Programa Electoral EH Bildu - Euskadi 2024

Soluzio berriak Un futuro juntas

Introducción

Este es el Programa Electoral de Euskal Herria Bildu para la legislatura 2024-2028. Un programa electoral puede ser una recopilación de desiderátums que lo único que buscan es ganar votos y que después de las elecciones quedan colgados en una página web, o, por el contrario, puede servir para dar a conocer los com- promisos que se adquieren ante la ciudadanía. Este programa es de ese segundo tipo: una hoja de ruta para la actuación durante los próximos cuatro años en el Parlamento o, en el caso de tener responsabilidades de gobierno, en el Ejecutivo de la CAPV.

Queremos revertir la comprensible desconfianza que provoca la política convencional. Hacer lo que deci- mos y decir lo que hacemos. Entre otros muchos factores, eso también nos diferencia. En ese sentido, no tengáis ninguna duda de que haremos todo lo que esté en nuestras manos para materializar las propuestas que hemos recogido en estas páginas.

Para elaborar este programa electoral hemos realizado un profundo diagnóstico de la última década. Es hora de hacer balance y trasladarle a la ciudadanía, con total sinceridad, nuestra visión sobre lo que ha dado de sí. Luego será la gente la que tendrá que decidir, en las próximas elecciones, si ha llegado la hora del cambio, pero la lectura que hacemos en EH Bildu nos lleva a pensar que sí.

En lo que se puede llamar la era de Iñigo Urkullu (las tres últimas legislaturas) hemos conocido un gobierno del PNV en solitario, en la primera legislatura, y un gobierno de coalición PNV-PSE, en las dos últimas. No queremos hacer una lectura catastrofista. Porque no es cierto que los problemas que tiene este país sean principalmente culpa del Gobierno Vasco, del mismo modo que los éxitos de este pueblo no se le pueden atribuir a él. Euskal Herria se enfrenta a los mismos retos y las mismas crisis que otros muchos países oc- cidentales: crisis demográfica, climática, migratoria, aumento de las desigualdades sociales… Y, además, tiene los retos propios de los pueblos pequeños y sin Estado, como son los relacionados con el idioma, la identidad y la transmisión cultural, entre otros.

En el pasado este pueblo ha sabido afrontar los retos que se le presentaban y ha logrado sobrevivir superan- do situaciones difíciles gracias a su instinto comunitario y a sus formas de organizarse. Y, reconozcámoslo, para resultar exitosos muchos de esos procesos han necesitado el impulso y la ayuda del liderazgo público. También en el futuro, la fórmula indispensable para dar pasos hacia el bienestar y hacia una sociedad co- hesionada y moderna tiene que ser una combinación del impulso popular y el apoyo institucional, para lo cual es imprescindible contar con un liderazgo público sólido y ambicioso y, cómo no, abrir espacios de cooperación y valentía para avanzar.

Eso es precisamente lo que hemos echado en falta: un liderazgo más compartido y cooperativo, un lide- razgo que ejecute políticas valientes y ambiciosas, que aproveche la experiencia y el conocimiento de la ciudadanía, de las empresas, de las asociaciones, de las y los profesionales que integran la administración pública y de los sindicatos que les representan y que ponga el talento colectivo al servicio de la mejora de este país. No han sido esos los ingredientes de la marca de los mandatos de Urkullu.

Al contrario, hemos tenido un gobierno que ha utilizado fórmulas obsoletas para dar respuesta a los retos a los que se ha enfrentado esta parte del país: dejar hacer, mantener por mera inercia el funcionamiento de la administración, hacer oídos sordos a las demandas sociales, plegarse ante lobbies con fuertes intereses pri- vados (determinadas patronales, algunos bancos y sectores energéticos...), aplicar políticas de laissez faire laissez passer en muchos ámbitos, debilitando progresivamente el sector público, contrayéndolo, hacién- dolo más ineficiente y obsoleto. Aunque inicialmente esa actitud política ha incidido en la escala macro, al final ha acabado incidiendo en la calidad de los servicios públicos, en las familias y en las personas.

Este país no va por buen camino, también se ha quedado atrás en materias en las que ha tenido liderazgo. Este momento nos ha traído nuevos retos. Sin embargo, esos nuevos retos exigen nuevas soluciones, y ne- cesitamos nuevos liderazgos y nuevas mayorías que las propongan y ejecuten, que revitalicen las políticas que se han aplicado en las tres últimas legislaturas. En ese contexto, estamos viendo que el gobierno actual y, en concreto, la alianza estática entre PSE y PNV carece de capacidad para responder a los retos a los que se enfrenta este país.

Necesitamos políticas progresistas, y ambición de conseguir más herramientas jurídicas, soberanas, para poder ejecutarlas. Las dos fuerzas que integran el actual gobierno de coalición se neutralizan mutuamente, y la negativa a colaborar con las fuerzas de la oposición, el hecho de que mediante una estrecha mayoría se excluya de las políticas públicas a representantes de amplios sectores de la ciudadanía ha empobrecido enormemente muchos de los proyectos que se han llevado adelante.

En general, estas son las principales conclusiones que podemos extraer:

• El balance es agridulce

En algunos ámbitos ha habido avances y se ha trabajado bien. Pero en otros el resultado ha sido malo o mediocre.

En la calidad de los servicios públicos los indicadores han retrocedido considerablemente, en algunas ocasiones debido a la situación y a las condiciones (y, por lo tanto, no son un fenómeno local, sino ge- neral), pero en otras ocasiones como consecuencia de una mala gestión.

Osakidetza, la Ertzaintza y la situación de las y los trabajadores del sector público son tres ejemplos significativos de ello. Pero la política lingüística, la política industrial o el retraso en la digitalización muestran claramente las carencias de esta forma de gobernar.

También ha destacado la falta de flexibilidad para adaptarse a los cambios que se han producido en el tiempo: en política industrial, en transición ecosocial, en políticas feministas, en el ámbito de la digita- lización..., han faltado nuevas recetas para los nuevos retos.

En general se puede decir que se ha gobernado por inercia y que este modelo de gestión pública ha quedado obsoleto, incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos y sin ningún atisbo de anticipación. De- masiado tecnificado, carente de impulsos y objetivos políticos, de escasa intervención. A veces por falta de voluntad política, como en la implantación de la Ley de Vivienda aprobada en 2015. Otras veces por falta de previsión y creatividad jurídica para agilizar los procedimientos burocráticos (OPEs y proce- dimientos de consolidación). Por último, por no confrontar con grupos de presión de profesionales del sector público o por falta de valentía política (uno de los ejemplos más paradigmáticos es el de la Ertzaintza).

• A la falta de impulso político hay que sumarle la naturaleza y el funcionamiento de la propia admi- nistración. Estamos ante un problema global (contrataciones, procedimientos burocráticos, selección del personal y causas de movilidad...). La administración pública se convierte a menudo en un pesado monstruo con muchas dificultades para adaptarse a las nuevas situaciones. De ahí que la derecha diga que el sector privado es más eficiente. Desde el punto de vista de la izquierda, sin embargo, no podemos hacerle el regalo de un sector público debilitado. Necesitamos una administración pública más eficien- te y moderna, más flexible, predispuesta a los cambios y que funcione a mayor velocidad.

Es significativo el preocupante resultado de la auditoría realizada recientemente en la Diputación Foral de Araba: la administración pública se ha quedado obsoleta, sin flexibilidad... En el Gobierno Vasco también es necesaria y urgente una auditoría de este tipo.

• La propia organización del gobierno tampoco responde a las necesidades existentes, sino a pactos o acuerdos entre partidos. Hay un gobierno carente de toda coherencia. Poco ambicioso.

No impulsa la gobernanza compartida/cooperativa, ni con la oposición ni con sectores significativos de este país: no se han promovido mecanismos de participación ciudadana; la relación con los sindicatos no ha sido buena, haciendo oídos sordos ante las soluciones que han planteado e incluso desprecian- do su participación... Lo de que el Gobierno Vasco riña a cualquiera que no sea él o de los suyos se ha convertido en un clásico. Como si fueran personas despreocupadas ignorantes, como si los sindicatos actuaran siempre de manera abusiva e irresponsable...

• Exceso de cargos públicos y sociedades públicas. Hay cargos que no tienen ninguna función y entes públicos que no tienen ningún objetivo. Estamos ante un gobierno ficticiamente inflado.

• Las formas de distribuir el dinero público requieren una enmienda a la totalidad que acabe con las redes clientelares que existen en la actualidad y convierta en tarea urgente la democratización de los recursos públicos.

En cuanto a la actividad legislativa, la duodécima legislatura (2020-2024) ha sido la legislatura de las leyes.

• Gracias a la mayoría absoluta de PNV y PSE se han aprobado muchos proyectos de ley que en las últi- mas legislaturas se habían quedado sin aprobar por no tener los apoyos suficientes o por falta de capa- cidad para llegar a acuerdos con la oposición. En la X Legislatura (2012-2016) se aprobaron 30 proyectos y proposiciones de ley, y en la XI Legislatura (2016-2020) únicamente 8, aunque en el Parlamento se presentaron muchos más.

• A lo largo de la XII Legislatura en el Parlamento se han aprobado 47 proyectos y proposiciones de ley. 44 por iniciativa del Gobierno y 3 a propuesta de Euskal Herria Bildu (modificación de la Ley 1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas; Ley 5/2023, de 1 de junio, para facilitar la tramita- ción del autoconsumo y por la que se modifica la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo; y ley para hacer frente a la deslocalización, aprobada en el marco de la Ley de Subvenciones).

• De esas 47 iniciativas legislativas,

• 23 han recibido el VOTO FAVORABLE de EH Bildu. 48,93 %

• 17 han recibido el VOTO CONTRARIO de EH Bildu. 36,17 %

• 7 han recibido la ABSTENCIÓN de EH Bildu. 14,89 %

• Entre las leyes que hemos aprobado hay algunas que cualitativamente son muy referenciales y de gran incidencia, como la de Transición Energética y Cambio Climático, la de Conservación del Patrimonio Natural, la de Desarrollo del Medio Rural o la de Memoria Histórica.

• Por el contrario, entre las oportunidades perdidas tenemos que mencionar la Ley de Educación, en tor- no a la cual se trabajó mucho y se hizo una gran apuesta y que finalmente se aprobó sin nuestro apoyo porque el PNV se echó atrás en el último momento, aceptando el veto del PSE.

• El 25 % de las leyes aprobadas en el Parlamento en la última legislatura se han aprobado sin el voto de los partidos que han estado en la oposición. Las leyes aprobadas con el voto favorable de todos los gru- pos parlamentarios han sido 4.

• 14 de las leyes aprobadas han sido amenazadas con recursos de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional español, alegando que algunos de sus apartados podrían ser anticonstitucionales. En varias ocasiones, antes de dar ese paso se ha constituido una Comisión Mixta con el objetivo de intro- ducir cambios o consensuar la interpretación de las leyes, lo cual supone una intervención directa del Estado en la actividad legislativa del Parlamento.

• A lo largo de toda la legislatura Euskal Herria Bildu ha presentado 19 proposiciones de ley. 15 no han sido admitidas a trámite, ya que el Gobierno ha emitido informes desfavorables y PNV y PSE han vota- do EN CONTRA.

• El plazo medio para la aprobación de los proyectos o proposiciones de ley (desde que entran el registro del Parlamento hasta su aprobación en el Pleno, salvo los aprobados mediante el trámite de lectura única) es de unos 13 meses.

• El desarrollo reglamentario de las leyes que se han aprobado acumula un gran retraso. El departamento correspondiente suele necesitar entre año y medio y dos años para acometer el desarrollo normativo de las leyes aprobadas en el Parlamento.

Evolución de los presupuestos en la etapa del lehendakari Urkullu (2012-2024)

Sabemos que los presupuestos son finitos. Sin embargo, hemos pasado de un presupuesto de 10.000 millo- nes de euros a uno de 15.000 millones. Si bien los recursos económicos han aumentado considerablemente, ello no ha tenido el reflejo suficiente para dar pasos estructurales en los retos estratégicos más importantes a día de hoy. Nuestras discrepancias en cuanto a la organización del presupuesto, la elección de prioridades y el reparto de las subvenciones son evidentes. En la ejecución y el control de estos presupuestos también se observan carencias evidentes.

La evolución de los presupuestos en las tres últimas legislaturas ha estado muy condicionada por las crisis que hemos vivido en los últimos años.

La primera legislatura de Urkullu estuvo muy condicionada por los efectos de la crisis financiera que co- menzó en 2008. Por un lado, la crisis económica tuvo un gran impacto en la sociedad: creció el paro, se produjo un gran aumento de los desahucios por dificultades para pagar las hipotecas, las empresas tenían grandes dificultades para conseguir financiación... Por otro lado, la propia crisis hacía que la recaudación tributaria no llegara a las cantidades previstas. Tampoco podemos olvidar que la normativa fiscal europea, que luego el Gobierno del Estado aplicaba de la misma manera a todas las Comunidades, limitaban mucho las posibilidades de gasto de las instituciones.

La segunda legislatura estuvo marcada por la resolución de las discrepancias habidas durante largos años con el Estado en torno al Concierto Económico y al Cupo. También se produjo una reactivación de la eco- nomía, y todo ello ensanchó las posibilidades de las políticas presupuestarias. Así mismo, en esa segunda legislatura en la Comisión Mixta del Concierto Económico se consiguieron por primera vez, con el Gobier- no de Sánchez, normas fiscales diferenciadas para la CAPV, es decir, tener unos límites de endeudamiento y déficit propios, y no los mismos que el resto de comunidades.

En cuanto a la tercera legislatura, al principio estuvo condicionada por la crisis de la COVID, y luego por la guerra de Ucrania y la posterior crisis de la inflación. En esa legislatura también se acordaron, en la Comi- sión Mixta del Concierto Económico, las concertaciones de nuevos impuestos, así como la participación en el gravamen temporal energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, que ha generado nuevos ingresos.

Pero el aumento de recursos públicos, nada más y nada menos que en 5000 millones de euros, no ha su- puesto una reorientación de las políticas prioritarias de este país: no se ha aprovechado para reducir las brechas sociales, avanzar en la transición ecosocial a la velocidad necesaria, promover políticas para las familias, fortalecer el tejido industrial, robustecer la producción cultural vasca, mejorar el sistema sanitario vasco o enfrentarse al reto demográfico.

En este recorrido es muy importante revisar la política de la recaudación de impuestos, así como los debates en torno a la política fiscal, que aún continúan. De hecho, todavía está por hacerse la reforma fiscal que la economía y la sociedad necesitan. En estos años, la recaudación de impuestos, al igual que la economía, ha experimentado fluctuaciones. Así, en los años de crisis profunda el impacto en los ingresos del Gobierno ha sido notorio, y cuando la economía ha mejorado eso también se ha notado directamente en la recaudación.

En cuanto a las normas fiscales, cabe destacar que en esta última legislatura el Gobierno Vasco ha optado por un estricto cumplimiento de las mismas. Aunque desde Europa se ha difuminado la obligatoriedad de las normas fiscales, el Gobierno no ha utilizado en su totalidad la posibilidad de endeudamiento para impulsar políticas públicas tan necesarias para hacer frente a los problemas de la inflación. En lugar de ello, los ingresos extraordinarios que le han proporcionado las grandes recaudaciones de impuestos se han destinado principalmente a reducir el endeudamiento. En estos años en los que la crisis ha golpeado con fuerza, el Gobierno ha perdido la oportunidad de reforzar aún más los servicios públicos, porque ha gastado por debajo de sus posibilidades.

Así, si bien en estas tres legislaturas ha habido años con un resultado presupuestario negativo, cabe desta- car que el remanente disponible ha pasado de cerca de 200 millones en 2013 a cerca de 1.400 millones en 2022, habiéndose perdido por el camino muchas de las apuestas y necesidades del sector público que las crisis producidas en ese periodo exigían.

A la hora de analizar el recorrido de los presupuestos se pueden subrayar diferentes cuestiones, pero, te- niendo como eje el bienestar social, es fundamental analizar el recorrido de la Sanidad y la Educación.

En 2013, el presupuesto del Departamento de Sanidad suponía casi el 35 % de los Presupuestos Generales de la CAV; en 2017 –ya en la segunda legislatura– el porcentaje bajó a un 32 %; en la tercera legislatura, cuando ya teníamos aquí la crisis de la COVID, fue del 33,6 % en 2021, y en el último presupuesto de Urkullu, este año, es del 32,5 % sobre el total del presupuesto.

En cuanto al Departamento de Educación, su peso en los Presupuestos Generales era del 25 % en 2013, des- cendió al 23 % en 2017 y, ya en la tercera legislatura, volvió a rondar el 25 % en 2021 y este año ha vuelto a situarse por debajo de ese porcentaje, no superando el 24,5 %.

Teniendo en cuenta la importancia que tanto el Departamento de Sanidad como el de Educación tienen en los presupuestos, esos datos demuestran que su peso relativo no ha aumentado en las tres legislaturas de Urkullu, a pesar de que la sociedad demanda cada vez más mejoras en esas áreas. Los presupuestos de ambos departamentos han crecido, así como la inversión, porque los propios Presupuestos Generales han crecido, pero eso no ha supuesto que Sanidad y Educación hayan adquirido más peso; es decir, no se han apreciado cambios en las prioridades del Gobierno.

Si analizamos los presupuestos por capítulos, en 2013 se destinaron 452 millones de euros a inversiones reales, representando el 4,7 % del presupuesto total gastado. En 2022 esa cantidad bajó a 182 millones (el 1,34 % del presupuesto total gastado), aunque en un principio el Gobierno preveía invertir 378 millones. Este año prevé una inversión superior a los 542 millones, un 3,6 % del presupuesto total. Sabiendo que los Presupuestos Generales han aumentado en más de 5.000 millones entre 2013 y 2024, llama la atención que el capítulo de inversiones reales solo haya aumentado en 100 millones, a pesar de que durante estos años el Gobierno ha subrayado una y otra vez las inversiones.

Podemos concluir diciendo que durante estos 12 años en los que las crisis han estado presentes los presu- puestos, si bien han incluido medidas puntuales, han sido continuistas, no se han percibido cambios pro- fundos, a pesar de que las necesidades de la sociedad vasca se han profundizado y renovado. Por desgracia, todavía queda mucho camino por recorrer para afrontar los importantes retos que ya tenemos aquí y los que están por venir.

Empleo público

En cuanto al empleo público, en Euskal Herria queda mucho por avanzar. De hecho, en comparación con la media de la Unión Europea o de la OCDE, tenemos déficit. El peso del empleo público en la CAV es del 17,1 %, frente al 18,6 % de la OCDE, y nos encontramos muy lejos de países como Noruega, Suecia o Dina- marca, que superan la tasa del 28 %.

La creación de empleo público debería ser un eje importante de las estrategias de empleo de los gobiernos, no sólo por el impacto positivo que la calidad del empleo tiene en esas personas, sino por el impacto que la calidad de los servicios públicos tiene en la sociedad. Entre las trabajadoras y trabajadores del sector pú- blico predominan los problemas estructurales. En la medida en que repercuten directamente no solo en la calidad del empleo público sino también en la calidad de los servicios públicos, esos problemas exigen una intervención urgente.

En este momento la administración autonómica cuenta con una plantilla de 100.000 personas. La escan- dalosa tasa de temporalidad (4 de cada 10 contratos son temporales), los problemas de relevo generacional provocados por la tasa de reposición impuesta en su día por el Gobierno de Rajoy, los retrasos y prórrogas en las OPEs, el abuso de las jornadas parciales, los puestos no codificados, los puestos públicos que se han privatizado mediante subcontratación..., todo ello demuestra que ha existido una estrategia evidente para debilitar el empleo público, con la finalidad de reducir los costes públicos e inflar el sector privado.

Europa ha ordenado reducir la tasa de temporalidad de la plantilla hasta el 8%, tasa de la que el Gobierno Vasco está muy lejos, ya que su tasa de temporalidad es la más alta de Europa y tres veces más alta que la del sector privado.

Las convocatorias públicas que está preparando el Gobierno no reducirán de forma significativa esa tasa. De hecho, la previsión es reducir la tasa de temporalidad, que actualmente está en el 44%, sólo en una cuar- ta parte. El retraso y la demora que ha habido en esta materia es injustificable, y lo es más aún la falta de respuesta habida tras la resolución dictada por los tribunales de justicia europeos.

La lentitud que está mostrando el Gobierno en los procesos de estabilización también repercute directa- mente en que no se aseguren los relevos generacionales. La sustitución de las jubilaciones en plazas esta- bles por puestos temporales y la falta de planificación que ha habido durante años ha repercutido especial- mente en Osakidetza, y también en la evolución negativa de ese servicio público.

Por otro lado, muchos puestos de trabajo estructurales están subcontratados, en lugar de contratarse direc- tamente. Así ocurre en Educación (cocinas...), en los servicios de emergencia de Osakidetza, etc. Es nece- sario plantear una adecuada detección y reversión de esos puestos de trabajo, para ir relegando la fórmula de la subcontratación.

Un sector público de calidad necesita unas condiciones laborales adecuadas, estabilidad y poca movilidad, convocatorias públicas transparentes y adecuadas..., pero se han detectado carencias en muchos ámbitos, lo cual ha hecho que, a menudo, el sector público no sea atractivo para el trabajo y, por otro lado, ha reper- cutido en la calidad del servicio público.

Ante todo ello, hay una serie de tareas que es preciso abordar con urgencia: procesos de consolidación; identificación y reversión de los puestos estructurales privatizados; y revisión y adecuación de todas las listas de puestos de trabajo de las y los funcionarios.

Estatus político

Los consensos alcanzados en la legislatura 2016-2020 no han tenido continuidad en la última legislatura. Con el nuevo estatus político metido en un cajón, ha sido la legislatura del desarrollo del Estatuto de Gerni- ka, aunque en el terreno del traspaso de competencias el resultado también ha sido pobre.

Hemos tenido una legislatura y un Gobierno carentes de ambición nacional y que han desdeñado la mayo- ría cualificada existente en el Parlamento para alcanzar consensos y profundizar en soberanía. En el Estado español se escucha con más fuerza que nunca la idea del Estado plurinacional, la necesidad del reconoci- miento nacional y del derecho de la ciudadanía a decidir, las hojas de ruta para acordar estatus políticos y negociar con el Gobierno español, la ventana de oportunidad de Madrid..., y, mientras tanto, hemos visto claramente todos los límites del autogobierno que tenemos hoy en día: sentencias contra el euskera, inter- vención del Tribunal Constitucional...

Hasta ahora, el Gobierno autonómico se ha centrado únicamente en el desarrollo del Estatuto de Autono- mía. Casi cinco décadas después. Como si el desarrollo de un texto legal caduco e incapaz de responder a las necesidades actuales nos proporcionara herramientas adecuadas.

Traspaso de competencias en la última legislatura

Las competencias que se han traspasado son las siguientes:

• Gestión de las prestaciones sanitarias del seguro escolar.
• Ejecución de la legislación del Estado sobre productos farmacéuticos.
• Ayudas previas a la jubilación ordinaria a trabajadores afectados por expedientes de despido colectivo.
• Funciones relativas a la asignación del ISSN (International Standard Serial Number).
• Funciones y servicios sobre ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria.
• Medios personales, presupuestarios y patrimoniales adscritos al ejercicio de determinadas facultades previstas en la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, en relación con los transportes por carretera.
• Ferrocarriles (cercanías).
• Emisión, homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de enseñanza universitaria.
• Inmigración.

Todavía quedan 28 transferencias pendientes:

• Fondo de protección a la cinematografía.
• Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
• Prestaciones por desempleo.
• Paradores de turismo.
• Seguros agrarios.
• Inspección pesquera.
• Organización y orientación del mercado de productos de pesca y cultivos marinos.
• Régimen electoral municipal.
• Servicios de seguridad privados.
• Expedición de permisos de circulación y matriculación de vehículos.
• Hidrocarburos.
• Sector público del Estado.
• Administración institucional. Apoyo a las Pymes y programas de innovación tecnológica.
• Mercado de valores.
• Crédito oficial.
• Seguros.
• Créditos y bancos.
• Salvamento marítimo.
• Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). Ampliación transferencia en inves- tigación y desarrollo científico y técnico e innovación.
• Puertos de interés general.
• Aeropuertos.
• Meteorología.
• Fondo de garantía salarial.
• Centros de investigación y asistencia técnica.
• Gestión del Régimen Económico de la Seguridad Social.
• Instituto Social de la Marina.
• Instituto Nacional de la Seguridad Social.
• Organización y gestión del litoral.

Sin duda, un balance pobre para garantizar el bienestar de la ciudadanía o para avanzar en instrumentos jurídicos y políticos que nos permitan no solo sobrevivir sino también avanzar como pueblo. Además de los consensos a favor de los instrumentos políticos y jurídicos que necesita este país y de un sistema de garantías para ellos, es totalmente necesario dar continuidad al acuerdo por un nuevo Estatus político que se alcanzó en el Parlamento y retomar esos trabajos, actuando como pueblo para que las y los ciudadanos vascos llevemos ese estatus político a una negociación bilateral. Nos comprometemos a reactivar los traba- jos en los tres primeros meses desde la constitución del Parlamento.

El programa por capítulos

Este programa electoral se divide en 9 capítulos:

1. Soberanía estratégica. Recoge los compromisos para establecer unas raíces sólidas en las materias es- tratégicas para el avance de este país, tales como la soberanía energética, la soberanía alimentaria, el desarrollo económico, las políticas digitales y un sistema soberano de fiscalidad y finanzas.
2. Medidas para garantizar el bienestar y el reparto de la riqueza: salud, vivienda, juventud, empleo, cui- dados, reto demográfico y políticas familiares, política de protección social y prestaciones y pensiones.
3. Materializar la transición ecosocial: energía, medio ambiente y biodiversidad, ordenación del territo- rio, movilidad e infraestructuras, transición agroecológica, alimentación y zonas rurales vivas.
4. Compromisos sobre el sistema de conocimiento, abarcando todo el ciclo educativo.
5. Identidad comunitaria: política lingüística, cultura, sistema de comunicación, política internacional y acción exterior, cooperación al desarrollo.
6. Libertades democráticas: seguridad, justicia, sistema penitenciario vasco, resolución del conflicto, Ararteko.
7. Transformación de la administración pública: administración pública digital, empleo público, transpa- rencia y lucha contra la corrupción.
8. Gobernanza cooperativa: gobernanza feminista, políticas LGTBI, diversidad cultural, personas con dis- capacidad, infancia y adolescencia.
9. Hoja de ruta para alcanzar un Nuevo Estatus Político que muestre ambición de país.

No obstante, el carácter transversal de muchas políticas que planteamos hace que algunas propuestas es- tén diseminadas a lo largo de diferentes capítulos. Así, las politicas feministas, las relativas a la transición eco-social, a la salud o al euskera, por ejemplo, se ven reflejadas a lo largo de todo el programa. Por ello os invitamos a la lectura completa del mismo para obtener una mirada amplia de la ambición de país que re- cogen las siguientes propuestas. Esperamos que os resulte interesante.

Euskal Herria Bildu.

Reforzar la soberanía estratégica

El mundo está cambiando a gran velocidad. Si la crisis de 2008 desbarató de un golpe la quimera de la pros- peridad neoliberal global, durante los últimos años se han acelerado de manera sustancial los problemas que se han ido acumulando y sus consecuencias. Ya sean las consecuencias de la pandemia, sea el tensio- namiento de la cadena de suministro, sea el acaparamiento de los recursos básicos, sea la crisis energética o la alimentaria, sean la tensión geopolítica y los vientos de guerra que arrecian, o sea la crisis ecológica generalizada, estamos inmersos en una época de profundos cambios, en la que reina la incertidumbre. Al fin y al cabo, en este mundo que se está convirtiendo en multipolar y conflictivo, la soberanía se está con- virtiendo a su vez en una cuestión estratégica.

Cualquier pueblo que quiera gobernarse a sí mismo precisa tener como objetivo lograr la mayor sobera- nía formal posible, el máximo nivel de competencia. Pero, además, la soberanía material constituye tam- bién un componente imprescindible en diversos ámbitos estratégicos que resultan básicos para garantizar condiciones de vida dignas y, en ese sentido, nos urge prepararnos de cara al futuro. No hemos adaptado nuestros sistemas alimentarios o energéticos, la industria y, en general, el tejido productivo, el proceso de digitalización o el sistema fiscal o financiero al inestable contexto en el que vivimos. Esa situación nos ha hecho vulnerables para navegar en aguas revueltas.

En este contexto histórico, adquiere especial importancia el concepto de soberanía estratégica: tener la mayor autosuficiencia posible en los procesos socioeconómicos básicos a fin de ganar resiliencia ante los fenómenos globales. Euskal Herria debe realizar una reflexión estratégica urgente: cómo avanzar en la so- beranía alimentaria alejándose de la influencia decisiva de los mercados internacionales y lograr una ali- mentación de cercanía saludable; cómo empezar a revertir la tremenda dependencia que tenemos actual- mente respecto a las fuentes energéticas externas y contaminantes, cómo desarrollar una estrategia digital soberana ahora que nuestras vidas se han digitalizado en gran medida, cómo arraigar el tejido industrial en nuestro territorio y, en general, todo nuestro desarrollo económico, y cómo transformar ese tejido para que se adapte a un nuevo paradigma económico, cómo organizar nuestro sistema fiscal y financiero, ga- rantizando la cohesión social y los servicios públicos de calidad para distribuir la riqueza o financiar con suficiencia las transformaciones que se deben realizar.

Pasar de una economía lineal propulsada por combustibles fósiles a un nuevo modelo de economía digi- talizada y circular que funcionará con fuentes energéticas renovables supone la transformación del mo- delo económico, una transformación sin precedentes y llena de riesgos, pero que ofrece también grandes oportunidades que tenemos que acertar a aprovechar. Generar la energía necesaria para nuestra actividad socioeconómica resulta fundamental para avanzar en soberanía estratégica y, a su vez, apostar por una industria orientada a recuperar materias primas críticas es una opción para mejorar la posición estratégica que tenemos en el contexto europeo.

No disponemos de todas las herramientas que serían necesarias para que se pueda realizar una interven- ción integral y coherente, y es imprescindible trabajar con el objetivo de hacernos con esas herramientas, así como también es imprescindible poner toda la capacidad e inteligencia colectiva en beneficio de la transformación que debe darse.

En este capítulo pondremos especial atención a la energía, a la alimentación, a la industria y el tejido pro- ductivo, a la digitalización, y al sistema fiscal y financiero. En la medida en que se trata de soberanías es- tratégicas, resulta fundamental mantener y ampliar la soberanía material en todas esas áreas si queremos garantizar la resiliencia de nuestro pueblo.

En busca de la soberanía energética

En la Comunidad Autonómica Vasca empleamos mucha energía para llevar a cabo nuestras actividades eco- nómicas y sociales, superando las medias tanto del Estado como de la Unión Europea, y doblando las medias mundiales. Las principales fuentes energéticas son el petróleo y el gas fósil, donde destacan dos características principales. Por un lado, la mayor parte de la emisión de gases de efecto invernadero de la CAV que provocan la emergencia climática proviene de la combustión de recursos fósiles. Concretamente el 86 %. Por otro lado, todos los recursos fósiles empleados en nuestro territorio son importados, algo que condiciona completamen- te la soberanía energética, siendo nuestra dependencia energética del exterior superior al 90 %. Aunque el principal factor de esa dependencia sea la importación de recursos fósiles, hay que tener en cuenta que una gran parte de la electricidad que consumimos proviene del exterior (el 67 % en 2023). La electricidad lograda por energías renovables locales ha supuesto en torno al 10 % del consumo eléctrico. Y de cara al consumo energético total, las energías renovables locales no satisfacen más que un 8 % de las necesidades energéticas.

Analizando la dependencia energética del exterior, hay que subrayar varias cuestiones. Obtener energía, sea cuál sea la fuente, tiene un impacto ecológico. En la medida que la mayor parte de la energía consumida proviene del exterior, el impacto asociado a su generación está externalizado. El transporte de energía tiene también un impacto ecológico, y tampoco estamos interiorizándolo. Además, no tenemos ningún control sobre las condiciones que rodean a la energía generada en el exterior, y no participamos en la riqueza vin- culada a esa generación, sean puestos de trabajo, impuestos, etc.

Por si ello fuera poco, cada

Programa Electoral EH Bildu - Euskadi 2024

cuando la media de la UE-27 fue del 41 %. La diferencia entre los dos datos es superior a 7 puntos (que supondría más de 5.000 millones en la recaudación fiscal de la CAE).

La escasa tributación sobre la riqueza hace más ricos a los ricos. El patrimonio de las dos primeras personas vascas que aparecen en la lista Forbes de grandes fortunas se ha multiplicado por 2,4 de media en los últimos 10 años.

Por otra parte, es preocupante el nivel que ha alcanzado el fraude fiscal, ya que cuestiona el principio de igualdad y la propia legitimidad del sistema. En este campo, el estudio más completo que se ha realizado en la CAE data de 2016, y según se recoge en él se estimó una pérdida de al menos 2.300 millones al año, por no ingresar los correspondientes impuestos (y otros 1.400 millones que corresponderían a las cotizaciones sociales).

Otra característica que debemos señalar son los límites que tenemos en la soberanía fiscal. No disponemos de todas las herramientas que serían necesarias para que se pueda aplicar una política fiscal integral: La competencia de la Seguridad Social es del Estado y, por lo tanto, no tenemos poder para influir sobre las cotizaciones sociales; y por otra parte, aunque el Concierto Económico nos reconoce un nivel importante respecto a la competencia fiscal, existen a su vez algunas limitaciones importantes, sobre todo en la tributación indirecta, en el desarrollo normativo y la inspección de las grandes sociedades o en la fiscalidad internacional.

Por último, queremos recordar que en la CAE las competencias fiscales corresponden a los Territorios Históricos, aunque la mayor parte del gasto público lo asumen el Gobierno Vasco y las instituciones comunes del marco de la CAE. Aun siendo esas las condiciones, las personas responsables y las instituciones del marco de la CAE pueden asumir el liderazgo para impulsar reformas fiscales y fomentar desarrollos compartidos entre los cuatro niveles institucionales implicados.

Compromisos para 2028

1. Nos comprometemos a tener una actitud activa en favor de una fiscalidad avanzada y asumir el liderazgo

   • Hacer uso del Órgano para la Coordinación Fiscal de Euskadi para poder coordinarse y cooperar en la política fiscal, aunque las decisiones últimas se deberán desarrollar y aprobar en las instituciones forales.
   • Crear una comisión de igualdad en el Órgano para la Coordinación Fiscal.
   • Comenzar a estudiar la opción de formar una Hacienda Única entre los Territorios Históricos, principalmente, entre otras razones, por la mejora sustancial que eso supondría en la gestión de impuestos (sobre todo en los indirectos) y en la lucha contra el fraude.

2. Apoyaremos una mayor soberanía fiscal: Impulsaremos la modernización del Concierto Económico con el Estado para ir corrigiendo algunas carencias existentes.

   • En el área de la fiscalidad, las siguientes: (i) solicitar la competencia de desarrollo del IVA y de los Impuestos Especiales; (ii) Avanzar en la fiscalidad internacional, (iii) Revisar las competencias de desarrollo normativo e inspección de grandes empresas en el Impuesto de Sociedades.
   • Incluir el encaje en el Concierto Económico de los aspectos correspondientes a los pasos y las decisiones que se tomarán en la transferencia de la competencia de la gestión de la Seguridad Social.
   • Avanzar para tener la capacidad de elaborar una hoja de ruta propia de la tributación y del déficit público.
   • En un sentido más general, avanzar hacia la verdadera bilateralidad dentro del Concierto Económico.

3. Estudiaremos la capacidad con la que cuenta el Parlamento Vasco dentro del actual reparto competencial.

   • Realizar un estudio general sobre el tema.
   • Analizar las opciones existentes en la fiscalidad verde y dar pasos adelante, por ejemplo, desarrollando la tasa turística.
   • Estudiar también la tributación del lujo, proponiendo, en este caso, un impuesto sobre activos no productivos de personas jurídicas.

4. Incrementar la capacidad de recaudación del sistema fiscal: acercar paulatinamente la presión fiscal a las medias de los países del entorno.

   • Teniendo en cuenta nuestros límites competenciales (no podemos incidir ni en la tributación indirecta ni en las cotizaciones sociales, y tenemos también medios limitados en la inspección y en la lucha contra el fraude), nuestra actuación se plasmará de este modo: (i) realizar modificaciones en el desarrollo normativo de impuestos directos, e (ii) incidir en la gestión e inspección, a fin de garantizar la efectividad de las Haciendas.
   • Tenemos como objetivo propiciar el debate social en ese proceso en torno a la política fiscal.

5. Una reforma fiscal en profundidad, a fin de que el sistema fiscal sea justo, progresivo, equitativo y solidario.

   • Junto con las Juntas Generales de los Territorios Históricos, se darán pasos para ir construyendo un sistema impositivo más justo y solidario, para aumentar la presión fiscal y la capacidad de recaudación de impuestos, y para distribuir la carga impositiva de una manera más justa. Citaremos de manera breve los principales ejes de la reforma
   • Abrir la vía de volver a una base imponible única en el IRPF, a fin de que las rentas de capital tengan el mismo tratamiento que las rentas de trabajo (puede hacerse de modo progresivo, adaptando paulatinamente la tarifa impositiva de la base del ahorro).
   • Reforma completa del Impuesto de Sociedades, a fin de que las empresas tributen en un nivel razonable coincidente con los beneficios realmente obtenidos (entre otras cosas, estableciendo una tasa impositiva mínima real), que tendría como objetivo acercarnos a las posiciones de los países del entorno, fortalecer el tejido económico real e incrementar la capacidad recaudatoria.
   • Regular en términos efectivos la tributación sobre el patrimonio en lo que respecta al gravamen sobre la riqueza, para que las mayores riquezas coticen en la medida que les corresponda.
   • Desarrollar el área de los impuestos medioambientales que, más allá de la influencia que puedan tener en la recaudación fiscal, puede ser también un componente importante para fomentar la vía de la transición ecológica.

6. Tolerancia 0 contra el fraude: acometer este tema de manera prioritaria y liderar la lucha contra el fraude.

   • Creación del Observatorio Vasco contra el Fraude.
   • Establecer cláusulas sobre responsabilidad fiscal en la contratación pública en todos los niveles de la Administración.
   • Impulsar y apoyar la actuación contra el fraude de las Haciendas Forales, tanto en lo que respecta a obtener más recursos técnicos y humanos como en las actuaciones necesarias para limitar la fuga de impuestos en leyes y normativas o en la propia gestión.
   • Aunque actualmente esté fuera de nuestra competencia, apoyar las decisiones y compromisos que se tomen en cualquier foro para acabar con los paraísos fiscales y con el fraude internacional a gran escala.
   • De cara a la ciudadanía, trabajo de concienciación y campañas, más facilidades para cumplir las obligaciones fiscales (por ejemplo, ofrecer servicios bancarios básicos de titularidad pública).

7. Desarrollo del Instituto Vasco de Finanzas, para poder contar con un banco público en el futuro.

Hay que fomentar y fortalecer el Instituto Vasco de Finanzas y sus instrumentos, poniéndolos al servicio de la industria vasca bajo los claros parámetros ESG (Environmetal, Social, Governance), y de cara a la evolución hacia la Banca Pública, analizando todas las opciones que permiten avanzar en su conversión en banco público vasco (ficha bancaria, crédito para empresas…). Además, pueden establecerse las bases de nuevos mecanismos financieros sustitutorios de los bancos, como, por ejemplo, el Mercado Bursátil Alternativo orientado a capitalizar pequeñas y medianas empresas. Regular el crowfunding para proyectos más pequeños (establecer mecanismos de ayuda, garantías…). Constituyen también otros instrumentos interesantes en este panorama del sector financiero público las sociedades públicas de capital-riesgo (es urgente reorganizar el sector), o la formación de una EPSV pública o Agencia Pública de Rating.

8. Trabajar en favor del control público de Kutxabank.

Hay que volver a abrir el debate en torno a Kutxabank. Es de sobra conocido el origen público y social de las cajas, y, por lo tanto, también de los fondos y activos que sirvieron de base para la formación del banco; y, así mismo, que las fundaciones bancarias, actuales titulares de la propiedad de la institución, no garantizan en modo alguno su control democrático. Por eso, en nuestra opinión, desde una actitud responsable y comprometida respecto al interés general de la ciudadanía vasca, se deben analizar todas las vías para que las instituciones recuperen el control de lo que puede ser un instrumento de financiación de gran capacidad, a fin de impulsar el desarrollo económico y social de nuestro pueblo.

9. Fomentar unos usos concretos del ahorro privado.

Se deben implementar algunas medidas para fomentar el crédito destinado a actividades productivas o estratégicas, por ejemplo: (i) modificar la normativa respecto a las EPSV, con el objetivo de fomentar una mayor inversión en proyectos industriales y empresariales; o en proyectos de interés social; (ii) impulsar una política que cubra riesgos y establezca alianzas con bancos y cajas vascas, para fomentar microcréditos o reforzar el sistema de avales para empresas mediante convenios, por ejemplo; (iii) establecer un coeficiente obligatorio a los bancos para invertir en empresas de producción, conforme a sus pasivos; respecto a eso, y fin de evitar consecuencias perversas y no deseadas, se desarrollaría una legislación específica y una supervisión rigurosa.

Garantizar el bienestar y repartir la riqueza

El nivel de bienestar de la ciudadanía está estrechamente relacionado con el grado de desarrollo de las políticas públicas y de los servicios públicos. La existencia de servicios públicos sólidos es la garantía del bienestar de un país y de una comunidad y, con ello, de la cohesión social en el presente y en el futuro. Es más, tanto unas potentes políticas públicas como unos servicios públicos referenciales son la mejor garantía de un reparto equitativo de la riqueza y la vía más segura para abordar nuestros retos como sociedad. Una base importante en tiempos de incertidumbre, ahora que la preocupación por el futuro y el encarecimiento de la vida amenazan el día a día de la mayoría y sus proyectos vitales.

Para alcanzar el nivel de desarrollo adecuado, sin embargo, además de un diagnóstico riguroso, hacen falta capacidad, voluntad y valentía, así como una mirada a medio-largo plazo que recoja las pulsiones ciudadanas y las convierta en iniciativa pública. Es necesario tanto tomar decisiones firmes como tener un modelo claro. Y mirando con rigor, vemos que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa no estamos donde deberíamos. No hemos aprovechado la última década para dar el salto que necesitamos en las políticas públicas. La actuación del Gobierno se ha encadenado a la inercia, evidenciando falta de previsión, dejadez, interés cortoplacista y una pobre gestión. La paradigmática decadencia de Osakidetza, la falta de desarrollo del derecho a la vivienda o los datos especialmente negativos en lo relativo a la emancipación de la juventud son consecuencias evidentes de decisiones erróneas. Y hay otras.

Para garantizar el bienestar y proteger el día a día de la ciudadanía y sus proyectos vitales, tenemos que dar un salto en el desarrollo de las políticas públicas. Hay que demostrar valentía y liderazgo, activando la inteligencia colectiva que conforma una sociedad civil plural y diseñando con ella una hoja de ruta compartida. Y debemos reivindicar la necesidad de soberanía, de tener en nuestras manos todos los instrumentos para dar forma a las políticas públicas que queremos poner en marcha y que necesita este país, tanto para fortalecer y transformar los servicios públicos como para adelantarnos al futuro.

Haciendo un análisis por sectores, para reforzar Osakidetza y adaptarla a los nuevos tiempos, debemos enfocar el cambio de modelo desde un diagnóstico compartido sobre la magnitud del problema, priorizando reforzar la Atención Primaria, reducir las Listas de Espera, cambiar el Modelo de Contratación, revertir la tendencia a la privatización y acabar con unas tasas de temporalidad que son inaceptables.

Con el objetivo de hacer efectivo el derecho a la vivienda, pretendemos desarrollar tanto la Ley de Vivienda de 2015 como nuevos instrumentos, limitando el precio de los alquileres en el mercado privado, ampliando notablemente el parque público de alquiler, movilizando viviendas vacías o poniendo coto a los alquileres de temporada.

Queremos introducir en las decisiones políticas las necesidades y la mirada de la juventud de forma integral, posibilitando su emancipación y aumentando su capacidad de decisión. Pondremos en vigor medidas de choque para la vivienda y el empleo y una Ley para posibilitar la Justicia Intergeneracional.

En tiempos de transformación del empleo, vamos a optar decididamente por el empleo de calidad, oponiéndonos a la precarización que condiciona profundamente las condiciones de vida y los proyectos vitales. El salario mínimo de 1.400 euros, la jornada laboral de 32 horas sin reducción salarial, el refuerzo integral de la salud laboral y la inspección de trabajo, la lucha firme contra la brecha salarial y la firma del Pacto por el Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social son nuestros compromisos más destacados.

En el ámbito de los cuidados es necesario dar un salto, y nos comprometemos a ello para articular una nueva institucionalización, crear espacios de diálogo y cooperación –sobre todo con el movimiento feminista–, acabar con las desigualdades interterritoriales o de renta en las políticas de cuidados o mejorar sustancialmente las condiciones laborales en esta área, entre otras cuestiones.

El reto demográfico requiere rediseñar nuestras políticas públicas para garantizar las condiciones sociales y económicas necesarias para que las decisiones y las opciones sobre la reproducción y la crianza sean realmente libres. En este camino, urge un nuevo sistema universal de prestaciones familiares para, por ejemplo, poner en marcha una prestación universal de 200 euros por la crianza de hijos e hijas hasta, al menos, los 18 años. En cuanto al transporte, proponemos que sea gratuito hasta los 12 años de edad.

En políticas de protección social, cuando arrecia el encarecimiento de la vida, tomaremos medidas para garantizar condiciones de vida dignas y asegurar el poder adquisitivo reforzando la Renta de Garantía de Ingresos, convirtiendo las Ayudas de Emergencia Social en un derecho subjetivo o redimensionando los Servicios Sociales de Base.

Por último, en sintonía con el movimiento de pensionistas, asumiremos el compromiso de que todas las pensiones alcancen al menos los 1.080 euros, así como la tramitación de oficio de la Renta de Garantía de Ingresos para que todas las personas pensionistas que lo necesiten reciban ese complemento. Todo ello sin olvidar el traspaso del Régimen Económico de la Seguridad Social, hito importante en la construcción del sistema propio soberano que tenemos por objetivo.

Salud

Diagnóstico

Osakidetza se ha convertido en un gran problema. Así lo confirma el Sociómetro num. 82 publicado por el Gobierno vasco en febrero de 2024: la Sanidad es la segunda gran preocupación para la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Datos al margen, el declive de Osakidetza es indiscutible, es paradigmático, la prueba principal del agotamiento de un modelo de gestión. Atención Primaria, Listas de Espera, Puntos de Atención Continuada (PAC), privatizaciones... Hay muchos indicios, demasiados, que están pidiendo un cambio de rumbo.

Si bien la pandemia ha tenido incidencia en esta situación, solo eso no explica el deterioro actual, el descontento actual. En absoluto. Los problemas que tiene Osakidetza vienen de lejos y en gran medida son consecuencia de la mala gestión de los últimos años. Han sido evidentes la falta de planificación, la incapacidad de anticipar el futuro, la errónea política de contratación y un modelo de gobernanza vertical.

Por ejemplo, en Atención Primaria, a consecuencia de la precariedad derivada de la política de contratación, se han roto la longitudinalidad y la referencialidad de la atención entre profesionales sanitarios y ciudadanía. Muchas personas ya no tienen a su médico o médica como era antes; no se conocen. Y eso, según la evidencia científica, tiene consecuencias en la salud y la mortalidad de la población.

Aunque se están convocando Ofertas Públicas de Empleo (OPE), se están haciendo tarde y mal, forzadas por las advertencias y sentencias emitidas desde Europa y por la Ley 20/2021 aprobada en Madrid, que pretende reducir la temporalidad. Pero con las medidas adoptadas no se conseguirá en absoluto reducir la temporalidad al 8%. Además, el Departamento de Salud está aprovechando el proceso de estabilización para destruir puestos de trabajo, tal y como se ha puesto de manifiesto en la Mesa Sectorial. De no cambiar las cosas, se prevé que para finales de 2025 se puedan destruir hasta 3.600 empleos.

Por no hablar de las jubilaciones que se están produciendo. Ante un reto que era muy evidente, no se ha hecho ninguna planificación ni se ha tomado ninguna medida para afrontar el relevo generacional. Por ejemplo, la previsión es que entre 2023 y 2025 se jubilen 1.391 médicos y médicas, 913 enfermeras y enfermeros y 63 profesionales de Salud Pública. Y ante eso no hay ninguna estrategia en Osakidetza.

También el modelo de gobernanza ha sido deficiente. Los numerosos, variados y múltiples problemas que solo en esta última legislatura se le han acumulado al Departamento de Salud son consecuencia de su funcionamiento vertical. Así lo atestiguan los ceses y dimisiones de la dirección de la OSI de Donostia, el conflicto de Cirugía Cardiaca en Basurto, las obras de la OSI Bidasoa o los conflictos en torno a los Puntos de Atención Continuada (PAC), por poner algunos ejemplos significativos. El convenio de 2009 de Osakidetza sigue pendiente de renovación y la Mesa Sectorial no ha sido un espacio de cooperación y negociación con los sindicatos, sino de mera información. Tampoco hay herramientas para incorporar la visión y la aportación tanto de las personas usuarias como de las y los pacientes. No es de extrañar, por tanto, que en la legislatura 2020-2024 haya habido numerosas movilizaciones y huelgas en defensa del Sistema Público de Salud, convocadas tanto por los sindicatos con representación en Osakidetza como por diversas plataformas ciudadanas.

Por otro lado, el Gobierno ha construido un Sistema Público de Salud centrado en la enfermedad y apenas se ha hecho un esfuerzo por construir un sistema basado en la promoción de la salud, los cuidados y el empoderamiento en salud. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud tiene establecido el marco y la estrategia para integrar las políticas sanitarias en todas las políticas, hasta ahora el Gobierno de Lakua no ha hecho un esfuerzo especial en esa dirección. Asimismo, entre las prioridades del Departamento de Salud, tanto Salud Pública como Salud Mental, Sociosanitaria, Adicciones y Emergencias han quedado en un segundo plano, dando prioridad a los hospitales.

Urge, pues, un cambio de rumbo. A partir de un diagnóstico compartido sobre la situación de Osakidetza, identificando bien los problemas, es necesario proponer nuevas soluciones que se pongan en marcha desde un nuevo modelo de gobernanza. Un cambio de modelo para reforzar y adecuar Osakidetza y el Sistema Público de Salud a los nuevos tiempos.

En este sentido, a continuación presentamos un conjunto de propuestas que contemplan una serie de medidas y prioridades. Todas ellas aparecen recogidas en el extenso y profundo Programa de Gobierno que EH Bildu ha elaborado en relación al Sistema Público de Salud y que, desde nuestro punto de vista, ofrece respuestas adecuadas a los problemas y retos existentes en estos momentos. Por consiguiente, recomendamos a quienes tengan interés en el tema que lo lean detenidamente en la siguiente dirección: (poner enlace)

Compromisos para 2028

1. Atención Primaria.

   • Ampliación de la plantilla al menos en un 10 %. Unificación de la plantilla estructural y la plantilla funcional en una única plantilla, bajo criterios de transparencia.
   • En atención primaria se fijarán ratios mediante normativa. Manteniendo la proporcionalidad entre los distintos colectivos, se tomarán como referencia los equipos multidisciplinares para fijar las ratios de profesionales por número de habitantes y características de la población que puedan incidir en la carga de trabajo y en el impacto de las desigualdades en la salud.
   • La atención primaria tendrá capacidad de decisión y autonomía para su funcionamiento dentro de la OSI. Tendrá un presupuesto, un cronograma para aumentar la inversión y una plantilla propia diferenciada.
   • Nuestro reto será garantizar la longitudinalidad, una relación estable y mantenida en el tiempo entre el mismo equipo y sus pacientes, para reducir así la morbimortalidad. Para ello, además de cambiar la política de contratación, se fomentará la creación de equipos que incluyan diferentes categorías funcionales.
   • Se adoptarán medidas para hacer más sociales los centros de salud de atención primaria.
     • Mediante iniciativas comunitarias de cuidado, promoción y prevención de la salud.
     • Mediante la contratación de nuevas figuras para trabajar en equipos de Atención Primaria, como personal de fisioterapia, psicología, podología, farmacia, trabajo social, geriatría, educación física y ciencias del deporte.

2. Políticas en las OSI, Organizaciones Sanitarias Integradas.

   • Teniendo en cuenta la ley de protección de datos, en cada OSI se adoptarán medidas de acceso a la ciudadanía de las listas de espera.
   • Adopción de medidas para reducir las listas de espera.
     • Establecer el turno habitual de tarde (con flexibilidad en agendas y jornadas).
     • Distribuir entre las distintas OSIs los trabajos de consultas, pruebas complementarias y/o cirugías programadas de las diferentes especialidades, previo consentimiento del o la paciente.
     • Aplicación de criterios para la mejora del uso y aprovechamiento de los bloques quirúrgicos.
   • Organización del circuito que ayude tanto a la persona como a la familia a tramitar las gestiones personales o profesionales pendientes en casos de hospitalización.
   • Reorganización de las altas hospitalarias que necesiten ambulancia para que el paciente sepa exactamente la hora a la que va a poder acudir a su domicilio.
   • Plan de publificación de la OSI Emergentziak y todos los recursos concertados que moviliza.
   • Auditoría de todos los contratos existentes en cada OSI, en el Departamento de Sanidad y Servicios Centrales de Osakidetza para proceder a la publificación de algunos servicios.
   • Creación en Osakidetza de una subdirección para integrar la perspectiva de género en la atención sanitaria, los itinerarios y la investigación.
   • En cada OSI se realizará un trabajo para identificar y desarrollar medidas para la correcta atención desde la OSI a la ciudadanía en toda su diversidad.
   • Garantía de la atención sanitaria de las residencias de personas mayores, y de las residencias y pisos tutelados de personas con dependencia y discapacidad.
   • Ampliación del programa PADI. Inclusión en el programa del tramo 0-6 años y de la población mayor de 65 años. Incremento de la cartera de servicios en función de la renta, garantizando una cobertura integral a rentas menores del salario mínimo interprofesional y a la ciudadanía con necesidades especiales.
   • Oferta de formación gratuita, permanente y estable para profesionales de la sanidad que no sepan euskera.

3. Escucha, diálogo y negociación como método.

   • Transformación de las formas de trabajo existentes en el Departamento de Salud y en Osakidetza. Se promoverán acuerdos con las direcciones, sindicatos y las profesionales de todas las categorías –sanitarios y no sanitarios- que trabajan en el día a día.
   • Se abrirán procesos de escucha y de trabajo con los movimientos y plataformas populares del ámbito de la salud y de cuidados. Se acordarán medidas para la legislatura con cronograma y partidas presupuestarias.
   • Será prioritario recuperar el carácter de la Mesa Sectorial y dotarla de medidas para ello.

4. Transformar la Política de personal.

   • Actualizar el convenio laboral pendiente de renovar desde 2009.
   • Aflorar e identificar puestos de trabajo no codificados y determinar las necesidades existentes. Se decidirá y consensuará en cada OSI el número de profesionales de todas las categorías necesarios tras identificar los puestos no codificados. Nuestro objetivo será ir a una única plantilla. Garantizaremos la transparencia.
   • Cambio en el modelo de contratación para la adscripción de profesionales de la Salud en Osakidetza y garantizar la longitudinalidad en la atención primaria:
     • Puestos de trabajo estables y de larga duración.
     • Se definirán reglamentariamente los porcentajes correspondientes a la asistencia, a la formación y a la investigación.
     • Definición de un nuevo itinerario de Desarrollo Profesional para todas las categorías, con especial énfasis en la implicación, los objetivos a alcanzar y la formación.
   • En zonas poco atractivas para profesionales de la salud, tanto en los hospitales comarcales como en la atención primaria, además de ofrecer incentivos salariales, se promoverán otros incentivos (puntuación, conciliación o flexibilidad en las jornadas y horarios…) para el desarrollo profesional de las y los profesionales de salud.
   • Cambio de modelo de OPE. Entre otras cosas, un único examen será suficiente en la vida laboral y la nota se conservará para las siguientes OPE. Si la o el interesado voluntariamente desea realizar el examen y mejorar la nota, podrá hacerlo. Mejora en la resolución de las OPE, en especial que sea más rápida.
   • Se trabajará para conseguir las competencias en la formación de residentes de todas las especialidades sanitarias, para poder diseñar nuestro propio modelo y reforzar nuestro sistema público de salud.
   • Mientras no recuperemos la competencia en la formación, compromiso de negociar y crear un espacio de colaboración con el Gobierno Español para impulsar medidas como la desaparición de la nota de corte en los exámenes para acceder a la formación especializada.

5. Salud Mental.

   • Con el objetivo de fomentar la salud mental de la ciudadanía y para que pueda adquirir habilidades y recursos para su bienestar emocional, desde Atención Primaria se pondrán en marcha iniciativas comunitarias. Estas iniciativas comunitarias se implementarán con personal de trabajo social y de psicología.
   • En la red de Salud Mental, en los tres territorios, se aumentará el número de contrataciones en las especialidades de psicología, psiquiatría y enfermería, para que la ciudadanía tengan una atención adecuada y continuada.
   • Promoción de la lucha contra el estigma asociado a la enfermedad mental.

6. Promoción de la Salud.

   • Desde la Dirección de Salud Pública y/o el Instituto, en cooperación con Osakidetza, los Ayuntamientos y el movimiento feminista de pueblos y barrios, vamos a poner en marcha programas de formación y empoderamiento sobre los determinantes que afectan a su salud. Priorizaremos los entornos más vulnerables y evitaremos patologizar las diferentes fases biológicas que las mujeres presentan a lo largo de la vida.
   • Con el objetivo de poner en marcha iniciativas comunitarias de promoción y prevención de la salud, tomaremos la iniciativa de implantar en los municipios Servicios de Orientación (Ley 2/2023 de Actividad Física y Deporte) o unidades de orientación. Este proyecto se desarrollará en cooperación con Atención Primaria, Diputaciones Forales, Ayuntamiento y representación de los agentes del municipio.
   • Tomaremos la iniciativa de elaborar mapas de activos de salud en los ayuntamientos, de forma participativa con los agentes y ciudadanía del municipio.

7. Gobernanza.

   • El Servicio de Atención a Pacientes y Usuarios se convertirá en un mediador entre el Paciente y el Personal Sanitario, una figura como el Ararteko de Osakidetza.
   • Con el objetivo de formar equipos de dirección preparados y mejorar la gobernanza, pondremos en marcha una escuela pública de dirección en cooperación con la UPV/EHU.
   • Se pondrán en marcha diferentes fórmulas de participación para que las direcciones de las OSIs tengan en cuenta la visión de las diferentes asociaciones de la ciudadanía y/o pacientes.

Vivienda

Diagnóstico

Teniendo en cuenta el problema que tenemos actualmente con la vivienda, podríamos decir que nos encontramos ante una situación de auténtica emergencia. No tenemos más que mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de los problemas que existen en la sociedad para acceder a una vivienda digna: personas con bajos ingresos y muchas que se encuentran en situación de vulnerabilidad no tienen capacidad de mantener su vivienda o son desahuciadas por la imposibilidad de pagar el alquiler; las dificultades estructurales de la juventud para emanciparse; muchas familias que tienen que destinar una parte excesiva de sus ingresos a hacer frente a los costes de la vivienda; ámbitos en los que está aumentando la segregación socioeconómica. No es de extrañar, por tanto, que la vivienda sea en estos momentos una de las principales preocupaciones de la gente, si no la principal.

El derecho a una vivienda digna y adecuada está recogido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo que su ejercicio es una obligación. Y aquí, aunque este derecho está reconocido en la Ley de Vivienda, no está garantizado que toda persona tenga acceso a una vivienda digna y adecuada, y menos todavía a un precio asequible.

La opción del alquiler como vía de acceso a la vivienda ha cobrado gran importancia, y actualmente hay 130.688 viviendas de alquiler en la Comunidad Autónoma Vasca. No obstante, los precios de los alquileres se han encarecido desproporcionadamente en los últimos años, una situación especialmente grave para la juventud, cuyos proyectos vitales quedan totalmente condicionados por esos abusivos precios del alquiler. Además, la presencia de fondos buitre en la CAV se hace cada vez más patente y afecta a un número creciente de personas.

¿Qué ha hecho el Gobierno ante esta situación?

• La promoción de vivienda de protección pública en ningún caso es suficiente para hacer frente a la demanda existente, especialmente la destinada al alquiler.
• El Gobierno no ha sido capaz de poner en marcha mecanismos de control de los precios de los alquileres, se opuso a la ley que propusimos para limitarlos y ha retrasado sistemáticamente la aplicación de los instrumentos que proporciona la Ley de Vivienda del Estado español, además de haber presentado recurso contra ella.
• La Ley de Vivienda aprobada en 2015 apenas ha tenido desarrollo.
• Las ayudas a la juventud “Gaztelagun” y “Emantzipa” han contribuido al encarecimiento de los precios en el parque privado de alquiler.

La vivienda es una herramienta imprescindible para la transformación social. En efecto, una política de vivienda justa y transformadora puede responder a los retos que tenemos por delante: el problema de la emancipación, la crisis de los cuidados, la segregación y exclusión social... Además, más allá de la vivienda en propiedad, que sea posible vivir de alquiler es un objetivo que debe situarse en el centro de la política de vivienda. Y es que poder desarrollar todo un proyecto de vida en alquiler incluye opciones transformadoras, entre ellas en materia de emancipación y autonomía, sin tener que hipotecarse de por vida. Aunque han querido convertir el derecho a la vivienda en una fuente de negocio, en tanto en cuanto es un derecho fundamental, ponemos en el centro la necesidad de impulsar políticas de vivienda adecuadas que tengan como objetivo la cohesión social.

Compromisos para 2028

1. Poner límite a los precios abusivos del alquiler de viviendas en el mercado privado.

   • Designar áreas tensionadas con el fin de adoptar medidas concretas en sus ámbitos que equilibren la demanda y la oferta de vivienda.
   • Desarrollar un sistema propio de índices de precios de referencia que limite en consecuencia los incrementos de los precios del alquiler en zonas tensionadas a partir de 2025.
   • Desarrollar mecanismos propios de control del precio de los alquileres.

2. Incrementar significativamente el parque público de alquiler.

   • Mediante la compra pública de viviendas ya construidas (intervención inmediata).
   • Aprovechando el suelo urbanizado, evitando así la ocupación de nuevos terrenos.
   • Mediante la adquisición y rehabilitación o reconstrucción de edificios en mal estado.

3. Adoptar medidas para controlar y limitar el impacto de los grandes fondos especulativos y tenedores de vivienda que operan en el mercado inmobiliario.

4. Establecer medidas fiscales de cara a promover una oferta de viviendas de alquiler a precios razonables y poner límites a los precios abusivos.

   • Promover una reforma fiscal, en coordinación con las Diputaciones Forales, que incentive los alquileres asequibles y penalice los caros según los precios de referencia, especialmente en las zonas declaradas como tensionadas.

5. Elaboración de medidas y programas para la promoción de alquileres permanentes.

   • Limitar los alquileres de temporada, incluidos los alquileres turísticos, especialmente en aquellas ciudades y barrios en los que se han generado problemas importantes.
   • Controlar, regular y limitar el fenómeno cada vez más extendido del alquiler de habitaciones.

6. Destinar al alquiler al menos la mitad de las promociones de vivienda de protección pública.

   • Adquirir 500 viviendas de protección pública al año, aplicando el derecho de tanteo, con un precio máximo regulado, y sacarlas al mercado en alquiler social a través de Alokabide.
   • Garantizar desde el planeamiento urbanístico que al menos la mitad de las viviendas de protección pública se califican para alquiler protegido.

7. Movilización de viviendas y edificios en desuso.

   • Poniendo en marcha el registro de viviendas vacías.
   • Especificando el procedimiento para declarar deshabitada la vivienda.
   • Aplicando el canon de vivienda vacía, apoyando técnica y económicamente a los ayuntamientos.
   • Movilizando viviendas y edificios en desuso.
   • Potenciando programas de mediación atractivos y equitativos.
   • Posibilitando, en su caso, modificar las calificaciones de las edificaciones para transformarlas en viviendas.

8. Profundizar en los pasos para que la CAV sea un territorio libre de desahucios.

   • Mediante la presentación de una Ley de Segunda Oportunidad que recoja las opciones que contempla el código de buenas prácticas bancarias: suspensiones de pagos de capital, quitas o medidas que contemplen el alquiler social, junto con la dación en pago.
   • Adaptando y ejecutando los protocolos necesarios para evitar los desahucios.
   • Regulando la dación en pago retroactiva; es decir, liberando del pago total de la deuda a quienes hayan perdido su vivienda habitual como consecuencia de un procedimiento iniciado por el banco.
   • Estableciendo medidas para evitar posibles desahucios por el sobreencarecimiento de los alquileres.
   • Evitando las compraventas de grandes paquetes de deuda para que no se reduzcan los derechos de los deudores de buena fe.

9. Promover modelos público-comunitarios de vivienda y espacios comunes para las y los vecinos.

   • Promover y subvencionar proyectos de vivienda cooperativa en cesión de uso.
   • Creación de viviendas comunitarias para jóvenes, así como viviendas comunitarias intergeneracionales.
   • Llevar a cabo experiencias de vivienda expandida: rehabilitar lonjas que están vacías en los bajos de los edificios de viviendas o en esa calle y dar ayudas específicas para su uso como espacio comunitario.
   • Creación de una oficina técnica de asesoramiento para el desarrollo de este tipo de proyectos.
   • Crear residencias público-comunitarias de estudiantes para evitar que tengan que recurrir al inestable alquiler privado.

10. Rehabilitación del parque de vivienda envejecido.

    • Avanzar hacia una transición ecosocial en el parque de vivienda mediante la mejora de la eficiencia energética.
    • Priorizando la rehabilitación y regeneración de barrios frente a las promociones de nuevas edificaciones.
    • Desarrollar planes integrales de rehabilitación que garanticen la eficiencia energética y la accesibilidad. Para ello, se reforzarán las convocatorias de subvenciones y se pondrán a disposición los instrumentos financieros adecuados para que estas políticas de rehabilitación lleguen a las zonas más obsoletas de las ciudades y pueblos y permitan no dejar al margen a la ciudadanía con menos recursos económicos. Posibilitar intervenciones ante problemas graves de accesibilidad.

11. Medidas para fomentar la rehabilitación y limitar la especulación urbanística.

    • Revisión parcial de la Ley del Suelo de 2006: revisión de las cesiones obligatorias y estándares con el fin de incentivar rehabilitaciones y penalizar operaciones especulativas.

12. Elaborar y comenzar a aplicar una hoja de ruta para superar a corto y medio plazo todo el sistema basado en

Programa Electoral EH Bildu - Euskadi 2024

...mediante acuerdos entre las instituciones y las personas propietarias de tierras, que tendrán como objetivo la recuperación y la restauración de los hábitats locales. 7. Se elaborará un mapa de la salud del suelo (incluidos los suelos forestales). Se deben desarrollar medidas para la conservación del suelo: la tierra es la estructura que más carbono acumula después de los océanos. La recuperación de los ecosistemas terrestres esenciales y el uso sostenible del suelo pueden contribuir a la mitigación y a la adaptación al cambio climático. Hay que tomar medidas para acabar con la pérdida de suelo natural. Como punto de partida, se elaborarán mapas de la situación de los suelos y se identificarán las áreas en peor estado para priorizar su restauración. 8. Actualizar el Plan Forestal Vasco 1994-2030 y el Plan Territorial Sectorial Agroforestal Siguiendo los criterios de protección de la biodiversidad y los ecosistemas, se elaborará una planificación para obtener un nuevo modelo forestal, actualizando y adaptando el Plan Forestal Vasco 1994-2030 y el Plan Territorial Sectorial Agroforestal.

Ordenación territorial, infraestructuras y movilidad

Diagnóstico

Desde las Directrices de Ordenación del Territorio de 1997, el modelo de ordenación territorial de la Comunidad Autónoma Vasca es la denominada “Euskal Hiria”, en la que se ordena “el sistema polinuclear vasco de capitales”, basado en la concentración en las capitales, con un fuerte refuerzo de la conexión entre las mismas y, en menor medida, entre las cabeceras de las áreas funcionales.

Exceptuando los parques naturales y la reserva de la biosfera, el territorio se contempla como un obstáculo a superar mediante ingeniería e ingentes cantidades de dinero, construyendo infraestructuras que se anuncian como necesarias, pero terminan a menudo generando más problemas de los que resuelven, como en el caso de las infraestructuras viarias, a través de las cuáles se ha ido induciendo cada vez más tráfico.

Las infraestructuras urbanas y relacionales de la ordenación territorial actual están desarrolladas a finales del siglo XX, concebidas en un periodo de energía relativamente barata, en el que la sociedad no era capaz de prever lo que supondría el desarrollo tecnológico y el acceso universal a internet. Siguen siendo fruto de este enfoque: la nueva red ferroviaria, la red de autovías, el Guggenheim Urdaibai, la autopista subfluvial de Lamiako, la macro-plataforma logística de Lezo-Gaintxurizketa, la llamada Supersur, etc.

Estamos en situación de emergencia climática, declarada por el Gobierno y el Parlamento desde el 2019. En un contexto de emergencia climática y de crisis energética, la reconexión con el territorio y la proximidad deben ser los principios que rijan la integración entre la ordenación del territorio y la movilidad. No podemos continuar como hasta ahora, pensando que el territorio no tiene límites y que lo único importante es que el PIB crezca continuamente a cualquier precio a través de la acumulación de grandes infraestructuras.

Para una planificación basada en la proximidad, necesitamos urgentemente políticas descentralizadoras que entiendan la comarca como unidad de referencia para la ordenación territorial, y que tengan en cuenta estas dos dimensiones: por un lado, las conexiones entre el hogar y el trabajo, estudio, compras y servicios públicos; y, por otro lado, lo relacionado con el metabolismo territorial: alimentación, agua y energía.

En un contexto socioeconómico incierto, que exige examinar más que nunca cada euro invertido en obras públicas, hay que acabar con la era de las irracionales obras faraónicas. Son menos necesarios que nunca los edificios e infraestructuras que tienen mayores costes de construcción y mantenimiento que los beneficios que ofrecen. Se debe terminar con el despilfarro en hormigón y asfalto. En la era de la comunicación digitalizada, la tendencia debe ser que se muevan los datos, y no tanto las personas y las mercancías.

El crecimiento ilimitado ha sido también norma para el urbanismo, que se ha centrado en el diseño de nuevas edificaciones residenciales. El referente debe ser un urbanismo habitable y saludable. El medio ambiente, la calidad de vida y la comunidad serán ejes centrales de la planificación de los espacios públicos y edificaciones para la convivencia.

Décadas de intervención sobre el territorio con lógicas equivocadas nos dejan una situación preocupante que se puede medir con diversos indicadores.

De los Estados occidentales de Europa, teniendo en cuenta las características de las redes de carreteras de las 206 regiones, la CAPV es la 17ª región con un mayor número de autovías por cada 1.000 km2. De media, en Europa occidental hay 16 km de autovías por cada 1.000 km2. En la CAPV, 77km/1.000 km². Por delante solo se encuentran regiones urbanas con mayor densidad y menor superficie como Viena, Hamburgo, Berlín o Róterdam.

En la CAPV, el 12,86 % del total de la red viaria es autopista, siendo la proporción media el 1,99 %. Esto nos sitúa en octavo lugar en el ranking de regiones. En los últimos años, se ha invertido sistemáticamente más en carreteras que en investigación y desarrollo. Las inversiones realizadas en la red de Alta Velocidad sumadas a las nuevas líneas proyectadas y las entradas a las capitales rondan los 10.000 millones de euros.

En la CAPV se registran 1.006.202 viviendas y los planes urbanísticos de los municipios tienen previsto construir otras 177.989. Se prevé un incremento del 17,68 % en las viviendas existentes, cuando en los últimos 8 años ha habido un incremento de población del 2,6 %, y la pirámide de población presenta un envejecimiento cada vez mayor de la sociedad.

Compromisos para 2028

1. Reformar y actualizar la Ley de Ordenación del Territorio de 1990. La ley en vigor no se adapta a las Directrices de Ordenación del Territorio del 2019 ni a los nuevos preceptos como el consumo reducido de suelo, salud, perspectiva de género o cambio climático; ni tampoco tiene en cuenta la relación con los demás territorios de Euskal Herria.
2. Incrementar el porcentaje para vivienda de protección pública de los planes urbanísticos. Los cálculos que aplica el Gobierno Vasco multiplica la planificación de viviendas libres ocupando suelo rural, especialmente en municipios pequeños, donde no es obligatorio gestionar vivienda protegida. Se adecuarán dichos cálculos a las necesidades reales de los municipios, promoviendo en especial la vivienda protegida en alquiler.
3. Reutilizar suelos urbanizados y rehabilitar edificaciones, tanto para industria como para vivienda. Se convertirá Sprilur en un ente público especializado en la adquisición y recuperación de suelos industriales degradados y en desuso, fomentando su descontaminación, recuperación y puesta en uso con nuevas actividades; y se invertirá, desde el Departamento de Vivienda, en rehabilitación de patrimonio construido para alquiler social.
4. Limitar la construcción de grandes centros comerciales, e implementarles un impuesto. Los grandes centros comerciales son grandes causantes de desplazamientos y ponen en peligro a los pequeños comercios, tan necesarios para la calidad de vida en el espacio público. Se pondrán límites a los mismos.
5. Frenar la despoblación rural. Se mejorará la dotación de infraestructuras y servicios en las áreas rurales, como elemento fundamental para frenan la pérdida de población y mejorar la competitividad y la generación de empleo y renta.

Asimismo se realizarán actuaciones de rehabilitación en áreas degradadas de pueblos en peligro de despoblación para vivienda protegida y equipamientos públicos. 6. Aprobar un Plan Territorial Sectorial de Residuos. Con el doble objetivo de minimizar el depósito y la incineración de residuos y de contar con una suficiencia de instalaciones para todo tipo de tratamiento de residuos, poniendo especial atención en la recuperación de los mismos. Se reforzará el control y la gestión pública de los residuos. Se pondrá en marcha una planta para la recuperación de materiales críticos según el listado de la UE. También se hará un plan de identificación y sellado de vertederos en desuso. Así mismo, se elaborará un protocolo para la retirada ordenada y, en su caso, reutilización o reciclado de RAAEs en el futuro Centro de Preparación para la Reutilización que se proyectará en el marco del PTS de Residuos. 7. Redactar y desarrollar un plan director para la retirada del amianto. El amianto es un mineral cancerígeno especialmente por exposición laboral. Se redactará un plan para retirar el amianto de todos los edificios públicos antes del 2028 y de todo el territorio antes de 2032, alineado con las directrices de la Unión Europea. 8. Proteger el ciclo del agua desde una perspectiva integral, frente a la sequía, erosión e inundabilidad. En respuesta a la crisis actual y al escenario de sequías persistentes que se avecina asociada al cambio climático, se tomarán medidas de protección de las zonas de recarga de acuíferos, bosques de ribera, cabeceras, etc. Para ello, se modificará el Plan Territorial Sectoriales de Ordenación de los Ríos y Arroyos. 9. Incentivar las actuaciones en espacio público que aumenten la calidad de vida de sus habitantes. Se dotarán partidas presupuestarias anuales para la reordenación de espacios públicos que prioricen los lugares de encuentro entre las personas de todas las generaciones, atendiendo a los cuidados y a la diversidad, y con presencia de naturaleza, frente al asfalto para coches y superficies duras. 10. Revisión integral de la política de infraestructuras. Los proyectos de grandes infraestructuras y equipamientos deberán incluir una evaluación de las diferentes alternativas, relativas a las emisiones de gases de efecto invernadero directas e indirectas, así como del consumo energético en su ciclo de vida útil. Se descartarán las infraestructuras con un balance negativo desde el punto de vista climático. 11. Mejorar y potenciar la red ferroviaria de cercanías. Se mejorará el estado de las estaciones y las frecuencias de los servicios. También se impulsará una nueva línea de cercanías que conecte Miranda, Gasteiz y Altsasu. Se apostará por un tren social de altas prestaciones que conecte Gasteiz con Burgos e Iruñea. 12. Fortalecer el transporte público coordinado entre los diferentes modos y servicios territoriales y locales.

Se reforzará la Autoridad del Transporte de Euskadi para aumentar la coordinación de los medios de transporte, implementar un billete único y profundizar en las políticas de descuentos. Se analizará, en cooperación con las Diputaciones Forales y las entidades locales, la actual oferta de transporte público, de cara a detectar las principales carencias (por ejemplo, los desplazamientos a polígonos industriales y de carácter laboral), y a fortalecer e incrementar los servicios de transporte público colectivo como alternativa al uso del vehículo privado. 13. Aprobar un plan de intercambios de puestos de trabajo en el sector público, basado en la proximidad del lugar de residencia con el centro de trabajo. Se facilitará el intercambio de puestos de trabajo de perfiles similares que reduzcan los desplazamientos desde los hogares a los centros de trabajo. 14. Aplicar el teletrabajo hasta 3 días a la semana, para conciliar la vida personal, familiar y laboral, y reducir desplazamientos. Se fomentará el teletrabajo garantizando los mismos derechos y deberes anteriores. En cualquier caso, el teletrabajo no puede sustituir la necesidad y los compromisos para desarrollar los servicios públicos de cuidados necesarios y su reparto equilibrado entre hombres y mujeres.

Transición agroecológica, políticas alimentarias y ámbitos rurales vivos

Diagnóstico

El sistema alimentario globalizado que ha predominado en las últimas décadas conlleva numerosos problemas medioambientales y está produciendo injusticias sociales en todo el mundo. Los plaguicidas y fertilizantes compuestos de nitrógeno están causando impactos sin precedentes en la vida de las plantas y los insectos. La pérdida de diversidad que producen pone en peligro la variedad de los servicios medioambientales, incluida la polinización de numerosos cultivos alimentarios, lo que amenaza las producciones futuras. Asimismo, son preocupantes la acumulación de animales que se da en la ganadería, el uso excesivo de medicamentos y, por supuesto, los procesos químicos empleados en la transformación para comercializar alimentos cada vez más esterilizados e inertes.

El sistema alimentario predominante, desde la producción hasta el consumo, produce efectos negativos que no se reflejan en el coste de los alimentos, lo que genera la necesidad de absorber esos altos costes mediante producciones intensivas subvencionadas por el sector público con ayudas de la Unión Europea, atendiendo a los impactos en la salud y tratando de mantener cierto equilibro en los ecosistemas.

Hace tiempo que las consecuencias han llegado también a Euskal Herria. En la «modernización» del sector agrícola, se han ido dejando de lado las granjas, la agricultura y la pesca sostenibles, la gestión comunal del monte, la diversificación y las relaciones de proximidad, al tiempo que se han impulsado la industrialización y la especialización de la producción desde la Unión Europea, Madrid y las instituciones de Euskal Herria.

Las consecuencias de este modelo son notables en el sistema alimentario vasco: precios bajos para las productoras y los productores, la pérdida de puestos de trabajo del ámbito rural, el vaciamiento del entorno rural, la falta de relevo generacional, la pérdida de hábitos de consumo saludables y el aumento del consumo de alimentos ultraprocesados, así como la concentración de subvenciones en explotaciones industriales e intensivas en inversiones. En cambio, solo el 5 % es agricultura ecológica, una cifra alejada del 25 % establecido por Europa como objetivo para 2030.

La agricultura, la ganadería y la pesca son responsables del 3 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en Euskadi. Aunque esta cifra ha disminuido notablemente en los últimos años, hay que analizar los datos con mucha atención, puesto que la mayoría de los alimentos que consumimos provienen del exterior, de modo que la huella ecológica y climática de nuestra alimentación se encuentra externalizada.

La superficie artificializada se ha duplicado en las últimas tres décadas: de 37.500 hectáreas en 1990 a 79.300 hectáreas en 2018. Al mismo tiempo, los bosques y áreas naturales han aumentado de manera patente, lo que ha causado una gran reducción de las tierras agrícolas. En el año 1990 eran 255.385 hectáreas; en 2009, 190.385; y en 2020, 180.196. Sin embargo, el tamaño de las explotaciones ha aumentado en un 38,4 % de 2009 a 2020. La tierra cada vez se reparte entre menos personas.

En la silvicultura también predomina el modelo intensivo. Las administraciones vascas han fomentado el monocultivo durante años. El modelo intensivo de gestión forestal ha causado erosión, pérdida de biodiversidad, pérdida de caudales y un aumento del riesgo de inundación y de incendios, entre otros. Dos tercios (66,6 %) de nuestros bosques se consideran de baja integridad en relación con el ecosistema, sobre todo en la vertiente cantábrica (82,5 %). El 96 % de las plantaciones arbóreas son coníferas y eucaliptos: 196.043 ha.

Pero la producción de alimentos y la sostenibilidad son dos caras de la misma moneda. La transición ecológica exige la adhesión activa de toda la sociedad y las políticas públicas deben impulsar la adhesión de todos los agentes de la cadena de la alimentación y la madera a la transición agroecológica. Porque, cuando se añade a la agricultura el cuidado en diversos ámbitos, se da un salto hacia la agroecología. Porque, cuando las maneras de trabajar en la agricultura, la ganadería y la transformación, así como el tratamiento y los procesos empleados se basan en otros valores, la dimensión socioeconómica adquiere una gran importancia, diferenciando la agroecología de la producción ecológica.

Hay que tomar decisiones ante el cambio climático y, en ese sentido, situar la agroecología como un norte lejano en la transición ecológica es una apuesta firme. EHBILDU quiere impulsar nuevas iniciativas que acerquen el campo a la ciudad, con una visión a largo plazo y con medidas correctoras, trabajando sobre el modelo agrícola: estableciendo medidas para fomentar una distribución más justa de los recursos naturales y económicos, dirigiendo medidas, proyectos y dinámicas a quienes quieren caminar hacia la agroecología y fortalecer la producción agroecológica actual, poniendo en marcha mataderos locales y centros de transformación públicos y colectivos, reactivando los mercados semanales, promoviendo variedades de semillas y razas de ganado locales, impulsando los circuitos cortos, elaborando normas de sostenibilidad en las marcas de producción local, protegiendo las marcas de producción transfronterizas y un largo etcétera. Todo ello forma parte de la solución y la respuesta. Como última observación, cabe destacar que en este programa tanto la alimentación como la actividad del sector primario se analizan desde un punto de vista doble: por un lado, el de la transición ecosocial, que se trata aquí, y, por otro, el de la soberanía energética. El diagnóstico y las medidas correspondientes a este último punto de vista se han tratado en el primer apartado.

Compromisos para 2028

1. Diseñar y materializar la estrategia de transición agroecológica. Orientaremos la PAC hacia la agroecología para que el 25 % de la superficie sea agroecológica y para aumentar la producción de frutas y hortalizas en un 5 % para 2030. Desarrollaremos y ofreceremos formación sobre la producción, la transformación y la comercialización.
2. Materializar la compra pública verde en la red de comedores públicos (colegios, hospitales, residencias de mayores…) La compra pública de alimentos tiene la capacidad de impulsar el consumo y la producción hacia la agroecología, generando beneficios sociales, económicos, medioambientales y sanitarios, pagando un precio justo a las y los baserritarras y ofreciendo alimentos saludables a las personas consumidoras.
3. Elaborar un inventario de suelos y mapas de clases agroecológicas y proteger las tierras agrícolas en los planes territoriales sectoriales. Hay que identificar las tierras de valor agrológico y crear las figuras de protección adecuadas. Para ello, concederemos subvenciones a los ayuntamientos para que elaboren mapas de las localidades y creare-mos figuras propias de protección en cooperación con las diputaciones y los ayuntamientos.
4. Ajustar adecuadamente la partida de subvenciones a la transición ecológica de los bosques. Para salir del monocultivo y dar el salto a los bosques de producción próxima a la naturaleza, es imprescindible pagar a las personas particulares por los servicios ecosistémicos (para compensar la pérdida de rentabilidad económica). Por otra parte, ajustaremos suficientes partidas para conceder subvenciones adecuadas a los ayuntamientos que quieran adquirir terrenos y fomentar los bosques autóctonos de la zona. De esta manera, se subvencionarán los bosques de producción próxima a la naturaleza y se concederán subvenciones a los ayuntamientos para la adquisición de tierras forestales y la aprobación y el desarrollo de planes técnicos de gestión forestal sostenible.
5. Poner en marcha el plan de transición sostenible de la pesca fomentando la red a favor del pescado local. El sector de la pesca artesana y de bajura está desapareciendo, al igual que el modelo eficaz de gestión de los ecosistemas marinos. Elaboraremos políticas públicas para proteger el futuro de la pesca hasta convertirla en un factor fundamental de nuestra soberanía alimentaria.

Sistema de conocimiento

La educación es un derecho tanto individual como colectivo de toda la ciudadanía de Euskal Herria. Por eso, nuestro objetivo es desarrollar un sistema educativo público soberano que esté al servicio del desarrollo integral tanto de la ciudadanía de Euskal Herria como del desarrollo colectivo de la propia Euskal Herria: euskaldún, coeducativo, basado en las pedagogías feministas, inclusivo, participativo, laico, democrático, comunitario y público.

Le educación debe ser una herramienta para construir una Euskal Herria culta y emprendedora compuesta por una sociedad debidamente educada. Así las cosas, indefectiblemente, deberemos plasmar políticas para lograr la soberanía plena también en educación. Entendemos la educación como una herramienta para educar personas libres, críticas, empoderadas, solidarias, euskaldunes plurilingües y felices, como un proceso que se da desde el nacimiento hasta la muerte.

Además, entendiendo la educación como una herramienta que situará a las personas en el centro, remarcamos la necesidad de una educación para el cuidado. Esto nos resultará válido también tanto para la supervivencia y el desarrollo de Euskal Herria como para su estructuración social, económica, cultural y lingüística.

Hace tiempo que llevamos señalando que este pueblo necesita acuerdos y pactos de estado, porque no estamos bien. Muchos de los indicadores de desarrollo de Euskal Herria nos dan motivos para la preocupación, como, por ejemplo, que en 2021 la venta de libros en euskera bajó un 10 % y que no hay explicación comercial para ello, es decir, ese descenso es resultado de un contexto: el sistema de producción cultural vasca se está debilitando. Ciñéndonos a la educación o al sistema de conocimiento, sabedores de la situación, y haciendo una prospección de cara a los próximos años, será necesario llevar a cabo una transformación disruptiva a fin de que el sistema educativo, que presenta signos evidentes de agotamiento, no colapse.

Hay tres megafactores que atravesarán de arriba abajo el sistema de conocimiento durante los próximos años y traerán consigo una situación francamente compleja: el descenso de la tasa de natalidad (se prevé la perdida de un tercio del alumnado en los próximos diez años), el aumento de las migraciones (que puede acrecentar la segregación y conlleva el riesgo de ruptura social) y la llegada de la digitalización, que provocará grandes cambios en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hay motivos suficientes para acometer una gran transformación del sistema. Una transformación así requiere un nuevo suelo legitimador, y el diseño de nuevas herramientas y estrategias. Vamos tarde, y las anteriores tres legislaturas han sido años perdidos a la hora de diseñar nuevas herramientas y estrategias.

Creemos que es el momento de abrir una nueva fase. Es lo que requieren los factores con los que nos manejamos, los que hemos citado. Prolongar el statu quo actual no es una opción. Hemos solido señalar que es el momento de institucionalizar y lanzar la hipótesis de la confluencia. Es decir, el momento de coger las mejores características de cada tradición educativa presente en Euskal Herria y empezar a crear algo nuevo, para poder dar un salto en calidad educativa, equidad y euskaldunización; también en la CAE.

Para eso tenemos que trabajar, indefectiblemente, tres puntos cardinales; el primero, el desarrollo de los centros escolares autogestionados; el segundo, un proceso de enseñanza y aprendizaje que nos llevará a crear hablantes euskaldunes plurilingües; y el tercero, enfrentarnos a la segregación por clase y origen.

En la última legislatura ha visto la luz la nueva ley de educación de la CAE derivada del acuerdo educativo de la CAE. Es sabido que esa ley no ha contado con el aval político de EHBildu. Con todo, el proceso que ha durado tres años nos ha dejado suficientes enseñanzas para definir acertadamente los retos que debemos afrontar en adelante. Es el momento de subsanar las lagunas y carencias de esta ley insuficiente que está en vigor, y de emplear los asideros que nos ha dejado.

Un marco normativo, con todo, no resolverá los problemas que tenemos en el sistema educativo. Nos enfrentamos a un reto complejo y, por lo tanto, nos resultarán imprescindibles los procesos complejos y la cooperación entre muchos implicados. Tenemos que activar todas las capacidades que como pueblo tenemos a nuestro alcance.

Compromisos para 2028

1. Ley De Educación De La CAE. Tenemos que continuar avanzando en el Sistema Educativo Vasco Público Soberano que constituye nuestro objetivo. Así, subsanaremos las lagunas, corregiremos los errores y emplearemos los asideros de la Ley 17/2023, de Educación de la CAE.
   1. Servicio Educativo Vasco: como primer paso, este servicio debe unir a los centros escolares autogestionados y establecer normas de actuación claras para que se pueda dar el salto a otro paradigma dentro del sistema de gobernanza. Definiremos específicamente en él mediante enmienda de ley y posterior desarrollo los requisitos que deben cumplir los centros escolares para ofrecer el servicio, y cuál será la indemnización en caso de que no se respeten.
   2. Salto en la euskaldunización: desarrollaremos un nuevo marco que dé cabida a la enseñanza del euskera y tomaremos medidas estructurales, en un entorno plurilingüe y multicultural de enseñanza y aprendizaje que nos llevará a crear hablantes euskaldunes plurilingües, con una didáctica de lenguas que creará hablantes euskaldunes completos plurilingües, y que considere la situación de diglosia de nuestra lengua propia, el euskera.
   3. Pacto de país contra la segregación: impulsaremos un pacto de país con los agentes implicados para hacer frente a la segregación por clase y origen. Nuestro objetivo es dar un salto en inclusión y equidad, de manera que el sistema educativo asuma su responsabilidad respecto a la cohesión social.
   4. Plan Estratégico de la Escuela Pública Vasca: tres serán los principales pilares que en cooperación con el sector estructurarán el plan estratégico: el primero, crear las condiciones para dar el salto en calidad, terminando con la provisionalidad del personal trabajador, y aumentar los recursos orientados a las nuevas necesidades escolares; el segundo, una planificación estratégica contra la segregación, tasada en el tiempo, que se desarrollará en el marco del citado amplio pacto de país; y el tercero, el ‘Plan de Infraestructuras Educativas 2024-2027’ en equipamientos e infraestructuras (incluyendo cocinas), con las siguientes prioridades: Itsasondo, Arrasate, Tolosa, Zumaia, Sopela, Barakaldo, Basauri, Leioa, Bilbo, Amurrio, Gasteiz.
   5. Consejos Educativos Municipales: propiciaremos que los ayuntamientos sean agentes activos en la gobernanza del sistema. Impulsaremos la construcción de ecosistemas municipales en los municipios. Impulsaremos la intervención de los municipios tanto en la planificación como en la matriculación de la oferta escolar. También los esfuerzos por conjugar la educación no-formal y la formal.
   6. Técnicos educativos: Creación de la nueva figura trabajadora del técnico educativo municipal, definiendo unos estudios profesionales propios para desempeñarlo.
   7. Garantizar la equidad del sistema: impulsaremos la descentralización que evite la no-regularización, apostando por los centros escolares autogestionados, e impulsando también la vía que propicie dar un salto en equidad y calidad. Esto añade nuevas responsabilidades a las que el Departamento de Educación tenía hasta ahora. Para ello también regularemos de manera exhaustiva los programas contrato y su utilización para que se empleen de manera prioritaria con la finalidad de garantizar la equidad.
   8. Evaluación del sistema: pondremos en marcha una nueva perspectiva para evaluar de manera integral todo el sistema, al objeto de posibilitar la experimentación y la innovación continua que de ella deriva. Será el ‘Instituto Vasco de Evaluación, Investigación y Prospectiva del Sistema Educativo’ el que se encargue de marcar las pautas para ello, en cooperación con el ‘Instituto para el aprendizaje del euskera y de las lenguas’ y con el ‘Consejo Escolar de Euskadi’.
   9. Confluencia: pondremos en marcha vías de estudio de las posibilidades de confluencia entre centros escolares. Para ello, abriremos la posibilidad de experimentar a escala local creando el marco normativo necesario. Con todo ello, fomentaremos y acompañaremos los procesos cooperativos que le resulten necesarios.
   10. Cooperación vasca: crearemos redes que hagan posible la cooperación entre proyectos educativos, centros escolares o barrios y localidades del resto de territorios de Euskal Herria.
2. Pueblo educador.
   1. Impulso del programa Pueblos Educadores.
   2. Reconoceremos el ocio como parte del proceso educativo y lo integraremos dentro del sistema educativo.
   3. Pondremos en marcha la Estrategia Vasca para Educar en el Tiempo Libre.
   4. Avanzaremos favoreciendo el ocio liberador en euskera, creando un mapa entre los agentes y las asociaciones que actúan en el sector, y ofreciendo recursos propios.
3. Alumnado, profesionales y familias. Hay que empoderar y activar la comunidad educativa, e impulsar que sea el motor de los proyectos educativos.
   1. Unirse a la Declaración de los Derechos de Niños y Niñas y defenderla.
   2. Reconocer al alumnado como eje y objetivo del sistema educativo en cuanto sujeto político, y asegurar su correspondiente participación, tanto en las instituciones como en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
   3. Derogar el decreto sobre derechos y obligaciones del alumnado, de manera prioritaria, y plasmar una elaboración participativa y democrática junto con el sector para diseñar la nueva normativa.
   4. Diseñar un plan específico para la acogida de alumnado recién llegado, con la inclusión y la igualdad de oportunidades como objetivo.
   5. Garantizar recursos para dar el espacio que precisan y reconocer a la lengua y la cultura original del alumnado junto con la puesta en marcha de dinámicas de sensibilización y formación de los centros escolares. Para eso habrá que garantizar un tratamiento inclusivo e integral de la diversidad dentro del currículum.
   6. Impulsar la interculturalidad como línea transversal y formar al alumnado en ello.
   7. Ampliar la red de los centros escolares que participan en el programa ‘Hedatzen’.
   8. Crear oficinas de escolarización en los municipios.
   9. Fomentar proyectos de innovación educativa, con el objetivo de atraer a ellos niveles también bajos de ISEC.
   10. Impulsar planes diferenciados para la formación y empoderamiento de las familias.
   11. Establecer equipos interdisciplinares, incluyendo en ellos trabajadoras y trabajadores sociales.
   12. Garantizar servicios sanitarios básicos en los centros escolares en los que predomina la pobreza y la exclusión: dentista, alimentación o hábitos saludables.
   13. Adaptar el protocolo para mejorar la comunicación y la relación que las familias con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y, sobre todo, con Necesidades Educativas Especiales tienen con centros escolares y Berritzegunes, para que el centro escolar sea un espacio inclusivo.
   14. Crear una guía que defina todo el recorrido de escolarización regulado del alumnado con NEE, para que todas las familias lo tengan disponible.
   15. Garantizar recursos que respondan a todas las manifestaciones de discapacidad a lo largo de todo el recorrido educativo (especialista de apoyo educativo, fisioterapeuta, terapeutas ocupacionales, logopeda, intérprete del lenguaje de signos, trabajador o trabajadora social, PPRL…)
   16. Renovar el estatuto del profesorado.
   17. Reconocer su naturaleza educadora a sectores que no son profesorado, y estabilizar al personal de limpieza y de cocina.
   18. Acometer la reflexión en torno a la adaptación de los estudios de profesorado a los nuevos tiempos y diseñar una plantificación estratégica en la Escuelas de Magisterio / Facultades de Educación.
   19. Completar el nuevo modelo de OPE con el sector.
   20. Adaptar la normativa para realizar sustituciones.
   21. Acordar la hoja de ruta para equiparar la edad de jubilación y las condiciones de todos los cuerpos de la enseñanza.
   22. Crear una red de buenas prácticas educativas.
   23. Adaptar las normativas en vigor para que el alumnado de Trebiñu puede acceder a sus estudios en las mismas condiciones que el de la CAE, y tenerlo en cuenta en las normativas que se tengan que adaptar. Por ejemplo, en las becas universitarias.
   24. Garantizar recursos humanos y materiales suficientes para dar respuesta de manera digna y adecuada a las exigencias del alumnado con necesidades educativas especiales, contratando para ello de urgencia cuantas personas profesionales sean necesarios y adaptando los entornos escolares.
   25. Realizar un diagnóstico compartido en torno a la situación, la realidad y las nuevas exigencias de las necesidades educativas especiales.
   26. Renovar el Decreto 118/1998, de 23 de junio, de ordenación de la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales.
   27. Reconocer la etapa 0-6 años y recuperar el ciclo 0-3 años:
       • Renovar el Consorcio Haurreskolak.
       • Crear nuevas plazas en el Consorcio Haurreskolak en las áreas necesarias, prioritariamente en Bilbo y Donostia.
       • Garantizar la gratuidad de las escuelas infantiles municipales.
   28. Readaptar la oferta con las medidas acordadas con los agentes del área para adaptar la educación para adultos a los nuevos tiempos.
   29. Lograr un acuerdo duradero con el sector para que cada curso el transporte escolar esté garantizado.
4. Currículum y pedagogía. Nuestra educación necesita un currículum propio, innovador, que se renovará constantemente, popular y basado en pedagogías feministas.
   1. Completar un currículum sin intervenciones externas, y adaptado a nuestra sociedad y a nuestra realidad en cooperación con los agentes educativos.
   2. Crear material propio posibilitando la colaboración entre los proyectos existentes y favorecer los currículums locales entendiéndolos como complemento necesario del currículum básico.
   3. Incluir una hora más de Educación Física para que además de hacer frente a la actual vida sedentaria y adquirir hábitos saludables, se recupere también el juego, medio natural de niñas y niños, y extenderlo a todos los espacios en sus pautas de vida habituales.
   4. Situar las áreas vinculadas a la filosofía, la música y las ciencias del arte como eje.
   5. Fomentar pedagogías liberadoras y poner en marcha proyectos piloto en los centros escolares.
   6. Realizar el diagnóstico del ordenamiento de espacios en todos los centros escolares utilizando la herramienta POEMS.
   7. Garantizar a los centros escolares la posibilidad de cambiar su ordenamiento.
   8. Contratar personas expertas de cara la renovación de los espacios en los Berritzegunes.
   9. Liberar a personas profesionales que harán labor de puente para redirigir el ordenamiento educativo de los espacios en los centros escolares.
5. Pedagogía feminista.
   1. Crear la Dirección de Coeducación
   2. Elaborar el III Plan de Coeducación.
   3. Facilitar formación y capacidades tanto sobre la diversidad afectivo-sexual como sobre la diversidad familiar.
   4. Crear e impulsar material pedagógico y didáctico orientado a la educación sexual.
   5. Unificar los protocolos en vigor contra el acoso escolar o el bullying y destinar recursos suficientes para ello.
   6. Diseñar un plan integral contra la violencia machista.
   7. Elaborar un protocolo contra la LGBT+fobia.
   8. Impulsar políticas educativas positivas que se reflejarán en el currículum básico, en favor del reconocimiento, el respeto, la diversidad (funcional, ideológica, sexual, identitaria…) y la convivencia.
   9. Crear un programa para convertir los espacios exteriores de los centros escolares en espacios libres, educativos y coeducativos.
6. Transición ecosocial.
   1. Fomentar el “Proyecto 50/50” en los centros escolares.
   2. Incorporar la transición ecológica en el currículum como asignatura específica y también como línea transversal.
   3. Impulsar las escuelas km0 para reducir la huella del transporte.
   4. Fomentar campañas en favor de las energías renovables, e impulsar que los edificios de los centros escolares sean sostenibles en los casos en los que precisen ser adaptados o en los nuevos.
7. Educación digital.
   1. Se desarrollarán y fomentarán desarrollos tecnológicos de software libre en el sistema educativo, para que alumnado y profesorado sean apoderados digitales y cuiden tanto la soberanía de los datos como los derechos digitales de toda la comunidad. Se pondrá en marcha la “Plataforma Educativa Digital basada en el Software Libre”, y se garantizará a su vez software libre en los sistemas operativos de los ordenadores de mesa, implantando recursos informáticos y personales.
   2. Los estudios tecnológicos tendrán un tratamiento no-sexista en el currículum y en la actuación de las personas educadoras, y se diseñará un programa particular para fomentar la vocación tecnológica de las chicas.
   3. Revisión del Plan de Digitalización de la Educación.
8. Laicidad.
   1. Los

Programa Electoral EH Bildu - Euskadi 2024

Seguridad

...

Justicia

Diagnóstico

A la sombra de la pandemia y de la pospandemia, hemos sido testigos de varias actuaciones en el poder judicial. Prueba de ello son las resoluciones contra los acuerdos tomados en la emergencia sanitaria o las graves resoluciones del poder judicial contra los derechos lingüísticos de los euskaldunes. En nuestro caso concreto, además, no disponemos de todas las herramientas que precisaríamos para responder de manera adecuada a este importante servicio público. Porque no tenemos la competencia para desarrollar nuestra legislación en todas las áreas –pese a que en la ponencia de autogobierno nuestras propuestas se han en- caminado a exigirlo– y, a consecuencia de ello, tampoco para ejecutar nuestro sistema de justicia con la finalidad de que se hagan cumplir las leyes. Porque, de hecho, estamos subordinados a la justicia española. La competencia que prevé el Estatuto se limita a organizar la Administración de Justicia. Nos encontramos con graves problemas estructurales de organización para que diversos servicios funcionen de manera adecuada. Se ha dado un paso importante en la vía de la equiparación del personal de Justicia a las condiciones de las y los trabajadores de la Administración vasca (cuerpos de Tramitación Procesal, Gestión y Auxilio Judicial) como consecuencia de la firma del IV Acuerdo de Equiparación. Su lado malo ha sido que el personal del Instituto Vasco de Medicina Legal (IVML) no ha logrado condiciones adecuadas de igual manera, y menos aún si se compara con el nivel del personal médico de Osakidetza. Por otra parte, la parálisis de la justicia ha sido evidente. La pandemia ha dejado en evidencia las debilida- des y limitaciones de la Administración de Justicia. Deberíamos citar entre ellas al euskera y a la garantía de los derechos lingüísticos. En realidad, es prácticamente imposible expresarse en euskera en la justicia. Por eso, es necesario llevar a cabo “proyectos piloto” en varios juzgados para que se pueda realizar un pro- ceso judicial completo. Del mismo modo, también aparecen problemas evidentes en el campo de la digita- lización. Porque el proceso de modernización de la justicia ha puesto sobre la mesa diferentes problemas, y durante los últimos años han destacado en ese sentido los obstáculos del ámbito digitalizado para que se pueda proceder en euskera. Resulta imprescindible profundizar en el cambio de modelo en el área de la Justicia Juvenil. Porque ade- más de garantizar los derechos básicos de la infancia y adolescencia, se deben garantizar también tanto la relación y como el vínculo de todas y todos los trabajadores que participan en el proceso de profundización de su desarrollo y de superación adecuada de su malestar, con el propósito de modificar el modelo de in- tervención. Ampliando y fortaleciendo para ello los modelos educativo y pedagógico. Considerando la im- portancia que tiene la estructura y el entorno, remarcamos la importancia de realizar un profundo estudio sobre las estructuras existentes en el área de la Justicia Juvenil, a fin de construir entornos que tengan una influencia positiva. Asimismo, es también imprescindible mejorar las condiciones de trabajo de las y los trabajadores que ejercen en la Justicia Juvenil y estabilizar los empleos. Nos encontramos con graves problemas para organizar una Administración de Justicia propia –falta de competencias– pero también con la incapacidad absoluta por parte del Departamento de Justicia para en- frentarse a los desafíos y problemas: carencias existentes en los juzgados de violencia contra la mujer, di- ficultad para desarrollar el expediente digital, imposibilidad de ofrecer el servicio en euskera, dejadez de algunos servicios, Instituto Vasco de Medicina Legal… Además de limitar la formación en euskera, las plazas perfiladas no pueden sacarse a una OPE, porque el Ministerio de Justicia lo prohíbe. Por lo tanto, únicamente puede completarse mediante un concurso es- pecífico. Hay que hacer fuerza para cambiar la normativa de manera que posibilite completar esas plazas mediante oposición.

Compromisos para 2028

Hacia un poder judicial vasco

1. Una vez logrado por las y los trabajadores de Justicia el IV Acuerdo de Equiparación, obrar para que se cumpla teniendo en cuenta los correspondientes complementos, pensiones, seguridad social, clases pasivas, etc., a fin de llevar a cabo la equiparación de una manera realista con la suficiente habilitación presupuestaria.
2. En defensa del personal trabajador del Instituto Vasco de Medicina Legal, recoger sus derechos labo- rales en el IV Acuerdo de Equiparación. Impulsar la preparación y la formación. Pérdida del prestigio laboral y corregir el problema del envejecimiento de la plantilla por su falta de interés como destino laboral.
3. Trabajar en favor de la transferencia completa del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia.
4. Superar las carencias estructurales y la falta de recursos que aún existen en los Juzgados de Violencia contra las Mujeres. Fomentar la especialización y la formación específica en el área de la violencia ma- chista, para que se hagan valer sus derechos y evitar su revictimización, en consonancia con la norma- tiva europea y la ley 1/2022 para la igualdad de Mujeres y Hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres.
5. Diagnóstico y planificación de los tribunales de menores, incluyendo un plan sobre la prevención de si- tuaciones de vulnerabilidad, también en el área de la asistencia y la ejecución, unificando y reforzando la intervención de organismos y agentes en esa perspectiva.
6. Plan de Justicia Joven renovado, con el propósito de actualizar el modelo de intervención. Diseñar una hoja de ruta centrada en la educación y la pedagogía con el objetivo de superar el malestar de las personas menores de edad. Para ello se realizará un estudio previo sobre el ámbito actual de la Justicia Juvenil, situando el foco en el modelo de intervención y en la cualidad de las estructuras. Asimismo, se tomarán medidas particulares para garantizar condiciones laborales dignas de todo el personal tra- bajador que ejerce en Justicia Juvenil, estableciendo recursos a su vez particulares para la formación necesaria de ese personal.
7. Establecer un servicio digital actualizado de los tribunales, tomando como eje el euskera. En ese senti- do, un plan para solucionar las carencias y disfunciones que genera establecer el expediente digital, y la incompatibilidad entre los sistemas informáticos de diferentes administraciones y cuerpos.
8. Dar pasos firmes posibilitando que se pueda comenzar y finalizar el procedimiento judicial enteramen- te en euskera, impulsando una experiencia piloto, al objeto de tramitar y cursar los procedimientos únicamente en euskera.
9. A fin de garantizar los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía, necesidad de cambiar la normativa para establecer requisitos de euskera y plazas perfiladas efectivas en los empleos públicos del área de justicia.
10. Actualizar la legislación para la denegación de custodia compartida a los hombres que cuenten con antecedentes de abuso o violencia contra mujeres o personas menores de edad.
11. Impulsar firmemente el desarrollo del Derecho Civil Vasco.
12. Finalizar el proceso para establecer la nueva Oficina Judicial, y detectar y solucionar los problemas y las carencias que se han identificado en los establecimientos precedentes, sobre todo la falta de personal.
13. Ampliar los casos y las personas beneficiarias de los derechos de la justicia gratuita, al objeto de ase- gurar que las condiciones económicas o sociales desfavorables no impiden el derecho al acceso a la justicia.
14. Revisar el mapa de las subcontrataciones de los servicios existentes en el área de la justicia, y asegu- rarse de que las condiciones de prestación se cumplen sobre las bases de los procesos de asignación, estableciendo un control sobre su gestión. Se deberá estudiar la publificación de este servicio, para prepararlo mediante el personal laboral de la Administración, garantizar la titulación, capacitación y profesionalidad, y acabar con la precariedad de algunas y algunos de esos trabajadores.
15. Trabajar en favor de la transferencia del servicio vasco de registros civiles.
16. Redimensionar el Servicio de Asistencia a Víctimas, el Servicio Vasco de Gestión de Penas, y los re- cursos humanos, materiales y económicos para impulsar los programas concretos de intervención y materialización. Fomentar el servicio de valoración integral y los grupos psicosociales en lo que a la violencia machista y a los procesos familiares se refiere.
17. La fiscalía y los tribunales penales en la actualidad priorizan los servicios de las fuerzas de seguridad del Estado por delante de la Ertzaintza. Por ello, en tanto que la Ertzaintza es una policía integral, se adaptarán también las funciones de su policía judicial.
18. Solicitar la creación de la oficina pública y la fiscalía para luchar contra la corrupción con competencia en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
19. Transparencia en la justicia. Es imprescindible extender a la Administración de Justicia los mecanis- mos previstos para controlar el buen gobierno, especialmente los mecanismos para valorar o medir su actividad, mediante mecanismos informativos tasados de la perspectiva y la opinión de la ciudadanía. Se creará un Observatorio que tendrá en cuenta todos esos aspectos y que informará con carácter anual a la ciudadanía.
20. Plan de comunicación y difusión de los nuevos valores y retos de una nueva misión y perspectiva de la Administración de Justicia para Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, haciendo pedagogía sobre la importancia de un servicio moderno, eficaz, ágil, euskaldún y conectado a las necesidades de nuestra ciudadanía, incluyendo el impulso y la creación del Poder Judicial Vasco.

Sistema penitenciario vasco

Diagnóstico

Sobre un diagnóstico concreto referente al modelo penitenciario, EHBildu diseñó un sistema alternativo completo sobre la política penal y penitenciaria, especificando diversas medidas, un sistema vinculado a una sociedad moderna y solidaria, que se preocupa por las personas encarceladas, que respeta los derechos de las personas presas, que da importancia a la integridad física, a la salud, al desarrollo personal y a las necesidades psicosociales, y, cómo no, que responde de manera prioritaria al derecho a reinsertarse en la sociedad de la mejor y más rápida manera posible. Esas medidas no se han implementado totalmente. La competencia penitenciaria de las cárceles vascas está tomando tierra aún, es su segundo año de gestión. EHBildu ha tenido una actitud facilitadora con la implementación de esta competencia, sobre todo ante los ataques provenientes de los lobbies internos y de la extrema derecha. De todos modos, uno de los mayores problemas del ámbito penitenciario es la garantía de los derechos básicos, puesto que a lo largo de estos últimos años, desgraciadamente, hemos tenido constancia de varias muertes. Manifestamos la necesidad de profundizar en la importancia de tomar garantías y medidas para evitarlo. En el contexto de la llegada de la transferencia de la competencia penitenciaria, EHBildu ha realizado un gran trabajo para que se materialice y se gestione adecuadamente. La actitud propositiva y favorable se ma- terializó mediante nuestra actitud en favor de la Ley 3/2021 de 30 de septiembre de creación de la agencia Aukerak, porque considerábamos necesaria una herramienta así para gestionar la vida interna del centro penitenciario. El establecimiento de esta competencia ha conocido diversos obstáculos, que hay que supe- rar hoy en día. Aun yendo en la buena dirección y disponiendo de todas las herramientas, ahora hay que dar pasos adelante porque se necesita una política penitenciaria diferente, alternativa y más humana. Esa es nuestra apuesta.

Compromisos para 2028

Respecto a la competencia de centros penitenciarios, hay que enfrentarse a un modelo de gestión alterna- tiva, que conlleva lo siguiente:

1. Una vez que las y los funcionarios de prisiones se vuelvan a incorporar a la Administración pública vasca, se deberá hacer frente a las necesidades de plantilla que persisten en la actualidad mediante convocatorias de empleo público.
2. Plan para trasladar de manera voluntaria a prisiones vascas a las personas presas con domicilio en la CAE, así como para trasladar a las personas presas recluidas en la CAE a sus lugares de origen, si así lo solicitan. Conforme a ese principio, la Dirección de Justicia no enviará a las personas presas vascas a prisiones del Estado por problemas de comportamiento.
3. Analizar los ratios del personal trabajador de las prisiones, basándonos en esa nueva realidad, cam- biando funciones de seguridad y priorizando funciones de tratamiento.
4. Plan estratégico, con medidas para tratar de manera respetuosa a minorías nacionales, étnicas, lingüís- ticas y religiosas.
5. Plan ambicioso para aprender euskera, tanto entre el personal trabajador como entre la población re- clusa, considerando el euskera como importante herramienta para la resocialización.
6. Adaptar las condiciones de vida que se les ofrecen a las mujeres en prisión, así como su diseño ar- quitectónico y sus servicios. Formación especializada del personal profesional que las atiende, creado también módulos para madres con especial atención para ellas, actualizando el mapa de unidades de- pendientes de la CAE que están fuera de las prisiones.
7. Programa especializado para fomentar el régimen abierto, a fin de que la progresión de grado vaya de la más eficaz y rápida manera posible, así como para desarrollar un plan estratégico de medidas alterna- tivas que no priven de libertad, fomentado programas que se completarán con medidas de seguridad y penas que privan de derechos.
8. Plan de acción específico para la salud penitenciaria, en tres ámbitos: enfermedades mentales, drogo- dependencia y enfermedades infecciosas, ofreciendo a cada uno de ellos soluciones concretas, priori- zando los recursos externos al sistema penitenciario.
9. Reorganización de los recursos de régimen abierto (viviendas tuteladas, viviendas supervisadas, pe- queñas residencias, pensiones…) en cooperación con el sector terciario.
10. Plan para luchar contra las consecuencias que genera la situación de reclusión al volver a la sociedad y cronificación del desarraigo, sobre todo en las condenas más largas, que conlleva una triple perspec- tiva: garantías para reinsertase en la sociedad e integrarse en la familia, adquisición de una vivienda y reinserción laboral.
11. Plan interdepartamental, para integrar políticas criminales y políticas sociales, educativas, laborales, sa- nitarias, de superación de drogodependencias en el área de igualdad… en la política penal y penitenciaria.
12. Se elaborará un programa de infraestructuras para la ejecución penal, a fin de dar coherencia a las infraestructuras actuales y un programa para racionalizar las plazas que son necesarias, conforme al modelo alternativo diseñado. En ese programa se integrarán la cárcel de Zubieta de próxima apertura, como respuesta a la alternativa de futuro que supone la cárcel de Basauri, y los Centros de Inserción (CIS) que se deben construir en los tres territorios, o desde otra perspectiva de cercanía, centros de ré- gimen abierto de otro tipo.
13. Una vez que se cierre la cárcel de Martutene y se rehabilite el espacio que ha ocupado, se efectuará una intervención desde la perspectiva memorialista que el edificio ha tenido a lo largo de la historia y tam- bién durante esta última época.
14. Plan comunicativo y pedagógico sobre la cárcel, acercándola a la ciudadanía.
15. Dotación presupuestaria que se precisa para cumplir las necesidades que aquí se señalan.

Resolución del conflicto

Diagnóstico

La sociedad vasca tiene derecho a que se establezca un marco de verdad y justicia sobre las gravísimas vul- neraciones de derechos humanos vividas en el pasado, marco sobre el que construir la convivencia. No se puede negar que se ha recorrido un largo camino, pero la observancia y garantía de los derechos a la repara- ción a todas las víctimas por igual no ha dado respuesta adecuadamente a sus necesidades. Asimismo, el fin de la política de dispersión que se venía aplicando a las personas presas por motivación política ha tocado fin, afortunadamente. Algo que hay que poner en relación con la adopción de la com- petencia de penitenciario, lo cual ha supuesto que las Juntas de Tratamiento tengan una valoración más sopesada sobre la actitud y evolución de las personas presas. Aun así, el manteniendo de la legislación excepcional que se les aplica obliga a que sea el Juzgado de Vigilancia penitenciaria central de la Audiencia Nacional quien sigue realizando una lectura muy restrictiva de cara a acceder a la libertad. Hay que impulsar un escenario en el que, basándose en la dignidad propia de todo ser humano, no se vulne- re ninguno de los derechos humanos y libertades fundamentales. Hay que reforzar las bases democráticas para garantizar que no se vuelvan a producir vulneraciones. La sociedad vasca tiene derecho a disfrutar un futuro de convivencia democrática y normalización política. Desde el respeto a la pluralidad, es necesario construir un marco político que permita defender democráti- camente todas las ideas y proyectos políticos y desarrollarlos en libertad, removiendo todos los obstáculos que lo impidan. Desde nuestro punto de vista, no se puede seccionar el conflicto que ha vivido este pueblo desde el golpe de Estado de 1936, la guerra y la dictadura hasta nuestros días. Así, EHBildu impulsó una ley de reconoci- miento y reparación de las víctimas del franquismo que, en un primer momento se encontró con la negativa del PNV-PSE. También rechazó la proposición de ley para la Memoria Histórica que nos trasladó a través de una ILP la Plataforma contra los Crímenes del Franquismo, la voz más autorizada en la memoria histórica. Sin embargo, una vez traída su propio proyecto de ley se ha podido llegar un acuerdo que cristalizó en la Ley 9/2023 de Memoria Histórica y Democrática que, contó el voto favorable de EHBildu al acoger mejoras en torno a la verdad (creación de una Comisión de investigación) y la justicia (asumiendo recursos para tramitar querellas ante tribunales). También estamos conociendo avances en la aplicación de la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999. Estas víctimas del Estado están vien- do como son analizados sus casos de ejecuciones extrajudiciales y torturas y como se van resolviendo sus expedientes de reconocimiento y reparación. Se han resuelto ya un total de 334 casos (187 en seguimiento del anterior decreto 107/2021 y otros 35 eb el año 2021, 46 en el 2022 y 66 en el 2023). Hay que mencionar que según informes de campo de expertos estamos hablando de más de 5.000 casos en Araba, Bizkaia y GIpuzkoa. No se puede negar el avance, si bien el ritmo es desesperante y además estas víctimas se tienen que conten- tar con un reconocimiento admnistrativo no avalado por la justicia penal. Hubo torturados y ejecutados, no hay torturadores ni ejecutores. La Comisión de Valoración nos está trayendo recomendaciones sobre las que proponen reabrir el texto de la ley para incluir mejoras en el reconocimiento, reparación e indemniza- ción a estas víctimas del Estado. Si bien podemos considerar que el debate público en torno a lo que se ha venido a llamar la “batalla del relato” está desescalando, todavía hay un interés por generar tensión y nuevos agravios, más que para con- sensuar buenas prácticas de resolución, iniciativas compartidas y concitar sinergias. En el marco de la desmilitarización, la reivindicación de una mayoría parlamentaria había sido hasta ahora la “retirada” de las Fuerzas de Seguridad Españolas. En la actual legislatura, el acuerdo entre PNV y PSE ha conllevado rebajar esa reivindicación, exigiendo que las fuerzas españolas “se adapten a su marco compe- tencial”. Lamentablemente, hemos visto que el Gobierno Vasco ni siquiera tiene capacidad suficiente de hacer cumplir dicha demanda.

Compromisos para 2028

1. Implementar la ley para la Memoria Histórica que ponga en el centro a las víctimas del franquismo, profundice en la verdad y la reparación, incluida la búsqueda de la justicia, impulsando las querellas que ya se están sustanciando.
2. Constitución de espacios conmemorativos y de promoción de dignidad y memoria de víctimas de vul- neraciones de derechos humanos, en concreto, con la inauguración del Columbario de Galdakao para gudaris y milicianos anti-fascistas, Centro memorial sobre la masacre del 3 de Marzo en la Iglesia san Francisco de Zaramaga de Gasteiz y el Palacio de la Cumbre en Donostia como espacio de memoria.
3. Reforma de la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999 para reabrir los plazos de solicitud de reconocimiento y reparación, am- pliando el límite temporal de 1999 hasta el presente, mejorando las medidas de reconocimiento, dando una respuesta digna a las escasas cantidades de indemnización y acrecentando recursos humanos y económicos para la Comisión de Valoración.
4. Si bien las y los presos políticos están haciendo un recorrido, dentro de la legalidad, para culminar el proceso de su vuelta a casa la legislación que se les sigue aplicando actualmente es excepcional. Esta debe adaptarse a las nuevas realidades políticas mediante la necesaria transformación legal, la transi- ción desde la excepción a la ley ordinaria. Encauzaremos el consenso de la mayoría socio-política vasca para que las Cortes españolas den los pasos legales oportunos.
5. Implementación de medidas, incluidas las de justicia transicional y restaurativa para que los pasos que den y las solicitudes que hagan las personas presas tengan consecuencias inmediatas en base al con- texto social y político actual. Impulsar una política penitenciaria que conlleve la aplicación temprana de medidas de régimen abierto, progresión al tercer grado y libertad condicional.
6. Por otra parte, es necesario también dar una solución ehspecífica a la situación de personas que se vieron obligadas a exiliarse y a quienes todavía están sometidos al limbo jurídico y legal que supone la deportación.
7. Definir y ejecutar un Programa de ayudas o medidas de protección social para la cobertura de las ne- cesidades particulares (laborales, educativas, de vivienda, económicas, de cuidados, sanitarias…) de la persona reclusa excarcelada con el fin de favorecer su integración social y hacer frente a la vida de una forma digna.
8. Redirección de las políticas públicas de memoria para impulsar un relato poliédrico para, desde el le- gítimo matiz, concitar consensos y discursos de reparación y reconstrucción de puentes que, lejos de generar más tensión y nuevos agravios, sirva para auspiciar iniciativas compartidas y concitar sinergias en pos de una cultura de convivencia democrática.
9. Adopción de las medidas adecuadas para que las Instituciones españolas asuman sus responsabilida- des en las vulneraciones de derechos humanos perpetradas por el Estado y adopción de medidas para que las Fuerzas de seguridad españolas se replieguen.

Ararteko

Los instrumentos de monitoreo de la administración pública son imprescindibles. Pero una diversidad des- controlada de mecanismos de control y transparencia puede conllevar rebajar la intensidad y eficacia de dichos mecanismos. La oficina del Ararteko cuenta con experiencia y estructura para enfrentar esta misión de vigilancia de la actuación de las Instituciones públicas. Cómo no, tiene margen de mejora, entre otras cosas porque la “Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula la Institución del Ararteko va a contar con 40 años dentro de poco. Hemos evaluado en profundidad los ámbitos en que merecería la pena modernizar el mandato parlamen- tario que enviamos a esta Institución. Estar dotado de herramientas imperativas para que las instituciones que se resisten a la fiscalización respondan correctamente y en plazo; ampliar la vigilancia de actuaciones que afectan a derechos humanos a grandes corporaciones u organismos del ámbito privado; mejora de sus funciones de investigación y acceso a documentación; asumir capacidades tales como las que ofrece el Mecanismo de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas; facultad de presentar “amicus curiae” ante tribunales; ofrecer a las partes mecanismos de mediación y justicia restaurativa para resolver conflictos; interponer quejas ante organismos de “soft law” como los de Naciones Unidas… El propio Ararteko manifestó que realizaría una propuesta para reformar su ley, que depositaría en los gru- pos parlamentarios. EHBildu, muestra su compromiso de analizar el texto que nos proponga y, sobre su diagnóstico y reflexiones, enfrentar la regeneración y modernización de esta importante institución de monitoreo.

Transformación de la administración pública: eficiencia, modernización y transparencia

La administración pública debe ser un instrumento eficaz para responder a las necesidades de la ciudada- nía. Tener un sector público robusto es imprescindible para llevar a cabo políticas públicas transformado- ras. Frente al deseo de representar el sector público como obstáculo que muestran las fuerzas de derechas y las teorías del neoliberalismo, desde la izquierda nos corresponde reivindicar la indispensabilidad del sector público. Las fuerzas de derechas sostienen la idea de que el sector privado es más eficiente mientras desmantelan servicios públicos robustos que protegerán a toda la ciudadanía y ponen el dinero público en beneficio de intereses privados, la mayoría de las veces obedeciendo a dichos intereses, vaciando la administración mediante criterios de subcontratación o de distribución del dinero público y a menudo fomentando que se limite a desempeñar una labor de intermediaria. Ante esta situación, existe un deber político de defender el sector público. Pero esto no puede limitarnos a defender fervientemente lo que tenemos en la actualidad. Quienes consideramos que un sector público robusto es una herramienta para proteger los intereses de la mayor parte de la ciudadanía no podemos caer en la autocomplacencia, sino que debemos enfrentarnos a las carencias actuales, poner de manifiesto la necesidad de modernizar la administración pública y adquirir el compromiso firme de transformarla. El sector público puede ser eficiente, operativo y más moderno, implementar procesos de digitalización, mostrar la capacidad de organizarse de manera flexible según las necesidades de cada momento y formar parte del proceso constante de transformación, así como garantizar los derechos de la plantilla y prestar los servicios a la ciudadanía de manera equilibrada. Hay que reconocer que la administración, que constituye la organización del sector público, no responde a la velocidad en la que vive la sociedad hoy en día. El sector público ha quedado obsoleto ante ese mundo al que pretende servir. La sociedad está cambiando rápidamente: las nuevas necesidades personales, los nue- vos retos de civilización, la digitalización... La derecha a menudo utiliza todo este déficit del sector público para decidir a favor de la privatización. Sin embargo, no han alcanzado su objetivo político, pues en la sociedad existe un amplio consenso sobre la necesidad de los servicios públicos. Todas y todos necesitamos en algún momento de nuestra vida una educación de calidad, seguridad, atención médica, infraestructuras, facilidades para nuestras empresas, políticas para garantizar la calidad del trabajo, el fomento de la vivienda pública… Pero existe una gran diferencia en la confianza que genera dentro de la ciudadanía la oferta de estos servicios por parte de la administración. Son diversos los factores que pueden explicar este punto. Por un lado, la propia calidad de los servicios. La falta de personal médico de atención primaria, las fre- cuencias y las rutas del transporte, las listas de espera para una operación quirúrgica, las infraestructuras obsoletas de los colegios públicos… Es una constatación que la opinión de que se ha dado un empeoramien- to de la calidad de los servicios públicos está muy extendida. Los procesos de privatización también han in- fluido negativamente en la calidad de los servicios públicos, aunque se hayan llevado a cabo con supuestos criterios económicos y de flexibilidad. Por otro lado, la manera de actuar de la propia administración también genera desconfianza hacia los servi- cios públicos, en gran medida en relación con la eficacia y la velocidad de la administración. Son ejemplos de ello la lentitud de la administración de justicia, la espera para recibir la renta básica, todas las gestiones burocráticas que tiene que realizar una creadora o creador cultural para recibir una subvención… Los pro- cedimientos garantistas no deberían producir daños colaterales en la rapidez como lo hacen en la actuali- dad. Es urgente la necesidad de una administración eficiente y más moderna. Por último, existe una gran desconfianza hacia los cargos públicos que se ocupan del dinero público y la po- lítica. Además de desprestigiar la política, se trata de algo que ha heredado todo el sector público y a lo que hay que poner fin. La manera de prestigiar el sector público para la ciudadanía consiste en acabar con la red clientelar, igualar el acceso a la administración pública para toda la ciudadanía tomando como única base los criterios objetivos, controlar el uso adecuado del dinero público y actuar con una mayor transparencia hacia la ciudadanía. Porque no solo hay que pedir a la ciudadanía, sino que también hay que ofrecerle sin- ceridad, eficiencia y calidad. En definitiva, necesitamos una administración pública más moderna y más eficiente que sea estricta con el dinero público y transparente con los cargos públicos. En los próximos cuatro años actuaremos en cuatro líneas principales para prestigiar la administración pú- blica:

• Auditoría profunda de la administración pública.
• Digitalización de la administración.
• Empleo público.
• Transparencia y lucha contra la corrupción.
• Nuevas políticas de contratación pública y subvenciones.

Auditoría de la administración pública

Lo primero que haremos será encargar una auditoría profunda de la organización y la plantilla actuales de la administración. Teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por la ley de la función pública y el resto del marco jurídico, la transformación de la administración pública supondrá cambios estructura- les, pero también habrá que dimensionarla. Cuestionar la necesidad de tantas sociedades públicas, revisar la subcontratación y el personal adscrito a cada departamento, recuperar ciertos servicios privatizados, amortizar los puestos que se tengan que amortizar… Hay que elaborar una hoja de ruta para hacer que la administración pública sea más eficiente.

Administración pública digital

Diagnóstico

Es imprescindible adaptar la ciudadanía, todas las actividades económicas y la propia administración pú- blica a los nuevos escenarios que trae la transformación digital. La administración pública no se puede quedar atrás despreciando los beneficios de las tecnologías digitales, sino que debe hacer frente a las nove- dades tecnológicas que nos llegan. Es más, no solo tiene que adaptarse a la nueva situación, sino también desempeñar un papel de tractora y emprendedora y utilizar las potencialidades de la transformación di- gital y la inteligencia artificial para lograr un gobierno y una administración pública accesibles, cercanos, inteligentes y eficaces. Asimismo, la transformación digital tiene que darnos la oportunidad de reinventar y mejorar los procesos dentro de los servicios públicos de la administración; ni qué decir tiene, siempre en beneficio de la atención y el servicio a la ciudadanía. Aunque la colaboración entre el sector público y el privado es fundamental para aprovechar al máximo las oportunidades de la transformación digital y abordar los desafíos con eficacia, resulta imprescindible que el sector público asuma el liderazgo de la transformación digital y la materialice en cooperación con todos los agentes. Tenemos que efectuar la transformación digital que vamos a vivir desde el liderazgo del sector público, de modo que sea éste el que le dé el impulso y centre la transformación digital en el bienestar de la ciudadanía. Asumiendo el liderazgo de la transformación digital, el objetivo será que los beneficios lleguen a toda la ciudadanía, sin dejar a nadie de lado, con el fin de construir una sociedad justa y cohesionada. El objetivo de la administración pública digital tiene que ser mejorar la vida de la ciudadanía a través de las tecnologías digitales: reduciendo la burocracia, facilitando las tramitaciones, aumentando la eficiencia de los procesos, optimizando los recursos y garantizando un acceso universal y accesible a los servicios digita- les. Creando entornos digitales empoderadores. No existen las personas discapacitadas, sino solo entornos que empoderan o discapacitan. También tenemos que utilizar la digitalización para este objetivo. La administración digital que impulsaremos con ese fin se centrará en las siguientes estrategias:

• Se valdrá de la utilización de datos, pero garantizará los derechos y la privacidad de la ciudadanía.
• Fomentará la soberanía tecnológica y reducirá la dependencia de las grandes corporaciones tecnológi- cas poniendo en marcha la implantación gradual de las tecnologías libres.
• Impulsará la participación digital y los procesos de transparencia.
• Será una administración digital cibersegura, una infraestructura crítica excelente en la protección de datos.
• Empleará la inteligencia artificial sin ningún tipo de sesgo para mejorar las políticas públicas.
• Aplicará las tecnologías lingüísticas para conformar una administración que trabaje y preste los servi- cios en euskera.
• Mejorará las competencias digitales de las y los trabajadores públicos y contribuirá al empoderamiento digital.
• Una administración digital empoderadora: garantizará la universalidad de los servicios digitales.

Hasta la fecha, ha quedado de manifiesto la falta de liderazgo en el ámbito público y son varios los factores que reflejan el escaso desarrollo del gobierno digital y de la administración pública digital:

• Existe una enorme dependencia tecnológica en toda la administración pública: en la actualidad, el eco- sistema informático de la administración pública se sostiene sobre corporaciones gigantes extranjeras.
• El uso de la inteligencia artificial sigue siendo escaso en los servicios públicos que ofrece la administra- ción pública y no se garantiza su uso ético.
• Falta una estrategia para adaptar a las y los trabajadores públicos a la transformación digital y llevar a cabo su empoderamiento tecnológico.
• No existen espacios de referencia que garanticen los derechos digitales de la ciudadanía.
• En educación no se dispone de garantías para la enseñanza y el aprendizaje sobre el software libre, sino que se depende de tecnológicas extranjeras gigantes, con indicios de vulneraciones de la privacidad.
• Falta de digitalización integral del sistema de justicia: no existe interoperabilidad con otras entidades de la administración.

Compromisos para 2028

1. Impulsar la accesibilidad universal y el empoderamiento digital de las y los trabajadores públicos. Se diseñará la Estrategia Integral de Formación para la Adaptación Digital de las y los Trabajadores Pú- blicos, con el fin de lograr su empoderamiento digital. Se prestará especial atención a las aplicaciones de la inteligencia artificial que aumenten las capacidades de las y los trabajadores públicos y se pondrá en marcha una adaptación precoz en los puestos en peligro de ser sustituidos. Se garantizará el acceso universal a los servicios públicos, sin ningún tipo de brecha digital (de género, socioeconómica, por edad, geográfica, por diversidad funcional…).
2. Una administración digital que garantice la soberanía de los datos y la gobernanza ética. La ciudadanía tiene que adquirir conciencia de que ostenta la propiedad de sus datos personales, así como de los derechos relacionados con estos. La administración pública tendrá que garantizar el dere- cho de la ciudadanía a saber cómo y para

Programa Electoral EH Bildu - Euskadi 2024

Gestión de ofertas.

4. Actualización del Decreto 68/2000, por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación. Revisando y adaptando las características de los transportes públicos, entre otros aspectos.
5. Creación de un instituto para desarrollar y supervisar la inclusión educativa El objetivo será contar con un observatorio privilegiado, a fin de conocer el nivel de inclusión social de las prácticas educativas, cómo se adaptan los recursos y los medios a las necesidades, y cómo se propo- nen las soluciones y las alternativas.

Infancia y adolescencia

Diagnóstico

La Ley 2/2024 de infancia y adolescencia ha provocado un cambio de paradigma en Araba, Bizkaia y Gi- puzkoa, dado que hemos pasado de una situación en la que las niñas, niños y adolescentes eran un sujeto pasivo que se debía proteger a otra en la que son un sujeto activo, y se sitúa el interés superior de las perso- nas menores en el centro de las políticas públicas. Esta nueva legislación se basa en la Convención sobre los Derechos de la Infancia, y eso reconoce que las personas menores de edad son titulares de derechos, y no únicamente sujetos que merecen protección. Partiendo de esa perspectiva, considera a las niñas y niños y adolescentes como sujetos participantes, y les otorga mayor protagonismo no solo dentro de la familia sino también en la comunidad de la que son miembros respecto a la función que cumplen en ella. En último término, los reconoce como sujetos legitimados para participar de manera dinámica en la construcción de la sociedad, sobre todo en los temas que más les afectan y se incluyen en las políticas públicas que atañen a estos derechos de los que son titulares. Por lo tanto, tenemos que adaptar todas nuestras políticas públicas y propuestas a este paradigma. No por- que la ley así lo diga, sino porque entendemos que deben tener un papel protagonista si estamos pensando en hacer política para el 99 %. Y ese factor, nos debe llevar a cambiar el modo de entender y plasmar la par- ticipación, la comunicación, como los propios derechos. Los proyectos de “Pueblos educadores” que en varios ayuntamientos ya están en marcha se pueden tomar como un ejemplo que pueden establecer un hito, dado que reconocen la cultura infantil que contempla el juego y la creatividad como herramienta propia para aprender y desarrollarse, y que de todo ello se ofrece a niños y niñas la capacidad de participar y decidir realmente. Mediante el ocio educador y euskaldún y poniendo la diversidad y la paridad en el centro, se cuida el entorno natural y cultural, reforzando la red comunitaria y el auzolan o trabajo comunitario. La iniciativa de los pueblos educadores puede ser nuestro propio modelo dentro del movimiento de la “Ciudad de los niños y niñas” surgido en Italia, aunque éste úl- timo abarque un ámbito más amplio. Tomando como base las reflexiones de su creador Francesco Tonucci, hasta ahora hemos diseñado la ciudad y la política pública desde la perspectiva que ofrece la altura media de 1´74 metros, pero por debajo de esa medida, la ciudad, este mundo, se ve con otros ojos. Por eso, estamos hablando de ofrecer a esos ojos un espacio dentro de nuestras políticas públicas, de reconocer su naturaleza de sujeto. Un pueblo de niños y niñas, es un pueblo más inclusivo, un pueblo para la vida.

Compromisos para 2028

1. Creación de un consejo de la infancia y la adolescencia. Al objeto de desarrollar la citada ley y tratar sobre las diversas políticas que fomentará el Gobierno Vasco, crearemos un consejo que será lugar de debate y toma de decisiones. Se reforzarán y crearán mecanismos de protección para reforzar tanto la participación como los derechos de las personas menores con mayor desprotección y vulnerabilidad.
2. Creación del Índice General Subjetivo del Bienestar de la Infancia. El bienestar subjetivo de la pobla- ción es un componente muy importante de la calidad de vida, tanto para las personas adultas como para la infancia y la adolescencia. Por eso resulta importante desarrollar una propuesta con la máxima rigurosidad científica, basada en los conocimientos actuales, puesto que nos proporcionará la opción de incluir la percepción de las personas protagonistas de todas esas medidas.
3. Desarrollo de los resultados emanados de la Ponencia Parlamentaria para hacer frente a la violencia sexual contra la infancia. En 2023 se presentaron el diagnóstico y las recomendaciones que la Ponen- cia Parlamentaria impulsada entre otras por EH Bildu adoptó por unanimidad. Nos comprometemos a desarrollar, impulsar y acelerar todos los procesos y espacios identificados como prioritarios, como por ejemplo los protocolos de identificación y acompañamiento, la coordinación intersectorial y los espacios y procesos no revictimizadores en el ámbito de la justicia y los servicios sociales tanto como los procesos reparadores psicosociales públicos y gratuitos. Todo ello en constante coordinación con las personas supervivientes.

Nuevo estatus político

Al igual que en el conjunto de Euskal Herria, también en esta parte del país tenemos una desventaja estra- tégica para hacer frente a los problemas cotidianos: a Euskal Herria se le niega el derecho a la soberanía. Euskal Herria vive un momento histórico, y una de las razones de ello es que en los próximos meses y años la “cuestión territorial” va a tener un protagonismo especial tanto en el Estado español como en el Estado francés. En cuanto al Estado español, cada vez es más evidente que en los próximos cuatro años el impulso para un Gobierno “progresista” será necesariamente plurinacional. Y, por lo tanto, está claro que será indispensable debatir sobre los problemas nacionales que existen en este Estado y hablar de una solución democrática para ellos. Podemos tener una oportunidad histórica para dar pasos en el reconocimiento nacional de Euskal Herria y conquistar un futuro basado en el respeto de los derechos que nos corresponden. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Es el momento de actuar con ambición. En el pasado se han puesto sobre la mesa propuestas de todo tipo, porque este debate no es nuevo en nues- tro país. Lo último fue el amplio acuerdo sobre Bases y Principios para un nuevo Estatus político alcanzado en la legislatura 2016-2020 con los votos de EH Bildu, Elkarrekin-Podemos y PNV. De las enseñanzas que nos han dejado todos los debates y propuestas que ha habido hasta ahora extraemos las siguientes conclusiones:

Euskal herria tiene que actuar como pueblo

Aunque sea partiendo de la situación actual, nuestro pueblo tiene que iniciar este debate desde una perspecti- va nacional. Evidentemente, hay que tener en cuenta los diferentes ámbitos administrativos que nos dividen. Pero el debate sobre nuestro futuro nacional y social lo tiene que fijar el debate soberano que hay que hacer en toda Euskal Herria. Decimos debate soberano porque al menos eso no nos lo pueden arrebatar. Como ciudadanía soberana, tenemos que desarrollar un debate soberano a lo largo y ancho de Euskal Herria.

Acuerdo de país

El objetivo es recoger las aportaciones de un espectro lo más amplio posible de partidos políticos y orga- nizaciones políticas, sindicales, académicas y sociales y llegar a un debate y un acuerdo en torno a las que puedan recabar el consenso más amplio. Antes de iniciar cualquier negociación con el Estado, ese acuerdo tiene que ser ratificado en territorio vasco. Por lo tanto, dicho claramente, nuestra propuesta es actuar como Pueblo, y no como partido. Creemos que, por responsabilidad y por eficacia, primero tenemos que acordar un proyecto de país que cuente con el apoyo popular, para luego negociarlo con el Estado.

Negociar como pueblo

Las instituciones actuales (en Nafarroa Garaia y en la CAV) tienen que desempeñar un papel fundamental en ese debate, teniendo claro que por el momento son ellas, junto con los ayuntamientos y las diputaciones forales, las instituciones que representan la voluntad democrática de la ciudadanía vasca. Hablamos de un debate que deberá desarrollarse también en el respeto de las instituciones actuales y bajo el liderazgo de las mismas.

Compromisos para 2028

1. Una Euskal Herria para todas y todos Modelo basado en otro tipo de relación con el Estado: • Somos una nación: reconocimiento nacional. • Materialización jurídico-política del derecho a decidir en lo relativo a políticas públicas y al futuro de este pueblo. • Relación de carácter confederal basada en la bilateralidad que pueda desarrollarse sin ninguna subordinación al Tribunal Constitucional, al Congreso español o a los tribunales españoles y sin ninguna injerencia por parte de los mismos. • Eso exige necesariamente la concreción de procedimientos claros para el ejercicio del derecho a decidir.
2. CONSULTA HABILITANTE, antes de iniciar cualquier negociación con el Estado. Compromiso de impulsar el debate institucional mediante la reactivación de la ponencia en el seno del parlamento vasco en el plazo de tres meses desde el inicio de la nueva legislatura. Compromiso de plantear la propuesta confederal como proyecto de ley. Consulta vinculante acordada en el caso de lograr mayoría absoluta en el Parlamento.
3. Compromiso de impulsar un ámbito institucional estable con el resto de territorios vascos.
4. Impulso definitivo para trabajar con la comunidad internacional Se buscarán acuerdos bilaterales con distintos gobiernos internacionales a fin de dar una salida demo- crática a la cuestión territorial. Se hará un esfuerzo especial para implicar en ese proceso a las instituciones de la Unión Europea.