incluidas las laguntzailes y responsables de comedor y cocineras in situ, en la organización y gestión de los claustros y consejos escolares, con capacidad decisoria plena en aquellos asuntos de su competencia. a. Promoveremos un modelo de escuelas abiertas y participativas que sitúen al estudiantado en la centralidad y que contribuyan a la configuración municipal mediante la implicación vecinal como recurso educativo. b. Fomentaremos la participación de la comunidad educativa, incluidas niñas, niños y adolescentes en el desarrollo del currículo educativo. c. Garantizaremos la transformación de los patios de acuerdo con criterios de un diseño integrador, no sexista, de contacto con el medio natural, lúdico pedagógico, y calificable como entorno seguro. d. Impulsaremos Consejos Locales de la Infancia entre el estudiantado de los centros públicos y el Ayuntamiento de su localidad.

e. Diseñaremos un nuevo “Decreto de derechos y deberes del estudiantado” a través de un proceso participativo con el sector educativo.

155. Destinaremos el 1,5% del PIB a la Universidad Pública, como referente vertebrador del sistema universitario. La UPV/EHU cuenta con presupuestos sensiblemente inferiores a los presupuestos medios de las universidades de los países de la OCDE. Este presupuesto permitirá garantizar condiciones laborales adecuadas para el personal docente-investigador, así como para el personal de administración y servicios, además de revertir en la privatización de servicios como el de limpieza de la UPV/EHU. a. Garantizaremos el coste cero en las primeras matrículas en Grados y Másteres en la UPV/EHU. b. Impulsaremos una Mesa por la Universidad y la Ciencia con todos los agentes y actores sociales para la innovación investigadora, la mejora de las condiciones laborales del personal universitario, la transparencia en los procesos de selección, el retorno del talento científico migrado, y la transferencia de conocimiento a la sociedad. c. Impulsaremos proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) de calidad, y pondremos en marcha proyectos piloto que estimulen el inicio de la carrera investigadora del estudiantado con derechos y salarios dignos. d. Revisaremos la escala salarial investigadora para adaptarla a la media europea e introduciremos medidas dirigidas a paliar la desigualdad de género existente. e. Incrementaremos la oferta formativa en euskera presencial y online a lo largo de la vida en el sistema universitario. f. Impulsaremos la euskaldunización del personal de la UPV/EHU, liberando al PDI y PAS para el estudio gratuito del Euskera.

156. Diseñaremos un Plan Integral para la Educación a lo largo de la vida que fortalezca los centros de educación para personas adultas.

1.4. Cuidar y hacer posible el derecho a la vivienda

La Ley vasca reconoce la vivienda digna como un derecho subjetivo; un derecho que todas las personas tenemos por el hecho de serlo. Tras nueve años de su aprobación en el Parlamento vasco, el PNV sólo pone trabas a su desarrollo mientras niega nuestro derecho redactando recursos contra la Ley estatal. Mientras tanto, los precios de los alquileres impactan cada vez de forma más negativa en nuestras vidas y, particularmente, en las de las personas jóvenes. El 25% de las vascas y los vascos consideramos la vivienda como uno de nuestros principales problemas, sólo detrás del mercado laboral y de la sanidad. Ante ello, el PNV y el Partido Socialista han respondido con medidas que se han demostrado incapaces de solventar la crisis habitacional actual. Y es que, el origen de la crisis de vivienda es estructural; proviene de un modelo que antepone el valor inmobiliario de la vivienda frente a su valor social. A ello se suman múltiples factores externos que han generado graves distorsiones (especulación, turistificación, acumulación de inmuebles, gentrificación, etc.) que dificultan cuando imposibilitan el acceso a una vivienda digna.

Lo sabemos bien: la vivienda es cada vez más inasequible, tanto en propiedad como alquiler. Cada vez son más los hogares incapaces de hacer frente a unos precios en alza mientras, paralelamente, dedicamos el 38% del gasto familiar a nuestra vivienda. No obstante, cabe señalar que el acceso a la vivienda no es igualitario en todos los lugares de Euskadi: más de la mitad de la población vive en municipios tensionados en los que el acceso a la vivienda es prácticamente imposible para jóvenes, familias monoparentales, migrantes, personas mayores o personas trans.

¿Por qué es inasequible la vivienda para gran parte de la población? En ejercicio del derecho subjetivo a la vivienda que reconoce la Ley Vasca de Vivienda, el Gobierno Vasco ofrece alquiler social o una prestación económica para unidades de convivencia con menores ingresos. Sin embargo, este derecho no puede ser ejercitado por una parte importante de la población que aunque supera los requisitos es incapaz de hacer frente a los precios de la vivienda libre, tanto en el precio de compra (donde Gipuzkoa alcanzó hace unos meses su máximo histórico) como en todo Euskadi, donde la media del precio por metro cuadrado en alquiler ha subido un 30% en la última década, siendo las capitales vascas las ciudades del Estado con mayores dificultades para acceder a un alquiler razonable. El parque de viviendas en Euskadi (un millón de viviendas, de las cuales el 93% son principales) da alojamiento a los 2,3 millones de residentes en Euskadi, lo cual se muestra insuficiente ya que se estima que hacen falta más de 100,000 nuevas viviendas para responder a la demanda actual y más de 60.000 personas están inscritos en Etxebide a la espera de una vivienda. En definitiva, ni el encarecido mercado libre ni la vivienda pública actual pueden satisfacer estas cifras en el corto plazo. Además, las viviendas adolecen de una uniformidad que no responde a las necesidades actuales de las personas en cada una de sus situaciones vitales. La oferta de vivienda privada y pública sigue enfocada en un único perfil de hogar (familia tradicional con descendencia y en régimen de compra) que avoca a la juventud a compartir indefinidamente piso y a las personas solas de todas las edades a enfrentarse a alquileres inasumibles. Perpetuar esta inercia cultural sólo dará lugar a la frustración de las expectativas vitales de gran parte de la población. Así las cosas, la emancipación se posterga más allá de la primera juventud en tanto que los salarios no permiten acceder a una vivienda; en otras palabras, para acceder a la compra de vivienda libre las y los jóvenes tendrían que cobrar el doble de lo que cobran (más del 70% en el caso del alquiler). A escala urbana hay fenómenos que interfieren en el propio mercado de la vivienda, aumentando su precio de compra y alquiler y deteriorando los barrios y ciudades. La gentrificación -el desplazamiento de las clases populares hacia barrios más periféricos debido a la presión inmobiliaria- es una tendencia que sigue avanzando en las áreas metropolitanas de Donostialdea y el Gran Bilbao, a la que se suma la turistificación de los Cascos Viejos. Primando el beneficio económico del uso turístico y la especulación, los inmuebles acaban en manos de pocos propietarios (22.325 viviendas están en manos de 1.765 grandes tenedores privados) incumpliendo así con la función social de la vivienda.

¿En qué estado está la vivienda en Euskadi? En Euskadi apenas el 13% de las viviendas se encuentran en alquiler, cinco puntos por debajo de la media estatal. Dentro del alquiler la mayoría pertenecen al mercado libre (78,5%) mientras que el resto se dividen en Vivienda Social - VS (16,0%) y Vivienda de Protección Oficial - VPO (5,5%). Para estas dos últimas, su gestión genera una compleja gobernanza de entes públicos y agentes privados, ya que incluyen múltiples tipos de vivienda, programas y entes gestores: viviendas públicas, tasadas o libres; alojamientos dotacionales; ayuntamientos; Etxebide; Alokabide; Visesa; programa Bizigune; programa ASAP, etc. Respecto a la vivienda vacía, se considera que alrededor de 26,000 viviendas privadas serían susceptibles de ser integradas como viviendas de protección oficial (VPO). Las viviendas protegidas (VS y VPO) suponen el 3,1% del parque de viviendas principales, que si bien están por encima de la media estatal (2,5%), son un tercio de la media europea (9,3%). Y aunque en 2022 se inició la promoción de un 35% más de viviendas de protección pública respecto al año anterior (la mayor parte destinada a la compra), los números se quedan muy bajos para asegurar el derecho a la vivienda o poder generar contención del precio de la vivienda desde el lado de la oferta pública. Históricamente el Gobierno Vasco, frente al alquiler social al que únicamente destinó el 22% de la VPO entre 2005 y 2018, ha incentivado la venta con cesión del uso del suelo público, con el objetivo de ofrecer vivienda en propiedad a precio reducido. Sin embargo, este modelo ha supuesto la merma del parque público de vivienda por la liberalización de las viviendas y la extinción de los contratos de cesión de suelo público. En Euskadi, según datos del Departamento vasco de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, existen 2.030 grandes tenedores de vivienda, que poseen 42.736 inmuebles. De estos, 265 pertenecen a instituciones del sector público y entidades sin ánimo de lucro, las cuales en conjunto poseen 20.411 viviendas. Los restantes 22.325 inmuebles son propiedad de 1.765 personas jurídicas privadas y de personas físicas, es decir, el 2,08% del parque total de viviendas. En cuanto a la calidad de la vivienda, las 723.033 viviendas construidas antes de 1980 no cuentan con ningún tipo de aislamiento térmico y necesitan ser rehabilitadas para cumplir con los objetivos climáticos para el año 2050. En Euskadi, uno de cada diez hogares está en situación de pobreza energética y la calidad de sus viviendas pone en riesgo su salud y su situación económica. Además del aspecto energético, la accesibilidad y seguridad ante incendios se ve mermada por un parque de edificios antiguo. Aunque existen programas y ayudas para la rehabilitación, se deben multiplicar los esfuerzos para acelerar la transformación del parque de viviendas. Por otro lado, y más allá del tradicional mercado privado y público de vivienda, están surgiendo modelos habitacionales alternativos que si bien son prometedores, están encontrando trabas y desafíos para su desarrollo. Los planes y estrategias de vivienda declaran su apoyo a modelos de co-vivienda o cohousing en régimen cooperativo, para lo cual el modelo de suelo público en cesión de uso se está demostrando eficaz, si bien la financiación es un cuello de botella que impide llevarlos a cabo. Estos modelos, entendidos como autopromoción de vivienda cooperativista, parecen difícilmente replicables a la escala necesaria para solventar la crisis de vivienda, si bien el cooperativismo puede ser un modelo transformador de la cultura y mercado de vivienda actual.

¿Qué políticas se han impulsado hasta el momento? Las competencias de vivienda se distribuyen entre el Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco y los municipios. Esto resulta en una gestión a veces compleja de las políticas en materia de vivienda. A nivel autonómico, es el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes el que ostenta esta materia, a la que dedica 210 millones de euros en 2024. Esto es el 21% del presupuesto del Departamento frente al 56% dedicado a los distintos programas de transporte. A finales del 2.022 más de 80 organizaciones firmaron el Pacto Social por la Vivienda para afrontar los retos de este sector en los próximos quince años, con los objetivos de duplicar la oferta pública de alquiler asequible hasta alcanzar un parque de 50.000 hogares, elevar al 12% del total del parque las viviendas protegidas de carácter permanente o rehabilitar una de cada tres casas antes de que termine 2036. Por otro lado, desde el Estado se ha aprobado la Ley por el Derecho a la Vivienda que otorga al Gobierno Vasco múltiples instrumentos para intervenir el mercado de la vivienda. Entre ellos, la facultad para declarar zonas de mercado residencial tensionado, en colaboración con los municipios. Estas zonas se definen por la carga económica de la vivienda sobre la renta (más del 30%) y por el aumento excesivo de los precios en los últimos cinco años. El Gobierno Vasco ha publicado un Informe sobre Zonas Tensionadas que identifica los distritos o municipios que podrían ser potencialmente declarados como tensionados y activar diferentes medidas como el tope de precios. Además, aún quedan otros instrumentos de esta Ley por desarrollar en Euskadi (incremento de IBI a viviendas vacías, beneficios fiscales al alquiler, programas de vivienda asequible incentivada, índices de precios en base a las Haciendas Forales, etc.). En cuanto a la calidad de la vivienda, la Ley de Calidad de la Arquitectura recoge los principios de calidad de los edificios, incluidos la mejora de la vida de las personas, y aborda aspectos sociales, culturales, económicos y medioambientales. A su vez la nueva Regulación de habitabilidad del País Vasco ha supuesto una mayor exigencia de calidad y es pionera en considerar muchas características como la perspectiva de género, la co-vivienda o el derecho a los espacios abiertos. Esta normativa supone la armonización de los requisitos que hasta ahora dependían de cada municipio. En cuanto a vivienda vacía, en 2021 se aprobó el Decreto 149/2021, de 8 de junio, de vivienda deshabitada y de medidas para el cumplimiento de la función social de la vivienda que contempla diversos instrumentos para movilizar viviendas desocupadas tras dos años hacia el alquiler, incluyendo el Registro de viviendas desocupadas, el alquiler forzoso, la expropiación y un canon municipal de 10€/m² que, sin embargo, siguen sin aplicarse. A escala urbana, la Agenda Urbana Bultzatu 2050 estructura las prioridades estratégicas y principios rectores que deben guiar las políticas urbanas de Euskadi. Aunque abre el campo a múltiples temas y necesidades, adolece de una falta de objetivos claros que deban alcanzarse en fechas determinadas. Respecto a ayudas, existen múltiples líneas propias del Gobierno Vasco para la rehabilitación integral, ayudas para la adquisición de vivienda libre usada y de viviendas de protección pública y ayudas al alquiler joven Gaztelagun. A estas hay que sumar diversos programas de las Haciendas Forales para la deducción fiscal para el alquiler y para la compra (cuentas vivienda).

En el plano estatal, otras ayudas o líneas de financiación se han canalizado a través del Gobierno Vasco (Fondos Next Generation europeos, medidas financieras en materia de rehabilitación, Programa PREE del EVE, viviendas de alquiler social eficientes de Visesa, etc.). Sin embargo, queda por ver el efecto que tendrán algunas de estas medidas en el mercado inmobiliario y de vivienda, pues es posible que conlleven un efecto inflacionario y un aumento del endeudamiento hipotecario, siendo los propietarios e incluso grandes tenedores los que finalmente se beneficien de las ayudas. Estas dudas se ven reforzadas ante noticias sobre fraudes de ley y malas prácticas en los límites legales, como la división del alquiler en habitaciones o alquileres temporales. Ante todo ello, desde Sumar creemos que la única forma de asegurar el derecho efectivo a la vivienda es superar la visión de la misma como objeto de mercado y vertebrarla como el pilar que consolida el Estado del bienestar. Frente a un mercado privado (incluso aquel calificado como protegido) incapaz de alcanzar ese objetivo, la vivienda pública aparece como el mejor instrumento para asegurar este derecho y a la vez corregir las distorsiones del mercado libre de vivienda. En definitiva, es nuestro objetivo que la vivienda sea asequible para toda la población y que la ciudadanía disponga de un Servicio Público de Vivienda que atienda a sus necesidades. Pero no sólo aspiramos a un techo: la vivienda y nuestro entorno debe ser un trampolín para el bienestar, mejorando nuestra salud y relaciones sociales. Adolecemos de unos edificios y unos barrios que emiten gases de efecto invernadero, contaminan nuestro aire y no nos aportan los servicios básicos para desarrollar una vida centrada en los cuidados.

Hacia un sistema de garantía efectiva del derecho a la vivienda

Las propuestas y medidas planteadas a continuación se destinan a alcanzar una serie de objetivos estratégicos que conformen en Euskadi un sistema de garantía efectiva del derecho a la vivienda vertebrado por un sistema residencial de protección pública en alquiler, entendido como una infraestructura social estratégica equiparable a la educativa o sanitaria; por un marco para la cobertura efectiva del derecho subjetivo a la vivienda, entendido como un verdadero derecho ciudadano; y por un modelo residencial urbano basado en la cohesión social, mediante el cumplimiento de la normativa destinada a garantizar la función social de la vivienda, la contención de los precios y el desarrollo de políticas de rehabilitación y regeneración urbana. Para todo ello hacemos nuestros los análisis y reflexiones de la Fundación de Estudios Críticos, anexados al final del presente programa, y, conjunta y paralelamente, nos comprometemos a:

1.4.1. Asegurar el derecho a la vivienda para todas las personas

Servicio Vasco de Vivienda

157. Transformaremos Etxebide en un servicio integral y completo para la ciudadanía, que lidere e integre todas las políticas de vivienda de Euskadi. Actualmente las políticas de vivienda están muy atomizadas (alquiler social de Alokabide, promoción de Visesa, políticas municipales, mediación de ASAP, ayudas de Lanbide, para jóvenes de Gaztelagun, etc.). La dispersión de políticas las hace altamente ineficientes. a. Frente a ello, Etxebide se transformará en el Servicio Vasco de Vivienda, a semejanza de Osakidetza para salud o Lanbide para empleo, ampliando su

Programa Electoral Sumar - Euskadi 2024

, para poner en valor su capacidad generadora de empleo y dinamizadora de la vida local al conectar al vecindario con el comercio de proximidad, potenciando la presencia de comercios estratégicos en cada barrio (panaderías, mercerías, ferreterías…).

258. Desarrollaremos una estrategia de coordinación interinstitucional que fomente y fortalezca el comercio de proximidad y el empleo de calidad con unas condiciones de trabajo dignas en colaboración con los agentes sociales del sector.

259. Utilizaremos el margen de discrecionalidad que la Ley otorgue para limitar al máximo los permisos necesarios para realizar ampliaciones de grandes superficies comerciales, así como nuevas instalaciones.

260. Impulsaremos la elaboración de estrategias de fidelización del comercio local para construir una vinculación con la clientela que haga del comercio de proximidad un referente para la compra de productos o servicios.

261. Promoveremos una red de comercios amables con las personas mayores, fomentando la accesibilidad para toda la ciudadanía en el comercio local, sobre todo a personas con discapacidad.

262. Estableceremos espacios de asesoramiento y orientación para el desarrollo de actividades económicas sostenibles, con especial atención a aquellas que se desarrollan en el medio rural, como apoyo a autónomos y pequeñas empresas a través de planes estratégicos, facilidades administrativas, simplificación de trámites, cursos, etc.

2.7 Una fiscalidad justa para construir un nuevo país

263. Trabajaremos, de la mano de las Diputaciones Forales, en una propuesta fiscal que atienda con criterios de justicia y de solidaridad con los territorios de régimen común, a las necesidades que van a afrontar las administraciones públicas vascas en el futuro a partir criterios progresividad de los impuestos directos, y con el objetivo último de reducir la desigualdad social en Euskadi.

264. Armonizaremos la arquitectura fiscal del conjunto del país, tal y como reconoce el autogobierno. Con carácter inmediato, introduciremos recargos que nutran directamente a las Haciendas Públicas, a la vez que equipararemos impuestos como el de sociedades al del conjunto del Estado, hasta que la armonización de los tipos mínimos se iguale al vigente en el territorio de régimen común (25%).

Sobre el impuesto de sociedades:

265. Reduciremos aquellos gastos y deducciones fiscales que provocan la regresividad del impuesto de sociedades. a. Por ejemplo: la deducción para fondo de comercio financiero, la deducción por entidades dedicadas al arrendamiento de inmuebles o la compensación de bases negativas.

266. Estableceremos tres pilares básicos del impuesto de sociedades mediante el establecimiento de mecanismos eficientes de gestión de los incentivos basados en criterios objetivos y, por tanto, cuantificables: a. Introducir seguridad jurídica en el impuesto, evitando evaluaciones arbitrarias por Hacienda. b. Liberar de carga de trabajo para que las técnicas y técnicos de Hacienda se dediquen a luchar contra el fraude fiscal. c. Aumentar la equidad del impuesto permitiendo que las empresas con pérdidas puedan beneficiarse de los incentivos que proponemos a diferencia de lo que ocurre en la actualidad. i. Incentivos destinados a mejorar la competitividad del tejido empresarial, en particular los destinados a la reinversión productiva en ampliación y renovación de bienes de equipo y actividades I+D+i. ii. Incentivos en el ámbito social, ligados al fomento de empleo de calidad y digno, la disminución de la brecha salarial o la de empleabilidad de las mujeres, por ejemplo. iii. Incentivos para ayudar a lograr las obligaciones contraídas para luchar contra el cambio climático y en el ámbito de la sostenibilidad medioambiental, como pueden ser la eficiencia energética, o la adopción de criterios de responsabilidad por la conservación y recuperación del medio ambiente. iv. Incentivos para una mayor democratización de la empresa que permitan que los trabajadores sean parte activa en la toma de decisiones.

267. En relación con los tipos nominales, plantearemos que el tipo general del impuesto de sociedades sea del 30%, es decir, seis puntos superiores al actual. a. Asumiendo además el objetivo de incrementar paulatinamente el tipo impositivo hasta el 35%.

268. Propondremos que en las empresas sin actividad empresarial (sociedades ficticias, interpuestas o instrumentales sin fines productivos) se aplique el tipo más alto del impuesto de sociedades.

Sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF):

269. Eliminaremos el tratamiento diferenciado entre rentas del ahorro y rentas del trabajo que supone que una persona contribuyente con rentas de intereses y dividendos pueda llegar a tributar casi la mitad que una persona trabajadora con la misma renta.

270. Suprimiremos determinados tratamientos privilegiados que solo benefician a las rentas más altas, tales como: a. La exención por dividendo de 1.500 euros. b. El tratamiento como rendimiento irregular de la retribución a través de opciones sobre acciones o participaciones del trabajador en la propia empresa. c. La reducción de 300.000 a 150.000 euros del límite para la exención del 50% sobre la integración de rentas de generación por período superior a dos años. d. La limitación de las bonificaciones sobre las rentas del capital inmobiliario a las personas con rentas inferiores a dos veces el salario mínimo. e. La reducción del plazo para compensar los rendimientos de actividades económicas a cuatro años. f. La supresión de las reducciones de la base imponible por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social, salvo a las mutualidades de previsión social y planes de previsión asegurados g. La reducción de los tipos de gravamen para los tramos más bajos de la escala, desde el 23% al 18% para las bases liquidables inferiores a 12.500 euros. Además, se introducirá un tramo adicional superior a 304.000 euros con un tipo marginal del 51%, aumentando también un punto porcentual a los tramos superior a 134.000 y 184.000 euros. h. La sustitución de las deducciones en cuota sobre rentas del trabajo, menores dependientes y por razón de edad por bonificaciones de hasta 18.000 euros, limitadas por el nivel de renta y de mayor cuantía para familias monoparentales y mujeres. i. La eliminación, para fomentar el alquiler de vivienda frente a la compra, de la deducción por adquisición de vivienda habitual. El mantenimiento de la deducción por alquiler de vivienda para rentas del trabajo inferiores a 40.000 euros y la asimilación en el tratamiento que reciben las familias numerosas para las familias monoparentales. Se establecerá un régimen transitorio para quienes hubiesen comprado una vivienda con fecha anterior al 1/1/2025. j. La supresión de la opción de aplicar un gravamen especial del 3% sobre el valor de transmisión de títulos admitidos a cotización en mercados oficiales, siempre que dicho valor sea inferior a 10.000 euros en cada ejercicio para el conjunto de valores transmitidos.

Sobre el Impuesto de Patrimonio:

271. Abogaremos por la eliminación de lo que se ha venido llamando escudo fiscal, que establece un límite al efecto conjunto del IRPF y del Impuesto sobre Patrimonio.

272. Propondremos que el mínimo exento se reduzca de 800.000 a 600.000 euros. Dado que la vivienda habitual sigue exenta hasta un valor de 400.000€, la mayoría de los hogares seguirán sin tributar por este impuesto. a. La escala se hace más progresiva con un tipo de gravamen máximo de 3,5% para los patrimonios netos superiores a 10 millones de euros , 3% para los superiores a 5,8 millones y 2,5% para los de 2,6 millones.

Sobre el principio de que “quien contamina paga”:

273. Promoveremos una fiscalidad justa para la transición. La fiscalidad es un elemento clave para corregir la actual injusticia climática en la que las personas empobrecidas y vulnerables, y a su vez menos responsables de la crisis climática, deben hacerse cargo de buena parte de los gastos y de los esfuerzos asociados a la transición energética y ecológica. De la mano de las Diputaciones Forales, alentaremos: a. Gravamen a los beneficios extraordinarios de la industria fósil, responsable directa del cambio climático. b. Gravamen a los bienes y servicios de lujo que generan un gran volumen de emisiones y nulo rendimiento social. c. Exenciones y penalizaciones fiscales con criterios de progresividad y justicia social que sirvan para consolidar los sectores motores de la transición ecológica justa y desincentivar comportamientos de consumo que hemos de sustituir o moderar. d. Tasa al plástico. La reducción del uso de los plásticos es una tarea colectiva, pero que implica en primera instancia a las empresas productoras. Impulsaremos, de acuerdo con las comunidades autónomas, la introducción de una tasa que desincentive el uso de envases de plástico en toda la cadena de valor.

Sobre el Exit tax:

274. Propondremos que el Exit Tax, una medida antifraude para aquellos inversores que ostentan participaciones o acciones de grandes compañías y que cambian su lugar de residencia a paraísos fiscales, grave en un 20% las plusvalías no realizadas o latentes que existan al tiempo del cambio de residencia en las acciones o participaciones. Con este impuesto no se grava la obtención de renta, sino que es un gravamen patrimonial que recae sobre el valor de mercado de determinados bienes sobre su coste de adquisición. Para que se grave esta ganancia patrimonial es necesario que se den una serie de requisitos como por ejemplo que el sujeto pasivo haya sido contribuyente del IRPF durante al menos 10 de los 15 períodos impositivos anteriores al último período en el que vaya a tributar. El impuesto gravará al contribuyente en dos supuestos distintos. * Cuando sea titular, en la fecha de devengo del último período impositivo que deba declararse por IRPF, de acciones o participaciones que representen un porcentaje de participación en una entidad superior al 25 % y cuyo valor de mercado exceda de 1.000.000 de euros. En este supuesto se gravará la plusvalía latente en esas acciones o participaciones (medida como diferencia positiva entre el valor de mercado de las acciones o participaciones y su valor de adquisición). * Siempre y cuando el conjunto de las acciones y participaciones de las que el contribuyente sea titular (fecha de devengo del último período impositivo) exceda los 2.000.000€ en su valor de mercado, se gravará la plusvalía latente en el conjunto de las mismas.

Si una vez habiendo sido gravado por este impuesto la persona regresara adquiriendo la condición de contribuyente por el IRPF sin haber transmitido la titularidad de las acciones o participaciones que fueron gravadas cuando emigró, podrá solicitar la rectificación de la autoliquidación pasada.

Sin embargo, con carácter general, las personas que cambien de residencia a un país o territorio que no tenga consideración de paraíso fiscal a causa de un traslado temporal, no deberán tributar a través del Exit Tax, y cuando el desplazamiento se produzca a otro Estado miembro de la UE, o del EEE con el que exista un efectivo intercambio de información tributaria, la cuantía a ingresar será bonificada al 100%.

Sobre el Impuesto sobre estancias de caracter turistico:

275. Aprobaremos una ley que regule los elementos esenciales del impuesto sobre estancias turísticas en Euskadi. En este sentido, regularemos la naturaleza, la afectación y la compatibilidad del impuesto que se crea con otros tributos o exacciones. El impuesto sobre estancias turísticas someterá a tributación la capacidad económica del contribuyente, persona física, por razón de las estancias que realice en los establecimientos, las viviendas y las embarcaciones de crucero que, bajo la denominación común de establecimientos turísticos, explotan los empresarios turísticos, otras personas o entidades y los armadores o navieros, con fundamento, normalmente, en los correspondientes contratos de alojamiento (y en los de transporte con alojamiento en el caso de cruceros). a. Además, este gravamen constituirá un impuesto directo, desde el punto de vista jurídico, en tanto que la ley no establece la repercusión obligatoria por parte del contribuyente a una tercera persona ajena a la relación jurídica tributaria con la Administración, sino que incluso la prohíbe, de tal modo que es el contribuyente quien, en todo caso, tiene que soportar la carga tributaria sin perjuicio de la figura del sustituto del contribuyente, que también se prevé. b. La gestión del impuesto, que será de carácter potestativo para los Ayuntamientos, recaerá en los mismos, debido al impacto del turismo sobre las poblaciones de los municipios y a que son las administraciones locales quienes sostienen la mayoría de los servicios que requieren las y los turistas.

Sobre el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales:

276. Generalizaremos un recargo de dos puntos adicionales a la compra-venta de inmuebles que no sean primeras viviendas y cuatro puntos adicionales en el caso de que estos inmuebles sean para destinarlo a viviendas o apartamentos de uso turístico. El objetivo primordial de esta reforma persigue salvaguardar el derecho a la vivienda habitual pero evitar la especulación con la compra y venta de inmuebles mediante gravámenes un poco más elevados.

Sobre el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:

277. Propondremos, para converger con la media europea, una primera medida que consiste en aumentar en seis puntos adicionales el tipo actual (1,5% para las herencias con un valor superior a 400.000 euros) hasta llegar a un 7,5%. a. Para dotar de coherencia al sistema se hará una revisión de todas las escalas en los diferentes grupos de parentesco. Esta medida, dado el mínimo exento actualmente establecido, sólo afectaría a patrimonios relativamente elevados, salvaguardando a la mayor parte de la ciudadanía de este incremento impositivo.

Sobre la Tasa sobre el juego:

278. Estableceremos un incremento del 10% adicional sobre la base liquidable de la tasa sobre el juego.

Medidas fiscales a la automatización industrial:

279. Implementaremos medidas fiscales a la automatización de los procesos productivos y a la Inteligencia Artificial, con el objetivo de compensar los mayores beneficios empresariales por la sustitución de los y las trabajadoras. En este sentido, se establecerán impuestos que se puedan destinar bien a la formación y recolocación de esas personas, bien a garantizar ingresos a personas que puedan ser expulsadas del mercado laboral como consecuencia de la automatización.

Contra el fraude fiscal:

280. Desarrollaremos tres líneas de actuación en relación al trabajo de inspección de las Diputaciones Forales y la lucha contra el fraude fiscal en general: planificación y orientación de la inspección, resultados e instrumentos. a. Propondremos dirigir la orientación de la inspección hacia la investigación de los sujetos pasivos que estadísticamente más pueden defraudar: grandes empresas y grandes patrimonios, testaferros (sociedades unipersonales) o aquellas que utilizan paraísos fiscales, grupos de empresas, medianos y/o multinacionales para ver la corrección de su operativa intersocietaria de producción, precios y operativa financiera, aspectos que afectan directamente a los Impuestos sobre el Valor Añadido y de Sociedades. b. Impulsaremos incrementar las sanciones por fraude y la elaboración periódicamente de estudios de eficacia con indicadores y herramientas cuantitativas que permitan la evaluación de las políticas públicas, midiendo a su vez la estimación del fraude por territorios históricos. Asimismo, plantearemos que la publicación de listas de personas morosas con la Hacienda comience desde 250.000 euros y no desde un millón como en la actualidad. c. Ampliaremos la participación en la Comisión de Lucha contra el Fraude fiscal implicando a agentes políticos, sindicales y sociales y por otro lado; crearemos un observatorio de lucha contra el fraude fiscal compuesto por personas expertas independientes, así como una policía fiscal con competencias para la investigación penal de delitos fiscales. Aplicaremos el denominado “levantamiento del velo”, un concepto que define la teoría jurídica por medio de la que se puede ingresar en el entramado de una empresa para responsabilizar al administrador o a otras empresas que actúen a la sombra de la empresa responsable, con el fin de que no haya beneficios fiscales ilícitos a través de filiales en el extranjero.

Ganar un futuro feminista, compartido y de libertad para todas las personas.

En los últimos años, el movimiento feminista ha demostrado ser el principal agente democratizador de nuestra sociedad. Hablamos de un feminismo transversal, interseccional e intergeneracional que ha marcado el futuro de las mujeres y que, en mayor medida, se ha articulado alrededor de la construcción de una democracia plena anclada en la feminización del espacio público, la centralidad de la vida y los cuidados, la libertad sexual, el fin de las violencias machistas y las alianzas rebeldes entre luchas para lograr la transformación profunda de la sociedad.

En este último sentido resulta central el movimiento por la emancipación y la plena igualdad de derechos de las personas LGTBI+, que ha salvado y salva la vida a tantas personas, que enriquece a los feminismos y que se ha convertido en el principal muro de contención frente a los discursos de odio, ofreciendo un ejemplo de conquista de derechos irreversibles y ampliación de las libertades para todas, todos y todes. En Sumar sabemos que cuando hemos ganado derechos para las personas LGTBI+, no ha sido en beneficio únicamente de la libertad de unas minorías, sino ensanchando la democracia para todas las personas.

Frente a las apuestas neoliberales del sálvese quien pueda, del resolver la vida individualmente, pero también de las tentaciones identitarias o pliegues conservadores, nuestro feminismo defiende el salvarnos a todas. En Sumar apostamos por articular coaliciones amplias en pos de una libertad compartida. Hablamos así de un feminismo del 99% que ofrece horizontes y presentes de transformación para todas las personas. Un feminismo de clase que es consciente de que no se trata sólo de romper techos de cristal, sino de defender a las mujeres cuyo techo es la vida cotidiana; la lucha por resolver esta vida, por barrer esos suelos pegajosos desde lo común: ampliando los servicios públicos, recuperando derechos sociales y ganando un mañana que mejore la vida de todas las personas.

De igual modo, en nuestra lucha por la democratización de las relaciones humanas, buscamos erradicar el racismo sistémico y cualquier forma de exclusión basada en la etnia, la identidad cultural o el origen. En Sumar sabemos que la plena democracia sólo se puede alcanzar en una sociedad donde el feminismo antirracista sea una práctica vivida y toda persona, independientemente de su origen o identidad, viva sin ser víctima de prejuicios.

En definitiva, nuestro feminismo es un feminismo internacionalista que reconoce y aprende de otras luchas en otras partes del mundo y que se apoya y que es solidario con todas ellas. Un feminismo que honra la memoria y la genealogía feminista para aprender y seguir caminando a partir de ellas. Es por eso que reconocemos y homenajeamos acciones como las primeras jornadas feministas que se celebraron en Leioa en 1977 o la lucha de las Once de Basauri por la despenalización del aborto.

Por tanto, el feminismo inclusivo y antirracista que aquí se enuncia no se limita a los tres puntos que siguen a este bloque, sino que transversaliza la totalidad del programa como, junto al laborismo y el ecologismo, el principal punto rector del mismo.

3.1. Un futuro para las mujeres, igualitario y sin violencias machistas

Conforme a datos del Ministerio de Igualdad, se estima que en Euskadi un 31,4% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido algún tipo de violencia por parte de sus parejas o exparejas y que el 7,6% la ha sufrido en el último año. Fuera de ese ámbito, el 16,6% habría sufrido violencia física y el 8,6% violencia verbal, siendo los datos, en ese caso, superiores a los del resto del Estado.

Según datos de la Ertzaintza, las denuncias por violencia machista en Euskadi han aumentado un 6,2%. Principalmente, aumentan los delitos de violencia sexual. En el año 2022 se contabilizó el número más alto de victimizaciones (ocasiones en las que las mujeres han sido objeto de un ilícito penal a lo largo de un periodo) y víctimas registradas desde que se empezaran a contabilizar en el 2010. Por territorios históricos, el mayor aumento respecto a los datos de 2021 se da en Araba.

Por edades, las mujeres de entre 31 y 40 años suponen el porcentaje más alto de las víctimas, siendo el porcentaje de las mujeres entre 18 y 20 años el que más ha aumentado respecto a 2021. Cabe destacar también que aumenta el porcentaje de víctimas mayores de 65 años, siendo este un segmento de las mujeres víctimas de violencia que encuentra grandes dificultades para salir de estas situaciones. Como consecuencia de estas violencias, se calcula que en el año 2022 habría 65.892 víctimas menores de edad.

Como es sabido, el aumento de los datos no quiere decir necesariamente que aumente el número de delitos, sino que cada vez son más las mujeres que deciden poner en conocimiento de las instituciones las situaciones de violencia. No obstante, y especialmente en materia de violencia sexual, el porcentaje de mujeres que denuncian sigue siendo bajo.

Desde un punto de vista interseccional, las mujeres migradas y las mujeres con discapacidad sufren tasas de violencia machista especialmente elevadas debido a su situación de especial vulnerabilidad: menor red de apoyo, barreras en la comunicación, dependencia económica, etc. En el caso de las mujeres de origen extranjero, destaca el porcentaje que se acoge al derecho a no declarar como testigo cuando se trata de delitos cometidos por sus parejas o exparejas. En este mismo sentido, el porcentaje del total de los casos de violencia sexual atendidos correspondiente a mujeres extranjeras ha descendido, lo que pone de manifiesto que siguen existiendo importantes barreras en el acceso a las instituciones.

Según datos de un informe publicado este año por el Ministerio de Igualdad, se estima que la violencia machista supone un coste tangible total de hasta 4.933 millones de euros en 2022, lo que implica un 0,37% del PIB y 104 euros per cápita. En el caso de la violencia de género, el coste sería de 4.085 millones y los 848 millones de euros restantes corresponderían a la violencia sexual fuera de la pareja. Todos estos datos constatan que las violencias machistas son aún un asunto a resolver y que, por tanto, todos los poderes públicos deben poner todos los recursos disponibles en medidas de prevención y erradicación.

Con todo ello, y pese a que la Ley vasca de Igualdad y la Ley estatal de Libertad Sexual instan a poner en marcha centros especializados de atención a las violencias sexuales en todos los territorios, en la actualidad sólo se ha creado un centro de este tipo en todo Euskadi. Desde Sumar queremos hacer nuestras las demandas del 8M y del 25N y poner fin a todas las violencias contra las mujeres desde la ambición y liderazgo de un Gobierno feminista.

Por unas instituciones feministas

281. Ampliaremos el presupuesto destinado a políticas de igualdad en el seno de la administración vasca. a. Asimismo, se apostará por la creación de un Departamento específico de Igualdad y Políticas Feministas, desligado de otros asuntos, al que se adscribirá Emakunde. b. Contaremos para su definición y puesta en marcha con la participación de especialistas en la materia y asociaciones y colectivos feministas.

282. Fomentaremos que todos los presupuestos de los departamentos del Gobierno Vasco sean elaborados con perspectiva de género y enfoque feminista e interseccional, de tal modo que garantizaremos al mismo tiempo la transversalización y la sectorialización de las políticas de igualdad. a. En este sentido, se reforzarán las unidades de igualdad específicas en todos los departamentos garantizando los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento.

283. Aumentaremos la financiación de Emakunde para dotarla de mayores recursos materiales y económicos, con el objetivo de que pueda desarrollar aún con mayor efectividad su labor de diseñar, impulsar, asesorar, coordinar y evaluar las políticas de igualdad de género y sensibilizar a la sociedad.

284. Impulsaremos la participación del movimiento feminista en la definición, ejecución y evaluación de las políticas públicas mediante la creación de espacios permanentes de diálogo.

285. Impulsaremos el uso del lenguaje inclusivo en las administraciones públicas y en otros ámbitos como la educación, los medios de comunicación, etc.

Vidas libres de violencias machistas

286. Impulsaremos la puesta en marcha de mecanismos y protocolos de coordinación entre los distintos actores que intervienen en el ámbito de las violencias machistas (servicios sociales, servicios sanitarios, policías locales y Ertzaintza, administración de justicia, ONGs, colectivos feministas, comunidad educativa, etc.) para unificar criterios y mejorar las actuaciones en la prevención y atención a las mujeres.

287. Fomentaremos la mejora del sistema de recogida de datos, encuestas específicas y estadísticas y la evaluación continua para mejorar tanto los indicadores y la información disponible como la coordinación y las actuaciones que se llevan a cabo en este ámbito. a. Además, se tendrán en cuenta otras variables más allá del género (edad, lugar de residencia, condición económica, situación administrativa, identidad de género, orientación sexual, etc.) que permitan obtener un conocimiento interseccional más detallado de las diversas formas en las que las violencias machistas impactan en las mujeres. b. En este sentido, cobran especial importancia tanto el fortalecimiento de los sistemas policiales y judiciales de valoración del riesgo y de las medidas de protección, como los sistemas de acogida y acompañamiento a las mujeres. Para ello, involucraremos a todos los actores implicados, incluidas las organizaciones feministas.

288. Ampliaremos los recursos de atención y acompañamiento para garantizar tanto el acceso a los mismos de todas las víctimas y supervivientes, también a aquellas que se encuentran en situación administrativa irregular, como la adaptación de los mismos a los distintos perfiles y necesidades. Asimismo, se vigilará el cumplimiento de unos estándares adecuados de calidad y se fomentará la transparencia y la rendición de cuentas. a. Se garantizará tanto la ampliación de las plantillas de estos servicios como condiciones dignas de trabajo para todas las profesionales que trabajan en este ámbito.

289. Garantizaremos la apertura urgente y el adecuado funcionamiento así como la calidad de los servicios de los centros de crisis 24h para violencias sexuales contemplados en la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía de la Libertad Sexual. a. Además de los centros establecidos en dicha Ley, abordaremos la opción de abrir un mayor número de ellos para poder atender a las mujeres de zonas rurales, alejadas de las capitales o con alta densidad de población.

290. Estableceremos mecanismos de evaluación y adecuación periódica de los protocolos de Osakidetza para el correcto funcionamiento en la detección y denuncia de violencias machistas y sexuales. a. Se prestará especial atención a las actuaciones vinculadas a la custodia de las pruebas y la puesta en conocimiento de los juzgados de aquellos casos en los que pueda existir uso de drogas y falta de recuerdo de lo sucedido. En este sentido, se impulsará un abordaje que no culpabilice ni revictimice a las mujeres.

291. Aprobaremos un Plan institucional para la reparación de las violencias machistas y sexuales, incluidas aquellas denegaciones de derechos o revictimización que hayan podido producirse por parte de las instituciones. a. Este plan se elaborará de forma coordinada con todos los actores implicados, incluidas las organizaciones de supervivientes y colectivos feministas, así como expertas en justicia feminista. b. Se implicará además a asociaciones de otros ámbitos como el educativo, sanitario, periodístico, municipal o comunitario que puedan jugar un rol en el reconocimiento, reparación y garantía de no repetición del daño.

292. Impulsaremos la creación y/o alquiler de viviendas destinadas a acompañar los procesos de autonomía de las mujeres supervivientes de violencia de género.

293. Implementaremos programas de formación y especialización continuada y actualizada en violencias machistas y sexuales para todo el personal de la administración vasca.

294. Aprobaremos un protocolo de ocio nocturno contra las agresiones y el acoso sexual, contando para ello con la participación de todos los actores implicados (colectivos feministas, asociaciones de empresarios y empresarias, fuerzas y cuerpos de seguridad, asociaciones de vigilantes nocturnos, servicios de emergencia sanitaria, etc.).

3.2. Un futuro con más derechos LGTBI+

Los avances que hemos conseguido en derechos LGTBI+, gracias a décadas de lucha por la liberación sexual y de género, han impregnado y formado parte del movimiento feminista desde sus inicios. En Sumar hemos asistido con preocupación y tristeza a los intentos de dividir, fragmentar y diluir la capacidad transformadora de un feminismo que sabe que sus conquistas lo son también para las personas LGTBI+ en general y, particularmente, para las personas trans.

En Euskadi celebrábamos recientemente la aprobación de la reforma de la Ley Trans, pero nuestro país sigue siendo hoy una de las pocas comunidades autónomas sin Ley Integral para la protección y promoción de los derechos de las personas LGTBI+. En efecto, a la falta de ambición del PNV en la materia, se le añaden las dudas de un Partido Socialista dividido que invisibiliza y borra a las personas trans en instituciones como la Diputación Foral de Bizkaia, donde se destinan recursos públicos para el fomento de la transfobia.

Paralelamente, las agresiones, amenazas y coacciones relacionadas con delitos de odio por orientación sexual e identidad de género llevan tiempo creciendo en Euskadi hasta haberse triplicado en los últimos seis años. Según datos del Informe de Incidentes de Odio de la Ertzaintza, la LGTBI+fobia es hoy la segunda causa de delitos de esta tipología tras el racismo y la xenofobia.

Frente a todo ello, Sumar apuesta por hacer de Euskadi un referente en políticas LGTBI+ a partir de la transversalización del enfoque de diversidad sexual y de género en el conjunto de la adopción gubernamental, a fin de adaptar las políticas públicas a las necesidades de las personas LGTBI+.

295. Elaboraremos de la mano de las asociaciones LGTBI+ una Ley Integral para la protección y promoción de los derechos humanos de las personas LGTBI+. a. Declaremos a Euskadi “País libre de LGTBI+fobia” blindando legalmente cuantos mecanismos y políticas sean necesarias para la erradicación de la discriminación por razón de orientación sexual, identidad y/o expresión de género y características sexuales en todos los ámbitos públicos y privados. b. Garantizaremos la promoción y el reconocimiento efectivo de los derechos de las personas LGTBI+, asegurando la plenitud de su existencia desde la infancia hasta la vejez y en todos los ámbitos que condicionan materialmente sus vidas: educación, empleo, vivienda, salud, protección social, etc. c. Impulsaremos un Consejo Vasco LGTBI+ como foro de encuentro entre las instituciones vascas y las asociaciones LGTBI+ de Euskadi, que vele por el cumplimiento de la Ley y que asegure la transversalización de la diversidad sexual y de género en el conjunto de la acción gubernamental y legislativa. d. Reconoceremos que la orientación sexual, la expresión y la identidad de género, la diversidad corporal o las manifestaciones de diversidad sexo-genérica son todavía factores de vulnerabilidad social, por cuanto se demuestra que provocan en muchas personas el abandono temprano de la educación; la expulsión del hogar; la migración forzosa desde los países que criminalizan o aplican una violencia estructural; y dificultades en el acceso al empleo, o el éxodo de las zonas rurales a las ciudades. e. Defenderemos el principio de autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad y autonomía corporal de las personas trans, intersex y no binarias. f. Aseguraremos una dotación presupuestaria para llevar a cabo los compromisos adquiridos, así como herramientas para que, si se produce un incumplimiento de lo que se prohíbe expresamente o se declara haya de llevarse a cabo, las personas afectadas puedan denunciarlo con las debidas garantías.

296. lmpulsaremos un acuerdo de país por la erradicación del odio y la discriminación LGTBI+fóbica. a. Capacitaremos a Eraberean con los recursos humanos y económicos necesarios para realizar un seguimiento efectivo de las denuncias presentadas, así como para la realización de informes sobre discriminación y delitos de odio por razón de orientación sexual, identidad y/o expresión de género y características sexuales. b. Crearemos una red de servicios de acogida y alojamiento, y asistencia jurídica y psicológica para las víctimas de la violencia LGTBI+fóbica y se establecerán mecanismos de coordinación con los otros servicios que estén en contacto con las víctimas. Estos servicios dispondrán de sus respectivos protocolos de actuación. c. Ahondaremos en la formación específica de las administraciones públicas y de los órganos judiciales para la efectiva protección de los derechos, la no discriminación e igualdad de trato de las personas LGTBI+. d. Revisaremos los protocolos de detección de delitos de odio y adoptaremos las medidas necesarias para mejorar la identificación y la recogida de datos. e. Facilitaremos la información a las víctimas sobre sus derechos y sobre las herramientas que tienen para defenderse del odio. f. Estableceremos un Plan de Atención Integral a las personas LGTBI+ frente a abusos y discriminaciones.

297. Abordaremos el tratamiento a las personas LGTBI+ en su curso vital completo, es preciso asegurar a las y los niños, niñas, niñes y jóvenes el derecho a una infancia segura y en libertad, con independencia de su orientación sexual, su identidad, su expresión de género o sus características sexuales. a. Aseguraremos las condiciones para un envejecimiento activo y participativo, por medio de políticas asistenciales (centros de día y residencias, sin infantilización o vuelta al armario) que contemplen la diversidad, así como adaptar la asistencia gerontológica a las particularidades de cada persona, haciendo hincapié en la formación de las y los profesionales en contacto directo con las personas mayores. b. Trabajaremos para prevenir y atajar de manera específica la violencia intragénero, aquella que se produce en el seno de parejas del mismo género, y para otorgar derechos y protección a sus víctimas.

298. Elaboraremos un Plan Integral por los derechos LGTBI+ que aborde la lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual, identidad y/o expresión de género en todos los ámbitos, y que asegure una correcta adecuación del enfoque de diversidad sexual y de género en todas las actuaciones de la administración.

299. Garantizaremos la asistencia pública y gratuita para todas aquellas personas que hayan huido de sus respectivos hogares de residencia como consecuencia de la discriminación y exclusión por razón de su orientación sexual, identidad y/o expresión de género o características sexuales.

300. Integraremos, en el marco de una educación sexoafectiva en el ámbito formal e informal, la diversidad sexual y de género como factor transversal; planes de formación para su correcta implementación; el nombramiento de personas o de unidades responsables de promover y garantizar el respeto a la diversidad sexual y de género en todos los niveles educativos; así como planes de formación para el funcionariado. a. Examinaremos la presencia y calidad de la educación sexual inclusiva en las escuelas, así como los programas de sensibilización y capacitación para profesionales y funcionarios públicos sobre temas LGTBI+. Especialmente, y de manera obligatoria, se velará por el aprendizaje de la educación sexual como materia transversal en profesiones y servicios públicos del sector de la salud, la educación, los servicios sociales, el ámbito jurídico y la seguridad. b. Vigilaremos el cumplimiento de los protocolos, tanto por parte de inspección como por parte de los centros educativos. c. Desarrollaremos campañas de sensibilización contra la LGTBI+fobia atendiendo especialmente al ámbito educativo, cultural, de ocio y deportivo.

301. Impulsaremos planes de igualdad LGTBI+ en el ámbito del empleo y crearemos políticas activas de inserción laboral para prevenir el riesgo de exclusión social por razón de orientación sexual, identidad y/o expresión de género y características sexuales, así como para apoyar a quienes ya se encuentran en

Programa Electoral Sumar - Euskadi 2024

4.7. Transición agroecológica y desarrollo rural

378. Impulsaremos una Estrategia para la transición agroecológica y el desarrollo rural en Euskadi que garantice con ambición: a. Programas de apoyo económico y de formación y asesoramiento técnico a las y los baserritarras para la conversión y expansión hacia métodos agroecológicos de producción, el fomento de la agricultura familiar y regenerativa, y los mercados locales. b. El impulso de empresas de gestión de residuos de explotaciones agroalimentarias. c. El apoyo a los beneficios ecosistémicos que esas actividades generen mediante medidas fiscales asociadas a incentivos. d. La promoción de métodos de cultivo que minimicen la dependencia de pesticidas y fertilizantes químicos. e. Alcanzar el 15% del uso de tierras agrícolas dedicadas a la agricultura ecológica para el año 2030. f. Al menos un 30% de la superficie agrícola bajo características de paisaje de alta diversidad para el año 2030. g. La promoción de sistemas agrícolas que garanticen el bienestar animal y respeten su integridad. h. La investigación agrícola y la innovación tecnológica adaptada a las características específicas de Euskadi.

4.8. Promover una alimentación saludable, ecológica y de proximidad

Nuestra forma de alimentarnos no solo condiciona nuestra salud individual, sino que guarda estrecha relación con la salud pública e incide de forma notable sobre la sostenibilidad del planeta.

Desde Sumar trabajaremos para el reequilibrio del poder de negociación entre los diferentes actores, la diversificación en la especialización productiva y la relocalización en gran medida de la producción y consumo a favor de una alimentación menos dañina y mejor adaptada al territorio. Iniciaremos así un tránsito hacia un nuevo modelo alimentario que hará de la alimentación saludable un derecho subjetivo de la mano de políticas públicas que garanticen su acceso y faciliten una producción y un consumo que tengan como base la soberanía alimentaria y la agroecología bajo criterios de justicia social.

Inspiradas en la iniciativa francesa Securité Sociale d’Alimentation, o en otros ejemplos ya existentes como el Programa Bolsa de Familia de Brasil o diversas iniciativas municipales desarrolladas en Valencia, Valladolid o Granollers, daremos respuesta a los problemas de acceso a una alimentación adecuada que sufren muchas familias vascas.

379. Garantizaremos una cesta de la compra accesible a todo el mundo cumpliendo con la Ley de Cadena Alimentaria para establecer precios justos para los productos del primer sector.
380. Elaboraremos una Ley de Seguridad Social Alimentaria para desarrollar instrumentos y políticas que garanticen el derecho a una alimentación saludable y sostenible, especialmente para la infancia, la adolescencia y las personas en riesgo de exclusión social. a. Garantizaremos la universalidad en el acceso a los alimentos saludables y sostenibles para toda la ciudadanía. b. Incorporaremos y daremos cumplimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la mejora de la calidad nutricional de alimentos y productos. c. Transversalizaremos la perspectiva de sistemas alimentarios sostenibles y saludables en toda la cadena alimentaria que permita la armonización de distintas políticas en el marco del futuro reglamento de la Unión Europea sobre sistemas alimentarios sostenibles. d. Adoptaremos medidas para el abordaje de la malnutrición infantil, los trastornos relacionados con la autopercepción y la distorsión de la imagen corporal con especial énfasis en adolescentes y mujeres, y la garantía de una alimentación adecuada. e. Velaremos por una educación nutricional para todas las personas con objeto de incidir positivamente en la reducción de enfermedades, el ahorro de recursos sanitarios y el mayor bienestar de la población. f. Fijaremos la gratuidad y unos criterios mínimos de alimentación saludable, sostenible y de proximidad en los comedores escolares, garantizando la presencia en los menús de un mínimo de alimentos de temporada y, al menos, una alternativa vegana diaria para el estudiantado que lo desee. g. Facilitaremos la instalación de producciones agrarias de proximidad. h. Evaluaremos y monitorizaremos la inseguridad alimentaria mediante mecanismos para que las estadísticas e indicadores determinen el grado de cumplimiento del derecho a la alimentación saludable y sostenible. i. Prohibiremos la exposición a contaminantes químicos de origen alimentario. j. Impulsaremos medidas eficaces contra el despilfarro alimentario con objetivos ambiciosos y con incidencia en todos los pasos de la cadena de producción alimentaria, a fin de haber reducido la pérdida y el desperdicio de alimentos en un 50% en el año 2030.
381. Aprobaremos una Estrategia para la Soberanía Alimentaria que integre y coordine, con todos los agentes clave, las políticas alimentarias en el conjunto de la acción intergubernamental, a fin de promover el consumo de alimentos de cercanía, km 0, de temporada y ecológicos, así como el incremento de la producción y consumo directo de proteína vegetal.
382. Promoveremos una aplicación efectiva de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, con el objetivo de asegurar precios justos y equitativos en la totalidad de la cadena alimentaria.
383. Crearemos una estructura de gobernanza multiactor que articule de forma anidada a las distintas administraciones con competencias en alimentación, en diálogo con las entidades sociales implicadas en la promoción de la alimentación sostenible y saludable.
384. Desarrollaremos una política fiscal que incentive el consumo de alimentos saludables y deseables, y que grave a los que no lo sean. a. Desincentivaremos el consumo de productos cárnicos y azucarados, y promoveremos el incremento del consumo de verduras y legumbres de temporada.
385. Crearemos, en colaboración con los Ayuntamientos, una red de espacios públicos comunitarios para facilitar el derecho a la alimentación saludable y sostenible a escala de barrio o municipal. a. Diseñaremos un Plan de Actuación para la Incentivación de la Distribución Agroecológica de base local. b. Impulsaremos un nuevo PTS Agroforestal que favorezca el desarrollo de circuitos cortos de producción y consumo alimentario. c. Crearemos una ventanilla única para la tramitación de nuevas explotaciones en el sector agrario basadas en la agroecología.
386. Fomentaremos la compra pública como motor de la transición alimentaria a través de la adquisición de alimentos saludables y sostenibles destinados a los centros educativos y a otros servicios dependientes de las administraciones públicas, como centros sanitarios, universitarios, deportivos y residencias de personas mayores. a. Implementaremos la gestión pública directa de todos los comedores públicos con criterios de salud, ratios y condiciones laborales adecuadas y sostenibilidad medioambiental con priorización de productos locales y ecológicos. b. Garantizaremos al menos un 30% de la compra pública a alimentos saludables y sostenibles procedentes de producción agroecológica, local y de temporada, con una provisión directa desde redes locales de producción. c. Incentivaremos métodos de producción orgánica y agroforestal que promuevan la biodiversidad y la resiliencia ecológica. d. Eliminaremos los productos alimentarios no saludables en menús que se ofrecen en todas las instituciones públicas y en las máquinas de venta.
387. Apoyaremos el fomento de nodos logísticos, centros de acopio o food hubs sostenibles gestionados por el sector productivo (pequeñas y medianas producciones agroecológicas orientadas al circuito corto) para impulsar la agregación, almacenamiento, procesamiento, logística y distribución de alimentos.
388. Realizaremos campañas de educación y sensibilización que incluyan información obligatoria en el etiquetado sobre origen y huella de carbono debida del transporte de los ingredientes. a. Fomentaremos el etiquetado de los productos cárnicos y de origen animal en función de la calidad de los piensos utilizados en la alimentación de los animales, por ejemplo, con menos aditivos de síntesis, presencia de trazas de pesticidas, fitoquímicos antibióticos, ausencia de OGM’s, etc.
389. Garantizaremos condiciones dignas de estabulación, de habitabilidad, de higiene y de sanidad; así como soluciones indoloras en los sacrificios.

4.9. Avanzar en bienestar animal y en derechos de los animales

La protección, el bienestar y la ampliación de los derechos de los animales es una prioridad para Sumar. Es nuestra voluntad hacer de Euskadi un país libre de violencia, maltrato y sufrimiento animal y, para este fin:

390. Crearemos una Dirección General de Bienestar animal y Derechos de los animales, responsable de la dirección, coordinación, propuesta y ejecución de políticas en materia de protección animal. a. Crearemos un Consejo de Bienestar y Derechos de los animales como órgano de asesoramiento permanente. b. Garantizaremos la formación específica a la unidad de la Ertzaintza especializada en la defensa medioambiental. c. Colaboraremos con las Diputaciones Forales y Ayuntamientos en la formación de los Guardas Forestales, Miñones y Policía Local, para que hagan cumplir en sus respectivos ámbitos, la legislación de bienestar y protección de los animales. d. Colaboraremos con los Ayuntamientos para actualizar las ordenanzas municipales a lo dispuesto en la Ley de protección de los animales domésticos de Euskadi.
391. Reformaremos la Ley para la Protección y el Bienestar de los Animales de Euskadi para que todos los animales de compañía tengan una protección equivalente, sin privilegios ni discriminaciones en función de su especie o “utilidad”.
392. Reconoceremos las clínicas veterinarias como centros sanitarios
393. Promulgaremos regulaciones que permitan y gestionen el acceso de los animales al transporte público, así como a los albergues para personas sin hogar, los hospitales, las residencias para mayores y los hogares de acogida y pisos tutelados para supervivientes de violencia de género.
394. Impulsaremos, en el marco de nuestras competencias, la prohibición de prácticas que causen sufrimiento innecesario a los animales, como la experimentación cosmética, la cría y venta de mascotas, la tauromaquia y otras formas de entretenimiento que impliquen maltrato animal. a. Modificaremos la Ley de Caza promoviendo sanciones más severas y limitando las excepcionalidades en su ejercicio. b. Garantizaremos la protección de la infancia imposibilitando su participación en espectáculos crueles con animales c. Exigiremos la derogación de la Ley estatal de protección cultural y patrimonial de la tauromaquia. d. Pondremos fin a la financiación pública de los espectáculos taurinos y avanzaremos cuantos pasos sean necesarios hasta la abolición de la tauromaquia.
395. Introduciremos medidas fiscales para que los Ayuntamientos puedan hacer frente al abandono de animales de compañía, y para que puedan sufragar los gastos veterinarios básicos de las mujeres supervivientes de violencia de género, personas que viven solas, que no tienen hogar o se encuentran en situación de vulnerabilidad.
396. Ampliaremos los recursos, subvenciones, ayudas y convenios a entidades de protección y refugio animal.
397. Concienciaremos sobre el respeto hacia los animales a través de campañas de sensibilización y dentro del sistema educativo.
398. Dotaremos de fondos públicos a centros de investigación que estudien y promuevan métodos de experimentación alternativos a la experimentación con animales.

Un nuevo acuerdo de país para la Euskadi que queremos ser.

Este año harán cuarenta y cinco años de la aprobación del Estatuto de Gernika. Cuarenta y cinco años de la recuperación de la democracia en este pequeño país que tardaría treinta y dos años más en vivir en paz. Fueron años de múltiples violencias, todas ellas profundamente condenables y execrables; pero también años de desarrollo político, económico y social, de recuperación y defensa del euskera, de lucha sindical y del levantamiento civil de una ciudadanía vasca viva por la paz y la libertad.

En este tiempo en el que muchas de las brechas y heridas de nuestra sociedad, materializadas en la pobreza, la desigualdad, la precariedad y la indefensión han seguido abiertas, también hemos podido ver como lo mejor de Euskadi, su gente, ha reclamado ensanchar la democracia y demostrado siempre que en las peores situaciones es lo común, lo público, lo que es de todas y todos, lo que nos civiliza, cuida y protege.

Euskadi es hoy un país profundamente diverso que se construye desde el acuerdo y el diálogo entre diferentes. Una nación inclusiva y abierta al mundo que tiene como patria común la acogida y los derechos sociales, que es hoy su juventud reclamando ambición climática, sus mayores exigiendo pensiones dignas o un movimiento feminista que es punta de lanza a nivel estatal. Somos una sociedad que quiere profundizar en su autogobierno y que busca incidir en el Estado y en la Unión Europea ante la multiplicidad de nuevos desafíos y retos compartidos que afrontamos con la mirada puesta en el siglo XXI.

Es en este contexto en el que soplan vientos de cambio político, donde desde Sumar queremos afrontar el debate para la construcción de la Euskadi de los próximos cincuenta años. Lo hacemos asumiendo un compromiso convencido con celebrar la complejidad consustancial de nuestra sociedad, y lo hacemos asimismo exigiendonos, como principio guía, constituir fórmulas de convivencia basadas en la no coacción y en la voluntad y el libre acuerdo entre pueblos y ciudadanía. Estas fórmulas pueden ser diversas en su concreción jurídica y constitucional, pero para nosotras pasan necesariamente por formas cooperativas, tales como el federalismo, y por una nueva formulación del pacto de convivencia basado en el reconocimiento político de la plurinacionalidad del Estado. En definitiva, apostamos por una gobernanza democrática que avance en un sentido amplio de soberanías compartidas que hoy se extienden además a la Unión Europea.

El desarrollo de un proyecto de país para las próximas décadas, de un horizonte de futuro deseable para Euskadi y el conjunto del Estado, pasa inequívocamente por un proceso de diálogo que permita un pacto social renovado entre diferentes y para un objetivo común: avanzar en derechos y vertebrar constitucionalmente un nuevo federalismo garante de la mejor articulación posible de la plurinacionalidad constituyente del Estado Español. Desde esta concepción federal, que es una de las principales preferencias de la ciudadanía vasca, apostamos por un nuevo Estatuto para un tiempo nuevo: un Estatuto de futuro sintonizado con el presente y que responda a las necesidades de la Euskadi contemporánea en el contexto de un mundo en transformación: la resiliencia climática, la garantía, blindaje y extensión de los servicios públicos, la promoción de la cultura vasca y la gratuidad del Euskera, la solidaridad internacionalista, la armonización fiscal o la vertebración de un país feminista que tenga como principal ikurriña la defensa de la justicia social.

En definitiva, desde Sumar queremos renovar un contrato social donde instituciones, sociedad civil y sector privado asuman conjuntamente la responsabilidad de preservar y proteger los bienes públicos globales, promover un desarrollo inclusivo y sostenible, y garantizar la seguridad humana desde una defensa cerrada de lo público como garantía de derechos y horizonte de posibilidad de todos nuestros proyectos, individuales y colectivos.

5.1. Un país con más autogobierno para las personas

Como señalábamos, en 1979, las vascas y vascos llegamos a un acuerdo que se materializó en el Estatuto de Gernika. Un texto fruto del momento en el que fue alumbrado, que se limita a regular competencias sin citar ni una sola vez a las mujeres, garantizar derechos de ciudadanía ni introducir una dimensión ni finalidad social al autogobierno. En definitiva, se trata de un texto insuficiente para hacer frente a los retos presentes y futuros de la ciudadanía vasca.

Con todo, sabemos que la evolución reciente de las tensiones nacionales y territoriales no resueltas ha demostrado que negar la realidad plurinacional española tiene como precio una peligrosa erosión de la democracia. A su vez, es una constante histórica que, por la conformación del Estado español y su núcleo de poder oligárquico, la agenda social y la agenda plurinacional han avanzado siempre en paralelo. En este sentido, desde Sumar hacemos nuestra la defensa de ambas agendas y defendemos un modelo federal cooperativo y solidario basado en el reconocimiento plurinacional y plurilingüe del Estado que exige, inequívocamente, el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y, simultáneamente, avanzar en un nuevo Estatuto que sitúe lo social y la mejora de las condiciones de vida de las personas en su centralidad.

En nuestra propuesta a favor de un nuevo pacto de convivencia pensamos en un texto con fuerte carga política y que permita la profundización plurinacional del marco constitucional. El texto de 1979 debe dejar paso a uno nuevo en el que el conjunto de la ciudadanía vasca ponga negro sobre blanco quiénes somos, cuáles son los fundamentos de nuestra convivencia y cómo queremos hacer frente a nuestros retos de presente y futuro. En tanto que el futuro de Euskadi se decide en el futuro de su autogobierno, nuestra propuesta se compromete con una convivencia de vocación pluralista y trata de profundizar en la capacidad de participación y decisión política de la ciudadanía vasca.

399. Impulsaremos un nuevo Estatuto mediante una nueva ponencia de autogobierno que posibilite un gran pacto político y social refrendado por la ciudadanía vasca. Tras una legislatura en la que de nuevo se ha desaprovechado la oportunidad de encarar una renovación del Estatuto, a partir del texto consensuado en 2019 y presentado en el Parlamento Vasco, llevaremos la iniciativa y sentaremos las bases de cara a la renovación de nuestro pacto social: a. Aseguraremos durante su elaboración la participación activa de la ciudadanía vasca mediante la implementación de mecanismos democráticos ambiciosos como las Asambleas Ciudadanas. b. Alumbraremos la aprobación de un nuevo pacto social y político transversal que atienda a la diversidad de la ciudadanía vasca, que garantice el blindaje estatutario de los derechos sociales, que subraye la centralidad de la igualdad entre hombres y mujeres, de los derechos humanos, del antirracismo y los derechos de las personas LGTBI+, y de la memoria democrática como base para una convivencia plural y deslegitimadora de la violencia. c. Blindaremos los derechos sociales en el nuevo Estatuto acabando con su condicionalidad o rango de inferioridad con respecto a otros derechos, reforzando el poder de actuación de los poderes públicos, garantizando la gratuidad para el aprendizaje del euskera, y materializando derechos subjetivos tales como la vivienda, la sanidad, la educación, los cuidados, la seguridad alimentaria, etc. d. Diseñaremos un proyecto de país que reconozca el carácter nacional de Euskadi y que cohesione la diversidad de su ciudadanía dentro de un marco de convivencia cívico e inclusivo.
400. Trabajaremos, en el marco de la ponencia de autogobierno pero desligándolo de la aprobación del nuevo Estatuto, en el desarrollo del ejercicio del derecho a decidir sobre el estatus territorial fundamentado en la voluntad de la propia ciudadanía. a. Impulsaremos un Pacto de Claridad de inspiración canadiense para articular mecanismos legales y consultas pactadas sobre el estatus territorial con preguntas claras, mayorías cualificadas vinculantes y garantías jurídicas. Será necesario un acuerdo previo, mayoritario y transversal en la sociedad vasca como paso previo al pacto con el Estado.
401. Garantizaremos la transferencia íntegra de competencias del Estatuto de Gernika y profundizaremos, mediante los cambios constitucionales pertinentes, en un mayor autogobierno federal con la adquisición de nuevas competencias.
402. Modificaremos la Ley de Territorios Históricos para mejorar la coordinación interinstitucional, garantizando que todas las administraciones vascas cuenten con suficiencia y autonomía financiera, reforzando el municipalismo, y articulando instrumentos colegiados entre los diferentes territorios históricos que posibiliten elementos significativos de solidaridad y que promuevan la igualdad interterritorial.
403. Abordaremos, de forma simultánea, un proceso compartido en todo el Estado para la reforma constitucional del Estado autonómico sobre las siguientes bases: a. Modelo republicano, federal cooperativo y solidario entre el Gobierno federal y las Comunidades federadas. b. Desarrollo de órganos cooperativos para buscar encuentros entre las diferentes interpretaciones y conflictos. c. Blindaje del concierto económico vasco y clarificación competencial. d. Reconocimiento plurinacional y plurilingüe del Estado. e. Policentrismo y descentralización efectiva que permita ubicar los organismos federales fuera de la capitalidad.

5.2. Un país que impulse el Euskera sin barreras

El Euskera es patrimonio inmaterial y parte fundamental de la cultura vasca. Sin embargo, la realidad sociolingüística en Euskadi presenta una considerable diversidad, con una importante distancia lingüística entre las lenguas de las personas que conviven. Sirvan algunos datos del Eustat de 2021 para caracterizarla: el 24,8% de la población usa el euskera; el 38,3% sabe hablar y escribir en euskera; el 5% sabe hablar, pero no escribir, en euskera; el 19,1% entiende, pero no habla, euskera; y el 37,6% no entiende euskera. Asimismo, y desde una perspectiva de clase, resulta imprescindible atender a algunos datos difundidos por organizaciones sindicales: el 88,3% de las personas en paro no saben hablar en euskera y sólo el 14,2% de las personas adultas han acreditado un conocimiento de nivel B2 o superior.

En este contexto, el recién aprobado nuevo Decreto de perfiles lingüísticos avanza parcialmente en los perfiles con asimetría oral/escrita y en ciertas nuevas formas de acreditación, para quienes dominan el euskera, pero deja fuera el resto de reformas planteadas en clave de pluralidad (perfiles orales, perfiles de comprensión, valoración de niveles A1 y A2), la evaluación continua en euskaltegis y facilitar el derecho efectivo al aprendizaje del euskera, mientras ahonda en la vía de nuevas obligaciones (exámenes de oposición obligatoriamente en euskera).

Ante todo ello, desde Sumar trabajaremos por la convivencia democrática de una sociedad multilingüe que reconoce y aspira al bilingüismo de forma decidida, reconociendo y ampliando los derechos lingüísticos de sus hablantes.

404. Garantizaremos la gratuidad del estudio del euskera, equiparando el precio de las matrículas de los euskaltegis a los de las escuelas oficiales de idiomas, con devolución posterior tras el cumplimiento de los requisitos de asistencia mínima y curso (sean cuales sean las horas anuales de estudio), en lugar de por nivel como establece HABE. a. Fomentaremos junto a las administraciones locales la creación de euskaltegis públicos en todos los municipios.
405. Fomentaremos permisos laborales retribuidos con fondos públicos para trabajadoras y trabajadores de empresas privadas, con el objetivo de disponer de tiempo para estudiar euskera, en la línea de los programas ya existentes en el sector público.
406. Garantizaremos que toda persona que trabaje en el sector público y en las empresas dependientes del mismo cuente con los recursos necesarios para adquirir una competencia lingüística suficiente para asegurar una atención pública bilingüe.
407. Reconoceremos oficialmente la diversidad de conocimientos lingüísticos, desde aquellos perfiles solamente orales para euskaldunes que hablen pero no saben escribir en euskera, a perfiles que entiendan pero no hablen euskera (ulermendun/belarriprest en la línea de Euskaraldia). a. Valoraremos como mérito los niveles A1 y A2, que suponen 15.000 personas principiantes en el aprendizaje del euskera.
408. Facilitaremos la acreditación de conocimientos y superaremos la vía de macroexámenes de reválida en un día, hacia métodos de evaluación continua y acreditación mediante el desempeño práctico cotidiano, que son sistemas mucho más inclusivos para los sectores de la población no familiarizados con los exámenes. a. Posibilitaremos la acreditación del nivel de conocimiento mediante evaluación continua en los propios euskaltegis, bajo las normas de supervisión establecidas por HABE. b. Implementaremos la posibilidad de acreditar el nivel mediante la realización de las pruebas selectivas y la certificación del desempeño de tareas profesionales en euskera.
409. Garantizaremos los derechos lingüísticos en todos los servicios públicos estableciendo los requisitos necesarios para garantizar la libertad de elección de lengua. a. Ponderaremos proporcionalmente la valoración del perfil lingüístico como mérito en el acceso a los puestos que no lo tienen como requisito, como una porcentaje del apartado de méritos de hasta el 15%. b. Tomaremos en cuenta las distintas realidades sociolingüísticas y la medición de la demanda efectiva de servicios con perspectiva lingüística para establecer el porcentaje de puestos de trabajo con perfil lingüístico preceptivo, a fin de garantizar la atención de la ciudadanía en los servicios públicos de las administraciones públicas, tanto en los de prestación directa como en las contratas públicas.
410. Desarrollaremos un programa de subvenciones públicas para promover la producción del euskera y facilitar el acceso a la misma. a. Promocionaremos la defensa de las variedades dialectales del euskera (euskalkiak). b. Financiaremos estudios sociolingüísticos sobre los obstáculos que impiden el acceso a la euskaldunización a colectivos sociales, estableciendo posteriormente medidas que remuevan dichos obstáculos, favoreciendo así su integración social, especialmente de las clases trabajadoras y de la población de origen extranjero. c. Potenciaremos una programación de actividades de ocio, deportivas, culturales y audiovisuales extensa y variada en la que el euskera sea lengua vehicular para toda la ciudadanía y, especialmente, la población infantil. d. Promoveremos activamente la euskaldunización de las herramientas digitales para garantizar el acceso equitativo a la tecnología en euskera. Esto incluirá el desarrollo de programas de traducción y localización de software, así como la colaboración con empresas tecnológicas para fomentar la disponibilidad de productos y servicios digitales en euskera. e. Incentivaremos la creación de contenido digital en euskera y apoyaremos iniciativas que promuevan el uso y la difusión de la lengua vasca en el ámbito digital.
411. Exigiremos a las autoridades correspondientes la atención bilingüe en la Administración General del Estado en Euskadi, haciendo cumplir la disposición adicional tercera de la Ley 10/1982, básica de normalización del uso del euskera.
412. Impulsaremos la oficialidad del euskera, junto al resto de lenguas cooficiales del Estado, en la Unión Europea.

5.3. Un país que ensanche la democracia

La sociedad vasca tiene mayor confianza en las instituciones propias que en el resto del Estado. Sin embargo, su poca confianza en los partidos políticos y medios de comunicación es equivalente a la del resto del Estado, que lidera la desconfianza en las instituciones representativas en la Unión Europea.

Nuestra joven democracia sufre tres grandes dificultades: la incesante polarización, que promueve la descalificación entre posiciones rivales; la manipulación informativa en un contexto de creciente complejidad global, que entorpece el control ciudadano sobre la actividad del gobierno; y la poca integración entre la política y la sociedad no organizada.

Frente a todo ello, Sumar nace, también en Euskadi, como un movimiento ciudadano que va más allá de los partidos políticos, de ganar unas elecciones, y que aspira a cambiar el país ensanchando la democracia. Es nuestro objetivo desacoplar las instituciones públicas de su dependencia de los partidos políticos, logrando que los sujetos representativos podamos recuperar nuestras funciones primigenias, canalizando preferencias en políticas públicas, y abriéndonos a representar la diversidad de una sociedad protegida a su vez del mal endémico de la corrupción.

En este sentido, desde Sumar asistimos con preocupación al hecho de ser la única comunidad autónoma que carece de una Ley de Transparencia; algo impensable cuando nuestro país forma parte de la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto. Además, denunciamos que el actual anteproyecto carece de la ambición democrática necesaria en cuestiones de participación ciudadana.

El camino hacia un nuevo modelo de país para Euskadi sólo será posible si lo hacemos partiendo de la inteligencia colectiva de todas las personas. Para este fin:

413. Dotaremos a Euskadi de su primera Ley de Transparencia, Participación ciudadana y Buen gobierno. a. Protegeremos a las y los denunciantes de irregularidades y corrupción en las instituciones. b. Garantizaremos el uso de un Lenguaje administrativo claro para disminuir las barreras educativas y económicas existentes a la hora de acceder a recursos públicos y conocer la administración en términos generales. c. Regularemos la actividad de los grupos de interés a través de un registro único centralizado, incluyendo un régimen sancionador en manos de un órgano independiente no partidista que cuente con los medios adecuados para llevar a cabo su actuación. d. Impulsaremos la creación de una Agencia Vasca de Evaluación de Políticas Públicas que centralice los recursos y responsabilidades de evaluación del conjunto de administraciones de Euskadi. e. Fomentaremos que EITB produzca un código de buenas prácticas respecto a la retransmisión de intervenciones de líderes políticos, promoviendo formatos de debate político más allá de las tertulias. f. Garantizaremos que el Parlamento Vasco celebre debates monográficos anuales sobre temas a medio y largo plazo, retransmitidos en EITB, en donde se priorice la información detallada y la reflexión profunda sobre políticas públicas, en lugar de la coyuntura política o electoral.
414. Aprobaremos una Ley de democracia deliberativa y gobernanza colaborativa. a. Reconoceremos el derecho de voto en las elecciones al Parlamento Vasco a las personas mayores de 16 años. La posibilidad legal de trabajar a partir de los 16 años, que es la edad de finalización de la enseñanza obligatoria, debería ir acompañada del derecho al voto. Esto conllevará además una mayor vinculación entre el interés por la política y la participación directa en la toma de decisiones, y aumentará la sensibilidad de los partidos políticos a las demandas de las personas más jóvenes. b. Garantizaremos la puesta en marcha de herramientas efectivas de participación ciudadana y consulta cívica para la adopción de políticas públicas como la Asamblea ciudadana, los presupuestos participativos, los foros deliberativos, los referéndums facultativos, y los pre-referendums, que incluyen preguntas múltiples para que la ciudadanía pueda priorizar la acción gubernamental, y cuyo contenido es seleccionado por un proceso deliberativo ciudadano.
415. Impulsaremos la creación de un Parlamento Ciudadano. a. Siguiendo el ejemplo de París, las regiones de Bruselas, Bélgica Oriental, Milán, y las propias recomendaciones de la Comisión Europea, esta cámara ciudadana funcionará como un Concejo Ciudadano Permanente, de composición ciudadana por sorteo representativo de la población y rotación periódica, que elegirá los temas a debatir en Paneles Ciudadanos ad-hoc y comisiones parlamentarias mixtas de representantes electos y ciudadanía elegida por sorteo cívico, al estilo del parlamento belga. b. Para el primer Panel Ciudadano se impulsarán temas de relevancia para la ciudadanía, como la Sanidad pública, la democracia en el puesto de trabajo, la vivienda accesible, o el desacople de los partidos políticos de las instituciones (como agencias autonómicas, empresas públicas, pero también responsables técnicos de la Administración y judicatura), tal y como se ha hecho en otros países como Canadá o Bélgica.
416. Crearemos la Agencia Vasca de Participación Ciudadana con el objeto de velar por la calidad de los procesos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en las distintas leyes.
417. Formalizaremos la figura de la Oficina Ciudadana dentro del Parlamento Vasco que, siguiendo los ejemplos de Alemania, Irlanda o Bélgica, centralizará la gestión, implementación, seguimiento y recursos respecto a procesos deliberativos, dando orientación a las y los parlamentarios y organizando el seguimiento de las recomendaciones de Paneles y Asambleas ciudadanas.
418. Crearemos un Fondo Deliberativo para garantizar la financiación de iniciativas de procesos deliberativos por parte de las Administraciones Públicas de Euskadi, tanto de las Consejerías como las Diputaciones y otras entidades locales.
419. Flexibilizaremos el trámite de las Iniciativas Legislativas Populares, facilitando su activación, reduciendo la cantidad de firmas exigidas a 5000, dando garantías de su tramitación a las comisiones promotoras, y promoviendo consultas populares no vinculantes que se convoquen a partir del resultado de una iniciativa popular.
420. Introduciremos en la educación media y universitaria prácticas de deliberación pública (facilitación, escucha activa), implementando programas piloto de gobernanza estudiantil, como el currículum complementario a la formación en debate y discurso público.
421. Impulsaremos la democratización del trabajo, en sociedades anónimas, cooperativas y empresas públicas, a través de modelos de codecisión con consejos de vigilancia (paritarios), fiscalizados por la plantilla y utilizando sorteo cívico.
422. Impulsaremos la democratización, la desmercantilización y la comunalización de los medios de comunicación. a. Instalaremos órganos de codecisión ciudadana utilizando innovaciones democráticas en los medios públicos como EITB.

5.4. Un país con memoria democrática, inclusiva y veraz

En el año 2018, la organización terrorista ETA anunció su disolución definitiva tras años en los que la ciudadanía vasca venía reclamando a las instituciones la promoción de políticas de paz, justicia y reparación que reconocieran las múltiples e injustas violencias que vino sufriendo nuestro país a lo largo del siglo XX.

La ley 2023 de Memoria Historia y Democrática permitió iniciar un camino necesario para recuperar la verdad de nuestro pasado inmediato. Existe hoy un consenso social amplio sobre una cuestión que durante mucho tiempo fue ocultada: recuperar los cuerpos de las cunetas, reconocerlos, profundizar en la verdad y seguir investigando es una necesidad que no tiene plazos.

De igual modo, la ciudadanía vasca, y en especial las víctimas de la violencia, son el tractor sin descanso de la imprescindible tarea de las instituciones vascas por reconocer los derechos humanos de las víctimas. La ley de Paz y Convivencia del año 2007 fue un gran paso, así como la creación del Instituto de Memoria y Convivencia de Derechos Humanos en el año 2014. En cambio, la Ley de Reconocimiento y reparación de víctimas de Motivación Política, que rescata a víctimas de abusos policiales del año 1978 a 1999, aunque incluyera casos desde el año 1960, no logró dar una solución completa al problema, además en el Segundo Informe de la Comisión de Valoración, se reconocieron impugnaciones a la Ley que hicieron retrasar los trabajos por actores opuestos a la protección de víctimas, a su derecho a la verdad y a la reparación debida.

Desde Sumar somos conscientes del trabajo aún ingente por desarrollar una memoria inclusiva y veraz, cimentada en la deslegitimación del daño causado y vertebradora de una convivencia verdaderamente democrática. Recordamos y rememoramos a las víctimas del injusto golpe de estado fascista del 36, a las víctimas de la dictadura franquista, fueran torturadas o asesinadas, y también del período postfranquista, ya fueran víctimas de ETA o de grupos paramilitares de extrema derecha, además de víctimas de las propias fuerzas de represión de un Gobierno que emprendió la guerra sucia como instrumento político de represión. Hablamos de personas con nombre, apellidos, y muchas veces militancias, que debieran ser conocidas y reconocidas para reparar llagas y décadas de sufrimiento.

Es el momento de seguir reconstruyendo la convivencia en Euskadi de la mano de la sociedad civil. Nos atañe a todas las personas abordar la convivencia entre diferentes en clave democrática y con garantías de no repetición del pasado, asegurando que ninguna víctima sea discriminada por razón de causa, identidad u otro tipo de motivación, y reconociendo explícitamente la ilegitimidad del daño causado.

423. Velaremos por el cumplimiento de la Ley estatal de Memoria Democrática y la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, para que se garantice la anulación de las sentencias de los tribunales franquistas. a. Estableceremos un marco legal autonómico de políticas de Memoria Histórica en Euskadi sobre los principios de verdad, memoria, justicia, reparación y garantías de no repetición.
424. Cumpliremos el derecho a la verdad, a conocer y a investigar las violaciones de los derechos humanos producidas con el golpe de Estado de 1936, durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, contemplado en la aprobada Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi. a. Defenderemos la aplicación del derecho internacional según el cual los crímenes del franquismo ni prescriben ni pueden ser amnistiados por tratarse de delitos de genocidio y lesa humanidad,

Programa Electoral Sumar - Euskadi 2024

lidad para la población saharaui, y estableceremos un compromiso de acceso a los recursos y servicios en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía, independientemente de que pudieran encontrarse en situación de apatria. d. Realizaremos acciones y campañas, ligadas a la EpTS, para sensibilizar y formar a la ciudadanía sobre la injusta realidad que atraviesa la población saharaui. 511. Refrendaremos nuestro compromiso internacional con el pueblo palestino: a. Realizaremos una declaración institucional de reconocimiento de Palestina como Estado. b. Promoveremos la ruptura de cualquier relación pública, comercial, de comercio o de investigación con el Estado de Israel, hasta el fin de la ocupación y el reconocimiento de Palestina como Estado. 512. Promoveremos la incorporación de la Declaración de los Derechos del Campesinado y el Tratado Internacional de los Pueblos entre los compromisos institucionales del Gobierno.

Análisis de la normativa actual en materia de vivienda en Euskadi y temáticas en las que realizar iniciativas para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada

Documento para: La FEC – FUNDACIÓN DE ESTUDIOS CRÍTICOS IKER SAN ROMAN AYALA Consultoría en Ciudad Sostenible 12/12/2023

0.- INTRODUCCIÓN

1.- RESUMEN SISTEMÁTICO DE LA NORMATIVA AUTONÓMICA

El modelo vasco de vivienda

Ley 3/2015 de vivienda

Otras disposiciones de especial importancia

2.- ANÁLISIS CRÍTICO DE LA NORMATIVA AUTONÓMICA Y SU APLICACIÓN

1.- Atender las dificultades a de acceso a la vivienda para las personas que no pueden acceder al mercado libre

2.- Conseguir incrementar la oferta de vivienda asequible, aproximando el parque de vivienda de alquiler a los estándares que ya existen en otros países europeos.

3.- Garantizar la función social de la vivienda, evitando las situaciones de desocupación permanente e injustificada de viviendas, las viviendas sobreocupadas y las infraviviendas.

4.- Preservar la calidad del parque residencial existente, como expresión del derecho de la ciudadanía a una vivienda digna y adecuada, y regenerar los barrios.

3.- PROPUESTAS Y MEDIDAS

1,. Un sistema residencial de protección pública en alquiler, entendido como una infraestructura social estratégica equiparable a la educativa o sanitaria.

Plan Territorial Sectorial de Vivienda

Reservas de suelo orientadas a la edificación obligatoria de vivienda en alquiler.

Planes locales de vivienda

Incentivos fiscales a las promociones de vivienda en alquiler.

0.- INTRODUCCIÓN

En el presente documento se desarrollan tres ámbitos de trabajo: 1.- Un resumen sistemático de la normativa actualmente aplicable en Euskadi, en materia de vivienda, de forma que se tenga una visión global y técnicamente adecuada de las leyes y reglamentos que se aplican en el desarrollo de las políticas públicas de vivienda. 2.- Un análisis crítico de dicha normativa, en base a su contribución positiva o negativa respecto a la consecución de 4 objetivos estratégicos que, a juicio del autor, debería alcanzar la política pública de vivienda. 3.- Un conjunto de propuestas e iniciativas a implantar, de manera que se cree un verdadero sistema de garantía del derecho a la vivienda, en torno a 3 ejes:

1. un sistema residencial de protección pública en alquiler, entendido como una infraestructura social estratégica equiparable a la educativa o sanitaria.
2. un marco para la cobertura efectiva del derecho subjetivo a la vivienda, como un verdadero derecho ciudadano.
3. un modelo residencial urbano basado en la cohesión social mediante el cumplimiento de la normativa destinada a garantizar la función social de la vivienda, la contención de los precios y el desarrollo de políticas de rehabilitación y regeneración urbanas.

1.- RESUMEN SISTEMÁTICO DE LA NORMATIVA AUTONÓMICA

El modelo vasco de vivienda

Desde la aprobación de la ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda, el modelo vasco de vivienda se encuentra consolidado en torno a 3 grandes instrumentos, que se han gestado en diferentes etapas del Gobierno Vasco:

1. El denominado como derecho subjetivo a la vivienda, como procedimiento reglado para exigir ante las administraciones públicas el acceso a una vivienda, cuando se cumplen unos determinados requisitos que acreditan la necesidad de vivienda. Hasta la fecha se han resuelto favorablemente más de 8.000 reconocimientos del derecho subjetivo. Dentro de este sistema se encuentran las prestaciones económicas de vivienda (PEV), ayudas económicas previstas en defecto de adjudicación de una vivienda, que deberían alcanzar como mínimo a los más de 30.000 hogares que perciben la actual Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).
2. La duración del régimen de protección pública de las viviendas, con carácter indefinido desde el año 2003. En base a esta “calificación permanente”, las viviendas de protección pública no se descalifican y no pasan al mercado libre, lo que determina que más de 50.000 viviendas (2/3 del parque protegido total) tengan su precio regulado por las administraciones de manera indefinida.
3. Los instrumentos de intermediación en el mercado de alquiler, mediante los programas BIZIGUNE (desde el año 2003) y ASAP (desde el 2012), que han conseguido unos resultados de movilización de viviendas vacías hacia el alquiler asequible sin precedentes (más de 7.000 viviendas hoy en día). La combinación de estos tres instrumentos tiene una gran potencialidad, de la que no dispone ninguna otra Comunidad Autónoma, y ninguno de los 3 debería “caerse” del consenso político e institucional. No obstante, a lo largo del presente documento se desarrollan dos líneas de crítica respecto al desarrollo de estos instrumentos:

• Una, sobre el enfoque con el que se está implementando el derecho subjetivo a la vivienda, limitando su aplicabilidad al colectivo beneficiario de otras ayudas sociales, descartando su extensión a todas las personas inscritas válidamente en Etxebide cuya opción de acceso es el alquiler y, a la postre, renunciando a su conceptualización como un verdadero derecho ciudadano.
• Otra, sobre la asimilación de las viviendas de Bizigune como viviendas integrantes del parque público en alquiler, en vez de asumir su carácter de recurso coyuntural y de apoyo, mientras se realiza la verdadera y auténtica apuesta por la inversión en vivienda en alquiler por parte de las administraciones públicas.

Ley 3/2015 de vivienda

La ley de vivienda de 2015 recoge y eleva a rango de ley importantes elementos que van a configurar el núcleo esencial del modelo vasco de vivienda, destacando los siguientes:

Derecho subjetivo a la vivienda

Todas las personas con vecindad administrativa en cualesquiera municipios de la CAE tienen el derecho a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible. Ello conlleva la correlativa obligación de las administraciones públicas para promover y adoptar las disposiciones y medidas oportunas conducentes al acceso y ocupación legal de una vivienda o, en su caso, de un alojamiento dotacional por parte de quienes no dispongan de domicilio habitable o, disponiendo de él, resulte inseguro o inadecuado a sus necesidades. Sin embargo, la ley vasca no se queda en un pronunciamiento genérico similar a otras leyes autonómicas. En este caso se desarrolla un procedimiento administrativo específico para hacer efectivo el denominado derecho subjetivo a la vivienda, para aquellos que tienen necesidad de vivienda: toda persona, familia o unidad convivencial que, no disponiendo de alojamiento estable o adecuado, tampoco cuenta con los medios económicos precisos para obtenerlo, encontrándose por ello en riesgo de caer en situación de exclusión social. También se considera que tienen necesidad de vivienda aquellos que, siendo titulares de su vivienda habitual y encontrándose ésta incursa en un procedimiento de desahucio por ejecución hipotecaria, no puedan hacer frente a los pagos del préstamo hipotecario sin incurrir en riesgo de exclusión social. Se considera igualmente que tienen necesidad de vivienda aquellos arrendatarios que no puedan hacer frente a los pagos del arrendamiento sin incurrir en riesgo de exclusión social y que, encontrándose en las mismas circunstancias, sean objeto de desahucio, sin solución habitacional. Las personas que tengan derecho a acceder a la ocupación legal de una vivienda o alojamiento protegido podrán reclamar su cumplimiento ante el departamento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco, y las resoluciones de esta administración serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La satisfacción del derecho a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada podrá ser realizada por parte de las administraciones públicas vascas con competencia para ello mediante la puesta a disposición, en régimen de alquiler:

• de una vivienda protegida o de un alojamiento protegido, o
• de una vivienda libre en caso de su disponibilidad por causa de programas de intermediación u otros, con la renta o el canon que corresponda en cada caso. En defecto de vivienda o alojamiento, y con carácter subsidiario, esta satisfacción podrá efectuarse mediante el establecimiento de un sistema de prestaciones económicas. El presente sistema ha sido objeto de desarrollo reglamentario por parte del DECRETO 147/2023, de 10 de octubre, del derecho subjetivo de acceso a la ocupación de una vivienda. En el mismo regulan y precisan las modalidades de satisfacción del derecho subjetivo:
• Adjudicación de una vivienda en régimen de alquiler o de un alojamiento dotacional con canon.
• Concesión de la prestación económica de vivienda, con carácter subsidiario. Las viviendas en alquiler que se adjudicarán serán tanto viviendas de protección pública y alojamientos dotacionales (tipologías que integran el sistema residencial protegido), adjudicadas por el Departamento competente en materia de vivienda, como viviendas procedentes del Programa de Vivienda Vacía «Bizigune», adjudicadas por Alokabide. No obstante, el efecto a la renuncia de uno de estos recursos es el mismo, y supone la extinción del reconocimiento del derecho subjetivo. Las personas beneficiarias son todas aquellas que se puedan encontrar en riesgo de exclusión social a causa de su carencia de vivienda. El Decreto opta por establecer que se hallan en riesgo de exclusión social, sin necesidad de informe de evaluación alguno, quienes acrediten unos ingresos anuales que no superen los siguientes límites: a) En el caso de unidades de convivencia de tres o más miembros: ingresos anuales ponderados que no superen los 19.000 (diecinueve mil) euros. b) En el caso de unidades de convivencia de dos miembros: ingresos anuales ponderados que no superen los 17.000 (diecisiete mil) euros. c) En el caso de unidades de un único miembro: ingresos anuales ponderados que no superen los 13.000 (trece mil) euros. El Decreto establece la presunción de que las personas titulares de la renta de garantía de ingresos cumplen estos requisitos de ingresos máximos. También establece que no se hallan en riesgo de exclusión social las personas que residan en arrendamiento en una vivienda de protección pública o en una vivienda libre cuya renta sea inferior o igual al 30 % de sus ingresos anuales. Además de cumplir con este requisito de ingresos, las personas solicitantes del derecho subjetivo deben acreditar: a) Ser mayores de edad o menores emancipadas. b) Acreditar un año de residencia efectiva, ininterrumpida e inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de reconocimiento del derecho subjetivo de acceso, en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi. c) Pertenecer a una unidad de convivencia en la que todos sus miembros tengan necesidad de vivienda. d) Hallarse válidamente inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales, en la condición de demandante exclusivamente de alquiler, con una antigüedad mínima de tres años ininterrumpidos. Este último requisito de antigüedad de inscripción en Etxebide no se exige para aquellas unidades convivenciales que, siendo residentes en Euskadi durante 3 años, se hayan visto privadas de la vivienda que constituía su domicilio habitual por: a) Haberse dado en pago con carácter liberatorio o haber sido adjudicada como consecuencia de una ejecución hipotecaria. b) Haber sido desahuciadas en los tres años anteriores a la presentación de la solicitud de reconocimiento del derecho subjetivo de acceso por impago de rentas, como consecuencia de una incapacidad de pago sobrevenida, siempre que se trate de una vivienda libre. El reconocimiento del derecho subjetivo confiere el derecho a participar en los procedimientos que lleve a cabo el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de vivienda en el cupo reservado para la adjudicación de viviendas de protección pública o de alojamientos dotacionales. También confiere a sus titulares el acceso a las adjudicaciones de viviendas incorporadas al Programa de Vivienda Vacía «Bizigune», con arreglo a lo previsto en la normativa reguladora del mismo. El cupo del derecho subjetivo es el establecido en el artículo 47 bis de la orden de 15 de octubre de 2012, recientemente modificada, del 40% de las viviendas y alojamientos que se promuevan por parte del Gobierno Vasco y sus sociedades, así como por los ayuntamientos y promotores privados que reciban subvenciones para hacer viviendas y alojamientos en alquiler. No es aplicable, por lo tanto, en las viviendas tasadas o alojamientos que promuevan los municipios. La adjudicación de una vivienda o alojamiento dotacional a las personas titulares del derecho subjetivo de acceso no será causa de baja en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales, aunque no serán susceptibles de nuevas adjudicaciones. La ocupación de una vivienda o alojamiento dotacional con causa en el ejercicio del derecho subjetivo de acceso tendrá la duración establecida en el contrato de arrendamiento o de cesión de uso. Al finalizar el plazo de arrendamiento de la vivienda, se renovará el contrato a quienes mantuvieran el derecho subjetivo de acceso y hubieran cumplido sus obligaciones. Cuando no sea posible renovar el contrato de arrendamiento de la vivienda (por ejemplo, es una vivienda que se da de baja en Bizigune) o cuando finalice el plazo de cesión de uso del alojamiento dotacional (5 años), quienes mantuvieran el derecho subjetivo de acceso tendrán derecho a una nueva adjudicación o a la prestación económica de vivienda.

Vivienda como un Servicio de Interés General

Se determina que todas y cada una de las actividades vinculadas a la provisión de viviendas y alojamientos destinados a políticas de protección pública se configuran como un servicio de interés general1, para asegurar una vivienda digna y adecuada a toda la ciudadanía. Serán por lo tanto objeto de promoción y financiación públicas todas las actuaciones destinadas a generar nuevas viviendas social y asequibles, procedentes de procesos de nueva construcción o de rehabilitación o de captación vía programas sociales de mediación o cesión. Se considerarán igualmente de interés general las actividades públicas de fomento de la regeneración, renovación y rehabilitación del patrimonio edificado o urbanizado. Para desarrollar este conjunto de actividades de interés general es preciso garantizar una financiación suficiente. Para ello la ley establece un compromiso presupuestario, de modo que el Gobierno Vasco y las administraciones públicas de carácter territorial orientarán los recursos disponibles en materia de vivienda preferentemente a la promoción de viviendas en régimen de alquiler, para destinarlas a los colectivos más desfavorecidos. Dicha preferencia significa que, exceptuando los destinados a rehabilitación, el 80 % de los recursos en materia de vivienda se destinarán a políticas de alquiler, no siendo inferior a ese porcentaje el volumen edificatorio de protección pública. La Disposición final cuarta de la Ley dice que el plazo para la aplicación de dicho porcentaje se incrementará hasta llegar al 100 % en los cinco años siguientes a la fecha de publicación de esta ley (por lo tanto, entró en vigor en 2020). 1 La normativa europea define los servicios de interés general (SIG) como aquellos considerados de interés general por las autoridades públicas y sujetos por ello a determinadas obligaciones de servicio público. Se justifica que es necesaria la intervención pública porque de lo contrario no podría garantizarse un alto nivel de calidad, seguridad y asequibilidad, la igualdad de trato y el fomento del acceso universal y de los derechos de los usuarios. La provisión de vivienda social se viene considerando como uno de los Servicios de Interés General (SIG), que consiste en proveer de vivienda para ciudadanos desfavorecidos o grupos socialmente menos favorecidos, que debido a las limitaciones de solvencia no pueden obtener vivienda en las condiciones del mercado.

En consecuencia, excepto las partidas destinadas a rehabilitación, el resto de los recursos destinados a vivienda de Gobierno Vasco, diputaciones o entes locales, deben orientarse a políticas de alquiler.

Función social de la vivienda

Los edificios y viviendas deben destinarse a la función para los que han sido previstos, es decir, un uso residencial adecuado, así como mantenerse en un buen estado de conservación. Por ello, la ley considera como incumplimientos de esta función social:

• el incumplimiento de los deberes de conservación, mantenimiento y rehabilitación por parte de los propietarios.
• la situación o estado de desocupación de la vivienda o edificio cuando se produzca de manera permanente o injustificada.
• la situación o estado de sobreocupación de la vivienda o alojamiento.
• no destino de la vivienda de protección pública a residencia habitual de su adjudicataria o adjudicatario.
• manifiesta desproporción entre las condiciones exigibles para el acceso a una vivienda protegida y la capacidad económica o patrimonial, sobrevenida tras la adjudicación, de la persona o personas adjudicatarias. Todo el sistema de garantías de la función social de la vivienda se articula a lo largo del Capítulo IX de la ley, denominado “Garantías jurídicas del uso adecuado, de las condiciones de habitabilidad y de la función social de las viviendas”, con 3 secciones:
• Sección 1.ª Vivienda deshabitada, infravivienda y vivienda sobreocupada
• Sección 2.ª Actuaciones públicas para garantizar el uso adecuado de las viviendas
• Sección 3.ª Instrumentos públicos de intervención en el mercado de la vivienda y de los alojamientos dotacionales Cuando motivadamente resulte preciso por causa de incumplimiento de la función social, las administraciones públicas competentes podrán adoptar sobre las viviendas y sus titulares las siguientes medidas de intervención administrativa: a) Ejercicio del derecho de adquisición preferente y del desahucio administrativo. b) Expropiación por incumplimiento de la función social. c) Venta o sustitución forzosa. d) Órdenes de ejecución. e) Canon sobre las viviendas deshabitadas. f) Alquiler forzoso en el caso de las viviendas deshabitadas. g) Imposición de multas coercitivas. h) Imposición de sanciones. Las medidas más novedosas son las relacionadas con la declaración administrativa de las viviendas deshabitadas, ya que por primera vez se entiende que no habitar una vivienda supone un incumplimiento de su función social (asimilable a otros incumplimientos de la legalidad urbanística, como la correcta conservación del inmueble), y por lo tanto la administración puede intervenir.

La vivienda deshabitada

De manera complementaria a la labor de fomento y ayuda que suponen los programas Bizigune y ASAP, la ley vasca introduce en el ordenamiento jurídico autonómico una serie de medidas que no existían hasta ese momento, con el fin de instar a que las viviendas que permanecen deshabitadas de manera permanente e injustificada durante más de 2 años se incorporen al mercado de alquiler o, en su defecto, que paguen una penalización o canon de importe mayor al recargo del IBI. Con el fin de evitar que las viviendas permanezcan vacías de manera permanente e injustificada, se aprobó el Decreto 149/2021, de 8 de junio, de vivienda deshabitada y de medidas para el cumplimiento de la función social de la vivienda. En el mismo se desarrollan las siguientes medidas:

• Procedimiento de declaración de las viviendas vacías. Previo a cualquier acción prevista en la ley es necesario declarar la vivienda como deshabitada, para lo que se articula un procedimiento contradictorio con audiencia previa del interesado.
• Registro de viviendas deshabitadas. Instrumento básico para el control y seguimiento de las viviendas que hayan sido declaradas deshabitadas.
• Canon a las viviendas vacías. Se impone a aquellas viviendas declaradas como deshabitadas. Se trata de una imposición extrafiscal (no pretende recaudar, sino compeler a que la vivienda se habite) y que supone 10€ por metro cuadrado útil y año y que se verá incrementado en otro 10% por año que permanezca en esa situación con el límite del 30%.
• En determinadas zonas -denominadas “ámbitos de acreditada demanda y necesidad de vivienda”- las viviendas declaradas como deshabitadas podrán ser objeto de alquiler forzoso por un plazo máximo de 5 años, siendo adjudicadas a inquilinos inscritos en Etxebide. Respecto a estos ámbitos en situación de acreditada demanda y necesidad de vivienda, su delimitación puede realizarse expresamente, bien mediante orden de la Consejería competente en materia de vivienda (de oficio a instancia del Ayuntamiento correspondiente) bien mediante el planeamiento urbanístico y los planes territoriales sectoriales de vivienda. Los requisitos a justificar por el ámbito en cuestión son: a) Deberá acreditarse la existencia de al menos 100 demandantes de vivienda en alquiler inscritos en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales cuyas demandas no hayan podido ser atendidas en los dos años anteriores con el parque de vivienda pública disponible en el propio ámbito. b) Los precios medios de alquiler en el ámbito, obtenidos de los datos obrantes en el Registro de contratos de arrendamientos de fincas urbanas, deberán ser superiores, al menos en un 10% a la renta media de la localidad o a la renta media del área funcional del municipio en que se ubican. Estos ámbitos podrán referirse bien a municipios completos bien a sectores urbanos de suelo residencial, a áreas de regeneración, cascos históricos, centros urbanos, barrios urbanos o ámbitos consolidados por la urbanización. En estos ámbitos se permite a las administraciones ejercer una serie de prerrogativas de actuación:
• El ya mencionado de instar el alquiler forzoso de determinadas viviendas deshabitadas (permanecen vacías durante 1 año más desde que se procedió a su declaración administrativa), a lo que hay que unir la posibilidad de su expropiación forzosa definitiva de las viviendas deshabitadas.
• Tal y como prevé la ley de vivienda, el derecho de tanteo y retracto sobre edificios enteros destinados a uso principalmente residencial y sobre viviendas concretas. Este supuesto incluye el tanteo o retracto sobre las transmisiones de acciones y participaciones sociales de sociedades mercantiles cuyo objeto social esté vinculado directa o indirectamente a la actividad inmobiliaria y que sean propietarias de alguno de esos edificios o viviendas.
• También se puede ejercer el derecho de tanteo o retracto sobre la transmisión de viviendas adquiridas en proceso de ejecución hipotecaria o mediante compensación o pago de deuda con garantía hipotecaria.

La Vivienda sobreocupada y la infravivienda

También constituyen incumplimientos de la función social de la vivienda y, por lo tanto, son objeto de control por parte de las administraciones:

• La vivienda sobreocupada se da cuando su número de habitantes excede del máximo considerado adecuado en relación con la superficie, número y dimensión de las piezas habitables y condiciones de habitabilidad de la vivienda. Una vivienda con 3 o más residentes en ella deberá disponer como mínimo de 15 metros cuadrados útiles de superficie por persona
• La Infravivienda es toda edificación o parte de ella, destinada a vivienda, que no cumpla con las mínimas condiciones de habitabilidad. Ambas situaciones, si afectan a las condiciones de habitabilidad, pueden constituir infracción grave en materia de vivienda. Las administraciones competentes deben ofrecer soluciones a las personas afectadas.

Régimen jurídico de la vivienda de protección pública

La ley de vivienda recoge diversas disposiciones que se encontraban dispersas y les da rango legal, de forma que es más fácil comprender las características propias del modelo vasco en materia de vivienda protegida:

• El Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales. Tendrá por objeto el puntual conocimiento de las personas demandantes inscritas, sirviendo como instrumento para la gestión y control de la adjudicación de las viviendas protegidas y los alojamientos dotacionales. En el citado registro se diferenciarán con claridad la relación de demandantes de vivienda interesados en compra, la relación de demandantes de alquiler y la de demandantes con derecho subjetivo a la vivienda reconocido.
• El Registro de Viviendas de Protección Pública y Alojamientos Dotacionales, que tendrá por objeto la inscripción en él de todas las viviendas protegidas y alojamientos dotacionales existentes o que se promuevan, construyan o se califiquen como de tales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como sus titulares.
• Las tipologías de vivienda de protección pública: Viviendas de protección social y Viviendas tasadas de régimen autonómico o municipal. Estas viviendas, junto a los alojamientos dotacionales, componen el denominado Sistema residencial de protección pública.
• Duración del régimen de protección pública: Las viviendas de protección pública y sus anejos, sea cual fuere su tipología o promoción, tendrán la calificación permanente de protección pública. La aplicación conjunta de estos instrumentos permite garantizar que las viviendas de protección pública:
• son adjudicadas o transmitidas siempre a un precio protegido, de manera indefinida
• la adjudicación se realiza mediante un procedimiento basado en los principios de publicidad, libre concurrencia, transparencia y no discriminación, entre destinatarios previamente inscritos en un registro público.
• las beneficiarias son personas o unidades de convivencia con necesidad de vivienda, donde constituirán su domicilio habitual.
• en caso de incumplimiento de alguna de las limitaciones previstas, la administración dispone de las prerrogativas de inspección, control de las transmisiones mediante visado obligatorio, el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y, en última instancia, la expropiación o desahucio de la vivienda.

Rehabilitación

En la ley se potencian las actuaciones tendentes a desarrollar la rehabilitación, renovación y revitalización del patrimonio edificado, a fin de hacer posible la satisfacción del derecho a disfrutar de una vivienda por parte de la ciudadanía en condiciones de habitabilidad, funcionalidad, eficiencia energética, accesibilidad y seguridad adecuadas. Las acciones podrán ser: a) Rehabilitación de edificios, al objeto de:

• Su adecuación urbanística, estructural o constructiva.
• La mejora de las condiciones de habitabilidad, seguridad y eficiencia energética de sus elementos comunes o de sus instalaciones técnicas.
• La mejora de sus condiciones de accesibilidad, y adaptación a las necesidades funcionales de sus residentes o destinatarios.
• Alcanzar las condiciones de habitabilidad de los edificios y de las viviendas. Se da especial importancia a la Inspección Técnica de Edificios (ITE) como instrumento para acreditar la adecuación de los edificios de uso residencial a las exigencias de calidad que en cada momento se exijan. De esta forma, si no se dispone de la ITE, no se pueden solicitar ayudas a la rehabilitación. b) Intervención en áreas de regeneración, dirigida a los conjuntos urbanos o rurales que, por las condiciones de necesidad de actualización o adecuación de su patrimonio urbanizado o edificado, deban ser sometidos a una acción especial de la Administración pública. Dichas áreas son de dos tipos, según lo previsto en el Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado:
• Áreas de Rehabilitación Integrada (ARIs), conformadas por aquellos conjuntos urbanos o rurales que por el notorio valor de sus caracteres arquitectónicos o urbanísticos, así como por las condiciones de degradación de su patrimonio urbanizado y edificado deban ser sometidos a una acción especial de la Administración tendente a su protección, conservación o mejora.
• Áreas Residenciales Degradadas (ARDs): conformadas por aquellos conjuntos urbanos residenciales de reciente creación en los que, aun no siendo de notorio valor sus caracteres arquitectónicos o urbanísticos, así lo aconseje el estado de degradación de su patrimonio urbanizado o edificado. Dicho estado de degradación se produce cuando:

• Los niveles de renta de la población del Área habrán de ser inferiores al 80% de la renta media del Territorio Histórico correspondiente de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
• La tasa de paro de la población del Área ha de ser superior a la media de la tasa de paro de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
• El importe de las obras de reurbanización habrá de superar el 40% del valor de la urbanización.
• El importe de las obras de rehabilitación de la edificación al objeto de que se encuentre adecuada estructural y constructivamente, ha de superar el 25% del valor de la edificación excluido el valor del terreno. Además de estos 2 tipos de Áreas, la ley de vivienda prevé las Áreas de Regeneración Urbana (ARUs) cuyo desarrollo reglamentario está pendiente y donde se deberían acomenter procesos integrales de Regeneración y Revitalización urbanas. Se entiende como Regeneración urbana el proceso de intervención pública que integra los aspectos relacionados con el medio ambiente y las condiciones físicas, urbanas, sociales y económicas y plantea alternativas para mejorar la calidad de vida de la población y las condiciones de la edificación, urbanización y dotaciones de un conjunto urbano o núcleo de población. Por su parte, Revitalización urbana se define como la acción o conjunto de acciones vinculadas a las operaciones de regeneración urbana de un barrio, núcleo o conjunto edificatorio con la adopción de medidas incentivadoras de la actividad comercial, económica y social de este.

Otras disposiciones de especial importancia

La ley 2/2006 de suelo del País Vasco.

Con relación a la vivienda de protección pública, destaca la Disposición adicional octava donde, al igual que la ley de vivienda recoge sus tipologías (viviendas de protección social y viviendas tasadas). Indica que las diputaciones forales, las entidades locales en general y los ayuntamientos en particular podrán promover toda clase de viviendas de protección pública, así como de alojamientos dotacionales. Establece que el precio máximo de venta de las viviendas de protección pública de régimen tasado que computen en el cumplimiento de los estándares establecidos como mínimos en el artículo 80 no podrá superar 1,70 veces el precio máximo de las viviendas de protección social. El Artículo 80 establece estándares y cuantías mínimas para viviendas sometidas a regímenes de protección pública en el planeamiento urbanístico municipal. En áreas de suelo urbano no consolidado, se exige destinar al menos el 40% del incremento de la edificabilidad urbanística residencial a viviendas protegidas. Este porcentaje se desglosa en un mínimo del 20 % de la edificabilidad urbanística de uso residencial para la construcción de viviendas de protección social, y el restante porcentaje hasta alcanzar el 40 % con destino a viviendas tasadas. En suelo urbanizable, este porcentaje se eleva al 75%. Este porcentaje se desglosa en un mínimo del 55 % de la edificabilidad urbanística de uso residencial para la construcción de viviendas de protección social, y el restante porcentaje hasta el 75 %, con destino a viviendas tasadas. La distribución de estas viviendas debe contribuir a la cohesión social con la mezcla de usos diferentes, así como de regímenes protectores y modos legales de tenencia y disfrute. La obligación de reserva de suelo para destino a vivienda sometida a algún régimen de protección pública establecida en el artículo 80 se extiende con carácter general a los municipios de más de 3.000 habitantes y a los municipios que cuenten con núcleos continuos de suelo urbano que alberguen una población superior a 2.000 habitantes. En el caso de las viviendas tasadas, una vez que el municipio haya cumplido con los estándares mínimos (en cada sector, área o unidad de ejecución), el resto de las viviendas tasadas podrán promoverse sin límites de precio, aunque para ello el Ayuntamiento debe aprobar una ordenanza municipal que regule lo previsto en la ley de vivienda, con los elementos esenciales que son requeridos para regular cualquier tipo de vivienda de protección pública: a) Características de las viviendas, locales y anejos de que se trate, con cumplimiento estricto de la normativa técnica de las viviendas de protección social y de habitabilidad. b) Régimen jurídico de las viviendas, locales y anejos de titularidad municipal, con indicación de su calificación, precios, rentas, porcentaje correspondiente a los costes máximos de suelo y urbanización, modo de adjudicación y cualesquiera otros aspectos que resulten procedentes. c) Requisitos que deban cumplir las personas que puedan resultar adjudicatarias de las citadas viviendas, anejos o locales.

El Decreto 39/2008, de régimen jurídico de la vivienda de protección pública

Es la principal norma reglamentaria sobre la vivienda de protección pública, que regula su régimen jurídico, cómo se promueve y cómo se financia. Se ha quedado desfasada porque no se ha adaptado a la ley de vivienda del 2015, pero siguen aplicándose muchas de sus disposiciones. Su objeto es:

1. establecer los principios jurídicos rectores de todas las viviendas de protección pública y el régimen jurídico básico de las viviendas de protección oficial.
2. el régimen jurídico de las actuaciones de promoción, acceso, construcción, uso y aprovechamiento de las viviendas de protección oficial, así como de las actuaciones de adquisición, preparación y urbanización de suelo destinado a tales viviendas desarrolladas en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
3. la regulación de las medidas financieras en materia de vivienda y suelo destinadas al fomento y desarrollo de dichas actuaciones, así como aquellos aspectos que en relación a las viviendas tasadas municipales entren dentro de su ámbito de regulación. Es el punto 3 -medidas financieras- el que se encuentra más actualizado, y donde se expone el conjunto de actuaciones que sustentan el incremento del parque de vivienda asequible, preferentemente en alquiler, que da soporte a las necesidades de vivienda de la ciudadanía. Artículo 41. Actuaciones protegibles. a) La promoción para cesión en arrendamiento, venta o uso propio de viviendas de nueva construcción calificadas como viviendas de protección pública, así como la promoción de vivienda libre para su puesta en arrendamiento protegido. b) La adquisición de vivienda de protección pública y de otras viviendas con destino a residencia habitual y permanente del adquirente (viviendas libres usadas) y el alquiler de vivienda usada (ayudas al arrendatario). c) El arrendamiento protegido de vivienda, la compra de viviendas con destino a su arrendamiento protegido, así como la cesión de vivienda para su puesta en arrendamiento protegido. d) La rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado y las actuaciones de rehabilitación cuyo objetivo sea la promoción de viviendas para su posterior cesión en propiedad o en arrendamiento. e) La urbanización de suelo para su inmediata edificación, incluyendo en su caso, la previa adquisición onerosa del mismo, así como la adquisición onerosa de suelo para formación de patrimonios públicos de suelo dependientes de cualquier Administración Pública, en ambos casos con destino preferente a la promoción de vivienda de protección pública. f) Puesta en alquiler de viviendas vacías. g) La promoción y construcción de alojamientos dotacionales. h) La ejecución de proyectos piloto para la rehabilitación y puesta en arrendamiento de viviendas en las zonas rurales que sirvan de soporte a programas públicos de fomento del medio rural. i) La promoción de viviendas en régimen cooperativo de cesión de uso, concesiones de obras o servicios a más de 50 años de uso en arrendamiento, cohousing, o cualquier otra fórmula de colaboración público privada que se formalice, siempre en el exclusivo campo de fomento al arrendamiento. j) La rehabilitación de viviendas y edificios vinculada a su adscripción inmediata a programas públicos de intermediación en el mercado del alquiler.

Orden de 7 de diciembre de 2021, sobre actuaciones de fomento al alquiler

El conjunto de medidas financieras previstas en el decreto 39/2008 debe ponerse en relación con lo previsto en la orden de 7 de diciembre de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Trasportes, sobre actuaciones de fomento al alquiler y otras formas de uso de las viviendas y edificios residenciales. Esta norma tiene su precedente en la orden de 7 de noviembre de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre ayudas a la promoción de viviendas de protección pública y medidas de fomento al alquiler. El objetivo de esta orden era provocar un cambio en la generación de vivienda en alquiler, incentivando de manera muy importante a las entidades que contribuyeran a incrementar el parque en arrendamiento protegido a largo plazo (50 años o más) y recortando las ayudas a las que se limitaban a realizar viviendas en alquiler a 15 años para luego proceder a su venta. De esta manera, se subvencionaban actuaciones de promoción, rehabilitación o compra de viviendas para su puesta en arrendamiento protegido, sin necesidad de que las viviendas se calificaran necesariamente como protegidas. Se realizó una importante dotación presupuestaria para respaldar su puesta en aplicación y, gracias a ello, en un contexto muy complicado de inicio de la crisis financiera, las ayudas directas contribuyeron a garantizar la viabilidad

Programa Electoral Sumar - Euskadi 2024

1.º Vivienda social:

La vivienda de titularidad pública destinada al alquiler, cesión o cualquier otra fórmula de tenencia temporal sujeta a limitaciones de renta o de venta y destinada a personas u hogares con dificultades para acceder a una vivienda en el mercado. También será considerada vivienda social aquella cuyo suelo sea de titularidad pública sobre el que se haya constituido derecho de superficie, concesión administrativa o negocio jurídico equivalente.

La vivienda social podrá desarrollarse sobre terrenos calificados urbanísticamente como dotacionales públicos o estar comprendida en edificaciones o locales destinados a equipamientos de titularidad pública y afectos al servicio público.

La vivienda social podrá gestionarse de manera directa por las administraciones públicas o entidades dependientes, por entidades sin ánimo de lucro con fines sociales vinculados a la vivienda, o a través de fórmulas de colaboración público-privada, que sean compatibles con el carácter de la misma.

Podrá tener la consideración de vivienda social de emergencia aquella vivienda social que esté destinada a atender situaciones de emergencia, ofreciendo solución habitacional a corto plazo y de forma temporal, con carácter universal y hasta que se provea de una vivienda alternativa permanente, a personas y familias en situación de pérdida o imposibilidad para acceder a una vivienda adecuada, independientemente de las condiciones documentales y administrativas de las personas afectadas.

2.º Vivienda protegida de precio limitado:

La vivienda de titularidad pública o privada, excluida la social o dotacional pública, sujeta a limitaciones de precios de renta y todos los demás requisitos que se establezcan legal o reglamentariamente y destinada a satisfacer la necesidad de vivienda permanente de personas u hogares que tengan dificultades de acceder a la vivienda en el mercado. La vivienda de precio limitado será calificada como tal con arreglo al procedimiento establecido por la Administración Pública competente.

El concepto de “viviendas destinadas a políticas sociales”, que computan para alcanzar un porcentaje del total de viviendas, procede de la ley de vivienda de Catalunya. A diferencia de la ley catalana, la ley estatal no define el concepto, pero parece identificarlas con las viviendas sociales previstas en su artículo 27, que conforman los parques públicos de vivienda:

a) Las viviendas dotacionales públicas.

b) Las viviendas sociales y protegidas construidas sobre suelo de titularidad pública, así como las que lo hayan sido en ejercicio del derecho de superficie, usufructo o cesión de uso y para alquiler con opción a compra, durante el tiempo en el que no se active la correspondiente opción.

c) Las viviendas sociales adquiridas por las Administraciones Públicas en ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, de conformidad con lo que disponga la legislación aplicable y las adquiridas a través de esos mismos derechos, en casos de ejecución hipotecaria o dación en pago de vivienda habitual de colectivos en situación de vulnerabilidad o en exclusión social, tal y como prevé la legislación autonómica.

d) Las viviendas sociales adquiridas por las Administraciones Públicas en actuaciones de regeneración o de renovación urbanas, incluyendo las integradas en complejos inmobiliarios, tanto de forma gratuita en virtud del cumplimiento de los deberes y cargas urbanísticos correspondientes, como onerosa.

e) Cualquier otra vivienda social adquirida por las Administraciones Públicas con competencias en materia de vivienda, o cedida a las mismas.

A diferencia de Catalunya, el literal de la ley estatal parece computar entre las viviendas destinadas a políticas sociales solo aquellas que están calificadas administrativamente como viviendas sociales, son de titularidad pública o están en suelo público. Por lo tanto, en el caso de Euskadi, parece que no se agregarían al objetivo del 20% las viviendas de Bizigune o ASAP, las viviendas en alquiler subvencionadas para permanecer en régimen de alquiler durante 50 años o las viviendas colaborativas.

Además, este doble objetivo -20%/20 años- se refiere a las zonas tensionadas, y se aplica de manera subsidiaria si en 1 año desde la aprobación de la ley las administraciones territoriales competentes no han establecido otros marcos temporales y metas específicas, se entiende que mejores.

Por lo tanto, es objeto de debate si el sistema propuesto es mejor o peor que, por ejemplo, el Pacto Social por la Vivienda, que establece que la oferta pública de alquiler asequible se sitúe al final de 2036 en el 5% de las viviendas principales existentes en Euskadi, no solo respecto a las zonas tensionadas. En dicho objetivo sí se tendrían en cuenta los programas de colaboración público-privada (viviendas no calificadas) y las viviendas previstas de Bizigune, ASAP o cualquier otro de cesión temporal de viviendas a las administraciones públicas.

Planes locales de vivienda

Debido a las importantes competencias que la ley de vivienda vasca otorga a los Ayuntamientos en materia de promoción de vivienda de protección pública y gestión del suelo, se hace necesario que su actuación alcance un nivel de planificación equivalente a la que se desarrolla desde el Gobierno Vasco.

Por eso, al igual que ocurre en otras Comunidades Autónomas, resulta conveniente que las administraciones locales elaboren sus planes municipales de vivienda de manera obligatoria, a fin de concertar con la administración autonómica las actuaciones de edificación, rehabilitación y movilización de vivienda vacía, así como la atención integral a las personas con necesidad de vivienda.

El contenido mínimo de estos planes sería, de manera orientativa:

1. Previsiones demográficas y de necesidades de vivienda en el municipio, con identificación de los segmentos de población con dificultades de acceso o cambio.
2. Análisis del potencial de oferta municipal de Vivienda de Protección Pública y alojamientos de carácter dotacional en alquiler, con determinación de la cantidad, modalidades, régimen de acceso e iniciativa pública o privada.
3. Los ejes estratégicos de las políticas municipales de vivienda, con especial atención a las políticas de alquiler público, rehabilitación, movilización de vivienda vacía, así como a la sostenibilidad urbana y residencial.
4. La forma en que deben cumplirse las obligaciones de oferta de vivienda en alquiler protegido, a fin de cumplir con el objetivo de alcanzar en el plazo previsto el 5% de viviendas destinadas a alquiler asequible sobre el total de viviendas principales.
5. Los compromisos de financiación pública y privada del Plan Local de Vivienda.
6. Mecanismos de seguimiento y evaluación del despliegue del Plan y establecimiento de indicadores de calidad de la gestión.

Incentivos fiscales a las promociones de vivienda en alquiler.

Otra iniciativa adecuada para incentivar la vivienda en alquiler asequible es la relacionada con la modificación de los tributos asociados a su promoción.

En general, se propone extender un paquete de beneficios fiscales a aquellas entidades dedicadas al arrendamiento (públicas o privadas, mercantiles o cooperativas, con o sin ánimo de lucro, fundaciones, asociaciones…) cuando su actividad principal sea la de desarrollar alguna de las actuaciones descritas en la ORDEN de 7 de diciembre de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, sobre actuaciones de fomento al alquiler y otras formas de uso de las viviendas y edificios residenciales, independientemente de que se hayan acogido o no a las subvenciones previstas en dicha normativa.

• Promoción de vivienda de nueva construcción, tanto de viviendas de protección pública como de viviendas libres, para su puesta en arrendamiento protegido.
• Rehabilitación, con adquisición previa en su caso, y puesta en arrendamiento protegido de viviendas y edificios completos.
• Promoción de vivienda de nueva construcción o rehabilitación para enajenación a un tercero con destino a arrendamiento protegido.
• Adquisición de viviendas y edificios completos, para su puesta en arrendamiento protegido.
• Promoción o rehabilitación de alojamientos dotacionales por entidades públicas y personas jurídicas privadas.
• Rehabilitación y puesta en arrendamiento protegido de viviendas en los medios rurales.
• Rehabilitación y puesta en arrendamiento protegido de viviendas en medios rurales en situación de despoblación.
• Captación y puesta en alquiler protegido de viviendas y edificios de titularidad privada.
• Promoción de vivienda de nueva construcción, tanto de protección pública como de viviendas libres, destinadas al cohousing y promovidas por asociaciones sin ánimo de lucro y cooperativas de viviendas, en régimen de cesión de uso.
• Rehabilitación, con adquisición previa, en su caso, del edificio completo, de viviendas libres, destinadas al cohousing y promovidas por asociaciones sin ánimo de lucro y cooperativas de viviendas, en régimen de cesión de uso.

Impuesto Bienes inmuebles (IBI)

• Incrementar las bonificaciones en la cuota del impuesto para las viviendas sujetas a alquiler a precio limitado, en particular a las destinadas a alquiler durante al menos 50 años.

Impuesto construcciones (ICIO)

• que los Ayuntamientos, sin necesidad de solicitud por parte de la entidad promotora, apliquen de manera automática una bonificación del 95% a las promociones de vivienda protegida en alquiler, al declararlas de oficio de especial interés o utilidad municipal, mediante acuerdo de pleno.

Impuesto de sociedades

Aplicar un régimen fiscal especial a las actuaciones de fomento al alquiler y otras formas de uso de las viviendas y edificios residenciales.

Los beneficios fiscales asociados serian:

• La no integración en la base imponible será del 90 por 100 de las rentas derivadas del arrendamiento o cesión de uso de las viviendas o alojamientos dotacionales afectos a un plazo de puesta en arrendamiento asequible durante un plazo mínimo de 50 años.

IVA

Aplicar un régimen de IVA superreducido a las operaciones de a las actuaciones de fomento al alquiler y otras formas de uso de las viviendas y edificios residenciales. Serían posibles 2 alternativas:

1. Modificar el concepto de exención del arrendamiento o cesión de uso de viviendas, haciendo que el IVA sea deducible, aunque no se produzca la venta de las viviendas. La entidad que promueve o adquiere un edificio para su puesta en arrendamiento o cesión de uso, podrá deducirse el IVA soportado en todas las actividades necesarias para llevar a buen fin la operación, aunque no se vaya a producir su entrega o transmisión posterior.
2. Aplicar un IVA superreducido del 4% a los distintos hechos imponibles relacionados con el desarrollo de operaciones destinadas a la generación de un parque de vivienda asequible a largo plazo.

2.- Un marco para la cobertura efectiva del derecho subjetivo a la vivienda, entendido como un verdadero derecho ciudadano.

Con el fin de revertir el actual concepto de derecho a la vivienda de contenido asistencialista hacia un verdadero derecho ciudadano, se plantean 4 medidas:

1. Reconocimiento del derecho subjetivo a todas las personas demandantes
2. Recuperar el perfil social de las adjudicaciones de vivienda en alquiler
3. Mejora atención a las personas: oficinas integrales de vivienda.
4. Ayudas a los inquilinos desde la fiscalidad

Reconocimiento del derecho subjetivo a todas las personas demandantes

Se trata de pasar de un reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda, de contenido asistencialista, a un derecho subjetivo de carácter ciudadano extendido a todas las personas inscritas en Etxebide.

Para ello es preciso reorientar los itinerarios de acceso al sistema residencial de protección pública y clarificar el contenido de necesidad de vivienda, que es distinto en la ley y en la normativa de desarrollo.

• En la ley de vivienda vasca el artículo 8, así como el decreto del derecho subjetivo que lo desarrolla, identifican necesidad de vivienda como una combinación entre carencia de vivienda y riesgo de exclusión social. Esta definición, como se ha visto, restringe el universo de aplicación del derecho subjetivo a un sector minoritario de las personas inscritas, que ya percibían ayudas sociales con anterioridad, y quita así presión a las administraciones competentes para generar vivienda en alquiler.
• En el resto de la normativa de desarrollo (decreto 39/2008 y demás órdenes) la necesidad de vivienda se identifica con carencia de vivienda y unos ingresos máximos determinados.

Para ampliar el universo de personas a las que se garantiza el derecho a la vivienda es preciso ampliar el concepto de derecho subjetivo, de forma que se garanticen, en ausencia de vivienda o alojamiento, una ayuda que permita acceder a una vivienda en alquiler y que no suponga más del 30% de los ingresos. Este reconocimiento se realizará de manera progresiva, desde el colectivo actual hasta cubrir a todos los demandantes en alquiler.

De esta manera, toda persona que tenga reconocido el derecho subjetivo no tendrá que estar pendiente de si entra o no en los programas de adjudicación de vivienda en alquiler, alojamientos o de ayudas económicas (prestación económica de vivienda, Gaztelagun, Emanzipa…) sino que de oficio se le gestionará la solución más adecuada a su capacidad económica y a la configuración de su unidad convivencial.

Para realizar una oferta de adjudicación de vivienda adecuada a cada solicitud en alquiler, un mismo registro de viviendas estará disponible para todas las administraciones gestoras de los programas de viviendas, donde aparecerán las viviendas de protección pública, las de Bizigune y los alojamientos disponibles en cada municipio y área funcional.

Recuperar el perfil social de las adjudicaciones de vivienda en alquiler

El esquema general de adjudicación de viviendas de protección pública en alquiler es el establecido en la Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del registro de solicitantes de vivienda y de los procedimientos para la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos Dotacionales de Régimen Autonómico, en su artículo 47 bis)

Artículo 47 bis. Cupos.

1. En todas las promociones, salvo las de alojamientos dotacionales de régimen autonómico destinados específicamente a un colectivo determinado, se reservarán cupos de viviendas para atender las necesidades de los siguientes colectivos:

a) Personas con discapacidad (100% de las viviendas adaptadas)

b) Personas menores de 36 años, incluidas las unidades convivenciales en las que al menos uno o una de sus titulares sea menor de esta edad (como máximo, el 40% de las viviendas)

c) Personas titulares del derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda (como máximo, el 40% de las viviendas no adaptadas)

d) Personas con especial necesidad de vivienda.

e) Resto de solicitantes o cupo general.

Sin embargo, una relación de cupos que tenía un marcado perfil social fue modificada posteriormente por la orden que reguló el alquiler asequible, en un nuevo apartado 6:

6.– Dentro del cupo de resto de solicitantes o cupo general, así como en el de personas menores de 36 años, podrá establecerse un cupo específico destinado a las personas solicitantes con niveles de ingresos comprendidos entre 21.000 euros anuales en términos de ingresos ponderados de la unidad convivencial y 39.000 euros anuales en los mismos términos de ingresos ponderados

Como se ve, en los últimos años se están generando una serie de incoherencias en los procedimientos de adjudicación de viviendas protegidas, especialmente respecto a las de precio más ajustado. La introducción de cupos de vivienda asequible en las promociones de alquiler implica un desplazamiento de las personas con ingresos más bajos, priorizando a personas y familias con niveles de ingresos más elevados que podrían acceder a otras tipologías de vivienda.

Como se ha detallado anteriormente, este colectivo de alquiler asequible es minoritario en el conjunto de demandantes de vivienda en alquiler, ya que a medida que aumenta el nivel de renta su interés se va trasladando hacia la compra.

Además, algunas sociedades municipales han comenzado a adjudicar de manera preferente las viviendas de su parque ya edificado al cupo de vivienda asequible, creado “ad hoc”, en vez de al cupo del derecho subjetivo a la vivienda. Se ha manifestado expresamente que esta práctica se realiza con un doble objetivo: contentar a parte de la ciudadanía de ingresos más elevados, que entiende que “nunca le toca vivienda pública”, y mejorar la facturación de la entidad.

Por ello, con el fin de revertir esta tendencia, se pueden explorar las siguientes propuestas:

• aplicación estricta de la normativa de cupos en todas las viviendas promovidas con algún tipo de financiación o subvención del Gobierno Vasco, sin excepciones.
• necesidad de una justificación para utilizar los cupos de vivienda asequible, sólo si existe una declaración de zona tensionada, un ámbito de acreditada demanda y necesidad de vivienda o suponen un porcentaje significativo de la demanda registrada en Etxebide en esa localidad.
• imposibilidad de activar la utilización de los cupos de vivienda asequible cuando haya otras promociones específicas de vivienda asequible en el mismo ámbito, sector o municipio (aquellas que se realizan al amparo de la orden de alquiler asequible y ya prevén un 50% de las viviendas para este colectivo)

Mejora atención a las personas: oficinas integrales de vivienda.

Una de las principales cuestiones a mejorar en materia de vivienda es la atención a las personas demandantes. Existen diversas dificultades:

• La pluralidad de programas existentes genera información desagregada, que provoca que muchas familias no sean conscientes de los servicios a los que pueden acceder. Como ejemplo, el departamento de Vivienda tiene que mandar miles de cartas al año para informar a demandantes de vivienda de que pueden solicitar el derecho subjetivo.
• Falta de especialización en los servicios municipales, lo que concentra las necesidades de información y realización de gestiones en las delegaciones territoriales.

Es difícil entender cómo, a diferencia de los servicios educativos, sanitarios o sociales, en materia de vivienda o rehabilitación no existe nada parecido para obtener información o asesoramiento.

Para subsanar esta situación, se hace necesario el desarrollo de oficinas integrales de vivienda en los municipios. De esta manera, se puede asesorar de manera más directa a las personas solicitantes, ayudando a elegir entre las opciones más adecuadas a sus circunstancias, y prestando un servicio de ventanilla única para la tramitación de solicitudes a los distintos programas autonómicos y locales.

El escenario ideal sería la implantación de estas oficinas integrales como resultado del desarrollo de las estrategias locales previstas en un Plan Local de Vivienda. Dichas oficinas podrían también, como ocurre en otras Comunidades Autónomas como Catalunya, gestionar bolsas municipales de vivienda (patrimonio propio o cedidas por particulares).

Ayudas a los inquilinos desde la fiscalidad

Por último, indicar la posibilidad de incidir en materia fiscal y así favorecer a las personas inquilinas para que el coste asociado a su alquiler se aproxime al 30% de su nivel de ingresos.

Resultaría interesante que las ayudas al arrendamiento de los programas de gasto del Gobierno Vasco se complementen con deducciones fiscales para aquellas personas que, por cuestiones de edad, no entran en Gaztelagun/Emanzipa o, por nivel de ingresos, no pueden acceder a la prestación económica de vivienda.

Para este cambio de modelo, se pueden proponer 2 alternativas en el IRPF:

1. Aumentar la deducción por el pago del alquiler con un criterio de progresividad fiscal

Además de aumentar los porcentajes de deducción por pago de arrendamientos de vivienda habitual, se trata de que los límites de cantidades a deducir se practiquen de manera inversamente proporcional al nivel de renta.

Se trataría de buscar un modelo en el que determinados niveles de renta -hasta 21.000 euros, por ejemplo- que tienen que hacer frente a un alquiler de mercado por encima del 30% de sus ingresos, puedan practicarse una deducción hasta el importe total de su cuota íntegra, de modo que en la práctica no paguen impuestos. Para el resto de las rentas más altas, las cantidades máximas a deducir irían disminuyendo.

2. Introducir un sistema de deducciones reembolsables, como en Navarra.

Se trataría de modificar la deducción por el pago del alquiler actualmente vigente en el IRPF para configurarla como una deducción reembolsable a modo de impuesto negativo sobre el pago de la renta de alquiler para determinados grupos de contribuyentes.

Esta deducción reembolsable supone que, independientemente de la cuota íntegra o de las retenciones practicadas, se reembolsa en la declaración de la renta la totalidad de la deducción por el pago del alquiler.

3.- Un modelo residencial urbano basado en la cohesión social, mediante el cumplimiento de la normativa destinada a garantizar la función social de la vivienda, la contención de los precios y el desarrollo de políticas de rehabilitación y regeneración urbanas.

En materia de cumplimiento de la función social de la vivienda, las medidas que se pueden aplicar están relacionadas con la reversión de las disfunciones del mercado privado de la vivienda (viviendas deshabitadas, pisos turísticos y burbuja de los precios del alquiler) y con el desarrollo de un sistema de fomento de la rehabilitación y regeneración urbanas vinculado a la situación de los edificios y los barrios, buscando la mejora de la eficiencia energética y la reducción de emisiones contaminantes.

Desarrollo del Decreto de vivienda deshabitada

Se ha analizado anteriormente el decreto 149/2021, de 8 de junio. que regula el procedimiento de declaración de la vivienda deshabitada, así como algunas de las problemáticas asociadas a su implantación.

En este apartado, se trata de incidir en que el objetivo principal del decreto no es tanto la imposición del canon como un sistema de obtención de ingresos públicos, sino como revulsivo (carácter parafiscal) para activar las medidas de movilización de las viviendas vacías hacia el alquiler asequible.

Por ello, se trata de poner en marcha los procedimientos de declaración a nivel municipal para poder desplegar las acciones de fomento, que son:

• Artículo 21.– Ayudas a la rehabilitación de la vivienda deshabitada. Los titulares de viviendas deshabitadas podrán acogerse a los programas de rehabilitación aprobados por el Gobierno Vasco que incluyen la concesión de ayudas a los proyectos de intervención encaminados a la mejora de las condiciones de accesibilidad, habitabilidad y eficiencia energética de las viviendas existentes.

Las ayudas a las obras de acondicionamiento de las viviendas deshabitadas para dotarlas de las mínimas condiciones de habitabilidad se concederán condicionadas a la obligación de destinar la vivienda al cumplimiento de la función social que le corresponde promoviendo su ocupación para uso habitacional que permita revocar la declaración de vivienda deshabitada.

• Artículo 22.– Programa Bizigune para promover el alquiler de viviendas deshabitadas. Las Administraciones competentes y las entidades públicas con competencia o facultades en materia de vivienda podrán suscribir convenios con personas y entidades titulares de viviendas deshabitadas para su puesta en el mercado de alquiler protegido a través del programa Bizigune.
• Artículo 24.– Incorporación de la vivienda deshabitada a programas de mediación e impulso de políticas de fomento del alquiler protegido impulsados por los ayuntamientos.

Las personas titulares de viviendas deshabitadas o del derecho de uso sobre las mismas podrán acogerse a cuantos programas de intermediación en el mercado de alquiler y de movilización de las viviendas deshabitadas hacia el alquiler protegido se impulsen por los ayuntamientos con el fin de garantizar el cumplimiento de su función social.

Por otra parte, es fundamental el desarrollo de la implantación de los ámbitos de acreditada demanda y necesidad de vivienda. Su operatividad, más que por la posibilidad de practicar el alquiler forzoso o la expropiación de viviendas deshabitadas, se encuentra en las facultades otorgadas a las administraciones del derecho de tanteo y retracto sobre:

• edificios enteros destinados a uso principalmente residencial y sobre viviendas concretas.
• las transmisiones de acciones y participaciones sociales de sociedades mercantiles cuyo objeto social esté vinculado directa o indirectamente a la actividad inmobiliaria y que sean propietarias de alguno de esos edificios o viviendas.
• la transmisión de viviendas adquiridas en proceso de ejecución hipotecaria o mediante compensación o pago de deuda con garantía hipotecaria.

Pisos turísticos

Respecto al control de la proliferación de los pisos turísticos, se toma como medida de referencia el DECRET LLEI 3/2023, de 7 de noviembre, de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico, de Catalunya.

La aparición del fenómeno de los pisos de uso turístico es una de las causas de la disminución del número de viviendas que se alquilan como alojamiento permanente. Esto se debe a que los pisos de uso turístico no son de nueva construcción, sino alojamientos existentes que cambian de destino.

Por ello, se trata de regular las viviendas de uso turístico en 262 municipios catalanes, con problemas de acceso a la vivienda o con el riesgo de presentar una concentración de pisos turísticos.

Los ayuntamientos tendrán que modificar su planeamiento urbanístico para permitir expresamente la compatibilidad del uso turístico con el de vivienda.

• Deberán justificar que cuentan con suelo suficiente para viviendas destinadas al domicilio habitual y permanente de la población residente.
• Se podrán otorgar como máximo 10 licencias de pisos turísticos por cada 100 habitantes.

Los nuevos pisos turísticos que se quieran instalar en estos lugares tendrán que pedir una licencia urbanística municipal y una autorización turística previamente a la apertura, que serán vigentes durante cinco años. Respecto a los pisos ya existentes, los titulares dispondrán de cinco años para pedir la nueva licencia urbanística, a contar desde la entrada en vigor del Decreto ley, o tendrán que cesar la actividad.

En Catalunya, se calcula que la obligación de obtener la nueva licencia afectará a 95.094 pisos existentes en los 262 municipios afectados.

Contención de precios de alquiler

El elemento fundamental para contener los precios es el establecido por la Ley estatal de vivienda y la delimitación de las zonas de mercado residencial tensionado.

Para ello, la ley, en su artículo 18.2 establece el procedimiento de declaración de dichas zonas tensionadas y los efectos previstos en la determinación de los precios de los contratos de alquiler, tanto de inicio como en sus prórrogas o renovaciones.

Respecto a la aplicación de la ley en Euskadi, en estos momentos existe un debate sobre la metodología. Hay formaciones políticas que entienden que la ley se puede aplicar directamente, simplemente realizando un protocolo para aclarar las dudas que se pueden suscitar, y otras formaciones consideran que se debe desarrollar un decreto autonómico que incorpore la nueva normativa al ordenamiento jurídico vasco.

En cualquier caso, ambas tendencias coinciden en una serie de cuestiones:

• La declaración de una zona como de mercado residencial tensionado corresponde formalmente a la Comunidad Autónoma Vasca.
• Los Ayuntamientos tienen importantes competencias en materia de vivienda, especialmente en materia promoción de vivienda protegida, ordenación urbanística e inspección de la legalidad de las viviendas libres.
• Es necesaria una colaboración administrativa muy estrecha para delimitar correctamente las zonas tensionadas, sobre todo poque la declaración conlleva el diseño de un plan específico de medidas a 3 años, prorrogable, para corregir la situación de falta de oferta suficiente de vivienda asequible.

Por todo ello, parece que el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco va a articular un procedimiento de declaración de zonas tensionadas, en el que solicitará la implicación activa de los municipios, que deberán elaborar y remitir los documentos exigidos por la ley de vivienda estatal en el artículo 18.2, que son:

• documento que recoja toda la información relacionada con la situación del mercado residencial en la zona, incluyendo: indicadores de los precios en alquiler y venta de diferentes tipos de viviendas y su evolución en el tiempo; los indicadores de nivel de renta disponible de los hogares residentes y su evolución en el tiempo que, junto con los precios de vivienda, permitan medir la evolución del esfuerzo económico que tienen que realizar los hogares para disponer de una vivienda digna y adecuada.
• memoria justificativa de la existencia de un especial riesgo de abastecimiento insuficiente de vivienda para la población residente, al darse una de las siguientes circunstancias:
  • Que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el treinta por ciento de los ingresos medios o de la renta media de los hogares.
  • Que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores a la declaración como área de mercado de vivienda tensionado, un porcentaje de crecimiento acumulado al menos tres puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del índice de precios de consumo de la comunidad autónoma correspondiente.
• un plan específico de medidas, que propondrá las medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios evidenciados en su declaración, así como su calendario de desarrollo.

Este plan de medidas reviste especial importancia, ya que definirá y pondrá plazo a las distintas actuaciones a desarrollar en la zona tensionada (promoción de vivienda asequible, movilización de vivienda deshabitada hacia el alquiler y actuaciones de rehabilitación y regeneración urbanas).

En la práctica, estos planes van a ser como una especie de planes locales de vivienda, concertados entre administración local y autonómica, en la que se comprometerán las formas de financiación y los plazos necesarios para ejecutar las medidas conveniadas.

Deberá ponerse a disposición pública la información sobre la que se basa tal declaración, incluyendo los estudios de distribución espacial de la población y hogares, su estructura y dinámica, así como la zonificación por oferta, precios y tipos de viviendas, o cualquier otro estudio que permita evidenciar o prevenir desequilibrios y procesos de segregación socio espacial en detrimento de la cohesión social y territorial.

La vigencia de la declaración de un ámbito territorial como zona de mercado residencial tensionado será de tres años, pudiendo prorrogarse anualmente siguiendo el mismo procedimiento, cuando subsistan las circunstancias que motivaron tal declaración y previa justificación de las medidas y acciones públicas adoptadas para revertir o mejorar la situación desde la anterior declaración.

Fomento de la rehabilitación integral

Después de analizar los problemas para fomentar la rehabilitación y, sobre todo, la regeneración urbana de barrios en Euskadi, se propone establecer un sistema específico de promoción de la rehabilitación y regeneración urbanas, basado en la situación de los edificios y en la mejora general del parque edificado.

Para ello se parte de la base de que el sistema actual de áreas de regeneración integral y áreas residenciales degradadas es correcto, ya que se implantan oficinas de proximidad o servicios de asesoramiento especializados, mejorando la atención a los ciudadanos.

El problema de estas oficinas o ventanillas es la actuación circunscrita a sus áreas de actuación, generándose una brecha importante de información y asesoramiento entre unos vecinos y otros.

La delimitación de estas áreas, especialmente de las degradadas, se realiza no sólo en base a las necesidades de rehabilitación de los edificios y viviendas, sino sobre todo en base a los niveles de renta de sus habitantes.

Son estructuras diseñadas para tramitar proyectos subvencionables, y dejan desatendidos a otros vecinos que, aunque no puedan acceder a las subvenciones a la rehabilitación por su nivel de renta, se encuentran faltos de información y ayuda a pesar de vivir en edificios con las mismas problemáticas y patologías que otros que sí son apoyados.

Por ello, y para cumplir de manera global los objetivos de eficiencia energética, seguridad y habitabilidad de las edificaciones, independientemente de los niveles de renta de quienes vivan en ellas, se propone crear un sistema de atención universal en materia de rehabilitación y regeneración urbana. Según el nivel de renta se graduarán las ayudas económicas, pero los servicios de información y asesoramiento para obtener apoyo técnico serán los mismos para todos.

Dicho sistema tendría los siguientes niveles, para edificios anteriores a 1980:

1.- Para secciones censales con ingresos medios por encima de los 36.000 euros.

• Subvenciones a la redacción de proyectos, que cubre la mayor parte de los honorarios técnicos y los gastos de gestión de la redacción de las inspecciones técnicas del edificio, el certificado energético y el proyecto de rehabilitación integral.
• Web y software de apoyo que debe permitir disponer de un borrador preliminar de la inversión en rehabilitación energética de la envolvente del edificio en concreto que se elija. También aportará datos aproximados de potenciales ahorros energéticos, subvenciones y mecanismos de financiación.
• Ayudas a los propietarios, las comunidades de propietarios, y las empresas de servicios energéticos para la realización de obras de eficiencia energética que consigan un salto de letra, que estarían en torno a una subvención básica del 35
• Tramitación de todas las subvenciones y gestiones en una oficina de proximidad.

2.- Barrios que tengan una o dos secciones con una renta familiar entre los 24.000 y los 28.000€; o una o más secciones censales entre los 28.000 y los 36.000€. Además de lo anterior, se prevén las siguientes actuaciones:

• campaña específica de comunicación dirigida a las comunidades de propietarios para informar de los instrumentos y promover que sean utilizados por las comunidades de propietarios. Se prorizarán las campañas informativas en los barrios que tengan un % de edificios ≤1980 con 20 o más viviendas para conseguir con más rapidez un mayor efecto multiplicador

3.- Barrios que tengan tres o más secciones censales con una renta familiar disponible de entre 24.000 y 28.000€, o una o dos secciones con una renta familiar disponible inferior a 24.000€. Además de lo anterior, se prevén las siguientes ayudas:

• ayuda retornable, que permite a la persona beneficiarse de un anticipo de hasta el 100% de la parte de la cuota no subvencionada, que queda inscrita en el registro como una carga y debe ser por tanto devuelta cuando hay una compra-venta

4.- Barrios que cuenten con tres o más secciones censales con renta inferior a 24.000€. Además de lo anterior, se prevén las siguientes ayudas:

• declaración de áreas residenciales degradadas, con incremento de las partidas destinadas a ayudas y la gestión del área por la administración pública (SUR o OPENGELA).

Plan de Regeneración Urbana Integral de barrios vulnerables

Unido a este punto, en cuanto a la intervención específica en áreas de regeneración urbana, la principal medida sería mejorar la sistemática y planificación en la concesión de ayudas a los ayuntamientos.

Se debería planificar un calendario de intervenciones, en base a los estudios socio urbanísticos realizados y publicados, priorizadas en función del grado de vulnerabilidad urbana de cada barrio.

Para ello se propone el desarrollo de un Plan de Regeneración Urbana Integral de barrios vulnerables, a fin de desarrollar intervenciones en las áreas urbanas calificadas como de muy alta y alta vulnerabilidad.

Del Inventario de Vulnerabilidad Urbana, publicado por el Gobierno Vasco, se definen zonas y barrios de intervención prioritaria, con las siguientes características:

• muy alta o alta vulnerabilidad social (socio-demográfica y socio-económica) donde se presentan las siguientes variables:

  • muy altas o altas tasas de población migrante
  • muy altas o altas tasas de envejecimiento, población 65 y + años
  • muy altas o altas tasas hogares unipersonales y sobre todo de mujer >65 años
  • muy altas o altas tasas hogares monoparentales (sobre todo mujer, madre)
  • muy altas o altas tasas población sin estudios o con estudios bajos
  • muy altas o altas tasas población desempleada
  • muy altas o altas tasas de familias con rentas bajas o muy bajas respecto a la CAPV.
  • muy altas o altas tasas de personas de la RGI.

• muy alta o alta vulnerabilidad en la habitabilidad y la accesibilidad, en relación con la vivienda: tamaño, equipamiento, instalaciones, accesibilidad al edificio, etc. En estas Áreas se encuentran las siguientes variables:

  • muy altas o altas tasas de vivienda “pequeña <27m2” respecto a la media de la CAPV
  • muy altas o altas tasas de viviendas con superficie media significativamente más baja
  • muy altas o altas tasas viviendas sobreocupadas
  • muy altas o altas tasas de edificios ubicados en áreas sin zona verde
  • muy altas o altas tasas de viviendas sin gas natural comparado con la media de la CAPV
  • muy altas o altas tasas de viviendas sin ascensor, sin garaje en el edificio

• muy alta o alta vulnerabilidad edificatoria y/o energética, Son Áreas Urbanas donde la antigüedad y características de la construcción de la edificación hace que haya vulnerabilidad de los edificios por estabilidad de sus estructuras y/o por su baja eficiencia energética, se encuentran:

  • altas tasas de edificios con vulnerabilidad de su estructura
  • muy altas o altas tasas de viviendas con vulnerabilidad energética

De esta manera, geográficamente se identifican áreas urbanas (secciones censales) de alta o muy alta vulnerabilidad sobre todo en las capitales y en sus entornos metropolitanos, correspondiéndose en gran medida con el crecimiento poblacional de los años 60, coincidente con el desarrollismo industrial, con la calidad de la construcción edificatoria y urbanismo de aquel periodo.

Por Territorios Históricos, las localidades con presencia de áreas de alta o muy alta vulnerabilidad serían los siguientes:

• ÁLAVA-ARABA. Secciones censales ubicadas en Agurain-Salvatierra y en Vitoria-Gasteiz (barrios de Abetx